Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Lo que dijo la Sala
La Sala es competente para proferir esta providencia por ser la llamada a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal que conoció de este proceso en primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a su cuantía.
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Síntesis síntesis automática
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, dado que la cuantía del asunto y su naturaleza le confieren competencia a la corporación para resolver el recurso de apelación. Además, el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto oportunamente, considerando la suspensión de términos por la conciliación prejudicial y la pandemia del COVID-19, lo que implica que no ha operado la caducidad del mismo. Sin embargo, la liquidación judicial del contrato estatal no resulta viable debido a la insuficiencia probatoria, ya que el expediente no acredita el alcance real de la ejecución ni los soportes aportados fueron glosados en actos administrativos cuya legalidad no fue cuestionada, lo que implica la improcedencia de reconocer saldos al contratista en sede judicial.
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Problema jurídico
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al 15 de junio de 2018…
- ¿La liquidación del contrato tenía por finalidad establecer el estado económico final de las partes, determinar las acreencias y los saldos pendientes derivados de su ejecución y finiquitar el…
- ¿Puede el juez liquidar judicialmente un contrato estatal y reconocer saldos al contratista cuando el expediente no acredita el alcance real de la ejecución y los soportes aportados fueron glosados…
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Titulación de la relatoría 12.232 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para proferir esta providencia por ser la llamada a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal que conoció de este proceso en primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a su cuantía.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PANDEMIA / COVID 19 / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONCILIACIÓN FALLIDA / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al 15 de junio de 2018, fecha en que venció el término para efectuar la liquidación unilateral del contrato, sin que hubiera operado la caducidad, teniendo en cuenta la suspensión de términos por la conciliación prejudicial y la pandemia del COVID-19?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de la oportunidad del medio de control, la cláusula vigésima primera del contrato en el cual se origina esta controversia, previó que sería objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro meses siguientes a su vencimiento o a la fecha del acto que ordene su terminación o del acuerdo que la dispusiere. De conformidad con la información consignada en la Resolución No. 4143.010.21.0.01580 de 2019, mediante la cual la Secretaría de Educación del Distrito de Cail declaró el incumplimiento del contrato, impuso la sanción penal pecuniaria y adoptó otras decisiones, la ejecución del contrato finalizó el 15 de diciembre de 2017. Toda vez que el contrato no fue liquidado dentro de los 4 meses pactados, lapso que transcurrió hasta el 15 de abril de 2018, el cómputo del término de caducidad de dos años debía iniciarse al finalizar el plazo de dos meses que el segundo inciso del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 concede a la entidad para liquidarlo unilateralmente, sin que lo hubiere hecho, esto es a partir del 15 de junio de 2018. El término de 2 años expiraría entonces el 15 de junio de 2020. La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 13 de diciembre de 2019 – restando 6 meses y un día del término de dos años– y la constancia de haberse declarado fallida la conciliación se expidió el 9 de marzo de 2020. Empero, por razón de la pandemia del Covid 19, los términos fueron suspendidos entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020, se reanudaron el 1 de julio de ese año, de suerte que la demanda podía ser presentada oportunamente hasta el mes de enero de 2021, con lo cual al haberse radicado el 14 de octubre de 2020, no había operado la caducidad. Según se acaba de reseñar, el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial fue debidamente agotado, pues la solicitud respectiva se presentó el 13 de diciembre de 2019 y se declaró fallida la audiencia el 9 de marzo de 2020.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato tenía por finalidad establecer el estado económico final de las partes, determinar las acreencias y los saldos pendientes derivados de su ejecución y finiquitar el vínculo contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como lo ha explicado la Sección Tercera de esta Corporación, la liquidación es un ajuste o rendición final de cuentas que se realiza con el propósito de que las partes contratantes establezcan, con fundamento en lo acaecido en el marco de la ejecución del contrato, las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo, según el caso. Tiene por objeto, entonces, definir cómo quedó la realización de las prestaciones mutuas a las que se comprometieron las partes; efectuar un balance de las cuentas y pagos para establecer quién le debe a quién y cuánto, esto es, precisar su estado económico y el de los derechos y obligaciones de las partes con ocasión a su ejecución; proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar; declararse a paz y salvo de las obligaciones o derechos a cargo de las mismas y finiquitar así el vínculo contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la liquidación del contrato, consultar sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp. 13001-23-31-000-1992-08522-01(21429), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez liquidar judicialmente un contrato estatal y reconocer saldos al contratista cuando el expediente no acredita el alcance real de la ejecución y los soportes aportados fueron glosados en actos administrativos cuya legalidad no se controvirtió?
