Titulación de la relatoría 56.857 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
FUERO DE ATRACCIÓN / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / CONCEPTO DE COMPETENCIA POR CONEXIDAD / ENTIDAD PRIVADA / PERSONA JURÍDICA PRIVADA
Problema jurídico:
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público?
Respuesta al problema jurídico: Si
El fuero de atracción es un fenómeno procesal desarrollado jurisprudencialmente a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público. Este fuero tiene como criterio orientador para su aplicación que el daño por el cual se pretenda reparación sea el mismo y se atribuya su responsabilidad y pretensiones tanto a los sujetos de derecho privado como a las entidades estatales, frente a las cuales debe existir una mínima y fundada probabilidad de condena. Esta figura surgió jurisprudencialmente y la Ley 1437 de 2011 la desarrolla legalmente en artículos 140 y 165. (...) Así, el Consejo de Estado ha establecido que su aplicación debe ser excepcional en atención a la garantía del juez natural, máxime que cada jurisdicción tiene acciones y procesos propios que atienden a la naturaleza sustancial de los asuntos a su cargo. Por lo anterior, se requiere que se cumpla una serie de presupuestos o requisitos para su procedencia como que los hechos en los que se sustente la imputación de responsabilidad en contra de la entidad y el particular sean los mismos y que tengan la misma fuente, esto implica que los dos sujetos, con su conducta, hayan contribuido eventualmente a generar el daño y, por ende, exista una probabilidad de condena como responsables de los perjuicios causados. Adicionalmente, esta Subsección en sentencia del 13 de agosto de 2021 (Exp. 60.078) ha exigido que las pretensiones sean de la misma naturaleza para indicar que no se configura el fuero de atracción cuando al Estado y al particular demandado se le imputan pretensiones de distinta naturaleza, extracontractual a las entidades y contractual al privado, aún cuando con posterioridad a abierto esa posibilidad. Esa exigencia se sustentó en la idea de que la diferencia en la imputación de responsabilidad desvirtúa que se trate de los mismos hechos. (...) Para el análisis de esta figura, se ha precisado que el juez determina la naturaleza y fuente de responsabilidad atribuida al sujeto, para evitar que exista una alteración temeraria de la misma. En todo caso, esta figura no conlleva la modificación de las reglas de responsabilidad, toda vez que a los particulares no les es aplicable las reglas para las entidades estatales sino las del derecho privado. Por lo tanto, al margen de que el proceso se tramite ante el juez administrativo, la conducta de los sujetos de derecho privado será evaluada desde el ángulo de la normativa que les resulte aplicable, ya sea en materia contractual o extracontractual. Esta jurisprudencia permite concluir que si bien el fuero de atracción como figura en sí misma excepcional conlleva generalmente supuestos de concausalidad o litisconsorcio necesario, no se restringe estrictamente a estos eventos ya que lo importante es que la responsabilidad endilgada se atribuya al mismo hecho, para lo cual también es importante determinar en cada caso si existe una conducta eficiente o directamente relacionada con los hechos de la demanda que justifique la aplicación del fuero de atracción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fuero de atracción consultar providencias de 19 de julio de 2006, Exp. 30836, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 1 de junio de 2020, Exp. 52337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 50433, C.P. José Roberto Sáchica; de 13 de agosto de 2021, Exp. 60078, C.P. Marta Nubia Velásquez; de 18 de marzo de 2022, Exp. 58316, C.P. Marta Nubia Velásquez; de 23 de septiembre de 2024, Exp. 65268, C.P. William Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / FUERO DE ATRACCIÓN / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / RESTITUCIÓN DE MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERSONA NATURAL / SOCIEDAD / SOCIEDAD COMERCIAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA
Problema jurídico:
¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada y la persona natural demandada junto a lo relativo sobre la Beneficencia de Cundinamarca, por estimar que su actuación está involucrada en la causación del daño base de reclamación, esto es, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de un inmueble que dichos demandados adquirieron?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el caso concreto se presentan (...) condiciones excepcionales que permiten aplicar el fuero de atracción frente a los particulares, ya que se demandó a la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA así como a (...) [un particular] y (...) [una sociedad privada], por estimar que su actuación está involucrada en la causación del daño base de reclamación. En efecto, la causa petendi se sustenta en hechos concatenados que coinciden al mismo tiempo -se hacen inescindibles- y conducen al mismo daño, la alegada pérdida de las mejoras que sufrió la parte demandante, atribuida a las conductas de restitución del inmueble en el contrato de arrendamiento que se materializó con la diligencia de entrega del bien a los particulares, como adquirentes del mismo (en la diligencia de lanzamiento), lo cual conllevó a la restitución del lote del terreno con las mejoras e instalaciones objeto de reclamación en este proceso. En esta medida no se trata de extender la aplicación del fuero de atracción a cualquier tipo de pretensión extracontractual, máxime que bajo el Decreto 01 de 1984 aplicable a esta controversia no es posible la acumulación de pretensiones de diferentes acciones o medios de control; de lo que se trata, es de atender el fondo de las pretensiones contractuales de la demanda frente a un mismo daño alegado, el no pago de las mejoras que en atención a la restitución del inmueble entraron al patrimonio de los particulares, puesto que está actuación o cumplimiento de la obligación contractual del arrendamiento en el sub judice implicó en el acto tanto la entrega del bien a la BENEFICENCIA como a los particulares. Por tanto, solo en caso del incumplimiento contractual de la BENEFICENCIA deberá determinarse de