Titulación de la relatoría 28.725 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PACTO ARBITRAL / EXTINCIÓN DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / FALTA DE JURISDICCIÓN / INEXISTENCIA DE NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN
Problema jurídico:
¿Debe decretarse la nulidad procesal por falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que el contrato núm. 112 de 2006 contiene una cláusula compromisoria?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a respuesta al primer problema jurídico planteado en precedencia es negativa, porque, para la fecha de presentación de la demanda, ya había entrado en vigor el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012), que en el parágrafo del artículo 21 determina que la “no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto”. Así, conforme a este marco normativo, el juez no puede adoptar decisiones oficiosas cuando en el caso obre un pacto arbitral, sino que son las partes quienes deciden ―expresa o tácitamente― si cumplen o hacen cumplir la obligación inserta en el pacto arbitral de acuerdo con la ley de someter al conocimiento de árbitros la controversia que pretendan solucionar.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 21 PARÁGRAFO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE REPOSICIÓN EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda cuando se impugna un supuesto acto ficto de liquidación unilateral del contrato, pero se observa que en realidad el departamento demandado profirió un acto definitivo, mediante el cual resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto de la liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el Consorcio Arjona 2006 persigue la nulidad de cuatro actos administrativos contractuales: los dos primeros, relacionados con la declaración unilateral de incumplimiento contractual (Resoluciones 1850 y 3723 de 2010); la Resolución 9284 de 2011, que liquidó unilateralmente el contrato núm. 112 de 2006; y el acto ficto o presunto surgido del silencio administrativo negativo, porque el departamento demandado no habría desatado el recurso de reposición en contra de la Resolución 9284 de 2011. Sin embargo, el departamento del Cesar sí se pronunció expresamente acerca de la reposición formulada por el contratista, mediante la Resolución 25 de 2012, que confirmó el acto impugnado. (...) Con todo, esta imprecisión no tiene la trascendencia suficiente para impedir el pronunciamiento de fondo en el presente caso, en tanto: (i) no se probó que al Consorcio Arjona 2006 se le hubiera notificado la Resolución 25 de 2012, por cualquiera de los mecanismos previstos por la ley, ni siquiera mediante conducta concluyente, a través de su representante o de alguno de los consorciados, solo acreditó habérsela notificado a la aseguradora garante de las obligaciones del contrato; y (ii) por la falta de notificación la Resolución 25 de 2012, esta no es oponible al consorcio demandante, como cortapisa de sus pretensiones. Además, el artículo 163 del CPACA prevé que si acto el demandado fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron, pero, al ser inoponibles al demandante los actos confirmatorios cuando no le fueron notificados, la motivación de la confirmación no funge como sustento eficaz de la decisión contra este adoptada. Lo contrario implicaría asumir su oponibilidad, sin que el destinatario de la decisión tuviera la oportunidad de controvertir los fundamentos en los que se fundó.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el efecto derivado de la falta de notificación de los actos administrativos, consultar providencias de 26 de septiembre de 1996, Exp. CE-SEC3-EXP1996-N2431, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; y del 20 de septiembre de 2007, Exp. 68001-23-15-000-2002-01016-02(29285-25934), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 163
CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La renuncia expresa del contratista a efectuar cualquier tipo de reclamación por mayor permanencia en obra y por los sobrecostos ocasionados con el nuevo plazo pactado en la prórroga del contrato, constituye una estipulación válida y vinculante para las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n acta del primero (1°) de febrero del dos mil ocho (2008), las partes prorrogaron el término de ejecución del contrato núm. 112 de 2006 en cinco (5) meses. La razón de ese acuerdo fue la inclusión de mayores cantidades de obra que las propias partes detectaron; circunstancia que fue advertida por el consorcio contratista, quien solicitó tal prórroga. Ese acuerdo incluyó una renuncia expresa del contratista a efectuar cualquier tipo de reclamación por mayor permanencia en obra y por los sobrecostos ocasionados con el nuevo plazo pactado52. Esta estipulación es un acto válido y vinculante para las partes, y de estricta observancia para el juez del contrato, pues ―como lo ha considerado la Sala― la modificación del régimen de responsabilidad contractual es admitido en el ordenamiento colombiano, conforme a los artículos 1604 y 1731 del Código Civil, en cuanto no suponga una condonación del dolo futuro, ni contravenga el derecho público, las buenas costumbres o el orden público, ni suponga una obligación sujeta a una condición meramente potestativa; pacto que, en este asunto, involucró únicamente el interés particular del Consorcio Arjona 2006, por lo que se ajusta así a lo establecido en el artículo 15 del Código Civil, y no fue planteada en términos genéricos ni recayó sobre hechos futuros e inciertos. En ese orden de ideas, la renuncia expresamente planteada en los términos del acta de prórroga del plazo implica que las reclamaciones efectuadas por el contratista sobre supuestos sobrecostos ocasionados por la extensión de ese periodo de ejecución pierdan fundamento jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cláusula de renuncia expresa del contratista a efectuar cualquier tipo de reclamación, consultar providencias de 4 de agosto de 2021, Exp. 45004, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 18 de septiembre de 2023, Exp. 62481, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 17 de octubre de 2023, Exp. 67342, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1518, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1522, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1535, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1731
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Los perjuicios que cause la suspensión de la interventoría del contrato de obra pública deben ser soportados por el contratista de obra, pese a que dicho vínculo tiene un carácter independiente y autónomo?
