Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

10 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2023-02-20 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220016100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020240010801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas? ¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La excepción de cosa juzgada impide el análisis de reparos sobre el incumplimiento contractual y vinculación cuando existe decisión judicial ejecutoriada.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 41001233300020160031501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó la excepción de cosa juzgada para impedir el análisis de los reparos del apelante sobre el incumplimiento contractual y la indebida vinculación al proceso, existiendo decisión judicial ejecutoriada y auto en firme sobre tales aspectos? Sí
La excepción de cosa juzgada opera e impide efectuar un nuevo análisis sobre los reparos del apelante relativos al incumplimiento contractual y a la indebida vinculación procesal cuando sobre tales aspectos existe una decisión judicial previa y un auto en firme debidamente ejecutoriados. En este caso, la providencia reitera los efectos de la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso anterior entre las mismas partes respecto del contrato de obra pública para la construcción de la torre materno infantil, constatando el porcentaje de ejecución y el incumplimiento demostrado.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez debe abstenerse de considerar lo decidido en otro proceso judicial promovido por la garante del contrato, a pesar de la similitud de los cargos… ¿Las decisiones mediante las cuales una empresa social del Estado declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el contrato, no son actos administrativos por estar sometidas al derecho privado? ¿El Hospital Universitario del Norte incurrió en una actuación antijurídica al ejercer la facultad de liquidación unilateral del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100019971702402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple? ¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo… ¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140085102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante? ¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos? ¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Hay lugar a anular parcialmente los actos administrativos demandados

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de… ¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la… ¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El caso sometido a estudio debe ser abordado, bajo el entendido de que el acto cuestionado es un acto administrativo, cuyo examen, se insiste debe ser efectuado a la luz de las reglas propias del Estatuto de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020170238301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico al cual estuvo sometido el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, determina la naturaleza jurídica del acto precontractual objeto de reproche, el medio de control procedente en el caso, la oportunidad para el ejercicio del medio de control, y la forma en que habrá de resolverse el asunto sometido a consideración de la Sala? Sí
El contratista debe determinar la naturaleza jurídica del acto precontractual y el medio de control procedente en función del régimen jurídico que rige la entidad estatal, lo cual incluye considerar si la entidad actúa en su condición de empresa de servicios públicos domiciliarios o en calidad de gestora de un programa específico, como el Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA). Si la entidad actúa en calidad de gestora del PAP – PDA, el procedimiento de selección se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, independientemente de que la entidad sea una empresa de servicios públicos domiciliarios que generalmente opera bajo el derecho privado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece que la naturaleza del acto administrativo y el régimen jurídico aplicable dependen del contexto específico en que se desarrolla la contratación, lo que implica que los procedimientos y medios de control deben ajustarse a las normas aplicables en cada caso.síntesis automática
También resuelve: ¿La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2021… ¿En el presente caso se cumplen los presupuestos necesarios para la acumulación de pretensiones, previstos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos… ¿Conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

Sentencia Unificación — Sentencia 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas… ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios… ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El silencio del contratista en el acta de inicio no constituye una convalidación ni condona los incumplimientos contractuales previos de la entidad estatal.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-08-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180162101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede interpretarse el silencio del contratista en el acta de inicio como una convalidación del presunto incumplimiento contractual anterior por parte de EPM? No
El contratista conserva su derecho a reclamar indemnizaciones por perjuicios derivados de incumplimientos contractuales previos de la administración, sin que la suscripción del acta de inicio implique renuncia o condena tácita. En su aclaración de voto, el magistrado precisa que el silencio del contratista en el acta de inicio no podía entenderse como una convalidación de la conducta contractual morosa de la entidad desplegada con anterioridad, pues ello equivaldría a presumir indebidamente la renuncia a reclamar los perjuicios causados. Conforme a los principios de la contratación estatal y la autonomía de la voluntad, los acuerdos posteriores no purgan automáticamente los incumplimientos previos ni exoneran de responsabilidad a la parte infractora sin una manifestación expresa de voluntad.síntesis automática
También resuelve: ¿Confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) al contratista el derecho a mantener la ecuación económica del contrato estatal frente a modificaciones o eventos… ¿Resultan aplicables los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el derecho al restablecimiento del equilibrio económico… ¿Resulta aplicable el derecho al restablecimiento del equilibrio económico consagrado en el EGCAP a un contrato estatal celebrado por una entidad pública en un mercado liberalizado y regido por el…