fondo si le asiste algún tipo de responsabilidad o afectación a estos particulares con el pronunciamiento frente al petitum resarcitorio de pago de las mejoras o, en forma subsidiaria, las pretensiones de desenglobe y venta del inmueble cuya titularidad recae sobre los particulares demandados en este proceso. En efecto, en el caso concreto, el daño alegado es la pérdida de las mejoras derivadas de la falta del reconocimiento económico y pago de las mismas por parte de la BENEFICENCIA conforme a la cláusula octava del Contrato No. 77 de 2002 suscrito entre el demandante y la entidad pública. Daño que se alega materializado con la restitución del bien objeto de arrendamiento, al perder los demandantes tanto la posesión como la propiedad de las mejoras sin el pago correspondiente, pérdida que se materializó según los hechos y pretensiones de la demanda con la restitución del inmueble que fue recibido por la BENEFICENCIA y los particulares que compraron el bien a esta entidad pública, señor (...) y la sociedad SUPERCENTER LTDA. (...) [C]on el fuero de atracción se pretende que exista un solo juez para juzgar un mismo daño, así como evitar decisiones contradictorias, eventuales indemnizaciones múltiples o decisiones nugatorias del acceso efectivo a la Administración de justicia. En efecto, esta figura garantiza tanto el principio de economía procesal, por cuanto ahorra al demandante y a la Rama Judicial un doble proceso para pretender la misma reparación ante dos jurisdicciones como la protección del patrimonio público y evita un enriquecimiento sin causa, el cual podría producirse en el evento de que el afectado obtenga sentencia que en ambas jurisdicciones ordene la indemnización de los perjuicios que sufrió. En el caso concreto, el fuero de atracción es importante porque se alega un beneficio para los particulares con ocasión del incumplimiento de una cláusula prevista en el contrato de arrendamiento objeto de esta demanda. Por tanto, al resolver de fondo esta controversia, y establecerse alguna condena contra la entidad pública, tendrá que determinarse si existe responsabilidad conjunta o solidaria con estos particulares. Además, en caso de existir alguna condena en contra de la entidad pública, se quiere evitar que luego los particulares puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar la responsabilidad por el mismo daño. Por lo anterior, es procedente el conocimiento de esta controversia frente a (...) [los particulares], por fuero de atracción, máxime que en esta medida se garantiza la finalidad y principios procesales que le dan sustento como la economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, suscrito entre la parte demandante y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato. En la presente controversia contractual se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato de arrendamiento No. 77 del 30 de septiembre de 2002, suscrito entre la parte demandante y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, esto es, un contrato de tracto sucesivo y, por tanto, sometido a liquidación en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, el mismo debía ser liquidado de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y, si ello no era posible, de manera unilateral por la entidad, lo cual debía llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral. El contrato estableció un plazo de 5 años, contados desde el 30 de septiembre de 2002 hasta el día 30 de septiembre de 2007. Además, la entrega del inmueble se materializó el 3 de diciembre de 2007 en diligencia programada por el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá. La demanda se presentó el día 10 de septiembre de 2007, razón por la que no se había terminado el contrato de arrendamiento y no había empezado a correr el término para su liquidación. Además, para esta fecha no era obligatorio agotar el requisito de conciliación extrajudicial, por tratarse de una demanda previa a la expedición de la Ley 1285 de 2009. Por tanto, la acción se presentó dentro de la oportunidad legal, sin que se haya configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1285 DE 2009, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PARTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / GERENTE DE LA EMPRESA / SOCIEDAD COMERCIAL / SOCIEDAD
Problema jurídico:
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y representante legal de dicha sociedad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación material en la causa es un requisito procesal que significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, fundado en la relación sustancial que se aduce que existe entre las partes del proceso y el interés en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. (...) Conforme al artículo 87 del Decreto 01 de 1984, cualquiera de las partes de un contrato estatal está legitimada para instaurar la acción de controversias contractuales. En el caso sub judice la demanda se presenta por el señor (...), en su propio nombre y como representante legal de RODICARS LTDA, en condición de arrendatario, contra la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA como entidad arrendadora, frente al contrato de arrendamiento No. 77 de 2002. En la sentencia de primera instancia se encontró acreditada la legitimación en la causa de RODICARS LTDA, sin embargo, se declaró la falta de la misma para el señor (...) al señalar que sus actuaciones frente al contrato de arrendamiento fueron en calidad de representante legal de RODICARS LTDA. La parte demandante en la apelación señaló que sí existe legitimidad en la causa del señor (...) dado que firmó el contrato aclaratorio No. 1 en su doble condición de persona natural y gerente - representante legal de RODICARS LTDA. De conformidad con las fotocopias autenticadas del Contrato No. 77 del 30 de septiembre de 2002 y del contrato aclaratorio No.1 al contrato de arrendamiento principal No. 77/2001 (...), se encuentra que el contrato de arrendamiento fue firmado por las siguientes partes: en calidad de arrendadora, por la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, y en calidad de arrendatarios, por (...) [el demandante] en calidad de gerente y representante legal de RODICARS y también por (...) [el demandante], como persona natural, quienes en el texto se