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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento

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Fecha
2023-07-12
Radicado
08001233100220110089301
Número interno
60817
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL DESARROLLO URBANO DE COLOMBIA
Demandado
MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO -

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento

Lo que dijo la Sala

En relación con la presentación oportuna de la demanda, que fue descartada por la providencia de primera instancia que no estudió el asunto de fondo, la Sala advierte lo siguiente:… El artículo 136 numeral 10 del CCA regula la caducidad de la acción de controversias contractuales. Inicialmente, el encabezado de esta disposición prevé un plazo de dos (2) años para presentar la demanda, contados a partir del día siguiente al del acontecimiento de los motivos de hecho o de derecho que fundamenten las pretensiones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 136 núm. 10

También resuelve

  • ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?
  • ¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?
  • ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRINCIPIO PRO ACTIONE PRINCIPIO PRO DAMNATO INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA CONTRATO DE CONCESIÓN ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXISTENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROHIBICIÓN DE COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONCESIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN CONCEPTO DE CONCESIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONTRATO CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO LEY ANUAL DE PRESUPUESTO LEY DE PRESUPUESTO OBJETO ILÍCITO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL MUNICIPIO INGRESOS DEL MUNICIPIO VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PRESUPUESTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO RECURSOS DEL MUNICIPIO PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS CONTRATISTA PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL BIENES DEL ESTADO RESTITUCIÓN DE LA TENENCIA DEL BIEN RESTITUCIÓN DEL BIEN RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE PRINCIPIO DE EQUIDAD ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO PRO ACTIONE / PRINCIPIO PRO DAMNATO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? Respuesta al problema jurídico: No En relación con la presentación oportuna de la demanda, que fue descartada por la providencia de primera instancia que no estudió el asunto de fondo, la Sala advierte lo siguiente: (...) El artículo 136 numeral 10 del CCA regula la caducidad de la acción de controversias contractuales. Inicialmente, el encabezado de esta disposición prevé un plazo de dos (2) años para presentar la demanda, contados a partir del día siguiente al del acontecimiento de los motivos de hecho o de derecho que fundamenten las pretensiones. No obstante, este lapso genérico se cuenta de manera diferente en casos especificados por el legislador, entre los cuales se encuentran aquellos que están sometidos a liquidación. (...) Para la fecha de la celebración del contrato que motiva la demanda, se encontraba vigente la redacción original del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que ordenaba la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, de “aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo”, y de aquellos que así lo requieran. Visto el contrato y sus diferentes obligaciones (...), es evidente que dicho negocio es de ejecución diferida en el tiempo, por lo que estaba conminado a liquidarse por mandato legal. (...) Ahora, la liquidación del contrato debe emprenderse a partir del momento en que este termina por cualquier motivo, sea normal o anormal. En este caso, la vigencia del contrato no ha expirado. En efecto, el plazo contractual, pactado a veinticinco (25) años desde el momento de su perfeccionamiento (...) que, en un contrato regido por el EGCAP, tiene lugar cuando hay acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y este fue elevado a escrito, se produjo en este caso el veintisiete (27) de junio de dos mil (2000) (...). Como es lógico, al no haber terminado el contrato, tampoco ha tenido lugar la liquidación correspondiente. (...) Entonces, al margen de que en este caso la conducta que la parte actora hubiera identificado el incumplimiento contractual como la omisión de entregar permisos y autorizaciones para ejecutar el objeto contractual, lo relevante para el cómputo del término de caducidad es que la demandante decidió iniciar el proceso judicial de controversias contractuales sin que haya sido liquidado el contrato, no porque las partes, o en su defecto la administración, hayan omitido esa labor,presupuesto desarrollado por el literal d) del artículo 136 del CCA, sino debido a que el vínculo contractual permanece vigente. Ante esta premisa, que no está contemplada expresamente por la norma procesal, se abren dos posibles interpretaciones: La primera de ellas, asumida por el Tribunal, consiste en afirmar que el término de caducidad de la acción contractual aplicable a este tipo de situaciones es el