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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa

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Fecha
2022-02-28
Radicado
25000232600020080008502
Número interno
54847
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CIG GEOMATICA S.A., PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA
Demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa

Lo que dijo la Sala

La Sala es competente para conocer el asunto de la referencia, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo proferido por un Tribunal Administrativo, en un proceso con vocación de doble instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132.3 del CCA, en concordancia con el artículo 20.2. del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto precontractual de adjudicación y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso específico, la resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su proferimiento, y el contrato se celebró antes de que transcurrieran los 30 días siguientes a dicha notificación. Como resultado, la acción de controversias contractuales fue la procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, pero no para solicitar el restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, ya que estas pretensiones caducaron al presentarse la demanda después de la celebración del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 132 núm. 3
  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato?
  • ¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias…
  • ¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DEL PROCESO PROCESO DE DOBLE INSTANCIA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL ACTO PRECONTRACTUAL ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRACIÓN DE CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA SOCIEDAD COMERCIAL UNIÓN TEMPORAL MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO PROPONENTE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO CONTRATO DE CONSULTORÍA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS LITISCONSORCIO NECESARIO LICITACIÓN PÚBLICA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS APORTE PARAFISCAL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL EXIGIBILIDAD DEL APORTE PARAFISCAL CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA OBLIGACIONES DEL PROPONENTE MALA CONDUCTA DEL EMPLEADO PÚBLICO INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE PROPUESTA DEL PROPONENTE CONTRATACIÓN ESTATAL REPRESENTANTE LEGAL EMPLEABILIDAD PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE APORTE PARAFISCAL INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL ICBF EVALUACIÓN DE LA OFERTA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ACUERDO DE PAGO FALTA DE PRUEBA REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE NOVACIÓN INEXISTENCIA DE LA NOVACIÓN INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO TÍTULO VALOR PAGO DEL TÍTULO VALOR PAGARÉ ICBF PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA

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Titulación de la relatoría 24.018 caracteres

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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para conocer el asunto de la referencia, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo proferido por un Tribunal Administrativo, en un proceso con vocación de doble instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132.3 del CCA, en concordancia con el artículo 20.2. del Código de Procedimiento Civil (CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 3, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, aplicable a los procesos iniciados a partir del 8 de julio de 1998 y hasta el 2 de julio de 2012, estableció la procedencia y oportunidad para el ejercicio de acciones judiciales contra los actos proferidos con anterioridad a la celebración del contrato estatal (…). En consonancia con la postura expuesta anteriormente, esta Corporación desarrolló una línea jurisprudencial sobre las acciones que pueden incoarse en contra de los actos previos a la celebración del negocio jurídico, y distinguió distintas hipótesis temporales (…). En atención al derrotero normativo y jurisprudencial expuesto, se determinará, con base en las pruebas obrantes en el proceso, a cuál de las tres (3) hipótesis temporales se ajusta el presente asunto. Está acreditado que la resolución (…), por medio del cual la UAESP adjudicó el concurso público (…) fue proferida (…) y notificada ese mismo día. Asimismo, se encuentra probado que el contrato (…) se celebró (…) y la demanda se presentó (…). De esta forma, la demanda fue radicada cuando ya se había celebrado el contrato estatal. En el marco de lo expuesto, como el contrato se celebró antes del cumplimiento de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, el caso que se estudia se ubica en la tercera hipótesis de las previamente referenciadas y, por consiguiente, la acción procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del negocio jurídico derivado de aquél era la contractual, como ocurrió en el sub júdice. