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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

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Fecha
2025-09-17
Radicado
52001233300020170026501
Número interno
68535
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB S.A. ESP
Demandado
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Regla de decisión

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales estatales cuya cuantía excede quinientos salarios mínimos legales.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato interadministrativo No. 001 de 2013 fue celebrado por ETB y por la Administración Temporal del Sector Educativo del departamento del Putumayo, cuyo objeto consistió en la prestación del servicio de internet para las sedes de los establecimientos educativos del departamento de Putumayo, en el marco del programa conexión total liderado por el Ministerio de Educación Nacional.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ETB SERVICIO DE INTERNET PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO FIJO PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTIDAD TERRITORIAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL COMPETENCIA TEMPORAL ORDENADOR DEL GASTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PÚBLICOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIDA CORRECTIVA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIDA CAUTELAR OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASIGNACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPIO DE COLABORACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN DIFERENCIA PATRIMONIAL PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA INTERÉS DIRECTO CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA ACTIVIDAD ECONÓMICA RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PERJUICIO PATRIMONIAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA VALIDEZ DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL APRECIACIÓN DE LA PRUEBA VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORME TÉCNICO VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO PROCESO LIQUIDATORIO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO DEBERES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACCESO A INTERNET MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA PAGO AL CONTRATISTA DERECHOS DEL CONTRATISTA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO GESTIÓN DEL ABOGADO

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Titulación de la relatoría 24.588 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ETB / SERVICIO DE INTERNET / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO FIJO / PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato interadministrativo No. 001 de 2013 fue celebrado por ETB y por la Administración Temporal del Sector Educativo del departamento del Putumayo, cuyo objeto consistió en la prestación del servicio de internet para las sedes de los establecimientos educativos del departamento de Putumayo, en el marco del programa conexión total liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / ETB / DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / ENTIDAD TERRITORIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL / COMPETENCIA TEMPORAL / ORDENADOR DEL GASTO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / TRANSFERENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SERVICIOS PÚBLICOS / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Problema jurídico: ¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente, en el marco de un contrato interadministrativo celebrado bajo una medida de asunción temporal? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con este presupuesto procesal, es necesario precisar que ETB se encuentra legitimada en la causa por activa, en cuanto fue la entidad que suscribió el contrato interadministrativo No. 001 de 2013. (…) De otra parte, el departamento del Putumayo se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que, si bien es cierto el contrato interadministrativo No. 001 de 2013 fue suscrito por (...) [la] (...) designada como administradora temporal de la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo -de conformidad con la medida de asunción temporal de que trata el Decreto Ley 028 de 2008, decretada mediante Resolución No. 3545 del 14 de diciembre de 2009 (...), cierto es que la administradora temporal actuó como ordenadora del gasto en virtud de la Ley, de ahí que, como quedó expresamente consignado en el acuerdo de voluntades, al celebrar el contrato hubiera indicado que actuaba en nombre y representación de la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo. Lo anterior, deviene de lo establecido en el Decreto Ley 028 de 2008 (…), que en su artículo 13 regula las medidas correctivas que la Administración puede adoptar al momento de ejercer el control a los eventos de riesgo identificados. Entre tales medidas, se contempla la asunción temporal de competencias, a partir de la cual le corresponde al Departamento o a la Nación -según el caso- determinar la entidad encargada de la administración del servicio y celebrar, para ese propósito, los contratos con terceros. (…) Por otro lado, la Sala considera que al Ministerio de Educación Nacional le asiste el derecho a comparecer a la presente litis, con ocasión de la vinculación que efectuó el tribunal a quo en el trámite de primera instancia, decisión que, por demás, no fue recurrida por las partes. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 028 DE 2008 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO Problema jurídico: ¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso, la caducidad del medio de control se contabilizará atendiendo lo dispuesto en el numeral v), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que define la caducidad para los contratos que, debiendo ser liquidados -de común acuerdo o unilateralmente-, no lo son. Lo anterior, en consideración a que el contrato interadministrativo sometido a juicio es un negocio jurídico de tracto sucesivo que requería de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, y luego del vencimiento del plazo de ejecución no fue liquidado bilateral ni unilateralmente. (…) [E]n el expediente no obra documento alguno suscrito entre las partes en el que hubieran convenido un término para la liquidación del contrato, por lo que, en tratándose de la liquidación bilateral, debe observarse el término de cuatro (4) meses, mientras que, respecto de la liquidación unilateral, resulta aplicable el término supletivo de dos (2) meses previsto en la Ley. Así las cosas, se tiene que el negocio jurídico en cuestión se extendió hasta el 9 de diciembre de 2014 (...), fecha en la cual feneció su plazo de ejecución, razón por la cual ha de señalarse que el término de cuatro (4) meses para liquidar el vínculo obligacional de forma bilateral y de dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral expiró el 11 de junio de 2015. Por tanto, como la demanda se presentó el 2 de junio de 2017, se concluye que el libelo introductorio se presentó dentro del plazo previsto en la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, numeral 2, literal j), numeral v) del CPACA. