Titulación de la relatoría 39.884 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 del CCA, subrogado por Decreto 2304 de 1989 , y en lo previsto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 — normas vigentes para la fecha en que se interpusieron las demandas acumuladas— , a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato de concesión No. 0132 de 1996, que fue suscrito entre una entidad territorial, como lo es el municipio de Tunja, y la sociedad Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2018 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 132.8 del CCA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía señalada en las demandas, fijada de acuerdo con el valor del contrato, excede la suma de $13’460.000 a la fecha de la interposición de los respectivos libelos introductorios.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 2304 DE 1989, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989 —norma vigente a la fecha de la interposición de las demandas—, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Como en este caso las pretensiones se encaminaron a la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión objeto de estudio, sin duda la acción procedente es la contractual. (…) [A]unque en ejercicio de la acción de nulidad simple —prevista en el artículo 84 del CCA— los demandantes pidieron la nulidad absoluta del contrato No. 0132 de 1996, lo cierto es que la controversia que se plantea, al margen de la denominación errónea efectuada por la parte demandante respecto de la acción, sin lugar a duda es de naturaleza contractual, de ahí que, primando lo sustancial sobre lo formal, se entienda que la acción ejercida en este caso fue la contractual. En tal sentido, resulta claro que en el sub judice la acción ejercida realmente fue la contractual y, al amparo de esta, se examinarán las demandas acumuladas, pues en ellas se cuestiona la validez del contrato de concesión No. 0132 de 1996.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la escogencia de la acción en lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 2024, rad. 48833, C. P. Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 17
INTERÉS DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / DEMANDANTE / NULIDAD DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo, en virtud de la vigencia de la Ley 80 de 1993 y para casos anteriores a la Ley 446 de 1998?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 87 del CCA —antes de la subrogación de la Ley 446 de 1998— establecía que la legitimación en la causa en la acción contractual recaía en las partes del contrato y que la nulidad absoluta la podían alegar, además de los extremos contratantes, el Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo. Ahora bien, en la Ley 80 de 1993, concretamente en su artículo 45, quedó previsto que la nulidad absoluta de los contratos estatales podía ser alegada por las partes, por el Ministerio Público o por cualquier persona. A este respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que esta norma amplió la titularidad de la acción contractual frente a la pretensión de nulidad absoluta del contrato, al disponer que cualquier persona podía elevar tal pretensión sin demostrar un interés directo. (…) [E]l criterio que ha prevalecido es el de la legitimación restringida, esto es, que los terceros deben acreditar un interés directo para solicitar la nulidad absoluta del contrato, con excepción del interregno de tiempo que transcurrió desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 hasta la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, en el cual la titularidad de la acción contractual, como quedó visto, radicaba en cualquier persona, de modo que, frente a las demandas interpuestas en ese preciso período, no era exigible ni necesario acreditar el interés directo para satisfacer el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en el presente caso las demandas acumuladas se presentaron en 1997, esto es, en vigencia de la Ley 80 de 1993 y antes de la Ley 446 de 1998, época para la cual no era exigible acreditar un interés directo para solicitar la nulidad absoluta del contrato, porque la titularidad de la acción recaía en cualquier persona, se concluye que los demandantes (…) están legitimados en la causa por activa.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la legitimación para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de agosto de 1994, rad. 7145, C. P. Juan De Dios Montes Hernández y sentencia del 4 de octubre de 2007, rad. 16368, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 19 de julio de 2023, rad. 68868, C. P. Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 19 de octubre de 2000, rad. 12393, C. P. Alier Eduardo Hernández Henríquez y de la Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1999.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA / PROCEDENCIA DE LA COADYUVANCIA
Problema jurídico:
¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l municipio de Tunja y Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. —demandados— se encuentran legitimados en la causa por pasiva, por cuanto fueron quienes suscribieron el contrato de concesión No. 0132 de 1996, cuya nulidad absoluta pretenden los aquí demandantes. Igualmente, cabe señalar que al señor [HHPR] le asiste interés en este proceso, pues fue reconocido como coadyuvante de la parte demandante mediante auto del 18 de febrero de 1998.
