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¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad parcial por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con parte de la reserva forestal Protectora de Bosque Oriental de Bogotá, declarada y delimitada por el INDERENA con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que superpone con parte de una reserva forestal protectora, declarada y delimitada por el INDERENA o su equivalente, con anterioridad a la firma del contrato, ya que esto vicia el contrato por objeto ilícito. La nulidad del contrato es parcial y solo afecta al área que no podía ser objeto de concesión, en aplicación del principio de conservación del contrato. La Sala modifica la sentencia apelada, confirmando que la superposición acreditada no es total, por lo que la nulidad solo se aplica a las zonas concedidas que se traslapan con la reserva forestal, reafirmando la necesidad de cumplir con el procedimiento legal para la autorización de actividades mineras en áreas restringidas.síntesis automática
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial?¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella?¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-07-21Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180014100CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598 de 2014, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor de una “contraprestación por el uso” de los bienes y elementos objeto de reversión entre la fecha de terminación de los contratos y la fecha en que pagaron la compensación por su equivalente económico? ¿Podría entenderse que los bienes y elementos objeto de reversión nunca salieron del patrimonio de las compañías Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A.? Si se entendiera que los bienes nunca salieron del patrimonio de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A. ¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones 597 y 598 de 2014? No
Con base en la voluntad de las partes que suscribieron los contratos de concesión —la cual se encuentra consignada en la cláusula trigésima tercera de tales acuerdos—, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en un todo acatados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, los contratos de concesión. Por consiguiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió la propiedad de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual en ese momento.
También resuelve:¿El laudo arbitral se refirió específicamente a la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-02-24Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020210016700CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El valor del contrato de concesión 033 de 2007 se debe determinar por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso de datos al RUNT y por la expedición de certificados de información durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato? Sí
El concesionario actúa por su cuenta y riesgo en el contrato de concesión cuando asume la gestión y riesgo de un servicio que corresponde al Estado sustituyendo a éste en el cumplimiento de dicha carga, teniendo como objeto la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, donde la entidad estatal tiene la calidad de concedente y la persona natural o jurídica la de concesionario, reconociéndose y pagándose una contraprestación que puede adoptar diferentes formas como derechos, tarifas, tasas, valorización, participación en la explotación del bien, una suma periódica o porcentual, o en cualquier otra modalidad que las partes convengan conforme al artículo 32, numeral 4, constituyéndose además la reversión en elemento esencial de esta tipología contractual de manera obligatoria por ministerio de la ley.síntesis automática
También resuelve:¿El valor inicial del contrato de concesión 033 de 2007 se calcula a partir del valor total del contrato más la oferta económica aceptada por el Ministerio de Transporte con los ajustes de valor…¿Los contratos de concesión de servicios públicos deben observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993…¿La obligación de observar y garantizar la continuidad del RUNT recae tanto en el Ministerio de Transporte, como titular del servicio, así como en el contratista Concesión RUNT S.A.?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia?¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial?¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
¿la declaración de zona de reserva forestal de un terreno objeto de concesión previa se extendía de pleno derecho? Sí
Si bien comparto la afirmación de la providencia de la que me aparto, según la cual no era posible declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera FDT-096 de 15 de febrero de 2007 porque “la declaratoria de "zona de Reserva Forestal Protectora y Distrito De Manejo Integrado al Páramo de Guargua y Laguna Verde" fue posterior a la celebración del contrato”, no estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría de la Sala. En efecto, lo pertinente era indicar que, en los términos del artículo 36 de la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas)1, una vez fueron declaradas la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde, el área del contrato de concesión minera traslapada con aquellas se entendía excluida de pleno derecho.
¿Aunque el elemento por «cuenta y riesgo» es fundamental en la construcción del concepto del contrato de concesión, no es el punto central y determinante del mismo, pues debe acompasarse con el de la «vigilancia y control de la entidad estatal concedente», ya que no se puede desconocer el papel relevante que el Estado juega en el desarrollo de dicho contrato? Sí
Aunque comparto que el elemento por “cuenta y riesgo” es fundamental en la construcción de un concepto sobre el contrato de concesión, considero, a diferencia de lo que sugiere la mayoría, que no es el punto central y determinante del mismo. Un análisis aislado de dicho elemento lleva a unas conclusiones muy generales y amplias, tales como la de catalogar al concesionario como “dueño del proyecto” y, además, que “se obliga a la ejecución operativa, financiera y técnica del proyecto… y le corresponde asumir los riesgos asociados al mismo”.… Considero que el análisis del elemento por “cuenta y riesgo” debe acompasarse con el de la “vigilancia y control de la entidad estatal concedente”, que también incorpora el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
También resuelve:¿El análisis de la procedencia de las restituciones mutuas debe ir más allá del argumento de su improcedencia para los contratos de tracto sucesivo…