Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
La demanda se presentó oportunamente, ya que el Auto que aprobó la conciliación es de 27 de noviembre de 2002 y quedó ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, el primer pago se hizo el 27 de mayo de 2003 y el segundo pago el 3 de junio de 2004. El término de caducidad de la acción vencía el 4 de junio de 2006 y la demanda se interpuso el 19 de julio de 2005.
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista debe asumir los gastos de los tributos causados por la forma en que la entidad estatal decide facturar, incluyendo el impuesto de timbre y la estampilla. Esta regla se deriva de la regulación contractual del pago de gastos reembolsables, donde se establece que los tributos no deben ser deducidos de lo cobrado por el contratista. En este caso, la entidad estatal reconoció expresamente que los tributos se causaron por su decisión de facturar y no por el margen de intermediación del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La regulación contractual del pago de gastos reembolsables implicaba que UNE debía asumir los costos de los tributos que se causaran y, particularmente…¿El principio de la buena fe contractual conlleva a que el contratista no asuma los gastos por pagos tributarios?¿El contratista asume el riesgo del transporte de sus herramientas?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso de repetición promovido por la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga dada su connotación de entidad pública del orden nacional? Sí
La competencia para conocer en única instancia de la acción de repetición contra el exdirector general de una corporación autónoma regional de la Meseta de Bucaramanga corresponde al Consejo de Estado, por cuanto esa entidad tiene la connotación de entidad pública del orden nacional según la jurisprudencia citada, y que a los hechos posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001 se aplica esa ley. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye a la corporación las demandas de repetición contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. Segunda, la jurisprudencia citada en la nota de relatoría reconoce a esa entidad la connotación de orden nacional. Tercera, como los hechos ocurrieron en 2003, después de la vigencia de la Ley 678 de 2001, esa ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la competencia para repetir contra el representante legal de esa corporación se radica en el Consejo de Estado en única instancia, mientras el fondo se decide conforme a la Ley 678.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de responsabilidad de los servidores públicos aplicable a este caso es el de la Ley 678 de 2001, ya que el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003?¿La entidad demandante demostró la existencia de una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la misma la carga de cancelar una suma de dinero…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el recurso de apelación?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía, conforme a la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de litigios derivados de contratos administrativos y la disposición del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato, y el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Además, las copias simples y los documentos aportados por los testigos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta decisión modifica precedentes anteriores, reforzando la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales de alto valor económico y la admisibilidad de ciertos medios de prueba en estos procesos.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es el acto de liquidación del contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos caduca en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?¿Los documentos en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220006600CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve:¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2…¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-04-16Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
También resuelve:¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico…¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente…¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-17Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 54001233300020230018901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a…¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial?¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…