Respuesta al problema jurídico: No
Entre el tres (3) de abril y el veintitrés (23) de junio de dos mil ocho (2008), se produjo la segunda suspensión del contrato de obra ―con la suscripción del “acta de suspensión de obra No. 02”― por un periodo de ochenta y uno (81) días calendario. La razón de esta pausa en la ejecución contractual fue la suspensión pactada paralelamente del contrato de interventoría. En principio, los perjuicios que cause la suspensión de la interventoría no deberían ser soportados por el contratista de obra, cuyo vínculo tiene un carácter independiente y autónomo respecto del cumplimiento y ejecución del negocio que la entidad pública sostiene con el interventor de obra. Empero, no puede desconocerse que el contrato de obra está íntimamente relacionado con la interventoría, ante la exigencia legal de contar con la vigilancia provista por un interventor externo en los contratos de obra celebrados previa licitación pública, razón por la cual la planeación de la interventoría y del contrato supervisado suele efectuarse de manera conjunta. Esto, traído al escenario de esta reclamación económica por la suspensión contractual implica que, en cuanto el contratista demandante debía demostrar que las causas de la parálisis temporal en la ejecución del contrato de obra le fueron completamente ajenas en cuanto ninguna relación guardaron con la entrega tardía y defectuosa de los estudios y diseños necesarios para empezar con las obras, y con los desfases en el cumplimiento de la ejecución de la obra.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las características de los contratos de interventoría, consultar providencias de 13 de septiembre de 1991, Exp. 5127, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 24 de febrero de 1995, Exp. 3142, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; de 13 de febrero de 2013, Exp. 76001-23-31-000-1999 02622-01(24996), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de febrero de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000 00732-01(24266), C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 28 de mayo de 2015, Exp. 47001-23-31-000-2004-00066 01(36626), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 2 de marzo de 2022, Exp. 23001-23-31-000-2010-00515-01(49184), C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 17 de octubre de 2023, Exp. 25000-23-26-000-2021-00490-01(69492), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CAMBIO CLIMÁTICO / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El cambio climatológico, para que sea considerado imprevisto, como supuesto de desequilibrio económico, supone la acreditación de que la pluviosidad fue anormal y extraordinaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]urante veintisiete (27) días que trascurrieron entre el dieciséis (16) de octubre y el once (11) de noviembre de dos mil ocho (2008), las partes suspendieron nuevamente la ejecución del contrato núm. 112 de 2006, por circunstancias climáticas. Como lo ha expresado la jurisprudencia, este fenómeno natural, como supuesto de desequilibrio económico, supone la acreditación de que la pluviosidad fue anormal y extraordinaria; circunstancias que ni siquiera fue alegadas por el contratista ni, menos aún, probadas en este proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las condiciones que debe acompañar la afirmación de un cambio climatológico para que este sea considerado imprevisto, consultar providencias de 8 de noviembre de 2007, Exp. 13001-23-31-000-2000-01445-01(32966), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 19 de junio de 2013, Exp. 70001-23-31-000-1997-07075-01(22640), C.P. Danilo Rojas Betancourt; de 4 de febrero de 2022, Exp. 20001-23-31-000-2011-00046-01(45762), C.P. María Adriana Marín.