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
Problema jurídico:
¿Las demandas fueron presentadas oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al tenor del artículo 136 del CCA, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, vigente para el momento en que se presentó el hecho que se demanda la supuesta suscripción de un contrato nulo y para la época en que se interpusieron los libelos introductorios y, por lo tanto, aplicable al presente caso, las acciones relativas a contratos caducan “en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, comoquiera que el negocio jurídico sometido a examen se celebró el 3 de octubre de 1996 y las demandas, posteriormente acumuladas, se presentaron el 4 de abril y el 4 de mayo de 1997, respectivamente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 23
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del Juez en segunda instancia se determina por los cargos planteados en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”. (…) [P]or la vía del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco adicionar la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso. (…) Así las cosas, como el referido argumento, incluido por primera vez en los recursos de apelación, varía la causa petendi, la Sala no lo tendrá en cuenta al delimitar el objeto de la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del marco fundamental de la competencia del juez en segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. 65589, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 50728, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los documentos en copia simple tienen valor probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el expediente reposan varios documentos en copia auténtica y otros en copia simple. Estos últimos serán analizados, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO
Problema jurídico:
¿Las pruebas allegadas a los procesos acumulados pueden valorarse conjuntamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as pruebas allegadas a los procesos acumulados se valorarán conjuntamente, de acuerdo con lo previsto en el inciso 4° del artículo 159 del CPC, que establecía: “Decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente”, en armonía con lo señalado por esta Sección, quien ha indicado que “(...) al tratarse de procesos acumulados, estos pueden valerse de las mismas pruebas, pues la litis en ambos se refieren a los mismos hechos (...)”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la valoración de las pruebas en procesos acumulados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de octubre de 2020, rad. 47271, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia dictada el 23 de abril de 2021 rad. 53870, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 11 de diciembre de 2024, rad. 61604, C. P. Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 159 INCISO 4
DECLARACIÓN DEL TESTIGO / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / INEFICACIA DEL TESTIMONIO / NEGOCIO JURÍDICO / PLIEGO DE CONDICIONES / SERVICIOS PÚBLICOS / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Problema jurídico:
¿Las declaraciones de los testigos aportan elementos de juicio relevantes para la resolución de la controversia relativa al contrato y a la licitación pública?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os [testigos] manifestaron no tener conocimiento acerca de los hechos, particularmente del desarrollo de la licitación pública No. 0002 de 1996 y de la celebración del contrato No. 0132 de 1996, de modo que sus declaraciones no aportan elementos de juicio que contribuyan a la resolución de la presente controversia. En cuanto a la declaración del señor [MAM], alcalde de Tunja para la época de los hechos, si bien se advierte que el testigo da cuenta de que la licitación se desarrolló de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley y en el pliego de condiciones, aunado al hecho de que se constituyó una nueva sociedad para celebrar el contrato y que la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado no se privatizó, lo que en principio da cuenta del conocimiento de los hechos, cierto es que su relato se centra en describir aspectos generales acaecidos durante el proceso de selección y la celebración del negocio jurídico, los cuales, por demás, se encuentran suficientemente acreditados dentro del expediente, sin que de los mismos se desprendan elementos de juicio que en esta instancia contribuyan a la resolución de los problemas jurídicos.
DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DE LAS PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA
Problema jurídico:
¿Las informaciones de prensa son la prueba idónea para demostrar la veracidad de los hechos que en ellas se relatan dentro de un proceso judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as informaciones de prensa son susceptibles de valoración probatoria, bajo el entendido de que resultan idóneas para acreditar la publicación de una noticia determinada, pero no para demostrar su veracidad, de ahí que para efectos de determinar si los hechos ocurrieron de la forma en la que en ellos se indica, la situación se debe valorar de forma racional, ponderada y en concordancia con todo el acervo probatorio. En este orden de ideas, se estima que la publicación de información antes referida no le concede veracidad a los hechos sobre los que versa, pues las actuaciones irregulares que allí se le atribuyen al alcalde de Tunja, fueron descartadas en el marco del proceso penal adelantado en su contra, que culminó con decisión de preclusión en su favor, de ahí que no haya lugar a su valoración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los informes de prensa, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C. P. Susana Buitrago Valencia y sentencia del 8 de mayo de 2019, rad. 43332, C. P. María Adriana Marín.
CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / PROPUESTA DEL PROPONENTE / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / MIEMBROS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La adjudicación de la licitación pública a una propuesta de asociación futura, seguida de la constitución de una nueva sociedad para la celebración del contrato de concesión, constituye una irregularidad que vicie de nulidad el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a promesa de sociedad o promesa de sociedad futura corresponde a una modalidad del contrato de promesa, cuya validez y eficacia se encuentran reconocidas por los artículos 89 de la Ley 153 de 1887 y 861 del Código de Comercio. A su vez, el artículo 119 ibídem establece, por un lado, que la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito con las cláusulas que deban expresarse en el negocio jurídico —artículo 110— y la indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad , y por el otro, que los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. En el caso objeto de estudio, se tiene que el régimen normativo que informó el proceso de selección fue, entre otros, el previsto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 142 de 1994. En este orden de ideas, cabe precisar que en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley ibídem, los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos de los que trata la Ley, por regla general, no están sujetos a las disposiciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que la misma ley disponga lo contrario , así como también en aquellos casos en los cuales –como ocurre en el asunto sub judice— los entes territoriales celebren contratos con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas asuman la prestación de uno o varios servicios públicos o para que sustituyan la prestación de otra empresa que entró en causal de disolución o liquidación. (…) [L]a licitación pública y el contrato de concesión (…) se rigieron por las disposiciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) [L]os interesados en participar en las concesiones antes referidas tenían la posibilidad de presentar propuesta de asociación con otras personas, bien sea naturales o jurídicas, encaminadas a constituir una sociedad futura para la celebración de contratos de concesión, adjuntando para tal efecto la correspondiente promesa de contrato de sociedad, cuya constitución o perfeccionamiento se concretaría siempre y cuando el contrato se le adjudicara al proponente, de manera tal que una vez expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad, el contrato de concesión se celebraría con el representante legal de la nueva sociedad. En otras palabras, con la adjudicación del contrato a la propuesta de asociación futura, nacía la obligación de constituir la nueva sociedad y, consecuentemente, debía suscribirse el respectivo contrato con esta última, es decir, que el negocio jurídico se celebraba con una persona distinta de los proponentes; en los términos previstos en el artículo 98 del Código de Comercio, cuando una sociedad se constituye, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (…) [E]n el pliego de condiciones — que rige el desarrollo del proceso de selección—, al amparo de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo al objeto del proceso de selección, el Municipio estableció la posibilidad de presentar ofertas bajo la modalidad de asociaciones futuras, con el compromiso de constituir una sociedad por acciones en caso de que a esos oferentes se les adjudicara la licitación. En tal sentido, se tiene que el 21 de junio de 1996, A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A., dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el pliego de condiciones, le manifestaron al alcalde de Tunja su voluntad de asociación para presentarse en la licitación pública internacional No. 0002 de 1996, allegando, a su vez, la respectiva propuesta, en la que expresamente manifestaron su compromiso en el sentido de constituir una sociedad por acciones, aportando al efecto el “contrato de promesa para constituir una sociedad por acciones”, acuerdo de voluntades que fue suscrito el 20 de junio de 1996 por los representantes legales de A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A. En el contrato de promesa, las partes se comprometieron a que, en caso de que se les adjudicara el contrato de concesión para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y de alcantarillado, perfeccionarían y constituirían una sociedad por acciones (anónima), en los términos del Código de Comercio, la Ley 142 de 1994 y el pliego de condiciones, que se denominaría Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. (…) Al respecto, una vez adjudicada la licitación pública No. 0002 de 1996 a la propuesta presentada por A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A. —Resolución No. 01055 del 6 de septiembre de 1996—, los oferentes adjudicatarios, junto con otros tres accionistas, a través de escritura pública No. 3685 del 1° de octubre de 1996, de la Notaría 48 del Círculo de Bogotá, constituyeron la sociedad por acciones Sera Q.A. Tunja E.S.P. S., con la cual, el 3 de octubre de 1996, el municipio de Tunja celebró el contrato de concesión. (…) A partir de lo expuesto, la Sala advierte que la circunstancia alegada por los recurrentes, según la cual el proceso de selección le fue adjudicado a un proponente diferente con el que se suscribió el contrato, no constituye una irregularidad que vicie de nulidad el negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la promesa del contrato de sociedad en procesos de licitación pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 2024, rad. 68632, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la naturaleza del pliego de condiciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 63438, C. P. Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 119, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 861, LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 2
IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / CONCURRENCIA DE OFERENTES / OFERENTE / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / APORTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NULIDAD DE LA SENTENCIA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / PLIEGO DE CARGOS DE LICITACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿La participación de tres accionistas que no intervinieron en la licitación pública, en la constitución de la sociedad con la cual se celebró el contrato de concesión, constituye una causal de nulidad absoluta del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n los recursos de apelación del demandante y del coadyuvante, se señaló que el Tribunal a quo no tuvo en cuenta la sentencia proferida el 11 de octubre de 2002 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión No. 0132 de 1996, de la cual se citaron unos apartes —particularmente en la alzada del demandante—. En dichos apartes, se reprochó el hecho de que tres de los cinco accionistas que conformaron la nueva sociedad con la que se suscribió el contrato, jamás participaron en el proceso de selección adelantado por el ente territorial. De entrada, es menester poner de presente que la sentencia del 11 de octubre de 2002, fue anulada por el Consejo de Estado mediante auto del 2 de mayo de 2013. (…) [A]nte la declaratoria de nulidad, no resultaba posible que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir su decisión, tuviera en cuenta ese fallo, ni se sirviera de sus consideraciones y tampoco que acudiera a este concepto del Ministerio Público. Con todo, y teniendo en cuenta que de los aspectos citados por el demandante se advierte su inconformidad frente a lo resuelto por el Tribunal, en cuanto al hecho de que tres de los cinco accionistas que conformaron Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. —la cual celebró el contrato de concesión— no participaron en la licitación adelantada por el Municipio, la Sala procederá al examen de esta asunto, no sin antes advertir que el mismo, en virtud de la circunstancias particulares del caso, puntualmente el hecho de que el contrato se celebró con una nueva sociedad diferente de sus accionistas, no tiene la capacidad de viciar de nulidad el acuerdo de voluntades como tal. A este respecto, en el proceso está probado que los proponentes A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A., bajo la modalidad de promesa de sociedad futura, participaron en la licitación pública, y que, una vez se les adjudicó el proceso de selección, aquellos, junto con otros tres accionistas, constituyeron la sociedad Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A., con la cual finalmente se suscribió el contrato de concesión No. 0132 de 1996. (…) [T]res de los cinco accionistas que constituyeron la sociedad Sera Q.A. E.S.P. S.A. no participaron en la licitación pública adelantada por el municipio de Tunja; sin embargo, en las reglas del proceso de selección se estableció que el oferente adjudicatario —A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A.— debería constituir la nueva sociedad con aquellas personas naturales o jurídicas que integraron la oferta original y que podría, en caso de requerirlo, completar el número de accionistas con nuevos socios, de acuerdo con la legislación vigente. (…) [S]i bien los oferentes adjudicatarios debían concurrir obligatoriamente a la conformación de la nueva sociedad, como en efecto ocurrió en el presente caso, pues las sociedades A.Q.A de Colombia E.S.P. y Seragua S.A. acudieron en tal sentido, es decir, hicieron parte de la nueva sociedad, cierto es que a dicha conformación podrían asistir otros accionistas que no participaron en el proceso de selección, con el único propósito de completar el número total de accionistas exigido por la legislación. (…) [N]o se trató de adjudicar la licitación pública a personas que no participaron del proceso de selección —lo cual, desde luego, va en contravía de los postulados establecidos en la Ley 80 de 1993—, sino de permitir que personas adicionales a los proponentes que se vieron beneficiados con la adjudicación, acudieran a la conformación de la nueva sociedad; lo anterior, con la finalidad de completar el número mínimo de socios que se requerían para tal efecto. Así, por el motivo aducido aquí bajo examen, el acuerdo de voluntades que se concretó en el contrato de concesión, suscrito entre el municipio de Tunja y la persona jurídica —Sera. Q.A. Tunja E.S.P. S.A.