bienal genérico, es decir, los dos años desde la ocurrencia que motiva la demanda, obviando que el negocio jurídico está legalmente sometido a liquidación. Mientras que con la segunda interpretación posible, que ha sido acogida por la jurisprudencia de la Sección, los contratos pactados con un plazo de ejecución muy amplio, como suele pasar con las concesiones, la demandante puede ejercer la acción contractual en cualquier momento mientras el contrato continúe en vigor, privilegiando el acceso a la administración de justicia ante el silencio de la norma procesal, en desarrollo de los principios pro actione y pro damnato. (...). La Sala opta por esta última postura y descarta la del Tribunal, no solamente por las razones esgrimidas por la jurisprudencia, con las cuales coincide, sino también porque esta interpretación: (i) es coherente con la figura de la liquidación del contrato estatal que existe en el ordenamiento para, entre otros propósitos, permitir una alternativa autocompositiva de solución de los conflictos generados entre los contratantes, por lo que, si bien nada impide iniciar el proceso correspondiente, es preferible agotar ese escenario y aglomerar todas las posibles discrepancias en esa oportunidad, antes que acudir de modo imperativo al litigio; y (ii) encuentra desarrollo el principio de economía procesal, ya que la parte afectada no se verá conminada a iniciar procesos individuales por cada reclamación que formule durante la ejecución contractual, bajo el pretexto de garantizar su presentación en tiempo, lo que a su vez significaría el desquicio del aparato judicial en torno a múltiples disputas surgidas de un mismo convenio (...) Por estas razones, la respuesta al primer problema jurídico (...) es negativa. Así, para el momento de presentación de la demanda, e incluso para la fecha de esta sentencia, el contrato continúa vigente, por lo que entiende esta Colegiatura que la acción fue iniciada oportunamente y, en consecuencia, revocará la providencia apelada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 21 de noviembre de 2013, exp. 19001-23-31-000-2011-00613-01(47864), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero. Sobre la terminación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239),C.P. Mauricio Fajardo Gómez . Sobre el ejercicio de la acción contractual en cualquier momento en los contratos de plazo de ejecución muy amplio, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2011, exp. 17001-23-31-000-1996-03070-01(17863), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Rad. 23001-23-31-000-2008-00132-01(41934), C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ? Respuesta al problema jurídico: No El Ministerio Público adujo que se violó el principio de transparencia toda vez que no hay prueba de los estudios previos que antecedieron el contrato de concesión, ni tampoco hubo vigilancia sobre la ejecución de las obligaciones allí emanadas. (...) [A] juicio de esta Sala, que no hayan sido aportados los documentos echados de menos, o que no existan medios informativos de la actuación del interventor o de la administración no permite inferir que el contrato no haya contado con estudios previos ni pliego de condiciones, ni que el desarrollo del contrato haya carecido de vigilancia o control. Estas aseveraciones, al estar huérfanas de prueba quedan en meras conjeturas que no logran contradecir siquiera lo consignado por las partes en el contrato (...) Invocando las mismas circunstancias, la vista fiscal sostuvo que el contrato debería anularse por objeto ilícito al violar el principio de planeación, basándose en pronunciamientos que aisladamente lo consideraron de ese modo. Con todo, sin desconocer la destacada importancia de dicho principio en la contratación estatal, y su relación con otros principios de la contratación como el de economía, actualmente la jurisprudencia sostiene que el desconocimiento del principio de planeación “no es una causal autónoma o directa de nulidad del contrato”, por lo que no es posible sostener que su trasgresión, por sí sola, derive en la invalidez del negocio jurídico. Igualmente, la jurisprudencia resalta la necesidad de que las causales de nulidad sean establecidas previamente por el legislador, lo que no ocurre cuando su fundamento es exclusivamente la aplicación inmediata de un principio. Así que, además de que las circunstancias aludidas carecieron de prueba, tampoco es posible declarar la nulidad del contrato basada en la vulneración del principio de planeación, en los términos aludidos por el Ministerio Público (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre los principios de la contratación y la nulidad del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2015, exp. 73001-23-31-000-2012-00012-01 (51489). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias del 29 de agosto de 2007, exp. 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854) y exp. 85001-23-31-000-1996-00309-01(15324). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de junio de 2018. exp. 25000-23-26-000-1999-01988- 01(38120). