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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

En cuanto a la pretensión de liquidación judicial del contrato se declarará probada la ex-cepción de pleito pendiente

Sentencia — Sentencia 2026-05-13 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA Rad. 25000233600020220004500 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El objeto del litigio es determinar la legalidad de un acto de adjudicación a partir de la motivación fáctica y jurídica del mismo

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2024-12-03 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020190081601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los testimonios solicitados por la entidad demandanda son pertinentes para determinar la legalidad de un acto de adjudicación? No
El contratista no puede solicitar testimonios adicionales para determinar la legalidad de un acto de adjudicación, ya que estos medios de prueba son impertinentes y vulneran el debido proceso al intentar agregar explicaciones que no están consignadas en el acto administrativo cuestionado. La entidad estatal es competente para expedir actos administrativos que gozan de presunción de certeza y legalidad, y el particular demandante debe demostrar que dichos actos están falsamente motivados o que violan disposiciones legales, sin que la administración pueda solicitar pruebas adicionales para fundamentar el acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de controvertir el acto administrativo con las consideraciones jurídicas y fácticas ya establecidas, evitando la presentación de pruebas que busquen modificar o ampliar la motivación del acto original, lo que implica que los testimonios solicitados por la entidad demandada no son pertinentes en el proceso judicial.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020210058201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La suscripción sin reservas del acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato impedía exigir al consultor su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por los defectos del diseño? No
El contratista no queda eximido de su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por defectos en el diseño, ni de la garantía de calidad, simplemente por suscribir sin reservas el acta de recibo final y la acta de liquidación del contrato, ya que estas no impiden exigir el cumplimiento de obligaciones subsistentes después de la liquidación contractual. La Sala considera que la suscripción sin reservas de dichos documentos no elimina la obligación del contratista de corregir, completar o aclarar los diseños entregados cuando se detecten errores o discrepancias durante la ejecución de las obras, lo que implica que la garantía de calidad es una obligación postcontractual exigible con posterioridad a la entrega de los diseños y la liquidación del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad del contratista incluso después de la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La carga de sustentación del recurso de apelación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? ¿El recurso de apelación está debidamente sustentado y procede el estudio de los reparos formulados en contra de la sentencia impugnada? ¿El contrato celebrado por el consultor con la EAAB, está sometido al Estatuto General de Contratación de Administración Pública?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130057701 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve: ¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa? ¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel? ¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2023-02-20 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220016100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

El artículo 197 CPACA prescribe que las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante la jurisdicción contencioso administrativa deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-03-29 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000233600020150056803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo la parte demandante proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al correo que la entidad pública demandada dispuso para recibir notificaciones electrónicas, ni acredita que la convocada hubiera sido citada por cualquier otro medio, no agota en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? Sí
El contratista no agota debidamente el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al buzón de notificaciones electrónicas dispuesto por la entidad pública demandada, y no acredita que la convocada haya sido citada por cualquier otro medio. El artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las entidades públicas deben tener un buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales, y el artículo 20 de la Ley 640 de 2001 y los artículos 6 y 7 del Decreto 1716 de 2009 regulan la notificación electrónica. Al no cumplir con estos requisitos, la parte demandante no cumple con el artículo 180.6 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite dar por terminado el proceso en la audiencia inicial si se advierte el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los procedimientos de notificación y conciliación previos a la presentación de una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170015101 LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El medio de control de repetición procede contra el servidor, exservidor o particular que cumple una función pública cuando, con conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, y que el Consejo de Estado conoce de su apelación cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 142 del CPACA y 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben el debate a la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de obtener el reembolso. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA atribuyen a la sala la segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Tercera, la acción tiene naturaleza patrimonial y se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia revoca la decisión de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan el umbral legal corresponde al Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo… ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80… ¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993? ¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede declarar fundado el impedimento, manifestado por uno de los magistrados de la subsección C, consistente en tener un vínculo

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020200068203 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar fundado el impedimento, para conocer del presente asunto, manifestado por uno de los magistrados de la subsección C, consistente en tener un vínculo en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante? Sí
El magistrado de la subsección C declara fundado su impedimento para conocer del asunto, basado en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante, conforme al numeral 3 del artículo 141 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, lo que implica su apartamiento del conocimiento del caso. Además, la Sala determina que el medio de control de controversias contractuales no es adecuado para solicitar la liquidación judicial de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente, ya que este acuerdo adquiere la naturaleza de una decisión judicial con fuerza vinculante y no puede ser objeto de debate posterior, lo cual contraviene los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales. Esto implica que cualquier incumplimiento del acuerdo conciliatorio debe ser ventilado mediante el proceso ejecutivo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente caso resulta procedente acudir al medio de control de controversias contractuales a efectos de solicitar la liquidación judicial del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes… ¿Procede condenar en costas en segunda instancia a la Unión Temporal demandante, por resultar vencida en esta instancia, al resultar prospero el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso

Sentencia — Sentencia 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 11001032600020210000300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas? Sí
Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
También resuelve: ¿Para la configuración de la causal de anulación de fallo en conciencia la decisión adoptada debió ser proferida con total desapego del ordenamiento jurídico y en ausencia total de razones legales o… ¿Son las partes en ejercicio de su autonomía, quienes renuncian a acudir al aparato jurisdiccional estatal y deciden que la solución de sus controversias se haga en el marco de este mecanismo… ¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación está supeditado a la existencia de errores in procedendo?
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación

Sentencia — Sentencia 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020210019100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión… ¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de… ¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100019971702402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple? ¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo… ¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020160013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco… ¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación… ¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190027001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho… ¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro… ¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020110049101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso… ¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio? ¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad contractual exige la demostración de incumplimiento culpable y daño en los negocios del Estado.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190027001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El hecho de que no siempre la concreción de un riesgo propio del proyecto objeto del convenio interadministrativo conduce a la responsabilidad de la parte a cuyo cargo estaba la ejecución de la respectiva obligación es una caracteristica distintiva de este tipo de negocios respecto los demas contratos estatales? No
El incumplimiento de una obligación contractual por parte de un contratante exige la concurrencia de un comportamiento culpable y la producción de un daño para generar responsabilidad. Aunque en los convenios interadministrativos se analizan los negocios jurídicos bajo un prisma particular, la exigencia de un incumplimiento culpable y un daño aplica en toda controversia contractual relativa a la inejecución de obligaciones pactadas, sin constituir un aspecto exclusivo de dichos convenios frente a los demás contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible considerar cumplida una obligación contractual en proyectos de vivienda de interés social cuando no se demuestra de manera clara la aprobación integral de los diseños técnicos exigidos ni… ¿Puede estimarse alcanzado el fin público de un convenio interadministrativo cuando los recursos asignados a un proyecto cancelado se redistribuyen a otros distintos sin la aprobación expresa de una…