denominarán los ARRENDATARIOS”(...). Esta calidad se reitera en las firmas del contrato, donde se dispuso una doble firma en calidad de representante legal de RODICARS LTDA y como persona natural (...) así como en la suscripción del contrato aclaratorio No. 1, donde se establece el encabezado enunciando la doble calidad del señor (...) y con la firma donde se relaciona como “contratista” (...). Por tanto, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, ordinal primero, dado que se acredita la legitimación en la causa por activa del señor (...) en la presente acción de controversias contractuales. Dentro de la sentencia de primera instancia también se declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor (...) frente a la pretensión de condenar a la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA al pago de la totalidad de las condenas económicas, indemnizaciones y perjuicios a que pueda ser condenado en razón al proceso penal seguido en su contra en la Fiscalía Seccional Doscientos del Complejo Judicial de "Paloquemao" radicación No. 710271 por el presunto delito de Fraude de Resolución Judicial, iniciado por el señor (...), por no allegarse en la primera instancia prueba del proceso penal. Sobre el particular, la pretensión está relacionada con los perjuicios derivados de la denuncia penal interpuesta en su contra por gestiones asociadas a la ejecución del contrato de arrendamiento, por tanto, se trata de una petición consecuencial de la declarativa sobre el incumplimiento contractual. Al acreditarse legitimación en la causa para la acción contractual, se entiende que ésta también se extiende frente a las pretensiones derivadas, independientemente del mérito de las mismas y su soporte probatorio, tema que se abordará de fondo con el demás petitum de la acción. Bajo este entendido, también debe entenderse la revocatoria del ordinal primero de la sentencia de primera instancia frente a la legitimación en la causa del señor (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PARTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / RESTITUCIÓN DE MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE / PERSONA NATURAL / SOCIEDAD / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE
Problema jurídico:
¿Aunque la persona natural y la sociedad adquirientes del lote de terreno objeto de controversia no hicieron parte del contrato de arrendamiento, cuentan con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sub lite, dado que están involucradas en la causación del daño base de reclamación, atribuido al incumplimiento de ese vínculo contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA en calidad de entidad arrendadora suscribió el contrato de arrendamiento No. 77 de 2002 (...), razón por la que se acredita su legitimación en la causa por pasiva. La parte demandante solicitó la vinculación por fuero de atracción del señor [particular] (...) y de (...) [la sociedad], en calidad de adquirientes del lote de terreno y porque a raíz de una demanda interpuesta por ellos contra la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, la parte demandante se vio obligada a salir del lote de terreno, circunstancias que se acreditaron en la primera instancia y, por la cual, se declaró su legitimación en la causa. En el recurso de apelación se señaló que la legitimación en la causa también obedece “al hecho de haberse quedado los vinculados con el lote y las construcciones en él existentes” (...) y porque “se quedaron con las construcciones que luego ordenaron demoler” (...). La parte vinculada alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no es parte del contrato objeto de litigio conforme al artículo 87 del Decreto 01 de 1984, y cuestionó el fuero de atracción, ya que señala que el bien lo obtuvieron por las acciones judiciales para la entrega del bien adquirido y que se le dio oportunidad al arrendatario para retirar las mejoras, por lo que no se pudo inferir un daño al demandante (...). Esta instancia judicial encuentra que en efecto (...) [el señor] y SUPERCENTER LTDA no son parte en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, en la medida que se alega un daño atribuido al incumplimiento de ese vínculo contractual con indicios de con-causalidad endilgada tanto a la entidad pública contratante como a estos particulares, en atención a su calidad de propietarios quienes exigieron la entrega del bien que se materializó con la restitución del inmueble (diligencia de lanzamiento entre el 3 y 15 de diciembre de 2007) y quienes supuestamente se quedaron con las mejoras e instalaciones, se determinó que procede la aplicación del fuero de atracción y, por tanto, debe extenderse la legitimación en la causa para juzgar su responsabilidad, en los términos planteados en la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / NORMATIVA DEL CONTRATO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Aunque el contrato de arrendamiento celebrado por una entidad estatal se encuentra regido por el Estatuto General de Contratación de la Administrativa Pública previsto en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, en atención a la naturaleza pública de la entidad, también se regula por el derecho privado dado que la normativa especial no fijó pautas específicas para dicha tipología contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de arrendamiento No. 77 de 2002 estaba sujeto a la regulación del Estatuto General de Contratación de la Administrativa Pública, previsto en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, en atención a la naturaleza pública de la entidad arrendadora -esto es, BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA-, régimen contractual que establece como normatividad aplicable a los contratos estatales las disposiciones pertinentes contenidas en los Códigos Civil y de Comercio, salvo las materias especialmente reguladas por esta ley -artículo 13, Ley 80 de 1993-. El Estatuto General de Contratación de la Administrativa Pública no fijó pautas específicas para los contratos de arrendamiento celebrados por entidades estatales, lo que implica que continúan regulándose por el derecho privado. Sin embargo, estableció que la escogencia del contratista, en tales contratos, podía efectuarse directamente -artículo 24, numeral 1, de la Ley 80 de 