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos de contratos interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de febrero de 2021, rad. 49792, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 25 de octubre de 2019, rad. 60304, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO / MEDIDA CORRECTIVA / APLICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / MEDIDA CAUTELAR / COMPETENCIA TEMPORAL / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL / OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ASIGNACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / SERVICIO DE INTERNET / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / TRANSFERENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO FIJO / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Respuesta al problema jurídico: Si Mediante Resolución No. 3545 del 14 de diciembre de 2009, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público inició la actuación administrativa de adopción de medidas correctivas de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 028 de 2008 y sus normas reglamentarias. Al efecto, adoptó como medida cautelar la asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en el departamento del Putumayo al Ministerio de Educación Nacional. (…) [S]e determinaron los compromisos asumidos por parte del Departamento, dentro de los cuales se destacan que debía garantizar la sostenibilidad y continuidad de los procesos con el fin de mejorar la cobertura y calidad del servicio ofrecido a la población escolar del Putumayo, así como delegar un ordenador de pagos para garantizar el cumplimiento de los compromisos vigentes que fueron autorizados en el marco de la asunción temporal de la competencia. (…) [E]l Ministerio de Educación Nacional y la Administradora Temporal para el sector educativo en el departamento del Putumayo designada por el Ministerio de Educación Nacional -quien en el convenio se denominaría “Administración Temporal”- celebraron el convenio interadministrativo (…), se estipuló que los recursos del Sistema General de Participaciones asignados mediante CONPES 158 de 2012 estarían destinados a garantizar el servicio de conectividad y el mejoramiento de las redes de datos de las sedes educativas públicas del departamento del Putumayo relacionadas en el anexo del convenio. (…) [L]a Administradora Temporal para el Sector Educativo del departamento de Putumayo, “actuando en nombre y representación de la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo” -en su atribución de ordenación del gasto derivado de la asunción temporal de competencia (Decreto Ley 028 de 2008)- y ETB celebraron el contrato interadministrativo No. 001, cuyo objeto consistió en la prestación del servicio de internet para las sedes de los establecimientos educativos del departamento de Putumayo, en el marco del programa de conexión total, liderado por el Ministerio de Educación Nacional. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 028 DE 2008 DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONVENIO DE COOPERACIÓN / DIFERENCIA PATRIMONIAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / INTERÉS DIRECTO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA Problema jurídico: ¿Debe determinarse el verdadero alcance y naturaleza del acuerdo suscrito entre entidades públicas para establecer si se trata de un convenio o un contrato interadministrativo y definir su régimen jurídico aplicable? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l convenio, cimentado sobre la base de un ánimo colaborativo y en criterios asociativos y de cooperación, debe estar desprovisto de una contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede haber un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de propiciar objetivos comunes. (…) Entre tanto, los convenios interadministrativos están sometidos a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, como lo son la transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP- no son de aplicación automática a tales convenios, pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen de las relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en cada caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de cara a los acuerdos convencionales. Por su parte, los contratos interadministrativos, en tanto especie del género contrato estatal, traen consigo el hecho de prestaciones correlativas a cargo de los sujetos negociales, de ahí que las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal a su cargo, la contratista actúa en procura de ese fin, pero a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la que se obliga, por lo que son bilaterales, onerosos y conmutativos. Adicionalmente, los contratos interadministrativos se encuentran sometidos por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, y la Ley 1150 de 2007 dispuso en el literal c) del numeral 4 de su artículo 2 que habrían de suscribirse mediante el procedimiento de contratación directa, siempre que sus obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. (...) [L]os convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos entre entidades del Estado con sendas diferencias que tienen implicaciones esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la ejecución de su objeto, de ahí que cuando aquellos son impugnados en sede judicial, corresponda develar su alcance real a efectos de verificar que no esté incurso en ninguna circunstancia de nulidad absoluta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las diferencias entre contrato y convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65978, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 67522, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 22 de mayo de 2024, rad. 67460, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de octubre de 2024, rad. 63983, C. P. Adriana Polidura Castillo; sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 31 de marzo de 2023, rad. 58623, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO FIJO / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL / ACTIVIDAD ECONÓMICA / RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / PERJUICIO PATRIMONIAL Problema jurídico: ¿Puede considerarse que un acuerdo entre entidades estatales, con prestaciones recíprocas y contraprestación económica, constituye un contrato interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [U]na