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clave: "consejo_estado:providencia:23001233100020110042301-66061-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-02-28"
radicado: "23001233100020110042301"
numero: "66061"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-02-28
- **Radicado:** 23001233100020110042301
- **Número interno:** 66061
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** BETTY ELENA SALOME VERGARA
- **Demandado:** NACION- RAMA JUDICIAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233100020110042301-66061-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/23001233100020110042301/823DA61E8B5E054ACADEB01CB13023C60EAA9D98BBB0EC4A9CFF8E81C19DAF01/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=230012331000201100423011100103

## Regla de decisión

Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia.

## Problema jurídico

¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
- ¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…
- ¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 86

## Extracto

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

## Síntesis temática

El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, DERECHO DE ACCIÓN, EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PLAZO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA, DEMANDA, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA, MORA JUDICIAL, DAÑO, CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO, BIEN INMUEBLE, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA, PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PODER OFICIOSO DEL JUEZ, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL, ERROR JURISDICCIONAL, ERROR JUDICIAL, EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA, EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, LEGITIMACIÓN POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN POR PASIVA, RESTITUCIÓN DE LA TENENCIA DEL BIEN, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CANON DE ARRENDAMIENTO, PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO, NACIÓN, RAMA JUDICIAL, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, IMPUTACIÓN, PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS, REPARACIÓN DEL DAÑO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE IMPUTACIÓN, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL, REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, NORMATIVA DEL ERROR JURISDICCIONAL, NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL, CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL, PRESUPUESTOS DEL ERROR JUDICIAL, PROVIDENCIA JUDICIAL, TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MEDIOS DE PRUEBA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TERCERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA, ERROR JUDICIAL FÁCTICO, ERROR DE HECHO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, RECURSO JUDICIAL, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, DEMANDA DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, ARRENDADOR, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, JUEZ ADMINISTRATIVO, FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD, COSA JUZGADA, PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO
Problema jurídico:
¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / MORA JUDICIAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PLAZO / DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / BIEN INMUEBLE / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine, puesto que la demanda se presentó de forma extemporánea?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. (…) En el caso sub examine se estima que frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial el derecho de acción no se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años, teniendo en cuenta: i) que el 7 de diciembre de 2007, la demandante conoció de dicho daño, pues ese día el Inspector 1 de Policía de Montería le entregó el inmueble en virtud de la orden dictada por el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería en providencia del 2 de noviembre de 2007; ii) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 2011, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 2011, y iii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro. (…) De otra parte, se observa que el derecho de accionar sí se ejerció en tiempo frente al error jurisdiccional alegado contra la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, teniendo en cuenta: i) que dicho proveído quedó ejecutoriado el 4 de mayo de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, ii) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 2011, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17493, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del 9 de mayo de 2011, exp. 40196, C.P.J Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 17 de abril de 2009.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 331
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / RESTITUCIÓN DE LA TENENCIA DEL BIEN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ERROR JURISDICCIONAL / ERROR JUDICIAL / CANON DE ARRENDAMIENTO / PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / NACIÓN / RAMA JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Existe legitimación en la causa por activa de la demandante en cuanto fungió como parte del proceso de restitución de tenencia que versaba sobre un contrato de arrendamiento suscrito por ella, al igual que, se encuentra legitimada, en cuanto a través de la providencia que se acusa de error judicial, no se le reconoció el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento, así como tiene legitimación en la causa por pasiva la Rama Judicial dado que es la entidad que profirió la sentencia objeto de reproche?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación en la causa. (…) está legitimada en la causa por activa, pues fungió como parte en el proceso de restitución de tenencia promovido por (…) que versaba sobre un contrato de arrendamiento suscrito por ella. De igual forma se encuentra legitimada, por cuanto mediante providencia del 17 de abril de 2009, la cual se acusa de contener un error jurisdiccional, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería se abstuvo de reconocerle el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento que suscribió con (…), según da cuenta copia auténtica del proceso con el número de radicado 2008-00200-12. (…) La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería profirió la providencia del 17 de abril de 2009, la cual es objeto de reproche.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / REPARACIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, deben acreditarse sus elementos, es decir, la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo, esto con el fin de solicitar su indemnización, el cual requiere ser proporcional al daño sufrido, lo que conlleva a la aplicación de los principios neminem laedere e igualdad ante las cargas públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. (…) [V]erificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿El daño antijurídico es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere?
Respuesta al problema jurídico: Si
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de ma

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

marzo de 2006, según da cuenta el recibo de pago de (…) del 28 de febrero de 2006 por suma de $1.600.000, por los meses de febrero y marzo de 2006 (…) En consecuencia, la limitación establecida en el parágrafo 2° del artículo 424 del C.P.C., relacionada con el pago de los cánones arrendados para poder ser oída en el proceso no era aplicable a (…), pues para el 27 de marzo de 2006, fecha en la que presentó la demanda de restitución de tenencia, había desocupado el inmueble y no presentaba retardo en el pago de los cánones de arrendamiento. Así las cosas, se advierte que no asiste razón al extremo activo cuando afirma que se desconoció lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 424 ibidem, pues, como se expuso, Patricia Carolina Rodríguez Salazar se encontraba al día en sus obligaciones contractuales para el momento en el que abandonó el inmueble arrendado y, en consecuencia, no tenía ninguna limitación para ejercer su derecho de acción. Es de aclarar que la demanda de restitución de tenencia presentada por la arrendataria, (…), versaba solamente sobre la entrega del mencionado bien y sobre la nulidad del contrato de arrendamiento. Asimismo, el parágrafo 2, del artículo 424 del C.P.C. no establece una indemnización para el arrendador. Por ello, este cuestionamiento tampoco tiene vocación de prosperar. Finalmente, frente al tercer cargo, consistente en que la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería se apartó de lo dispuesto en el artículo 426 ejusdem , se evidencia que la demandante no formuló ningún reparo sobre esta norma y la Sala no advierte cómo ésta pudo afectarla, pues se evidencia que en el proceso de “restitución de tenencia” se cumplió con el objeto pretendido, esto es, entregar el bien a su propietario. Por ello, lo pretendido en este reparo tampoco está llamado a prosperar. Lo que observa la Sala, luego de analizar lo pretendido por la actora, es que ésta busca utilizar como tercera instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso que se le debe dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca controvertir nuevamente la decisión del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, que fue adversa a sus intereses. A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 28 de septiembre de 2015, exp. 33733, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández; sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 21 de noviembre de 2017, exp. 39515, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 14837, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 250002326000 1997 05238 01 (22982), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 250002326000 1997 15324 01 (24690), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 250002326000 2001 02345 01 (28189), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 250002326000 2000 02527 01 (28215), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 250002326000 2001 00349 02 (28428), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 250002326000 2001 02368 01 (29540), C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 250002326000 2000 01292 01 (27862), C.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 12 de febrero de 2015, exp. 250002326000 2000 02235 02 (28482), C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493), C.P. Hernán Andrade Rincón. Así mismo, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, exp. 11001-02-03-000-2017-02559-00; sentencia de tutela del 27 de septiembre de 2017; sentencia del 28 de abril de 2017, exp. 110001-22-03-000-2017-00450-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela del 27 de septiembre de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-02559-00 y sentencia del 28 de abril de 2017, exp. 110001-22-03-000-2017-00450-01.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 408 NUMERAL 10, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 424 NUMERAL 3 PARÁGRAFO 2, DECRETO 1400 Y 2019 DE 1970 - ARTÍCULO 426, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65,66,67,68 Y 70
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-02-28. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 23001233100020110042301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233100020110042301-66061-sentencia).