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2014, exp. 11001031500020130191900; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencias del 8 de septiembre de 2021, exp. 25000-23-36-000-2015-02527-01(61583) y del 11 de octubre de 2021, exp. 52001-23-33-000-2014-00164-01(63117). Consejo de Estado,, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 28 de septiembre de 2006, exp. 73001-23-31-000-1997-05001-01(15307). Sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 28 de septiembre de 2006, exp. 73001-23-31-000-1997-05001-01(15307). FUENTE FORMAL: DECRETO 111 DE 1996, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 CONTRATO ESTATAL / IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EXISTENCIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Problema jurídico: ¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [L]la Sala destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, cualquier irregularidad en la suscripción del contrato estatal no genera necesariamente su nulidad, pues su configuración depende de la etapa en la que esta se presente. La jurisprudencia de esta Sección, a partir del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estableció que los elementos de perfeccionamiento del contrato son el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y su formalidad escrita, mientras que lo relacionado con la disponibilidad presupuestal, ya sea el respectivo registro o el certificado de disponibilidad, “no es una condición de existencia del contrato estatal o de su ‘perfeccionamiento’, [sino] un requisito necesario para su ejecución”. Así las cosas, ha concluido que las irregularidades que se generen frente a estos últimos elementos, no generan la nulidad del contrato en la medida en que afectan su ejecución y no su validez. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el certificado de registro presupuestal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de septiembre de 2006, exp. 73001-23-31-000-1997-05001-01(15307), C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En igual sentido, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 66001-23-31-000-1998-00261-01 (17860), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 23, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 PROHIBICIÓN DE COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS / CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCESIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN / CONCEPTO DE CONCESIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / LEY ANUAL DE PRESUPUESTO / LEY DE PRESUPUESTO / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / INGRESOS DEL MUNICIPIO / VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / PRESUPUESTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO / RECURSOS DEL MUNICIPIO / PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO / PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, en relación con los contratos en los que se comprometen vigencias futuras, la Sala resalta, que según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la contratación con este tipo de recursos se rige por las normas de la ley orgánica de presupuesto. (...) la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, cuando se pacta una contraprestación a favor del contratista con cargo a vigencias futuras, sin que medie la autorización de la respectiva autoridad competente, se genera la nulidad del negocio jurídico, en la medida en que dicho requisito hace parte de los prepuestos establecidos en la ley orgánica de presupuesto —a la que remite expresamente el artículo 41 de la Ley 80 de 1993— que se deben cumplir para la asunción de obligaciones con cargo a este tipo de recursos. (...) De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará las cláusulas contractuales que desarrollan la contraprestación del contrato y si estas conllevan su nulidad, por violación de otras normas del ordenamiento jurídico, como se verá más adelante. (...) En relación con la demostración de la nulidad del contrato, la Sala deberá analizar el acuerdo de voluntades para determinar, más allá de la denominación que las partes quisieron darle a su acuerdo de voluntades, si este negocio jurídico realmente corresponde a un contrato de concesión. Para tal efecto, cabe recordar que este tipo contractual ha sido delineado en la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 4 (...) El vocablo “concesión” abarca instituciones jurídicas de diversa naturaleza. Pero, desde la óptica contractual, la anterior norma en particular se refiere al negocio jurídico celebrado entre una entidad pública otorgante o concedente, titular del bien público, encargada del servicio público o de la construcción de la obra; y un particular concesionario a quien la entidad pública le confiere: (i) la prestación, operación, explotación, organización o gestión del servicio público (concesión de servicios públicos); (ii) la construcción, explotación y conservación de una obra (concesión de obra pública) o (iii) la explotación y conservación de un bien de servicio o uso público (concesión de bien público). Si bien el género del contrato de concesión comprende muchas especies, la jurisprudencia ha precisado en múltiples ocasiones aquellos aspectos que son comunes a todas estas, tanto en sus características como en los componentes que provienen de su definición, lo que ha permitido identificar