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales, ver sentencia del 29 de enero de 2014, Exp. 30250, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 13 de marzo de 2006, Exp. 27995, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, auto del 1 de abril de 2009, Exp. 36124, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 13 de junio de 2011, Exp. 19936, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 24059, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias del acto precontractual y del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 136.10 literal e) del CCA prescribe el término de caducidad de las acciones contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato, será de “dos (2) años, siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento”. (…) [C]uando la demanda en ejercicio de la acción contractual se presenta por fuera del término de los 30 días que la ley le da al administrado para impugnar el acto precontractual, si bien puede analizarse la validez del contrato, con fundamento en el estudio de legalidad del respectivo acto precontractual, no habrá lugar a pronunciamiento alguno en relación con los posibles perjuicios que alegue haber sufrido el demandante como consecuencia de tal decisión administrativa, por resultar extemporáneas tales pretensiones. (…) [E]l contrato (…) se perfeccionó (…). Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias vencía (…) y como las demanda se presentó (…), resulta forzoso concluir que la acción fue ejercida en el término bienal previsto por la ley, pero únicamente, frente a la pretensión anulatoria del contrato demandado, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, mas no frente a las pretensiones indemnizatorias de la demanda, toda vez que ellas se derivan del acto administrativo ilegal, que debió ser impugnado dentro de los 30 días siguientes a su notificación. En este orden de ideas, la Sala limitará el estudio procedente a las pretensiones encaminadas a obtener la nulidad del contrato con base en la ilegalidad del acto de adjudicación, puesto que, debido a la caducidad de la acción frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho, no es posible considerarlas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD COMERCIAL / UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / PROPONENTE / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / CONTRATO DE CONSULTORÍA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS / LITISCONSORCIO NECESARIO Problema jurídico: ¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Las Sociedades (…) quienes conformaron la Unión Temporal Plataforma Ambiental y participaron en el concurso público (…), están legitimados por activa para pedir la declaración de nulidad absoluta del contrato de consultoría (…), protestando la ilegalidad del acto precontractual de adjudicación, (…), cuya nulidad también pidieron. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que dispone que “cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato”. Interés directo que, en el sub examine, se traduce en la participación efectiva que tuvieron los accionantes en el proceso de selección adelantado por la demandada y en el que resultaron vencidos. La UAESP está legitimado por pasiva, toda vez que es la entidad que profirió el acto administrativo demandado y celebró el contrato respecto del cual se pidió la declaratoria de nulidad absoluta. El Consorcio MV Ingenieros Ltda.–Consultoría Colombiana S.A., que fue vinculado al proceso como litisconsorte necesario, está legitimado por pasiva, comoquiera que fue el adjudicatario del contrato objeto de reproche. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 INCISO 3, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / APORTE PARAFISCAL / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / EXIGIBILIDAD DEL APORTE PARAFISCAL / CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Problema jurídico: ¿Para la celebración de contrato con entidades públicas, los proponentes deben certificar que están al día en el pago de los aportes parafiscales? Respuesta al problema jurídico: Si Examinado el expediente, se observa que la UAESP profirió la Resolución (…), “por la cual se ordena la apertura del Concurso Público (...), para contratar la interventoría integral para los contratos que el Distrito celebre o haya celebrado, relacionados con el relleno sanitario Doña Juana”. En los pliegos de condiciones del concurso, junto con sus respectivas adendas, se estableció, entre otros aspectos, que quienes desearan participar en el proceso de selección, debían cumplir con los siguientes requisitos: (…) Certificación de pagos de seguridad y aportes parafiscales (…). Certificación de pago de los aportes de los empleados al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (…). [L]a exigencia de que los proponentes certifiquen estar al día en el pago de los aportes parafiscales se encuentra soportada en las previsiones contenidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, que reguló lo referente al control de la evasión de los recursos parafiscales. En dicha normatividad se determinó que los particulares -personas jurídicas o naturales- que pretendan celebrar, renovar o liquidar un contrato de cualquier naturaleza con entidades del sector publico deberán cumplir, cuando a ello haya lugar, con sus obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. FUENTE FORMAL: LEY 789 DE 2002 - ARTÍCULO 50, LEY 828 DE 2003 - ARTÍCULO 1 FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / EXIGIBILIDAD DEL APORTE PARAFISCAL / APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REVISOR FISCAL / PERSONA JURÍDICA / PROPONENTE / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / MALA CONDUCTA DEL EMPLEADO PÚBLICO / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Problema jurídico: ¿En qué eventos, las autoridades públicas contratantes, deben verificar el cumplimiento de los aportes parafiscales? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l legislador, en (…) el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (…), le otorgó a las autoridades la competencia de verificar el cumplimiento en el pago de los aportes en distintos momentos, así: i) verificar la observancia de tales obligaciones al liquidar el negocio jurídico, con la constatación de que estas se efectuaron durante toda su vigencia y, si se advierte que el contratista no realizó los aportes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuar el giro directo de los recursos a los correspondientes sistemas; ii) al momento de contratar, podrá requerir a la persona jurídica que va a suscribir el negocio, para que acredite el pago de los respectivos aportes en relación con sus empleados, a través de una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista por requerimiento de la ley, o por el representante legal, en donde conste el referido cumplimiento en un término no inferior a los 6 meses anteriores a la celebración del contrato o, en caso de que la sociedad tenga menos de 6 meses de constitución, debe demostrar dichos pagos desde la fecha de su creación; y iii) solicitar, de forma ineludible, a las personas jurídicas la acreditación mencionada en el punto anterior cuando presenten ofertas en procesos de selección. En todos los supuestos, la falta de revisión de la realización de los aportes supone la configuración de la causal de mala conducta del servidor o servidores encargados de ello. (…) En atención a lo expuesto en precedencia, se reitera que lo indicado en los pliegos de condiciones, sobre el deber de certificar los pagos de los aportes parafiscales a cargo de quien pretendía ofertar y contratar con la UAESP, so pena de que su incumplimiento genere el rechazo de la oferta guarda consonancia y relación con lo regulado en la norma desarrollada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el pago de los aportes parafiscales como requisito para contratar con el Estado, ver sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 20001-23-31-000-2005-00409-01(AP), C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 789 DE 2002 - ARTÍCULO 50 PROPUESTA DEL PROPONENTE / PERSONA JURÍDICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / APORTE PARAFISCAL / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / APORTES PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL / EMPLEABILIDAD Problema jurídico: ¿El requisito exigido al proponente de acreditar el pago de los aportes parafiscales en el proceso de contratación pública se cumple con el aporte de la certificación expedida por el revisor fiscal? Respuesta al problema jurídico: No De una interpretación literal del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 se infiere, prima facie, que el requisito exigido a las personas jurídicas de acreditar el pago de los aportes parafiscales para presentar ofertas en un proceso de contratación pública se cumple simplemente con el aporte de una certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, como en efecto sucedió en el presente asunto. No obstante, para la Sala tal exigencia resulta insuficiente para cumplir con el cometido y finalidad que la norma en mención pretende, por las siguientes razones. La Ley 789 de 2002 fue expedida con el fin de promover la empleabilidad, desarrollar el sistema de protección social y controlar la evasión de los aportes a la seguridad social y los recursos parafiscales. Estos últimos, son entendidos como las contribuciones de carácter obligatorio impuestas legalmente a los empleadores, cuyo monto se determina sobre la base gravable de la nómina total de trabajadores y no solo benefician estos últimos, sino también al sostenimiento del ICBF, SENA y las Cajas de Compensación Familiar. Así, la Sala comprende que la intención del legislador al implementar, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la exigencia de que las personas jurídicas interesadas en presentar ofertas en un proceso público acreditaran estar al día en el pago de aportes parafiscales iba más allá de la formalidad de allegar una certificado, pues lo que realmente pretendía era evitar la mora en el pago de tales contribuciones con una sanción, traducida en impedir la participación de las sociedades deudoras en proceso públicos de selección. FUENTE FORMAL: LEY 789 DE 2002 - ARTÍCULO 50 PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE APORTE PARAFISCAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL ICBF / CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / LICITACIÓN PÚBLICA / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Incurrió en violación del debido proceso la UAESP, al exigir aclaración de la certificación con la que la UT acreditó el pago de los aportes parafiscales al ICBF e interpretar los documentos entregados con fines de aclaración en sentido contrario a lo que aquella indicaba? Respuesta al problema jurídico: No [L]a gerente de la UAESP estimó, al momento de publicar la evaluación definitiva de las ofertas y contrariando la recomendación del comité evaluador, que la sola certificación aportada por el representante legal de la Sociedad (...), en la que manifestó estar al día en el pago de aportes parafiscales, resultaba insuficiente para determinar con certeza si la obligación exigida tanto en los pliegos como en la Ley había sido cumplida a cabalidad. Actuación que, a juicio de la Sala, resulta acorde a la intención de la norma referida interpretada conforme al principio de transparencia en la contratación pública, en cuanto permite inferir que el licitador público tiene la facultad de verificar, a través de medio idóneo, la veracidad de las afirmaciones contenidas en una certificación con la que se pretenda acreditar un hecho, como en el presente asunto lo era el pago efectivo de los aportes parafiscales en favor del ICBF. En consecuencia, se concluye que la decisión proferida por la gerente de la UAESP, al considerar insuficiente el aporte de la certificación de paz y salvo respecto al pago de aportes parafiscales para acreditar el requisito exigido