Titulación de la relatoría 12.567 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / GARANTÍA PROCESAL / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó que la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del negocio jurídico e impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como producto de la vulneración del deber de planeación?
Respuesta al problema jurídico: No
La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. […] [L]a Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación. La parte actora no acreditó que la entidad demandada hubiese modificado unilateralmente el objeto del contrato, menos aún, que se hubiese transmutado de simples remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones, a la reconstrucción de los inmuebles que fueron intervenidos; tampoco se acreditó el desconocimiento del deber de planeación […] Contrario a lo afirmado por el demandante, los reportes o informes de planificación y de diagnóstico previos a la ejecución de las obras, no prueban la supuesta modificación del objeto contractual, como tampoco sus oficios remisorios, pues aunque en éstos se identifica el estado de los hogares infantiles y las necesarias intervenciones a realizar, en ninguno de ellos se afirma o advierte una variación del objeto contratado, y por ende, no contienen análisis alguno tendiente a acreditar tal circunstancia. […] Por tanto, la afirmación de la parte actora respecto de la supuesta variación del objeto del negocio jurídico celebrado carece de sustento probatorio, circunstancia que en el caso concreto impone afirmar que tampoco se acreditó el alegado desconocimiento del principio de planeación a cargo de la entidad contratante, puesto que no se demostró que las actividades que posteriormente fueron advertidas como necesarias pero imprevistas hubiesen excedido el objeto contratado, pero adicionalmente, por cuanto tampoco comprueban por sí mismas que los estudios previos realizados por la entidad no fueran aptos y conllevaran a una indebida estructuración del contrato. El solo hecho de que se hubiesen advertido actividades no previstas necesarias para el cumplimiento del contrato no determina el incumplimiento del deber de planeación a cargo de la entidad contratante, particularmente cuando en este caso se acordó que solo durante su ejecución, en la etapa inicial de diagnóstico, se determinarían las edificaciones a intervenir y las actividades a ejecutar, lo que hacía altamente probable -y claramente previsible- que surgieran algunas que no fueron identificadas previamente, lo cual fue aceptado por el contratista sin reserva alguna. La demandante tampoco probó que se le hubiese impuesto un plazo de imposible ejecución, por cuenta de una decisión unilateral de la contratante que desconoció las reales condiciones de las intervenciones a ser realizadas en los hogares infantiles […] [E]l plazo de ejecución del contrato ajustado a las necesidades reales de intervención, estuvo sustentado en el diagnóstico elaborado por el contratista así como en los plazos que éste propuso y finalmente acordó con la entidad bajo la prórroga 3, desvirtuando los argumentos fundantes de la demanda respecto de una supuesta imposición arbitraria del plazo desconociendo la realidad técnica de las obras a ejecutar. La sociedad demandante no desconoció la suscripción de las prórrogas ni afirmó la existencia de algún vicio del consentimiento para impugnar su contenido, y en el recurso de apelación, se limitó a indicar que éstas no atendieron los efectos reales de las modificaciones a su objeto, sin embargo, tal afirmación resulta insuficiente para desconocer su voluntad expresada en esos acuerdos y desatender los principios de normatividad e intangibilidad que los ampara y les hace ostentar la fuerza de una ley para las partes. Además, en las comunicaciones citadas por el contratista en la demanda y a través del recurso de apelación, tampoco se observa que éste hubiese expresado algún tipo de desacuerdo con lo pactado bajo las prórrogas antes, durante o con posterioridad a su celebración […]. […] El cuestionamiento relacionado con el contrato celebrado por la entidad demandada con un tercero, además de improcedente, corresponde a un nuevo argumento que no fue planteado al inicio del proceso […] Revisado el texto de la demanda, la Sala advierte que el cuestionamiento relacionado con el contrato ICBF 1586 de 2017, su plazo y la comparación con el negocio jurídico objeto de controversia no fue una cuestión aducida por la parte actora en la demanda, correspondiendo en realidad a argumentos nuevos introducidos en el recurso de apelación, y que, en consecuencia, no fueron abordados por el Tribunal a quo -al no ser parte del objeto de la litis- y en la misma medida, no pueden ser objeto de un pronunciamiento de fondo en esta instancia en respeto de las garantías procesales de las partes. […] Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el Tribunal a quo no incurrió en una indebida valoración de las pruebas, sino que tal como se advirtió en la decisión cuestionada, éstas revelan que la parte actora no acreditó las premisas fácticas sobre las cuales fundó sus pretensiones y los reproches aducidos en el recurso de alzada […]. […] En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PLIEGO DE CONDICIONES / MINUTA DE CONTRATO / PROCESO DE LICITACIÓN / REMODELACIÓN DE BIEN INMUEBLE
Problema jurídico:
¿El negocio jurídico que suscita la controversia corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, de manera que se rige por las normas del Estatuto General de la Contratación Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a lo establecido por los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993, el negocio jurídico que suscita la controversia (1539 de 2015) corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, de manera que se rige por las normas del Estatuto General de la Contratación Pública. […] [L]as cantidades de obra y el alcance de las actividades a ejecutar bajo el contrato serían definidas por el contratista y la interventoría en la primera etapa, producto del resultado del diagnóstico efectuado sobre los inmuebles y la real necesidad de los recursos a invertir. Posteriormente y con fundamento en los diagnósticos, presupuestos y programaciones elaborados por el contratista, avalados por la interventoría y aprobados por el supervisor, se daría inicio a la segunda etapa, de ejecución, donde se realizarían las correspondientes intervenciones en los inmuebles priorizados. Estas previsiones fueron establecidas desde los pliegos de condiciones y la minuta de contrato del proceso licitatorio que dio origen al negocio jurídico. Como parte de las intervenciones que se realizarían en los inmuebles, las partes acordaron que abarcarían: remodelaciones, entendidas como el cambio de la estructura o la forma espacial y arquitectónica de las edificaciones; ampliaciones, definidas como el conjunto de acciones continuas para el complemento de los servicios de los inmuebles de acuerdo a su necesidad; y adecuaciones, que incluían el acomodo, ajuste o adaptación de los servicios de las edificaciones sin cambiar su uso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1084 DE 2015 - ARTÍCULO 1.2.1.1., LEY 7 DE 1979 - ARTÍCULO 19, LEY 75 DE 1968 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1
CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDANTE / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / JUEZ / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / ADICIÓN A LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas?
Respuesta al problema jurídico: No
La sentencia debe ser congruente con los hechos y las pretensiones aducidos en las oportunidades dispuestas en la ley procesal, de manera que tanto el demandante, con la interposición y sustentación del recurso de apelación, como el juez al definir su alcance y solución, están limitados a no variar la causa petendi, es decir, el fundamento fáctico que sirvió como sustento de las pretensiones y frente al cual la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su defensa; en ese orden, esta Subsección ha explicado que el recurso de apelación no es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos y sorpresivos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tal actuación, se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de que en el recurso de apelación se adicionen o modifiquen las pretensiones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. 65589, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / CONDUCTA / TEMERIDAD PROCESAL / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. La condena en costas en el recurso de apelación bajo las reglas del código en cita, no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida […]. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366