Titulación de la relatoría 28.410 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEBIDO PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / EXCEPCIONES PROCESALES / PRINCIPIO DE CONSONANCIA / DERECHO DE DEFENSA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA EXTEMPORÁNEA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones introducidos extemporáneamente por la parte demandante en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
Para resolver el recurso de apelación, a la Sala le corresponde referirse sobre los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP). En adición a lo anterior, se precisa que no es viable pronunciarse sobre las modificaciones a la causa petendi que se busquen introducir con posterioridad a las oportunidades establecidas en la ley, es decir, la presentación de la demanda y el término previsto para la reforma de la demanda, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”. (…) .Según lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso (CGP), la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, so pena de vulnerar el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada. Por lo tanto, se prohíbe condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. (…) [L]a Sala encuentra que con el recurso de apelación el demandante pretendió incorporar argumentos de forma extemporánea, que son distintos a los que sirvieron de fundamento a la pretensión relativa al desequilibrio económico y financiero del contrato, lo cual impide su valoración en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la garantía al derecho fundamental al debido proceso y al principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la edificación del principio de congruencia en la existencia de límites predeterminados en el líbelo introductor que origina la controversia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de febrero de 2019, exp. 58894. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RECURSO DE APELACIÓN / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SECTOR ELÉCTRICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia determinar de oficio el régimen jurídico aplicable al contrato, incluso si ello no fue cuestionado en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala debe determinar el régimen jurídico del negocio, aun cuando ello no fue cuestionado en el recurso de apelación, debido a que es necesario dilucidar si el marco normativo que rigió el acuerdo de voluntades contempla la figura jurídica esbozada por el recurrente como sustento de sus pretensiones económicas y de la petición de ordenar la liquidación del negocio, esto es, el desequilibrio económico del contrato. (…) Según lo descrito, se destaca que esta Sala de decisión, en reiteradas ocasiones, ha precisado que la prestación de alumbrado público descrito no hace parte de los denominados servicios públicos domiciliarios -regulados en la Ley 142 de 1994-, ni se subsume en una actividad del sector energético -regulada en la Ley 143 de 1994- . Asimismo, se destaca que, si bien a partir de la expedición de la Ley 1150 de 2007, el legislador aclaró que este tipo de negocios -alumbrado público- se rigen por las normas que conforman el EGCAP, y aun cuando el Decreto 2424 de 2006 dispuso que “Todos los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, lo cierto es que, con anterioridad a la vigencia de estas normas, no existía una disposición específica que definiera el régimen jurídico aplicable a contratos como el analizado en el caso sub examine.
NOTA DE RELATORÍA:
El servicio de alumbrado público no participa de la naturaleza de los servicios públicos domiciliarios y tampoco se puede subsumir en las actividades del sector energético. Ver: Sentencia del 11 de abril de 2019, exp. 38.571. C.P. María Adriana Marín. Criterio reiterado en providencia del 20 de mayo de 2024, exp. 67.323. C.P. José Roberto Sáchica.] [Los contratos de concesión de alumbrado público se rigen por la Ley 80 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2017 (exp. 52.285), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2424 DE 2006, LEY 1150 DE 2007, LEY 142 DE 1994, LEY 143 DE 1994
MUNICIPIO / SERVICIOS PÚBLICOS / ALUMBRADO PÚBLICO / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / CONTRATO DE CONCESIÓN / DERECHO PÚBLICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Está sometido al régimen de derecho público el contrato de concesión suscrito en 1998 entre un municipio y un particular para la prestación del servicio de alumbrado público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por lo anterior, esta Sala de decisión ha planteado que les compete a los municipios, de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política, garantizar los servicios públicos que determina la ley y, particularmente, la Resolución 43 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas les asignó la responsabilidad de prestar el alumbrado público en los perímetros urbano y rural de su respectiva jurisdicción, por su propia cuenta o, través de cualquier otra persona natural o jurídica que ostente la experiencia e idoneidad para llevar a cabo dicha labor. De lo expuesto en precedencia, se constata que la obligación de prestar los servicios públicos está a cargo de las indicadas entidades territoriales, cuya actividad contractual se rige por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, por lo que se concluye que el contrato de concesión del 2 de septiembre de 1998, suscrito entre el municipio de Anserma y la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda., se sometió a las normas de derecho público contenidas en la Ley 80 de 1993 -vigentes al momento de su celebración26 , previo a las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y subsiguientes.