sus elementos esenciales, entre los cuales tiene una particular relevancia la forma de financiación del contrato, para el pago del precio o remuneración del concesionario, que le corresponde al concesionario, y los riesgos empresariales que este asume, como parte de la justificación de estos instrumentos de gestión de los recursos públicos que pretenden fomentar la inversión de capitales privados en la concreción de intereses públicos, así como la liberación y ahorro de recursos públicos que puedan necesitarse en otros rubros. Si bien, el artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993 prevé que la remuneración del contrato de concesión puede consistir en “cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”, lo hace dentro del marco jurídico conceptual del mencionado tipo contractual que determina la naturaleza contrastante de este tipo de negocio con relación con otros tipos contractuales. Por ende, el modo especial en que se remunera la concesión y los riesgos asumidos por las partes, al ser elementos esenciales del contrato, no pueden soslayarse so pena de que su ausencia derive en un contrato diferente (...) A partir de lo anterior, esta Colegiatura encuentra que, al margen del nombre que le dieron las partes, el negocio jurídico analizado dentro del presente asunto dista de ser una concesión, fundamentalmente porque su modo de remuneración involucra exclusivamente ingresos corrientes tributarios de libre destinación del Municipio, concretamente una cuarta parte de lo que la entidad territorial recaude mensualmente por concepto de impuesto de industria y comercio, y la totalidad de lo que perciba en virtud del impuesto complementario de avisos y tableros. Conforme a lo pactado en el contrato, el Municipio estaba obligado anualmente, y durante la vigencia del contrato, a destinar los recursos, en los porcentajes referidos, al pago del contrato. Así mismo, en el texto contractual no se estipuló una obligación a cargo del concesionario de invertir, aportar o inyectar sus recursos para ejecutar el objeto convenido (...) De hecho, el contrato dependía a tal punto de los recursos propios de la entidad, que por no contar con el contrato de fiducia que debía suscribir el Municipio para el “recaudo y tenencia” de los porcentajes de los impuestos comprometidos en el denominado contrato de concesión, las partes pactaron una suspensión del contrato, que solo se reanudó mediante otrosí del 1 de noviembre de 2006 (...), más de 6 años después de la celebración del negocio. (...) No pasa por alto la Sala que la proyectada explotación de los bienes concesionados a través de su arriendo para fines publicitarios fue formulada en términos eventuales, en los que el concesionario fue apenas autorizado o facultado para realizar todos los actos encaminados a esa explotación, y se fijó una participación del Municipio en lo que, de manera aleatoria, consiga obtener el concesionario (...). No está de más añadir que ningún medio de prueba da cuenta de un análisis previo de las posibilidades de obtener ingresos por explotar los bienes de “amoblamiento urbano” dentro del mercado publicitario. (...) Incluso, teniendo en cuenta la acentuada relevancia de los recursos provenientes del Municipio para la ejecución del contrato, puede deducirse que el valor proyectado por la explotación de los bienes que componen el “amoblamiento urbano” no solo era incierto sino también irrisorio, dado que, de haber sido significativa esta fuente de financiación, el contrato pudo haberse desarrollado normalmente, en los términos inicialmente pactados, sin tener que recurrir a la suspensión contractual por los motivos que las partes adujeron. (...) Por lo anterior, la Sala concluye que la financiación del contrato fue asumida completamente por la entidad pública y que la UTDUC, como supuesto concesionario, no asumió riesgo alguno en su contraprestación, viendo plenamente garantizada su remuneración a partir de los ingresos tributarios mencionados en el negocio, contrario a lo que establece la regulación típica de la concesión, según las normas del EGCAP. (...) Además, llama la atención el manejo que el contrato hace de los recursos financieros utilizados para remunerar la actividad del contratista, no solo porque refiere impuestos territoriales, y por lo tanto de ingresos corrientes del Municipio, sino también por el impacto que el acuerdo de voluntades genera en el presupuesto de la entidad territorial. En efecto, la Sala advierte que, al pactar durante 25 años, un contrato en que se paga directamente a un contratista, supuesto concesionario, con el 25% del impuesto de industria y comercio y el 100% del complementario de avisos y tableros, se condiciona el desarrollo normal de la programación, elaboración, aprobación, y ejecución del presupuesto, que estaría inexorablemente sometido a la satisfacción de las obligaciones contractuales de la entidad (...) Tal manejo irregular del presupuesto municipal, que vendría como resultado ineludible de las conductas estipuladas por las partes —en particular, las establecidas en cabeza de la Administración— para cumplir con el acuerdo de voluntades, además de violar la prohibición expresa de asumir obligaciones sobre vigencias futuras sin la autorización