1993-. El contrato de arrendamiento No. 77 de 2002, suscrito entre la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y el señor (...) y la sociedad RODICARS LTDA tuvo como objeto un globo de terreno claramente delimitado, con una destinación definida única y exclusivamente para el uso de la Sociedad denominada RODICARS LTDA, para el desarrollo de actividades relacionadas con el servicio automotriz, como se deriva de las cláusulas primera y segunda del contrato. (...) En los términos previstos, el contrato tiene un objeto específico y es el arrendamiento que recae sobre un globo de terreno que corresponde a un lote de mayor extensión con fines comerciales, esto es, que no se referencia el arriendo de un local comercial construido, pues no se establecen mayores especificaciones del bien inmueble. No se trata como señala la parte demandante de un contrato sui generis ni un contrato atípico que se rige única y exclusivamente por las disposiciones civiles y comerciales, se trata de un contrato estatal que se rige por las disposiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, esto significa, que además de las disposiciones especiales previstas para los contratos de arrendamiento también se rige por los principios de la contratación estatal. Preceptos que tienen importantes implicaciones frente al alcance de las cláusulas del contrato, especialmente, las asociadas a la duración como frente a las construcciones y mejoras, temas que fueron objeto del recurso de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL E
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE / CONTRATO ESTATAL / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la prórroga automática y la aplicación del derecho a la renovación en los contratos estatales de arrendamiento?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte demandante en la apelación manifiesta que se incumplió el contrato por la no renovación del contrato en los términos del artículo 518 del Código de Comercio, derecho que consideran tener, en atención a la aplicación de las normas civiles y comerciales como régimen jurídico del contrato; razón por la que señalan que la sentencia del Consejo de Estado que ordenó la entrega del inmueble les ocasionó un perjuicio irremediable, al producir la salida de RODICARS LTDA del predio en forma intempestiva. Situación que estima agravada al señalar que la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA ocultó su calidad de poseedora al suscribir el contrato de arrendamiento frente al inmueble. La Sala encuentra que no le asiste razón a la parte demandante en atención a que el régimen del contrato de arrendamiento en la contratación estatal conlleva la integración de la Ley 80 de 1993 y sus principios a las disposiciones civiles y comerciales aplicables en este tipo contractual. En consecuencia, no procede la prórroga automática ni resulta aplicable las disposiciones del Código de Comercio sobre el derecho a la renovación en los contratos estatales de arrendamiento. Esto es relevante para el sub judice dado que permite determinar y descartar dos temas centrales dentro de la controversia: i) que el Contrato 77 de 2002 no constituye una prórroga del Contrato 005 del 5 de marzo de 1998, por tanto, no son aplicables las cláusulas del contrato de 1998 a la relación de la controversia; y, ii) que el Contrato 77 de 2002 tras el cumplimiento del plazo contractual no se prórroga automáticamente ni se renueva en los términos del artículo 518 del Código de Comercio, en consecuencia, no es posible predicar un derecho de permanencia sobre el lote de terreno ni incumplimiento de la entidad arrendadora fuera del término contractual. La cláusula de prórroga automática del contrato no es aplicable en los contratos estatales, salvo disposición legal que expresamente la autorice, porque contraviene normas y principios imperativos de la contratación estatal como el principio de transparencia, concurrencia y buena administración (Ley 80 de 1993, art. 24 y 40). (...) En lo que corresponde al denominado derecho de renovación del arrendamiento de local comercial (Código de Comercio, art. 518), para esta Corporación es claro que en la contratación estatal tal derecho no se integra al régimen jurídico del contrato, porque contraviene la Ley 80 de 1993, dado que a las entidades estatales no se les puede imponer una renovación obligatoria e indefinida del contrato, por violar el principio de selección objetiva, libre concurrencia y los principios de la buena administración. En estos términos, no existe un derecho a la prórroga automática ni a la renovación del contrato de arrendamiento y, en consecuencia, no se predica incumplimiento alguno por la no extensión de las cláusulas de un contrato previo a la relación contractual derivada del Contrato No. 77 de 2002 y tampoco existe incumplimiento por la finalización del contrato al vencimiento del plazo contractual previsto por las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de aplicar el derecho a renovación en los contratos de arrendamiento celebrados por entidades estatales, consultar providencias de 26 de febrero de 2015, Exp. 30834, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 21 de mayo de 2021, Exp. 46797, C.P. José Roberto Sáchica Mendez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 518
CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ELEMENTO NATURAL DEL CONTRATO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS EN BIEN INMUEBLE ARRENDADO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las estipulaciones en materia de construcciones y mejoras de un contrato de arrendamiento estatal, al no ser elementos de la esencia constituyen elementos de la naturaleza del negocio jurídico, esto es, que son disponibles por las partes en el marco de la libertad contractual y dentro de los términos y límites previstos en la contratación estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sala encuentra que las reglas en materia de construcciones y mejoras de un contrato de arrendamiento estatal se guían por lo previsto en el artículo 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-, que al establecer la normatividad aplicable, los tipos contractuales y el contenido del contrato estatal, remiten a las disposiciones civiles y comerciales salvo en las materias