NOTA DE RELATORÍA:
El criterio interpretativo expuesto sobre el régimen del contrato de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público, fue acogido por esta Subsección en sentencia del del 20 de mayo de 2024, exp. 67.323. C.P. José Roberto Sáchica.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 311, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, LEY 80 DE 1993
ALUMBRADO PÚBLICO / TRIBUTO / IMPUESTO / TASA / CONTRIBUYENTE / CAPACIDAD DE PAGO / TARIFA / JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO / CONTRATO DE CONCESIÓN / RECAUDO DEL IMPUESTO / IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO / ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Tiene naturaleza jurídica de impuesto el cobro que realizan los municipios por el servicio de alumbrado público?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]l tributo derivado del alumbrado público es un impuesto y no una tasa. Esto se debe a que se trata de la prestación de un servicio de modo general e indiscriminado a todos los habitantes de una jurisdicción territorial, sin que exista una relación directa entre el cobro y el beneficio que recibe el contribuyente. Además, la tarifa del impuesto no requiere ser fijada con fundamento en un sistema y un método de costos y beneficios, sino que puede ser determinada en función de la capacidad de pago del contribuyente y otros factores relacionados con el servicio, como la generación de energía y el alcance de las líneas de transmisión. Por lo tanto, se concluye que el cobro por el servicio de alumbrado público en Colombia corresponde a un impuesto. En ese sentido, en el sub lite, a pesar de que las partes acudieron a distintos términos para referirse al cobro del alumbrado público que se realizaba a los contribuyentes -denominados usuarios en el contrato de concesión-, lo cierto es que su naturaleza jurídica corresponde a la de un impuesto y, asimismo, las entidades territoriales podrán fijar las tarifas para calcular su recaudo efectivo. De ese modo se analizará y referirá en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
El tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, más no una tasa. Ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2009, exp. 16.315. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Criterio reiterado por la misma Sala de decisión en providencia del 19 de enero de 2012, exp. 16.648. C.P. William Giraldo Giraldo.
CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPREVISIBILIDAD / PERJUICIO IMPREVISTO
Problema jurídico:
¿Está consagrado en la Ley 80 de 1993 el principio de conservación del equilibrio económico del contrato estatal como un deber para las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l legislador, en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, previó el principio de conservación del equilibrio del contrato estatal. A su vez, el mismo estatuto prevé, por un lado, el deber de la entidad estatal contratante de pedir la revisión de los precios pactados en los eventos en que se materialice la ruptura de la ecuación contractual en su contra (numeral 3 del artículo 4) y, por otro, el derecho del contratista a que la administración le restablezca dicha ecuación a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no le sean imputables (numeral 1 del artículo 5). Este plexo normativo se ha instituido bajo la comprensión de que es un deber de las partes el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, así como un criterio hermenéutico para desentrañar el contenido y alcance de las cláusulas contractuales (conforme al artículo 28 ejusdem).
NOTA DE RELATORÍA:
[Respecto del deber de las partes de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o de contratar, y su entendimiento como criterio hermenéutico para desentrañar el contenido y el alcance de las cláusulas contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 67.342. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES
Problema jurídico:
¿Debe la parte que solicita el restablecimiento de la ecuación contractual acreditar los elementos que fundamentaron el equilibrio económico y financiero originalmente pactado?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]e corresponde a la parte que pretende el restablecimiento de la ecuación contractual acreditar los elementos que sirvieron de fundamento para construir el punto del equilibrio económico y financiero que se aduce alterado durante el plazo de ejecución del referido negocio. Así lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación al estudiar los requisitos de procedencia de este instituto en contratos de concesión, tipificados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, (…). En ese sentido, se ha valorado que, para poder concluir la existencia de un desequilibrio, se torna imperativo conocer las circunstancias en las cuales el negocio nació a la vida jurídica desde el punto de vista económico. (…) Así, esta Corporación ha considerado que la figura del equilibrio económico de los contratos estatales onerosos se fundamenta en una doble dimensión: la primera relacionada con la equivalencia objetiva que debe existir entre las correspondientes y correlativas prestaciones y la segunda referida al respeto de las condiciones existentes que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración. Adicionalmente, esta Subsección ha enfatizado en que la conservación del equilibrio prestacional propende por asegurar que, durante la ejecución del contrato, se respete la equivalencia recíproca de prestaciones que las partes tuvieron en cuenta al establecer las condiciones económicas que sirvieron de cimiento al acuerdo de voluntades.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el pliego de condiciones y la propuesta del contratista como documentos esenciales para establecer los términos en que se pactó la ecuación económica contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 15.475. C.P. Mauricio Fajardo Gomez. Sobre los fundamentos del equilibrio económico de los contratos estatales onerosos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2013, exp. 22.947. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Respecto de las causas de la ruptura de la ecuación contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 66.106. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre las diferencias entre la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contractuales y el deber de restablecer el equilibrio financiero del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021 (exp. 51.219, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