del ente correspondiente, contradice el principio presupuestal de legalidad o competencia, en línea con lo considerado por la Subsección B de esta Sección, porque perturba al órgano de representación popular del Municipio, esto es el Concejo, en el ejercicio de sus competencias para expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, ya que estaría impedido para discutir, deliberar y aprobar el rumbo que tendrán los porcentajes de los impuestos directos mencionados, ingresos corrientes de libre destinación y de carácter tributario que, de acuerdo con la ley, deben financiar gastos de funcionamiento de la entidad territorial. (...) Al asumir obligaciones sobre vigencias futuras sin la autorización preceptiva, también se ve afectado el principio presupuestal de anualidad, en tanto el amplio plazo y la forma de pago pactados por las partes, hace que la financiación del negocio sea planteada con recursos tributarios que, al finalizar el respectivo período no estarían disponibles durante la vigencia fiscal correspondiente a su ejecución sino que se recibirían posteriormente: a partir del pago hecho por los contribuyentes de los impuestos de industria y comercio, y del de avisos y tableros, se debían calcular y extraer de esos recursos los porcentajes dictados por el contrato (25% y 100%, respectivamente); tales dineros serían trasladados a la fiducia, y luego deberían pagarse al contratista. En ese sentido, dentro de ese escenario no habría lugar a formular reservas de apropiación, por la sencilla razón de que, al finalizar cada año, los recursos con los que sería remunerada la UTDUC podrían imputarse con cargo al presupuesto del año en que se ejecutarían sus obligaciones, dado que los tributos estarían pendientes de recaudarse, calcularse y transferirse en los términos pactados por el contrato. De esa forma, la administración municipal tendría que acudir, durante 25 años, a recursos provenientes de vigencias futuras para financiar el contrato, contrario a la excepcionalidad que estas suponen Un negocio jurídico de estas condiciones, regido por el EGCAP, únicamente puede declararse nulo absolutamente y, por ende, ser privado de los efectos respaldados por el ordenamiento jurídico, si incurre en una de las causales contenidas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.(...) Cabe reiterar que el precepto mencionado incorpora las causales de nulidad absoluta del derecho privado (inobservancia de solemnidades exigidas, objeto ilícito, causa ilícita, incapacidad absoluta de cualquiera de las partes), y añade causales especiales (celebración del contrato con personas incursas en inhabilidad o incompatibilidad, celebración contra expresa prohibición constitucional o legal, abuso o desviación de poder, declaración de nulidad de los actos administrativos previos, y desconocimiento de los criterios legales sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de reciprocidad). (...) De todas estas, la Colegiatura estima que la invalidez del negocio bajo análisis encaja dentro del objeto ilícito (...) En coherencia con lo dicho por la jurisprudencia de esta Subsección en relación con que el objeto de los contratos no se limita a la prestación material sino a las conductas mutuas que las partes se obligan a ejecutar, esto implica que la nulidad por esta causal opera “cuando los intereses que los sujetos negociales vinculan al negocio son contrarios a normas imperativas del sistema jurídico”, evento en que los extremos del contrato “inclinan o vuelcan su ánimo en procura de resultados, estados o situaciones que el orden legal imperativo no quiere que sean obtenidos por los sujetos de derecho” (...) Tal contradicción con el derecho público se produce al asumir o contraer obligaciones con cargo a vigencias futuras, sin contar con la autorización preceptiva del concejo del municipio contratante, siempre que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento, como lo establecen los artículos 23 y 71 del Decreto 111 de 1996, que compiló las leyes orgánicas de presupuesto. Las anteriores disposiciones, a las que remite expresamente el inciso 2º artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y que, al provenir de la Ley 179 de 1994 (artículos 9 y 49), son posteriores a las de la Ley 80 de 1993, no se refieren a la ejecución, sino a asumir o contraer obligaciones, lo que ocurre al momento de celebrar el contrato, que es cuando operan las causales de nulidad. No puede pasarse por alto, por demás, que, a diferencia de lo que ocurre con la emisión del registro presupuestal, para la autorización del compromiso de vigencias futuras se requiere un trámite dilatado en el tiempo, que —en los entes territoriales— comprende la inclusión del proyecto en el plan de desarrollo respectivo, seguido de la aprobación del concejo municipal o la asamblea departamental, según el caso, que debe verificar que con su autorización no se exceda la capacidad de endeudamiento. El agotamiento de este trámite en una etapa posterior a celebración del contrato, con la asunción o contracción de obligaciones que supone, revertiría pues en contra de la lógica contractual, en la que el servicio debe prestarse con celeridad, eficacia y eficiencia, al margen de las eventuales circunstancias