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / BUENA FE PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar, con la debida antelación, las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla sin dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas que hubieran podido prevenirse, con el estudio diligente de las necesidades del servicio, de las opciones para satisfacerlas, de las especificaciones de los bienes o de los trabajos que tiene por objeto, de la disponibilidad de recursos para su ejecución, y de los permisos, autorizaciones o licencias requeridos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l principio de planeación no ha sido previsto expresamente en nuestro ordenamiento sustantivo. No obstante, este principio se desprende de los artículos 2, 209, y 339 a 353 de la Constitución Política, así como del numeral 6 del artículo 25, los numerales 7 y 11 a 14 del artículo 25, y del numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; y del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar, con la debida antelación, las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla sin dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas que hubieran podido prevenirse, con el estudio diligente de las necesidades del servicio, de las opciones para satisfacerlas, de las especificaciones de los bienes o de los trabajos que tiene por objeto, de la disponibilidad de recursos para su ejecución, y de los permisos, autorizaciones o licencias requeridos. Si bien, este principio tiene incidencias en la etapa de formación del contrato, se refleja con mayor importancia en su ejecución, pues es este el momento en el que las omisiones de la Administración generan graves consecuencias; razón por la cual su desconocimiento ha sido considerado como un supuesto de incumplimiento contractual, de acuerdo con el postulado de la buena fe. En la jurisprudencia administrativa, el desconocimiento del principio de planeación se ha desprendido de circunstancias como: (i) la omisión de estudios de suelos, de impacto ambiental y de la adquisición de los predios necesarios para ejecutar las obras contratadas; (ii) la inviabilidad técnica del diseño entregado, que impidió el pago del precio al contratista por la ausencia de los recursos que finalmente fueron necesarios; (iii) la omisión de la apropiación y disponibilidad de los recursos para respaldar el pago de las obligaciones contraídas; y (iv) la ausencia de estudios técnicos para determinar con claridad la viabilidad y conveniencia de las obras contratadas. Se ha desestimado, por otra parte, la transgresión al principio de planeación cuando no “pudiera evidenciarse”, desde la fase precontractual, que pudieran presentarse inconvenientes sobre el derecho de dominio y las condiciones urbanísticas del terreno en el que se desarrollarían los trabajos, que imposibilitarían posteriormente la ejecución del contrato. Y es que, como “mandatos de optimización” que son los principios ―como el de planeación― estos “ordenan que algo se realice en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas”. Por ello, en el control judicial de la observancia de los principios, en el que se impone la adopción de una posición conforme a un criterio ético destilado de un contexto histórico y cultural al que se ciñó la voluntad soberana del constituyente y del legislador, la interpretación de los principios debe atender a ese contexto del que emana, así como a las consecuencias prácticas de su aplicación, para satisfacer las expectativas del soberano o del legislador.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de planeación, consultar providencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 29 de agosto de 2007, Exp. 15469, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de junio de 2008, Exp. 8031, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 10 de diciembre de 2015, Exp. 51489, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 7 de mayo de 2021, Exp. 43055, C.P. María Adrina Marín; de 22 de abril de 2022, Exp. 55214, C.P. José Roberto Sáchica Mendez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 339, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 353, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 3
SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACUERDO DE VOLUNTADES / COSA JUZGADA / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / VALIDEZ DEL CONTRATO / EFICACIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Cuenta con eficacia jurídica el acta de ajuste económico suscrita por las partes del contrato, en la que se pactó la renuncia del contratista a efectuar reclamaciones, se restableció la economía del contrato, y se señaló que dicha convención tenía efectos de cosa juzgada, sobre los inconvenientes de tipo administrativo relacionados con la parte financiera del negocio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as partes (...) suspendieron el plazo de ejecución del contrato núm. 112 de 2006 durante doscientos treinta y nueve (239) días, entre el tres (3) de abril y el veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009), en razón de “inconvenientes de tipo administrativo” relacionados con la “parte financiera” del negocio. (...) [E]stá demostrado que, durante el lapso de esta suspensión, el departamento del Cesar hizo movimientos presupuestales y trasladó recursos convenidos en el acta de ajuste económico suscrita el seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009), con el propósito explícito de mantener la ecuación económica del contrato, en razón de lo cual se pactó la renuncia del contratista a efectuar reclamaciones sobre la base de que, mediante el “ajuste de precios”, se restableció “la economía del contrato”, y que dicha convención tenía efectos de cosa juzgada. Al margen de la orfandad probatoria en relación con las circunstancias determinantes de la suspensión en comento, es necesario decir, respecto de la anotación suscrita por el representante legal al lado de su firma manuscrita, que aquella no afecta la eficacia del