especialmente reguladas por dicha ley. En estos términos, las estipulaciones o cláusulas sobre las mejoras y construcciones al no ser elementos de la esencia del contrato de arrendamiento constituyen elementos de la naturaleza del negocio jurídico, esto es, que son disponibles por las partes en el marco de la libertad contractual y dentro de los términos y límites previstos en la contratación estatal. Prevalece el acuerdo de las partes y a falta de éste, entran a aplicarse las normas del Código Civil. Estas reglas aplican en la medida que el bien objeto del contrato de arrendamiento es un bien fiscal y que la Ley 80 de 1993 y normas complementarias no establecen reglas específicas frente a las mejoras y construcciones sobre el predio arrendado. En atención a que en los contratos de arrendamiento es común establecer cláusulas sobre mejoras y/o construcciones, es importante, destacar los términos en los que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 delimita la libertad contractual de las partes frente al contenido y las estipulaciones de los contratos, estableciendo como límites que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, orden público, principios y finalidades de la contratación estatal y los de la buena administración.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / RESTITUCIÓN DE MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / ACCESIÓN / ACCESIÓN DE MUEBLE A INMUEBLE
Problema jurídico:
¿La regla general frente a construcciones y mejoras a falta de disposición en contrario en un contrato estatal, privilegia el consentimiento del arrendador frente a la autorización y expresa condición de abonarlas, en concordancia con la accesión como modo de adquirir la propiedad por parte del propietario del inmueble?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sala encuentra que conforme al Código Civil el régimen común de la propiedad sobre las mejoras y construcciones en el marco de un contrato de arrendamiento está regulado por los artículos 1993 y 1994 que establecen: la obligación de reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, en la medida que no se hayan hecho necesarias por culpa del arrendatario; y, que el arrendador no es obligado a reembolsar el costo de la mejoras útiles en que no ha consentido con expresa condición de abonarlas, pero el arrendatario podrá separarlas y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que esté dispuesto el arrendador a abonar lo correspondiente a los materiales. Igualmente, esta Sala encuentra relevante para esta controversia la integración de las normas anteriores en concordancia con la regulación de la accesión como modo de adquirir la propiedad, esto significa, que el dueño del predio pasa a serlo de lo que se incorpora al inmueble, sin perjuicio del deber que le corresponde de reconocer al poseedor de buena fe el valor de las construcciones, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 739 del Código Civil. Se destaca que el Código Civil en los artículos 965 a 967 establece la regulación en el evento de que la reivindicación del inmueble prospere por parte del propietario, señalando que le correspondería pagar las mejoras necesarias que se adhieren al bien y no puedan ser retiradas, o, las expensas que fueron igualmente necesarias. Por lo anterior, la regla general frente a construcciones y mejoras a falta de disposición en contrario es la aplicación de los artículos 1993 y 1994 del Código Civil, que privilegian el consentimiento del arrendador frente a la autorización y expresa condición de abonarlas, en concordancia, con la accesión como modo de adquirir la propiedad por parte del propietario del inmueble. Fuera de la relación contractual de arrendamiento entran a operar las disposiciones previstas en los artículos 965 a 967 del Código Civil. Al tratarse de una controversia que versa sobre un contrato estatal es importante destacar algunas consideraciones especiales en la materia, en atención, a los principios y normas imperativas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sobre el particular, esta Subsección en sentencia del 03 de octubre de 2020 afirmó la improcedencia de ejecución de obras o inmuebles como la improcedencia de reconocimiento de indemnizaciones por dichas obras dentro de los contratos de arrendamiento (...). Este antecedente toma relevancia frente a las disposiciones o acuerdos de las partes en materia de construcciones y mejoras y, con mayor razón, en ausencia de disposiciones en la materia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las mejoras en contratos de arrendamiento estatal, consultar providencia de 3 de abril de 2020, Exp. 41442, C.P. María Adrina MArín.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1994, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 713, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 739, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 965, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 966, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 967
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / NEGATIVA DEL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / SUBARRENDATARIO / SUBARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la pretensión de incumplimiento en el pago de construcciones y mejoras del contrato de arrendamiento, cuando se observa que se ejecutaron al amparo de relaciones contractuales anteriores al vínculo contractual que fundamenta la demanda de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