CONTRATO DE CONCESIÓN / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / GRAVAMEN ARANCELARIO / GRAVAMEN DEL IMPUESTO / CONTRIBUYENTE / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / CONTRATO ONEROSO / OBLIGACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES / MARGEN DE UTILIDAD / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Puede solicitarse el restablecimiento del equilibrio económico en un contrato de concesión cuya remuneración al concesionario proviene del cobro a contribuyentes y no de una erogación directa de la entidad estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [S]e encuentra que, a pesar de tratarse de un negocio cuya remuneración en favor del concesionario se estableció bajo un modelo de cobro de un gravamen a cargo de los contribuyentes de la jurisdicción territorial de Anserma y no mediante una erogación a cargo de la entidad concedente, dicha particularidad del negocio no desvirtúa la naturaleza conmutativa y onerosa del contrato de concesión, ni tampoco puede conllevar a desconocer que las partes previeron mecanismos de ajuste de la ecuación contractual. Así las cosas, al tratarse de un negocio jurídico bilateral (contentivo de obligaciones recíprocas o correlativas), de carácter oneroso (al tener por objeto la utilidad de ambos contratantes), conmutativo -pues cada una de las partes se obligó a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe cumplir- y caracterizado por ser de largo aliento (dada la extensión prevista para la prestación del servicio), regulado por las normas que conforman el EGCAP; nada obsta para que las partes, a través del cauce del medio de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA, acudan ante el juez contencioso-administrativo para elevar la pretensión de equilibrio económico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de solicitar el establecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión, ver: Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, exp. 69.331. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
PROPUESTA DEL PROPONENTE / UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / CONTRATO SINALAGMÁTICO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DÉFICIT PRESUPUESTAL / VALOR DE LA OFERTA / PROYECCIÓN FINANCIERA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DOCUMENTO IDÓNEO
Problema jurídico:
¿El Tribunal dejó de valorar las pruebas mencionadas en la impugnación por la parte demandante, con las que se acreditaba el desequilibrio económico y financiero del contrato de concesión del 2 de septiembre de 1998?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [D]e los documentos contentivos de la propuesta de la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda., la Sala evidencia que no registran información relevante que permita corroborar la equivalencia inicialmente prevista para el contrato de concesión. Además, ante la carencia de información destacable, no se evidencia la ruptura del sinalagma contractual, es decir, si hubo un desequilibrio en las prestaciones y obligaciones asumidas por las partes durante la ejecución del contrato y, por lo tanto, no se encuentra acreditado el déficit financiero alegado por el demandante las pretensiones de la demanda. En otras palabras, la información de la propuesta con que se cuenta en el sub lite no permite constatar la estimación del valor ofertado para ejecutar el negocio, ni el flujo financiero proyectado por el concesionario, información que resultaba indispensable para determinar si se materializó el desbalance económico alegado por la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. (...) [S]e constata que los documentos mencionados por el recurrente fueron relacionados en la providencia apelada, pero no se apreciaron de cara a la resolución del litigio. Sin embargo, dicha circunstancia no implica, de manera automática, la prosperidad de la pretensión de desequilibrio contractual: como se demostró con la valoración probatoria, ninguno de dichos instrumentos fue idóneo para acreditar la equivalencia inicial del negocio, es decir, el estimado del valor establecido en la propuesta y el flujo financiero proyectado, con lo cual no era posible determinar si se configuró el déficit financiero alegado en la demanda por la insuficiencia del saldo remanente de las tarifas que era pagado mensualmente al concesionario.
CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / PROYECCIÓN FINANCIERA / PRUEBA DE OFICIO / CONTRATO SINALAGMÁTICO / DOCUMENTO IDÓNEO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El a quo desatendió el deber de aplicar la carga dinámica de la prueba, para exigir a la entidad demandada probar las gestiones relacionadas con el recaudo y la supervisión del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a Sala parte por precisar que, a la luz del principio de carga de la prueba, y de conformidad con lo consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por ende, la deficiencia probatoria de quien aduce determinado hecho como fundamento de sus pretensiones, conlleva a consecuencias negativas para la prosperidad de estas, pues el cumplimiento de dicha exigencia consiste -por regla- en un supuesto imprescindible para analizar las reclamaciones planteadas por el demandante. (…) Esta Corporación, en determinadas ocasiones, ha aplicado la citada regulación de la carga dinámica de la prueba, conforme a la cual el juez debe determinar, en cada caso concreto, cuál de las partes se encuentra en mejor posición para probar los elementos que configuran la responsabilidad reclamada. No obstante, el empleo de esta previsión se ha limitado a aquellos eventos en los que se evidencien dificultades para que la parte que alega un hecho pueda demostrarlo, y ante la constatación de que su contraparte esté en una condición más idónea para aportar los elementos de prueba que por su conducencia permitan acreditar lo alegado por el demandante. De este modo, se ha matizado el principio de la carga de la prueba en aquellas situaciones en las que