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ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN

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Consejo de Estado Providencia

Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190062901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve: ¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

La entidad debía evaluar el requisito financiero con base en la valoración internacional del Global Bank emitida por FitchRatings

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100078402 ACCION CONTRACTUAL
¿El consorcio cumplió los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública, para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial? No
El contratista no cumple los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial, ya que debe demostrar el cumplimiento de todas las exigencias financieras establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la calificación crediticia global de la entidad financiera, que en este caso era de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente. La entidad financiera del consorcio presentó una calificación de BBB-, lo cual es inferior a la requerida, ya que la calificación BBB- indica una posición de pago menor a la de BBB. Además, la calificación presentada fue una evaluación nacional, no global, lo que no cumple con los estándares internacionales exigidos por el pliego de condiciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado un proponente admisible en procesos de licitación pública.síntesis automática
También resuelve: ¿El pliego de condiciones estableció que la entidad financiera debía tener una calificación global de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente? ¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100220110114301 ACCION CONTRACTUAL
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión? ¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral? ¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales… ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera… ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020020129001 ACCION CONTRACTUAL
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales… ¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles… ¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Licencia ambiental: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020020179402 ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato? ¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado? ¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120058002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión… ¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que… ¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
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Consejo de Estado Providencia

La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020080083501 ACCION CONTRACTUAL
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda? ¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso… ¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100019971702402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple? ¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo… ¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
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Consejo de Estado Providencia

La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190053302 LEY 1437 REPETICION
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución… ¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados? ¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se entiende que se trata de un contrato de concesión de servicio público de aquellos tipificados en la Ley 80 de 1993

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 13001233100020090054801 ACCION CONTRACTUAL
¿Para efectuar el análisis sobre la nulidad de los actos administrativos demandados, se debió esclarecer, primero, el régimen jurídico de los contratos en los que se asigna un área de servicio exclusivo, puesto que, si bien la Ley 142 de 1994 contempla un régimen jurídico mixto y prevalentemente privado para los actos y los contratos de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, los contratos en los que se asigna un área de servicio exclusivo (artículo 40) se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conclusión a la que se llega luego de la revisión de la naturaleza de este modelo excepcional de gestión previsto por la ley; y del análisis normas especiales que rigen la materia para el servicio público domiciliario de aseo? Sí
Comparto la decisión y la mayoría de sus fundamentos; no obstante, considero que, para efectuar el análisis sobre la nulidad de los actos administrativos demandados, se debió esclarecer, primero, el régimen jurídico de los contratos en los que se asigna un área de servicio exclusivo. Si bien la Ley 142 de 1994 contempla un régimen jurídico mixto y prevalentemente privado para los actos y los contratos de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, los contratos en los que se asigna un área de servicio exclusivo (artículo 40) se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conclusión a la que se llega luego de la revisión de la naturaleza de este modelo excepcional de gestión previsto por la ley; y del análisis normas especiales que rigen la materia para el servicio público domiciliario de aseo.