[El demandante] y la sociedad RODICARS LTDA demandaron a la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, en acción de controversias contractuales para que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento No. 77 del 30 de septiembre de 2002 que recae sobre el terreno ubicado en la carrera 24. No. 71-61 de Bogotá, en el cual se estipuló que las instalaciones y mejoras eran de propiedad de los arrendatarios. También se demandó al señor (...) y a la sociedad SUPERCENTER LTDA, en calidad de adquirentes del inmueble objeto del arrendamiento y posibles responsables de los perjuicios ocasionados. La BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA invocó la calidad de poseedora del bien al momento de la suscripción del contrato, el cual se encontraba en una disputa jurídica por la venta realizada al señor (...), que culminó con un fallo del Consejo de Estado, quien ordenó la entrega del inmueble al adquirente. En diligencia de lanzamiento, los arrendatarios tuvieron que entregar el bien y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA se negó a reconocerles el valor de las construcciones que afirmaron haber levantado a sus expensas. Los demandantes solicitan que se declare el incumplimiento del contrato, se condene a la demandada a la indemnización de perjuicios, al pago de las mejoras existentes sobre el inmueble, y se proceda con la liquidación del contrato. (...) [E]s claro que las mejoras levantadas son anteriores al Contrato No. 77 de 2002 e incluso previas al Contrato No. 005 de 1998, al incluirse en ambos, estipulaciones que reconocían las mejoras previas como propiedad de los arrendatarios. En ninguno de los contratos referenciados se indica en qué consisten las instalaciones o mejoras ni se acordaron condiciones frente a su retiro, entrega o pago al término de los mismos, por lo que no es posible establecer obligaciones tácitas de abono o pago por las mejoras allí establecidas en los términos del artículo 1994 del Código Civil, disposición aplicable en la medida que se acredita que las mejoras e instalaciones se realizaron en el marco de contratos de arrendamiento – subarrendamiento, según afirmaciones de las partes previstas en la demanda, y las pruebas referenciadas. Dado que las reclamaciones frente a las referidas mejoras previstas en la cláusula octava del Contrato No. 077 de 2002, bien sea instalaciones o mejoras de bienes removibles fueron realizadas antes de la referencia del contrato, prevista expresamente en la cláusula octava, no pueden ser objeto de estudio en el proceso, puesto se ejecutaron al amparo de relaciones contractuales anteriores al vínculo contractual que fundamenta la demanda. En consecuencia, estas condiciones constituyen el argumento principal para establecer que en la materia no existe incumplimiento del contrato No. 77 de 2002 por parte de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. (...) En este escenario es claro que al ostentar RODICARS LTDA la calidad de subarrendatario, se dieron las tratativas que permitieron suscribir en el año 1998 y luego en el año 2002 contratos de arrendamiento en forma directa con la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. Ahora bien, el régimen de las mejoras previsto en el Contrato No. 77 de 2002 (también en el Contrato No. 005 de 1998, el cual no es objeto de litigio en esta controversia) implicaba consentimiento previo y escrito de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y, de efectuarse, no procederá reembolso alguno. Luego no es posible señalar, que la cláusula octava establece obligación económica alguna a cargo de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA porque no se estableció expresamente. (...) Esta Sala encuentra un amplio acervo probatorio orientado a probar la existencia de instalaciones y construcciones, su alcance y cuantía (dictamen pericial sobre mejoras), sin embargo, en la medida que no existe obligación de pago o contraprestación derivada de la cláusula octava no se puede predicar incumplimiento del Contrato No. 77 de 2002, y resulta improcedente cualquier análisis adicional sobre las mejoras previas a esta relación contractual por sustracción de materia. De alegarse la existencia de mejoras durante la vigencia del Contrato No. 77 de 2002, las mismas no fueron acreditadas dentro del acervo probatorio ni enunciadas como elementos de la sustentación del recurso de apelación presentado por los demandantes. Incluso lo que se acredita es que al momento de la construcción -antes de 1998- no existía ninguna relación ni vínculo contractual o legal entre los demandantes y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, pues lo que se afirma -aunque no se acredita para 1976- es una condición precaria frente a la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, RODICARS LTDA ostentaba la condición de subarrendatario al tener supuestamente un vínculo contractual de arrendamiento con al señor (...), quién a su vez, ostentaba la calidad de arrendatario de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. En este escenario, las mejoras se regían por lo previsto en los respectivos contratos de arrendamiento, en su ausencia, por lo previsto en el artículo 1993 y 1994 del Código Civil, como elementos de la naturaleza, que exime al arrendador de la obligación de reembolsar su costo, si no ha autorizado expresamente su realización y pago. Esto, en concordancia con el artículo 739 del Código Civil, de modo que, las construcciones en suelo ajeno quedan como propiedad del dueño del terreno, sin perjuicio del derecho de retiro de las mismas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1994, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2004, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 739
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / NEGATIVA DEL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / POSEEDOR / CALIDAD DE POSEEDOR / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Existía la obligación de indemnización de perjuicios asociada al deber de resolver la propiedad de las mejoras al momento de entregar el inmueble arrendado al adquirente, con fundamento en la cláusula octava del contrato No. 77 del 2002 en concordancia con el objeto del arrendamiento, y por el supuesto ocultamiento de la calidad de poseedora por parte de la Beneficencia de Cundinamarca al momento de suscribir los contratos de arrendamiento?