que, por efecto del tiempo, pudieran suponer una variación de las condiciones al momento de la suscripción del contrato, con los efectos que, conforme al principio rebus si (sic) stantibus, ello supondría. (...) Así, la Sala encuentra razonables las acusaciones formuladas por la entidad demandada y por el Ministerio Público el sentido que estas sostuvieron, pero por la causal de nulidad por objeto ilícito, en la medida en que la celebración del contrato, se hizo en contravía del derecho público de la Nación, al haber comprometido vigencias fiscales futuras sin la respectiva autorización de la autoridad competente para ello, y por haber sido celebrado contra expresa prohibición legal. Así, el desarrollo de las prestaciones mutuas pactadas en el contrato, según su estructura, devendría lógicamente en el compromiso ilegal de vigencias futuras, y por lo tanto vulneraría la programación anual del presupuesto municipal, en contravía del derecho público, que impide la asunción o contracción de obligaciones sin la aprobación preceptiva para el compromiso de vigencias futuras. Por lo tanto, en lugar de la decisión apelada, esta Colegiatura declarará la nulidad absoluta del contrato “de concesión de amoblamiento urbano municipal”, suscrito el 27 de junio de 2000 entre las partes de este proceso judicial. NOTA DE RELATORÍA: En el mismo sentido, nulidad por contraprestación en vigencias futuras sin autorización, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2011, exp. 20001-23-31-000-2004-01644-01(37438), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 50001-23-31-000-1999-10249-01(45397), C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2016, exp. 47001-23-31-000-2009-00296-02 (42565), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390), Mauricio Fajardo Gomez. Sobre la naturaleza del contrato de concesión, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre de 1997, exp. 1050, y Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 19 de junio de 1998, exp. 10217; Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejo de Estado, Sentencia del 9 de diciembre de 2004. exp. 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921); Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 2006, exp. 11001-03-26-000-1995-03074-01(13074); Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-068 del 10 de febrero de 2009; Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Sobre las modalidades del contrato de concesión referido en el artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2007, exp. 11001-03-26-000-1995-11542-00(11542). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390). Sobre el presupuesto del municipio, ver: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 17 de mayo de 2007, exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP). Sobre la autorización a los alcaldes para celebrar contratos, ver: Corte Constitucional, sentencias C-086 de 1995 y C-738 de 2001. Sobre la financiación de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de febrero de 2014, exp. 11001-03-06-000-2013-00419-00 (2171) FUENTE FORMAL: DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 23, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 179 DE 1994 - ARTÍCULO 49, LEY 179 DE 1994 - ARTÍCULO 9, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Puede el juez declarar oficio la nulidad absoluta del contrato, en este caso, cuando no ha ocurrido la prescripción extraordinaria, intervienen todos los contratantes y la nulidad absoluta del contrato esta demostrada en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo los cargos de nulidad contractual alegados por la demandada y el Ministerio Público no fueron planteados en pretensiones de reconvención, esta Colegiatura estima necesario evaluar si cabe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, en virtud del deber preceptuado por el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el inciso tercero del artículo 87 del CCA y el artículo 1742 del Código Civil. Cabe reiterar que un pronunciamiento oficioso en tal sentido debe presuponer estos requisitos: (i) que no haya ocurrido la prescripción extraordinaria; (ii) que hayan intervenido los contratantes o sus causahabientes; y (iii) que la nulidad absoluta esté plenamente demostrada en el proceso. (...) En el sub judice se cumplen los dos primeros requisitos así: según el citado artículo 1742 del Código Civil, el juez no podrá pronunciar de oficio la nulidad absoluta del contrato si ocurre la prescripción extraordinaria que, para este caso, es la de veinte (20) años de la redacción original del artículo 2532 del Código Civil, vigente para la fecha en que se firmó el contrato. Teniendo en cuenta que el mencionado término se interrumpió con la presentación de la demanda —del 19 de julio de 2011 (...)— notificada dentro del término de un año desde el enteramiento del demandante, esta Colegiatura observa que aún está en tiempo para emitir un pronunciamiento sobre la validez del contrato. De otra parte, es claro que en el proceso han intervenido las partes que celebraron el negocio jurídico juzgado NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad absoluta del contrato, ver: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2017, exp. 76001-23-33-000-2013-00169-01 (50045), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sobre la interrupción de la prescripción, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 18 de diciembre de 2013, exp. 1100131030272007-00143-01. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1742, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2532, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45 FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONTRATISTA / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / MUNICIPIO / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / BIENES DEL ESTADO / RESTITUCIÓN DE LA TENENCIA DEL BIEN / RESTITUCIÓN DEL BIEN / RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE / PRINCIPIO DE EQUIDAD / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los aspectos cualitativo y cuantitativo para la demostración de las restituciones mutuas derivadas de la decisión de nulidad absoluta del contrato en este caso, a favor del contratista? Respuesta al problema jurídico: No Con la orden de restituciones mutuas derivada de la decisión de invalidar un negocio jurídico, afincada en el principio de equidad y en evitar el enriquecimiento sin justa causa, se busca regresar, hasta donde resulte posible, al estado de cosas anterior a la celebración del contrato, como si este nunca hubiese surgido a la vida jurídica. Ahora, tal como lo ha precisado la jurisprudencia, el efecto jurídico de la declaración de nulidad absoluta por objeto ilícito de los contratos regidos por el EGCAP difiere de los señalados para los contratos civiles, que se rige por lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 (...) Esta Colegiatura ha comprendido que las restituciones de las prestaciones ejecutadas y no reconocidas exige, dentro de este marco jurídico, la demostración de dos aspectos: uno “cualitativo, esto es, que haya significado un beneficio representado en la satisfacción de un interés público, y sin el cual no habrá lugar a decisión alguna en este sentido; y otro cuantitativo, en tanto la declaración de restituir lo ejecutado debe ir hasta el monto efectivamente acreditado” (...) Bajo este entendido, el único elemento probatorio que obra en el expediente y resulta pertinente para determinar si hay lugar a las restituciones mutuas es el primero de los tres dictámenes periciales practicados en el asunto (...), dado que el segundo (...) tuvo el propósito de cuantificar los perjuicios derivados de la responsabilidad contractual que, en este contexto, no viene al caso; mientras que el tercero (...) no aporta información relevante, ya que simplemente detalla lo destinado por el contratista para la ejecución del contrato, y no lo que realmente alcanzó a ejecutar. Nota la Sala que dicho dictamen, si bien no fue objetado por error grave ni controvertido de cualquier otra manera por la entidad demandada, tampoco posee mérito probatorio para demostrar lo ejecutado por la contratista. De una parte, no resulta clara la fuente de la cual el perito obtuvo la cifra del valor unitario de cada elemento instalado, ya que en el expediente no reposa un listado de precios unitarios sobre dichos ítems que haya sido acordado con el Municipio. Tampoco resulta exacto calcular el precio de cada elemento instalado sin precisar la fecha exacta de la instalación, partiendo de la base de que esta se produjo en el mes de junio del año 2000, cuando no había sido suscrita el acta de iniciación del plazo contractual —que fue firmada el 1 de agosto de 2000 (...)— y que, conforme al mismo dictamen, se suspendió a partir del día 8 de agosto del mismo año. Por lo tanto, al no hallar comprobado el componente cuantitativo que daría lugar a las restituciones mutuas, la Sala se abstendrá de decretarlas en favor del contratista.(...) Con todo, la Sala si encuentra probado a través del dictamen que la Administración entregó elementos de infraestructura vial a la UTDUC, por lo que se ordenará la restitución inmediata de cada uno de estos bienes en el estado en que se encuentren. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de prestaciones en un contrato declarado nulo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia del 9 de febrero de 2017, exp. 85001-23-33-000-2013-00221-01(52805), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, reiterada en sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 73001-23-33-000-2013-00468-01(53477), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 25000-23-26-000-2010-00277-01(48242), C.P. Jaime Enrique Rodrígues Navas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas en segunda instancia cuando la entidad demandada no intervino? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del 25 de junio de 2014, la Ley 1563 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”) rige para la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 1º de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso (...), por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas. (...) en vista de que la entidad demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la norma aplicable a las costas procesales, ver: Consejo de Estado, auto de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331002201100893011100103