en los pliegos, no resultó violatoria del debido proceso administrativo. Contrario sensu, la administración con dicho proceder buscó siempre la verificación de que el contenido del documento mencionado fuera cierto y veraz, máxime cuando uno de los proponentes advirtió, dentro del trámite licitatorio, una inconsistencia entre lo afirmado en el certificado y la realidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de los aportes parafiscales, ver sentencia del 31 de enero de 2011, Exp. 17767, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. ACUERDO DE PAGO / APORTE PARAFISCAL / CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL ICBF / PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / CERTIFICACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / NOVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA NOVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Problema jurídico: ¿Incurrió en falsa motivación la UAESP, al declarar inhábil y, en consecuencia, rechazar la oferta presentada por la UT, debido a la falta de acreditación del pago de los aportes parafiscales en favor del ICBF, pese a que esa UT presentó prueba de la suscripción de acuerdo de pago con el ICBF respaldado con pagarés en relación con esas obligaciones? Respuesta al problema jurídico: No Aun cuando la novación, según el artículo 1687 del Código Civil, es un modo de extinguir las obligaciones mediante “la sustitución de una nueva obligación a otra anterior”, lo cierto es que el artículo 1708 ejusdem advierte que “la mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación”. En tales condiciones, se observa que el Decreto 1870 de 1986 “por el cual se dictan normas tendientes a la exacta recaudación de las rentas del ICBF” autorizó a dicha entidad para que otorgara plazos a los empleadores que le adeudaran sumas de dinero por concepto de cargas parafiscales. Para que dichos empleadores obtuvieran ese beneficio tenían el deber de otorgar una garantía en la que se estipulara el sistema de amortización gradual de la deuda; con ello, el ICBF expediría un certificado provisional de pago, apto para habilitar el reconocimiento de la deducción por salarios al momento de declarar renta ante la DIAN. Pero, el mismo decreto estableció que la mora respecto de alguna de las cuotas convenidas conlleva la anulación del certificado de pago otorgado. Por consiguiente, en el sub examine, el acuerdo de pago suscrito entre el ICBF y la Sociedad (…) respecto de las sumas que esta última adeudaba al Instituto por concepto de aportes parafiscales no generó un cambio sustancial en su relación obligacional ni, mucho menos, la sustituyó con una nueva, pues simplemente, de acuerdo con la potestad legal conferida, amplió el plazo para su pago. En consecuencia, la obligación de pago primigenia subsistía y el acuerdo de pago se constituía como una prueba fehaciente de que la sociedad referida no se encontraba al día en el pago de la totalidad de la obligación de pagos parafiscales al momento de presentar la oferta. (…) [L]a decisión de la gerente de la UAESP al declarar inhábil la propuesta presentada por la UT Plataforma Ambiental, debido a que uno de sus integrantes, la Sociedad Plataforma Ingeniería y Cía Ltda., no certificó en debida forma los pagos de los aportes parafiscales en favor del ICBF, pues solo aportó un acuerdo de pago, estuvo ceñida no solo a los términos de referencia sino también a la normatividad vigente sobre la materia. FUENTE FORMAL: DECRETO 1870 DE 1986, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1687, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1708 RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / LICITACIÓN PÚBLICA / TÍTULO VALOR / PAGO DEL TÍTULO VALOR / PAGARÉ / ICBF / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / ELEMENTOS DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / TÉRMINOS DE REFERENCIA Problema jurídico: ¿Los pagarés expedidos por la Sociedad en favor del ICBF, que sirvieron de garantía de pago de los aportes parafiscales, ampliaron el plazo para el cumplimiento de la obligación? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 882 del Código de Comercio, “la entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa (…)”. Sin embargo, en el sub examine se observa que, de conformidad con los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1870 de 1986, los pagarés expedidos por la Sociedad (…) en favor del ICBF, que sirvieron de garantía respecto de la obligación insoluta de pago de los aportes parafiscales, no traen consigo el pago de la obligación, pues existe, no literalmente estipulación en contrario, pero sí normativa gubernamental que reguló la materia (artículo 2º del Decreto 1870 de 1986), estableciendo el alcance del acuerdo como mera ampliación del plazo de la obligación, y la obligación de respaldar ese compromiso con la constitución de una garantía, que para el caso, fue el objeto llamado a servir por los pagarés que suscribió y entregó el deudor del ICBF, según acreditó la UT dentro del proceso licitatorio. En definitiva, se advierte que la decisión proferida por la UAESP, contenida en la Resolución (…) en la que declaró inhábil la oferta presentada por la UT (…), atendiendo los argumentos exhibidos con anterioridad, y, subsecuentemente, eligió como adjudicatario al Consorcio (…) estuvo soportada en las disposiciones contenidas en los términos de condición y en la normativa vigente para la época de los hechos. Por consiguiente, esta Colegiatura confirmará el fallo de primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 1870 DE 1986 - ARTÍCULO 2, 3, 4, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 882

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200800085021100103