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre la existencia de posibles obligaciones adicionales asociadas a resolver la propiedad de las mejoras al momento de entregar el inmueble al adquirente. La parte apelante señala que existía esta obligación de indemnización de perjuicios con fundamento en varios argumentos que se integran en los siguientes: i) la cláusula octava del contrato No. 77 del 2002 en concordancia con el objeto del arrendamiento; y, ii) el ocultamiento de la calidad de poseedora por parte de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA al momento de suscribir los contratos de arrendamientos. (...) Sobre la cláusula octava del contrato No. 77 del 2002 y el objeto del contrato de arrendamiento (...), se reitera que las instalaciones y mejoras reclamadas se ejecutaron antes del vínculo contractual que fundamenta la demanda y, por ende, no pueden ser objeto de estudio en el proceso. Además, la cláusula referenciada al tratarse de un elemento accidental del contrato de arrendamiento debía establecer expresamente sus implicaciones. En el caso concreto, esta estipulación contractual no estableció ninguna obligación de reconocimiento económico a cargo de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA ni al momento de suscribirse el contrato, ni como una obligación sujeta a plazo, modo o condición, como sería un plazo suspensivo previsto al momento de finalizar el contrato y restituir el “globo de terreno”. Sobre el objeto del contrato de arrendamiento al momento de la restitución de la cosa arrendada, aunque se trate de un “globo de terreno”, se debe respetar lo dispuesto en el artículo 2006 del Código Civil (...). En la apelación se señaló que el ocultamiento de la calidad de poseedora por parte de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA al momento de suscribir los contratos de arrendamientos obligaba a pagar las mejoras como perjuicios de los demandantes en tanto no eran ocultas para la entidad y fueron construidas a “ciencia y paciencia del dueño del terreno” según la normativa civil. Sin embargo, para la Sala este argumento no es de recibo porque al momento de suscribirse el Contrato No. 77 de 2002 como el contrato No. 5 del 5 de marzo de 1998, era claro que la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA no tenía la titularidad del inmueble (...). Sobre el particular, se acredita con el acervo probatorio que los demandantes tenían conocimiento de construir sobre terrenos de propiedad de un tercero, y que desde el momento en que levantaron dichas mejoras -año 1976- el arrendador no era el dueño del terreno (...). Así las cosas, para la Sala es claro que no existió ocultamiento de estas circunstancias para la parte demandante. (...) A esto se suma, que la pérdida de la tenencia del bien se dio con posterioridad al vencimiento del contrato. La entrega o restitución del bien se efectuó con ocasión de la diligencia lanzamiento del 3 de diciembre de 2007, después de la terminación del contrato de arrendamiento No. 77 de 2002, cuyo plazo venció el 30 de septiembre de 2007 y que el arrendatario fue informado en forma previa y, con la debida antelación, de que tendría que entregar el inmueble al vencimiento del plazo contractual.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1992, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2006
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO DE TENENCIA DEL ARRENDATARIO / TENENCIA DEL BIEN INMUEBLE / DERECHOS DEL ARRENDATARIO / PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN Y TENENCIA / HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DEL ABOGADO DEFENSOR / COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Existía la obligación a cargo de la Beneficencia de Cundinamarca de pagar a los demandantes los honorarios de los apoderados que tuvieron que contratar para defender su posición jurídica frente al inmueble arrendado?
Respuesta al problema jurídico: No
El apelante manifiesta la obligación de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA de pagar los honorarios de los apoderados que tuvieron que contratar los demandantes para defender su posición jurídica frente al inmueble, la cual atribuyen al Contrato No. 77 de 2002 por remisión al Contrato 005 de 1998. Sobre el particular, esta Corporación desestimará la pretensión alegada puesto que del acervo probatorio se deriva que no se acreditan los perjuicios reclamados y que el arrendatario no perdió la tenencia del inmueble durante la vigencia del contrato que se extendió hasta el 30 de septiembre de 2007. (...) [E]sta Sala encuentra que esta obligación no se estableció en forma expresa en el Contrato No. 77 de 2002 objeto de litigio en esta controversia. Además, existe autonomía de la relación contractual prevista del año 2002 frente a otros vínculos contractuales, de modo que, no se predica continuidad de relaciones contractuales previas. Sobre (...) los elementos de la naturaleza del contrato de arrendamiento se encuentra que existe una obligación de defensa de la tenencia del inmueble entregado en arrendamiento conforme a las disposiciones 1974 y 1988 del Código Civil, que permiten el arrendamiento de cosa ajena y que “el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción” (inc.2, art. 1974 C.C.) y exigir la indemnización de todo perjuicio por perturbaciones por vía de hecho sobre el goce de la cosa arrendada (art. 1988 del Código Civil), situaciones que se insiste no fueron probadas en el sub judice por la parte demandante. Asimismo, deberá tenerse en cuenta los límites previstos en el Código Civil, en el artículo 1989 que establecen que las perturbaciones de derecho se dirigen contra el arrendador, y el arrendatario solo está obligado a notificarle de la turbación o molestia. En el caso concreto, la Sala no encuentra que (...) los demandantes hayan tenido perturbaciones de hecho sobre el goce del bien inmueble durante la vigencia del contrato (30 de septiembre de 2002 a 30 de septiembre de 2007), pues las afectaciones alegadas se atribuyen al hecho de la restitución del inmueble, el cual fue expresamente pactado al vencimiento del contrato. (...) Conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, pero en el caso concreto, no se demostró el proceso penal referenciado, ni el incumplimiento de la obligación de defender a los arrendatarios de las perturbación sobre el goce de la cosa arrendada, ni los perjuicios endilgados por la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1974 INCISO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1988, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1989
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GOOD WILL / TASACIÓN DEL GOOD WILL / VENTAS / ACTIVIDAD ECONÓMICA / IMPACTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por la afectación al Good Will y las ventas estimadas de la sociedad demandante, derivados de la afectación o restricción de los derechos de permanencia o renovación del contrato de arrendamiento sobre el inmueble?