acuerdo suscrito, pues esta no indica que la voluntad del consorcio demandante para suscribir este acuerdo hubiera estado viciada, sino que se reservó el derecho genérico a reclamar. Además, esta anotación no echa por tierra el acuerdo con efectos de cosa juzgada alcanzado por las partes para reestablecer la economía del contrato con el ajuste de precios estipulado en esta oportunidad, sino que, en línea con lo convenido en la cláusula quinta de esta convención modificatoria, solo habría lugar a reclamaciones del contratista por aspectos diferentes a los allí convenidos, que dieron lugar a esta suspensión del plazo de ejecución del contrato núm. 112 de 2006. Esta es la interpretación que emana de la naturaleza del acuerdo que alcanzaron con el acta de ajuste económico suscrita el seis (6) de octubre de dos mil nueve (2009), en la que el departamento del Cesar y el Consocio Arjona 2006, el cual comporta una transacción, pues no supuso una mera renuncia, sino un pacto con el que, con efectos de cosa juzgada, las partes contratantes obtuvieron certeza sobre un aspecto dudoso de la relación jurídica, como lo es el equilibrio económico del contrato, con un ajuste de precios por un monto de $194.664.989,76, que serían pagados en cuando fuera expedido el registro presupuestal correspondiente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del acta de ajuste económico del contrato, consultar providencia de 24 de abril de 2024, Exp. 70521, C.P. William Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / ACUERDO DE VOLUNTADES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿A partir de estudio íntegro de las pruebas pertinentes practicadas en este proceso, está acreditada la falsa motivación y/o el desconocimiento de normas superiores en los actos administrativos proferidos por el departamento del Cesar, en los cuales declaró el incumplimiento del Consorcio Arjona 2006 y liquidó unilateralmente el contrato de obra núm. 112 de 2006, en cuanto aquellas demuestran el incumplimiento del departamento o el desequilibrio económico del contrato con detrimento injustificado para el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
El departamento del Cesar celebró con el Consorcio Arjona 2006 un contrato de obra con el objeto de pavimentar o repavimentar varios tramos de una vía. El contratante declaró el incumplimiento contractual del contratista y liquidó unilateralmente el contrato. Según el contratista, la entidad contratante le ocasionó perjuicios por el desconocimiento de sobrecostos, mayores cantidades de obra y mayor permanencia en obra, causados por la inclusión de un ítem distinto de carpeta asfáltica, y las múltiples suspensiones y prórrogas del plazo contractual. (...) [E]n el presente proceso judicial, el actor no demostró ninguno de los supuestos fácticos y jurídicos que, en su parecer, desvirtuarían la presunción de legalidad de las Resoluciones 1850 y 3723 de 2010, que declararon el incumplimiento contractual del Consorcio Arjona 2006; tampoco logró su cometido respecto de las Resoluciones 9284 de 2011 y 000025 de 2012, que liquidaron unilateralmente el contrato núm. 112 de 2006. En el sub judice, el demandante no honró la carga que le asistía de probar que el departamento contratante hubiera infringido alguna de sus obligaciones contractuales. Por el contrario, a partir de las pruebas practicadas en este se advierte que la propia demandante incumplió el negocio jurídico, particularmente con la entrega de los estudios y diseños, y la entrega incompleta de las obras que no fue desmentida por la actora; circunstancias que la hacen desmerecedora de cualquier pretensión derivada del supuesto desconocimiento de lo pactado que atribuyó a su contraparte116. Además, en las convenciones modificatorias suscritas durante la ejecución del contrato núm. 112 de 2006, el Consorcio Arjona 2006 renunció expresamente, en múltiples ocasiones, a efectuar reclamaciones económicas derivadas de las modificaciones del contrato; y la entidad reconoció y pagó sumas de dinero con el propósito explícito de mantener el equilibrio económico del contrato. En ese orden de ideas, tampoco está demostrada la ruptura del equilibrio financiero del contrato, derivado de circunstancias ajenas a la demandante, e irresistibles en su impacto y magnitud. Por todo lo anterior, no le asiste razón a la apelante en su censura a la sentencia de primera instancia. Nótese que si el fallo tomó en consideración lo dicho por los testigos (...) como fundamento de la denegación de las pretensiones, es porque las versiones son creíbles y veraces a la luz de la sana crítica, en cuanto contienen información congruente con lo que revelaron los demás medios de prueba. En ese sentido, la providencia apelada fue en todo coherente con lo demostrado en el plenario.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el incumplimiento contractual y los presupuestos para su procedencia, consultar providencia de 6 de diciembre de 2022. Rad. 25000-23-36-000-2012-00519-01(53421), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como este proceso fue iniciado en vigencia del Código General del Proceso, es decir, luego del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), la condena en costas será tratada bajo sus reglas. Conforme al artículo 365, numeral 8 de dicha codificación: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). (...) Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento de conformidad con el Acuerdo No. 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que inició este proceso, y que fija las tarifas para las agencias en derecho. Para la segunda instancia en procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el límite determinado va “[h]asta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. (...) Con fundamento en este marco normativo, la Sala reconocerá el pago de agencias en derecho a favor del departamento del Cesar equivalentes al 0,2% del monto de las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299), C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366