el demandante se encuentra en una posición más desfavorable para probar un hecho, debido a que su contradictora es quien se encuentra en una mejor condición para acreditarlo. (…) En ese orden de ideas, la Sala recuerda que, en el presente asunto, la prueba del valor calculado en la propuesta y el recaudo estimado en el flujo financiero proyectado eran elementos indispensables para constatar si se desequilibró la ecuación contractual -objeto de debate en esta instancia-, por lo que le correspondía al concesionario demostrar esa información en el sub lite. Sin embargo, el demandante no aportó dicha información al proceso, ni solicitó su decreto como prueba en primera instancia. Por ende, en este caso, no se evidencia una situación particular que conlleve a redistribuir la carga de la prueba para relevar al demandante de demostrar, con los documentos idóneos, la equivalencia de prestaciones establecida por las partes al momento de suscribir el contrato de concesión del 2 de septiembre de 1998. También se advierte que la situación descrita no se enmarca en ninguno de los eventos previstos en el artículo 213 del CPACA, en los que resulta procedente el decreto de pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, pues no se identifica ninguna confusión puntual respecto del sinalagma contractual construido por las partes, sino la ausencia de acreditación de este, debido a que la parte actora no cumplió con la carga de probar los hechos que invocó en la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la carga dinámica de la prueba, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencias del 2 de julio de 2021, exp. 54.818, y 17 de junio de 2022 C.P. José Roberto Sáchica; providencia del 11 de mayo de 2022, exp. 64.780, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
PRETENSIÓN DECLARATIVA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / BALANCE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE / DÉFICIT PRESUPUESTAL
Problema jurídico:
¿El fallo erró al negar la pretensión de liquidación del contrato, al omitir valorar que el concesionario solicitó al municipio que se realizase dicho ejercicio de forma bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [E]l demandante ligó sus pretensiones declarativas -terminación, liquidación y restablecimiento del equilibrio financiero del contrato-, con que a su vez se ordenara el pago en su favor de $1.421’552.370 como medida para restituir la ecuación contractual. Así, bajo dicho ejercicio argumentativo fundó la causa de la controversia por la cual estimó que correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa definir dicho asunto. En el escenario descrito, se ratifica que la Sala carece de elementos probatorios que permitan realizar el balance final de cuentas del negocio, lo que impide verificar el cumplimiento de las prestaciones ejecutadas por los contrayentes. Al respecto, tras el análisis de las pruebas aportadas, no se acreditaron los motivos por los que se reclamó el reconocimiento de sumas económicas en favor del contratista (en relación con el déficit financiero durante la ejecución del acuerdo de voluntades). Adicionalmente, no se aportaron documentos que permitan verificar lo acontecido durante el plazo contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la imposibilidad de realizar la liquidación contractual por la falta de los insumos y presupuestos necesarios para llevarla a cabo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, entre otras, en sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 71.780. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. E.
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / AGENCIAS EN DERECHO / APODERADO JUDICIAL / HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA / CONDUCTAS PROCESALES / GESTIÓN DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿La condena en costas fijada en la primera instancia careció de sustento por no acreditarse mala fe ni temeridad de la demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el cuestionamiento del recurrente que fundó su oposición en que no se demostró su temeridad, ni mala fe, la Sala destaca que, de conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen, por lo que dicha determinación debe atender al resultado del litigio sin valoración adicional sobre la conducta de los sujetos procesales. En ese orden de ideas, no le asiste razón la parte demandante, en la medida en que, según las normas aplicables al proceso, ante la negativa de sus pretensiones, se imponía al a quo el deber de efectuar la correspondiente condena en costas, comoquiera que todas las pretensiones de la demanda fueron desestimadas. Adicionalmente, aunque el recurrente únicamente hizo alusión a la falta de valoración de su conducta durante la primera instancia y no se refirió a la demostración de su causación, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas se conforman por las expensas que contemplan a los gastos sufragados durante el proceso (por ejemplo, los honorarios de los auxiliares de la justicia) y las agencias en derecho, referidas a los costos en que incurrió la parte vencedora para ejercer su defensa a través de la representación de un abogado. De ese modo, acreditada la gestión de la entidad demandada, a través de apoderado judicial, era ineludible condenar en costas por la primera instancia a la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / APODERADO JUDICIAL / GESTIÓN DEL PROCESO / INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Pueden fijarse agencias en derecho en segunda instancia, aun cuando la actividad del apoderado haya sido de vigilancia procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las costas procesales se componen, por una parte, de las agencias en derecho (artículo 361 del CGP). En la medida en que la parte demandada, en segunda instancia, debió mantener la designación de su apoderado judicial para la vigilancia del proceso, la Sala estima que dicha circunstancia es suficiente para que se disponga dicho concepto en su favor. En cuanto a su monto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece que para la fijación de agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. También señala que, en los “procesos declarativos en general”, en segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361