—, conformada para el efecto de suscribir ese acto convencional, no está viciado, por cuanto la nueva sociedad, tanto en su conformación como en su composición, se ajustó a la Ley y a la exigencia de los pliegos de condiciones. A este último respecto, cabe agregar que la composición de la nueva persona jurídica tampoco contraviene los pliegos de condiciones pues, en la medida en que la sociedad es un acto derivado de la voluntad de asociación y concurrencia, su composición puede variar respecto de aquella originalmente establecida en la promesa de asociación, en tanto, para poder constituir la nueva sociedad y a la postre celebrar el contrato, se exigía: (i) la conformación de una sociedad anónima, que legalmente exige un mínimo de cinco socios; y (ii) un capital social mínimo del 51% constituido por los oferentes adjudicatarios, capital social que en el presente caso fue mucho mayor, tal y como se desprende de la composición accionario antes descrita, respetando así, igualmente, lo originalmente previsto en la promesa de sociedad, en la cual los promitentes asociados —Q.A de Colombia E.S.P. S.A. y Seragua S.A.—, se comprometieron a que, en caso de resultar adjudicatarios, perfeccionarían y constituirían una sociedad anónima en los términos del Código de Comercio y los pliegos de condiciones, es decir, entre otros, con mínimo 5 accionistas. En consecuencia, la Sala estima que el hecho de que tres de los cinco accionistas que conformaron Sera Q.A. Tunja E.S.P. S.A. no hubieran participado en la licitación pública internacional No. 002 de 1996, no constituye una irregularidad que tenga la capacidad de viciar de nulidad absoluta el contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del deber de adjudicar el contrato a la propuesta de alguno de los participantes en el proceso de selección, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 15 de agosto de 2017, rad. 2346, C. P. Álvaro Namén Vargas.
COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR / FACULTADES DEL ALCALDE / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / CLASES DE FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL / FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / FACULTAD REGLAMENTARIA DEL MUNICIPIO / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Requería el alcalde de Tunja autorización expresa del concejo municipal para celebrar el contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo previsto en el artículo 313 de la Constitución Política, le corresponde a los concejos municipales reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1) y autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al Concejo (numeral 3). A su vez, según el artículo 32, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, es atribución de los concejos municipales reglamentar la autorización al alcalde para contratar, “señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo”. (…) [En los acuerdos expedidos por el Concejo Municipal] no se facultó, ni se autorizó expresamente al alcalde para suscribir el contrato de concesión No. 0132 de 1996. En efecto, el Acuerdo No. 0015 de 1995 se refirió a contratos y convenios interadministrativos con entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, así como también a contratos y convenios con entes internacionales, categorías en las que no encaja el negocio jurídico objeto de estudio, el cual se suscribió con una sociedad privada; y el Acuerdo No. 0017 de 1995 únicamente se refirió a facultades de supresión y/o restructuración de entidades pertenecientes a la administración central y descentralizada. No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, dicha circunstancia no era un obstáculo para que el alcalde del Municipio suscribiera el contrato de concesión para el sistema de acueducto y alcantarillado, en tanto la competencia de los mandatarios locales para celebrar negocios jurídicos deviene de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 80 de 1993, en cuyo artículo 11.3., literal b —entre otros— se estipuló que a nivel territorial los alcaldes tienen competencia para celebrar contratos en nombre de la entidad. En tal sentido, cabe precisar que si bien el artículo 313.3 de la Constitución Política, en armonía con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 —vigente para la época de los hechos—, consagra que a los Concejos Municipales les corresponde autorizar al alcalde para celebrar contratos, lo cierto es que dicha autorización debe entenderse como aquella potestad reglamentaria, en virtud de la cual los Concejos trazan el procedimiento que deberán seguir los alcaldes para que, en los casos que así lo dispongan estas corporaciones, adelanten el respectivo trámite y obtengan la autorización para contratar. (…) Así las cosas, la exigencia prevista en el artículo 313.3 de la Constitución Política, no puede interpretarse de forma tal que obligue al alcalde a solicitar la autorización de los concejos municipales en todos los casos en que vaya a contratar, sino únicamente en los que estas corporaciones, vía reglamento o acuerdo, así lo dispongan. En pocas palabras, a los Concejos Municipales les corresponde señalar cuáles contratos requieren de su autorización para que el alcalde los pueda celebrar. En este sentido, resulta claro que, por regla general, los alcaldes están facultados en virtud de la Constitución y la Ley para suscribir contratos, sin necesidad