Respuesta al problema jurídico: No
Obra en el expediente dictámenes periciales (...) orientados a establecer el valor promedio del Good Will y las ventas estimadas de la empresa, a partir de los documentos contables de la empresa para acreditar las pérdidas económicas de RODICARS LTDA. Estas pruebas no requieren ser analizadas toda vez que los perjuicios que pretenden acreditar se derivan como consecuencia de la afectación o restricción de los derechos de permanencia o renovación del contrato de arrendamiento sobre el inmueble en los términos del artículo 518 del Código de Comercio, derecho que no se entiende incorporado a los contratos de arrendamiento que se rigen por la Ley 80 de 1993 y derecho que no le asiste o resulta aplicable a la parte demandante. Por tanto, a diferencia de lo señalado por el a quo, la razón para negar estas pretensiones no radica en la falta de autorización de la cesión del contrato inicial a RODICARS por parte del arrendador y al rompimiento de la imputación que se podría hacer a la BENEFICENCIA. La razón de la negativa es que no le asiste un derecho de permanencia o renovación del contrato de arrendamiento a los demandantes (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 518
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENTIDAD ESTATAL / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / NEGATIVA DEL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Beneficencia de Cundinamarca incurrió en irregularidades y violación de las obligaciones contractuales por la negativa a otorgar reunión convocada por los arrendatarios para abordar el tema de las mejoras?
Respuesta al problema jurídico: No
Los apelantes señalan que la parte demandada -BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA-, incurrió en irregularidades y violación de las obligaciones contractuales que sustentan la demanda por la negativa a otorgar reunión convocada por los arrendatarios para abordar el tema de las mejoras. Para esta Sala no se acredita que exista una omisión o indebida valoración de la no asistencia o negativa a reunión de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA ante convocatoria de los arrendatarios para resolver el tema de las mejoras, por cuanto del Contrato No. 77 de 2002 no se deriva la obligación de realizar ese tipo de reuniones, razón suficiente para señalar que no se puede predicar un incumplimiento del contrato por esta razón a partir del cual se deban indemnizar perjuicios.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato constituye un balance final o ajuste de cuentas económico, técnico y jurídico, entre la administración contratante y el particular contratista, con la finalidad de finiquitar su relación contractual, razón por la cual se plasma y formaliza la situación financiera y jurídica al término de la relación contractual y el grado de cumplimiento del objeto contratado, que puede ser bilateral, unilateral y judicial, según el caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación de los contratos consiste en un corte de cuentas en la relación contractual, una figura de carácter patrimonial que se justifica en la necesidad de determinar la situación jurídica de las partes del contrato, más cuando una de ellas es el Estado. Así, el alto volumen de contratos, la disposición de recursos públicos y la protección de los principios de la función administrativa, la contratación estatal y los de la gestión fiscal, justifican su configuración dentro de la contratación estatal. Esta figura tiene como fundamentos normativos los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, modificados por los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Ley 019 de 2012. (...) En estos términos, para las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, existe la obligación de liquidar: i) los contratos de tracto sucesivo; ii) los contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo; y iii) los que los requieran. (...) De acuerdo a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 se establece las oportunidades para la liquidación del contrato estatal, asignándole competencia a las partes, la entidad estatal y a la jurisdicción para su realización, es así como surgen las modalidades de liquidación denominadas como bilateral, unilateral y judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación del contrato estatal, consultar providencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de septiembre de 2007, Exp. 16370, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / MEDIOS DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente liquidar por via judicial el contrato de arrendamiento, cuando no se allegó al acervo probatorio elementos que permitan adoptar una decisión de fondo sobre un corte de cuentas económico, técnico y jurídico sobre el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
En el sub judice, la pretensión de liquidación del contrato se orientó a incluir dentro de su contenido las condenas derivadas de esta controversia contractual, pretensiones que se niegan conforme a lo expuesto en la parte motiva. Fuera de estos elementos, no se allegó al acervo probatorio elementos que permitan adoptar una decisión de fondo sobre un corte de cuentas económico, técnico y jurídico sobre el Contrato No. 77 de 2002 suscrito entre los demandantes y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, por tal razón, no existen elementos materiales que permitan conceder la pretensión de liquidación judicial del contrato, razón por la que se niega esta pretensión. Se reitera que conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” y, en el sub judice, no se allegó ni por la parte demandante ni demandada el expediente contractual completo correspondiente a la ejecución del contrato que permita establecer un corte de cuentas entre las partes.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177