Respuesta al problema jurídico: No
En el presente caso, habida cuenta de que no se produjo la liquidación del contrato de mutuo acuerdo entre las partes o en virtud de decisión unilateral adoptada por la Secretaría de Educación del Distrito de Cali, resulta procedente su realización en sede judicial, como con acierto lo entendió la sentencia apelada. Empero, para que dicha liquidación judicial resulte viable, como es lógico, resulta menester que obren en el expediente los elementos demostrativos que permitan al juez establecer cuál fue el estado en el que quedó, una vez finalizado el contrato, la ejecución o el cumplimiento de las prestaciones asumidas por cada una de las partes, de modo que sea posible determinar cuál de ellas debe a la otra, qué y cuánto. Y ese es, precisamente, el escenario que, a juicio de la Sala, no se da en el asunto sub judice, por las razones que se pasa inmediatamente a explicar. (...) para la Sala resulta claro que no existen en el expediente medios de prueba que permitan establecer qué parte de las obligaciones asumidas por el contratista fueron efectivamente cumplidas y cuáles no y qué valores deberían serle reconocidos, en caso de que resultare procedente reconocerle alguno. Los documentos aportados como anexos a la demanda con la que se dio inicio al presente proceso, fueron objeto de las abundantes glosas que se han descrito, por parte de la Secretaría de Educación de Cali, en actos administrativos cuya presunción de legalidad se mantiene incólume. Tales documentos no permiten a la Sala determinar, por ejemplo, si los establecimientos educativos en los que en los documentos citados se expresa que fue realizado el suministro de raciones, estaban comprendidos o no en el objeto del contrato que origina esta controversia; si las raciones entregadas se ajustaban a las condiciones de calidad pactadas; cuál es el valor de cada suministro efectuado o dejado de realizar, entre muchos otros factores relevantes a efecto de establecer qué sumas deben serle reconocidas al contratista, en caso de que alguna debiere serle pagada. (...) . Pero, adicionalmente, aunque en gracia de discusión tal improcedente análisis fuese acometido por la Sala en el contexto descrito, lo cierto es que, en línea con cuanto se ha reseñado previamente, no obran en el expediente pruebas que den cuenta del alcance real de la ejecución de las prestaciones a su cargo por parte de la Unión Temporal Crecer Cali 2017 –carga que le incumbía en virtud de lo preceptuado por los artículos 1757 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso– y ello, además, por razón de las circunstancias descritas precedentemente en este pronunciamiento –consignadas, según se expuso, en la parte motiva de un acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido puesta en tela de juicio en este proceso y se mantiene incólume– (...) No acertó, por tanto, el Tribunal de primera instancia en la sentencia apelada al limitarse a efectuar una simple operación aritmética en la que descontó, del valor total del contrato, los perjuicios que cuantificó la Entidad en las resoluciones tantas veces aquí mencionadas –lo que de ningún modo da cuenta de las prestaciones efectivamente ejecutadas por el contratista en las condiciones contractualmente convenidas– para concluir que la diferencia debía serle reconocida al contratista, pero sin tomar en consideración las deficiencias y los vacíos probatorios que impiden establecer si tales reconocimientos debían ser realizados en una liquidación del contrato que, en el escenario descrito, resulta tanto ontológica como jurídicamente imposible practicar en este proceso judicial. Corolario de todo lo expuesto, la sentencia de primera instancia deberá ser revocada para, en su lugar, denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. Siendo esta la decisión que se va a adoptar, resulta por completo innecesario efectuar algún tipo de pronunciamiento en relación con la responsabilidad de la aseguradora llamada en garantía por la Entidad accionada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Problema jurídico:
¿Procede ordenar a la entidad que cese el cobro de la cláusula penal impuesta en actos administrativos no demandados?
Respuesta al problema jurídico: No
Por cuanto respecta a las pretensiones elevadas como “subsidiarias o consecuenciales”, la que se planteó en este apartado en primer lugar, encaminada a que se ordene a la entidad demandada cesar cualquier actuación contra la Unión Temporal accionante tendiente al cobro de la cláusula penal, carece de vocación de prosperidad comoquiera que la referida cláusula se hizo efectiva mediante actos administrativos cuya anulación no fue solicitada en este proceso y, a su finalización, por consiguiente, la presunción de legalidad que acompaña a tales decisiones, así como su fuerza ejecutoria y valor obligatorio, se mantienen incólumes.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la demandante por ser la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el recurso de apelación prospera y la parte demandante resulta vencida en el proceso, deberá ser condenada en costas y agencias en derecho por las dos instancias, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366