de autorización previa de los Concejos Municipales, con excepción de aquellos casos en los que estas corporaciones, vía reglamento o acuerdo, —atendiendo la naturaleza, monto u objeto a contratar—, así lo dispongan, al igual que en los eventos que lo determine la Ley. Bajo en anterior contexto, en el presente caso no se advierte que, para la época de los hechos, existiera un Acuerdo o un reglamento proferido por el Concejo Municipal de Tunja en el que expresamente se señalara que, para celebrar contratos de concesión —o cualquier otro contrato—, cuyo objeto girara en torno a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, se demandara una autorización previa de la Corporación Municipal. En el mismo sentido, tampoco se observa que, para la misma época, existiera una disposición legal —como sí ocurre hoy en día —, que hiciera exigible algún tipo de autorización para que los alcaldes celebraran este tipo de contratos, con lo cual, contrario a lo alegado por los recurrentes, no pueda entenderse que al celebrar el contrato de concesión No. 0132 de 1996 el alcalde de Tunja haya usurpado las funciones del Concejo Municipal, todo lo cual permite concluir que sí estaba facultado para celebrar el negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la intervención de los Concejos en la actividad contractual de los municipios, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2238 del 11 de marzo de 2015, C. P. William Zambrano Cetina; de la Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019, rad. 50001-23-31-000-2010-00548-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón y de la Corte Constitucional, sentencia C-738 de 2011.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 3, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 3 LITERAL B
CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO / CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / EMPRESA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO
Problema jurídico:
¿La celebración del contrato de concesión entre el municipio de Tunja y una sociedad privada implicó la privatización del servicio público de acueducto y alcantarillado?
Respuesta al problema jurídico: No
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 cambió el modelo en la gestión de los servicios públicos, dado que su prestación dejó de ser del resorte exclusivo de las entidades públicas (monopolio estatal), que era la consigna de la Constitución de 1886, para permitirle a los particulares su colaboración en el ejercicio de esta actividad. En efecto, el artículo 365 de la Constitución Política dispuso que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, pero, en todo caso, la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios sigue correspondiendo al Estado. Ahora, bajo el cambio de paradigma que trajo el artículo 365 de la Constitución Política, en el sentido de que la prestación del servicio público no es del resorte exclusivo del Estado, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, consagró que los servicios públicos pueden ser prestados, entre otros: (i) por empresas de servicios públicos: oficiales, mixtas o privadas —artículo 14 ibidem—; (ii) por personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; y (iii) por los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos. (.) [A]unque es cierto que el municipio de Tunja suscribió el contrato de concesión con una sociedad privada, denominada Sera Q.A. Tuna E.S.P. S.A., dicha circunstancia no da cuenta de la privatización del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado. Precisamente, al amparo de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 142 de 1994, resulta posible que particulares o privados presten los servicios públicos, sin que el Estado, en los términos del artículo 365 Superior, se despoje de su función y vigilancia para asegurar su eficiente prestación del servicio, lo que difiere sustancialmente de una privatización, porque el contrato de concesión, tal y como quedó visto, simplemente consiste en otorgar al concesionario, entre otras cosas, la prestación de un servicio público, pero la vigilancia y control de la entidad estatal concedente radica en cabeza del Estado. Es así, que no puede concluirse, como lo pretende el coadyuvante recurrente, que el municipio de Tunja haya desconocido el Acuerdo No. 015 de 1995, según el cual las facultades otorgadas al alcalde no podían utilizarse para celebrar convenios o contratos que tuvieran por finalidad la privatización de cualquiera de los servicios públicos a cargo del municipio, porque el hecho de que la concesión se hubiese suscrito con una sociedad privada no conlleva, per se, la privatización del servicio público de acueducto y alcantarillado.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la prestación de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de septiembre de 2020, rad. 44707, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 10 de febrero de 2016, rad. 44196, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la concesión de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de octubre de 2017, rad. 53477, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 18 de enero de 2012, rad. 20641, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 14, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 15