vez examinado el acuerdo de voluntades objeto de debate en la presente litis, se observa que entre los sujetos negociales existe una contraposición de intereses en torno a la instalación y prestación del servicio de internet en las sedes educativas del departamento de Putumayo. En efecto, mientras la entidad contratante persigue el cumplimiento de un fin estatal a su cargo, el contratista colabora en la consecución de dicho fin, pero a cambio de una retribución económica derivada de la ejecución de la prestación asumida. Ciertamente, ETB se obligó a instalar y prestar el servicio de internet en las sedes educativas acordadas en el departamento de Putumayo, pero a cambio de una remuneración patrimonial, lo que evidencia la existencia de prestaciones recíprocas a cargo de cada una de las partes. De ahí que se considere que la estructuración, confección y diseño del negocio jurídico examinado corresponde a la naturaleza propia de un contrato interadministrativo. VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PROCESO LIQUIDATORIO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Puede otorgarse valor probatorio a un informe de supervisión contractual elaborado durante el curso del proceso judicial si no fue tachado de falso por la parte que lo cuestiona? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s importante resaltar que ETB reprochó que el tribunal a quo hubiera otorgado mérito probatorio al informe rendido por la supervisora del contrato, porque aquel fue elaborado en el curso del proceso, lo que, a su juicio, permite inferir que pudo ser fabricado para favorecer la posición procesal del Departamento. Frente a este particular, cabe empezar por señalar que si bien el informe de supervisión al que alude la parte demandante data del 5 de agosto de 2021 (...), fecha para la cual, en efecto, ya estaba en curso el presente proceso judicial, la Sala considera que esa circunstancia, por sí sola, no constituye una razón suficiente para despojar al documento de valor probatorio -como lo pretende la parte demandante, quien ni siquiera tachó de falso el documento durante el proceso-. A juicio de la Sala, dicho documento, que por demás emana de la entidad pública demandada, particularmente, de la persona encargada de ejercer la supervisión del contrato -la cual tenía a su cargo el deber de vigilar el cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista-, da cuenta del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato ejerció la propia entidad, en virtud de los deberes consagrados en la Ley, por lo que, a efectos de liquidar judicialmente el contrato sometido a juicio, se estime pertinente valorar dicho medio de convicción, pues en efecto resulta ser una prueba de la cual se desprenden los aspectos inherentes a la ejecución del acuerdo de voluntades. De este modo, del referido documento (...) se logra extraer, sin lugar a duda, que el contratista, contrario a lo alegado por el Departamento en su alzada, cumplió parcialmente sus obligaciones y se deduce, así mismo, que el ente territorial le adeuda a ETB las sumas dinero por concepto de los servicios efectivamente prestados, conclusión que de entrada desvirtúa el cargo planteado por la parte demandada; el informe de ejecución emanado de la supervisión del contrato -que por demás fue suscrito por una servidora del mismo ente territorial- da cuenta que ETB sí cumplió -por lo menos en parte- con las obligaciones a su cargo e informa acerca del porcentaje de ejecución. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ETB / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO FIJO / SERVICIO DE INTERNET / ACCESO A INTERNET / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / PAGO AL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Puede modificarse la liquidación judicial de un contrato interadministrativo si se acredita que la ejecución del objeto contractual fue mayor a la reconocida en primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala denota que, contrario a lo afirmado por ETB, en el expediente no existen otros elementos de prueba que permitan establecer el porcentaje de ejecución de los ítems fijados en el objeto contractual, diferentes al informe de supervisión aportado por el Departamento, en el que se reconoció que la parte demandante cumplió de manera parcial con el objeto contractual, además de que se establecieron los porcentajes de incumplimiento. A pesar de lo anterior, constatado el informe de supervisión allegado por el Departamento, la Sala advierte que, en relación con el concepto de instalación, hay lugar a modificar la liquidación judicial efectuada en primera instancia, toda vez que el tribunal tuvo en cuenta que ETB realizó la instalación únicamente en 43 sedes (40 con servicio terrestre y 3 con servicio satelital), pero en el expediente se encuentra acreditado que la instalación se efectuó en 54 sedes educativas, de las 58 previstas contractualmente. (…) A este respecto, es pertinente recordar que en la tabla contenida en la cláusula primera del contrato se estableció que la instalación terrestre debía realizarse en 45 sedes educativas, mientras que la instalación satelital debía efectuarse respecto de las 13 sedes restantes. En ese orden de ideas, resulta procedente inferir que las 4 sedes faltantes en donde no se llevó a cabo la instalación del servicio, corresponden a aquellas en las que debía realizarse la instalación de manera terrestre, toda vez que reposan las actas de instalación del total de las sedes satelitales. Ahora bien, como las actas de instalación únicamente dan cuenta de la ejecución de la fase de dicho componente, es decir, de la instalación del servicio, que no de su efectiva prestación, la Sala estima procedente modificar la liquidación judicial únicamente en lo relativo al ítem de instalación. (…) En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada, para en su lugar establecer que el monto a reconocer a ETB con ocasión de la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 001 de 201, asciende a la suma de $551´541.931, superior a la reconocida por el Tribunal a quo en la sentencia de primera instancia, la cual correspondió a $526.636.441. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandada, al haber prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, por resultar vencida en esta instancia. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, ETB adelantó gestiones de manera activa en esta instancia, pues formuló alegaciones de conclusión, de ahí que las agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201677, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV . En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de ETB, monto que deberá ser asumido por el departamento del Putumayo. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700265011100103