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Consejo de Estado
Providencia
Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario.
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233300020170136801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar el incumplimiento, la terminación del contrato de arrendamiento del bien inmueble y su restitución, al encontrarse probada la mora del pago por parte del arrendatario? Sí
Procede declarar el incumplimiento del arrendatario, dar por terminado el contrato de arrendamiento y ordenar la restitución del inmueble cuando se acredita la mora en el pago de los cánones. La regla se apoya en que la mora probada justifica la terminación y, habiéndose demostrado la restitución efectiva de uno de los inmuebles, solo procede la restitución del otro. Además, cuando el demandante es el único apelante, opera la prohibición de reformatio in pejus, de modo que el juez de segunda instancia no puede agravar la situación del apelante y debe mantener lo decidido en primera instancia. En el asunto, el arrendador no pidió en la instancia el reconocimiento de los cánones ni de los intereses de mora, lo que impedía conceder lo reclamado en apelación. La Sala confirmó la sentencia y actualizó la condena para conservar el poder adquisitivo de las sumas reconocidas. En la práctica, la condena por cánones se mantiene en su monto y solo se ajusta por indexación.síntesis automática
También resuelve:
¿La ausencia de pretensión de pago de los arrendamientos adeudados, impide el reconocimiento de lo reclamado en el recurso?
¿Procede la condena en costas en segunda instancia, a cargo del recurrente, al haberse resuelto de manera desfavorable el recurso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Existe cosa juzgada sobre la pretensión de restitución de bien inmueble arrendado en un proceso reivindicatorio adelantado
Sentencia — Sentencia
2022-05-04
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 05001233300020140145101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe cosa juzgada sobre la pretensión de restitución de bien inmueble arrendado en un proceso reivindicatorio adelantado sobre el mismo bien? Sí
La cosa juzgada sobre la identidad del bien arrendado impide discutir de nuevo en un proceso de restitución si el inmueble es el mismo que fue objeto de un proceso reivindicatorio en el que las partes fueron vinculadas. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el juez del proceso reivindicatorio ordenó a la sociedad arrendataria restituir el bien a sus verdaderos propietarios y no a la arrendadora, y reconoció el derecho de retención hasta el pago de las mejoras. La segunda es que la identidad entre el bien reivindicado y el arrendado se fundó en un dictamen pericial y en una inspección judicial, y se evidencia en la parte considerativa de esas sentencias. La tercera es que ambas sociedades fueron vinculadas como demandadas en el proceso reivindicatorio, por lo que la decisión les es oponible. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia y niega el recurso de apelación. Como obiter dictum, la providencia precisa que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia conforme al artículo 150 del CPACA. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en un proceso por restitución del bien inmueble arrendado?
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas y fijación de las agencias end erecho?
Consejo de Estado
Providencia
No restituir constituye un incumplimiento de una obligación contractual.
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 13001233300020170091901
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?
¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?
¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia.
Sentencia — Sentencia
2023-02-28
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 23001233100020110042301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…
¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La declaratoria de nulidad constituye un deber para el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, según las voces del artículo 1742 del Código Civil.
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 13001233300020150083201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:
¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?
¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?
¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa asume el conocimiento de litigios originados en la actividad de entidades públicas.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-03-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 25000232600020070050301
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumir el conocimiento de pretensiones contra particulares sin funciones públicas, cuando se demanda de manera conjunta a una entidad estatal, aplicando el fuero de atracción pese a que las imputaciones provienen de fuentes distintas? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas y de los particulares que desempeñan funciones administrativas. La causa del daño imputado a una entidad pública y a particulares demandados de forma conjunta debe analizarse conforme a los fundamentos jurídicos de la responsabilidad, distinguiendo el origen contractual o extracontractual de las imputaciones deducidas en el proceso en relación con la competencia de los jueces administrativos.síntesis automática