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¿Se acreditó la falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato interadministrativo? No
La falsa motivación de un acto de liquidación unilateral no se configura cuando los motivos del acto tienen soporte en la ejecución parcial del contrato, pues la ley no fija una fórmula única para liquidar los contratos estatales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede efectuar el balance económico de lo ejecutado y definir la situación de los cocontratantes con el método que mejor convenga al negocio, como lo hizo al asignar un porcentaje a lo ejecutado y ordenar el pago de ese importe. La segunda es que la entidad no acreditó que fueran falsos los motivos del acto, porque el consorcio ejecutó las etapas primera y segunda sin incumplimientos señalados, y el incumplimiento se ubicó en la tercera etapa por falta de aseguramiento total de la calidad de la información, lo que no hacía inútil todo lo ejecutado. En el caso concreto el consorcio ejecutó el 81,88% del valor pactado, y el cruce de cuentas partió de ese punto. Por esa razón tampoco se acreditó el desconocimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la desatención del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 porque la DNE no realizó un efectivo cruce de cuentas ya que en ningún momento efectuó ajustes, revisiones o reconocimientos…
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2022-06-15Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020050278501ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante?¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver? No
No es gravemente culposa la conducta del juez que aplica una interpretación judicial cuando, para la época de sus decisiones, existían posiciones jurisprudenciales contradictorias sobre la materia, pues no hay violación manifiesta e inexcusable de la norma en que debía fundarse la decisión. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la competencia para tramitar el proceso civil en el que se dictaron las providencias se discutía en la época, por la expedición de una ley que atribuyó asuntos de ese tipo a la jurisdicción contencioso administrativa mientras el proceso estaba en curso. Segunda, la existencia de criterios contrapuestos en el propio Consejo de Estado impide calificar como manifiesta la infracción de la norma. Tercera, la demanda de repetición no acreditó, con razones fácticas y jurídicas precisas, la culpa grave de cada uno de los servidores. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que el cambio posterior de jurisprudencia no convierte en culpa grave la decisión que se adoptó conforme a una línea vigente y contradictoria al momento de proferirla.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley…¿El hecho de que las providencias judiciales hayan sido determinantes en la condena por error judicial, no implica, en todo caso…
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
Sentencia — Sentencia2024-11-18Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020240005600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato?¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado?¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿Debe decretarse la nulidad procesal por falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que el contrato núm. 112 de 2006 contiene una cláusula compromisoria? No
Cuando en un contrato estatal existe cláusula compromisoria y el demandado no propone la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, el juez de lo contencioso administrativo no puede declarar de oficio la falta de jurisdicción, porque la omisión implica renuncia al pacto arbitral para el caso concreto. La regla se apoya en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y estaba vigente cuando se presentó la demanda. Las razones que la sostienen son tres: el pacto arbitral es un acuerdo de voluntad de las partes para someter la controversia a árbitros, de modo que solo ellas pueden hacerlo valer o renunciar a él; la norma atribuye expresamente a la falta de propuesta de la excepción el efecto de renuncia; y la intervención oficiosa del juez comprometería esa voluntad. En el caso, la sentencia confirmó la decisión que negó la nulidad procesal por falta de jurisdicción, pues el demandado no alegó la cláusula en la oportunidad legal. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la excepción de cláusula compromisoria debe proponerse oportunamente ante el juez para no entenderse renunciada.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda cuando se impugna un supuesto acto ficto de liquidación unilateral del contrato…¿La renuncia expresa del contratista a efectuar cualquier tipo de reclamación por mayor permanencia en obra y por los sobrecostos ocasionados con el nuevo plazo pactado en la prórroga del contrato…¿Los perjuicios que cause la suspensión de la interventoría del contrato de obra pública deben ser soportados por el contratista de obra…
¿La conducta dolosa y la gravemente culposa son excluyentes entre sí? Sí
En el fallo [no se] debió analizar de manera concomitante la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal, por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, más aún en el presente caso en el cual la demanda solo alude a una conducta negligente [del demandado], no a un comportamiento intencional dirigido a causar daño… , no era posible analizar, de modo principal, una doble imputación y la configuración de dos distintas conductas… en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí.
También resuelve:¿La parte demandante en el escrito inicial hizo un desarrollo puntual de los cargos y especificó qué preceptos normativos desconoció la persona contra quien se repite?