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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

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Fecha
2025-12-09
Radicado
05001233300020150003301
Número interno
70109
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
JUAN VARGAS RODRÍGUEZ, JORGE EDUARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JUAN CARLOS MENESES QUINTERO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.11 del CPACA… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142 y 149 núm. 13
  • Ley 1564 de 2012, art. 615
  • Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

También resuelve

  • ¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?
  • ¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…
  • ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO CONDENA CONTRA EL ESTADO COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DEL DOLO OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO VALORACIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA REQUISITOS DE LA PRUEBA REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA INEFICACIA DE LA PRUEBA INEFICACIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PROVIDENCIA JUDICIAL VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA DECISIÓN DE LA SENTENCIA CALIDAD DE LA PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA COMPORTAMIENTO CONTRAVENCIONAL RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA CLASES DE CULPA CONCEPTO DE CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE DOLO CONCEPTO DE DOLO CONDUCTA PRETERINTENCIONAL CAUSACIÓN DEL DAÑO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA OPERATIVO POLICIAL VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POSICIÓN DE GARANTE PORTE DE ARMAS DE FUEGO MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA CLASES DE PRUEBA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO CLASES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA TESTIMONIO ANTICIPADO CLASES DE TESTIMONIO AFIRMACIÓN BAJO JURAMENTO RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL DECLARACIÓN JURAMENTADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL OPERACIÓN MILITAR RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO ANÁLISIS DE LA PRUEBA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO ENFRENTAMIENTO ARMADO FALTA DE PRUEBA DE MUERTE EN COMBATE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS MUERTE DE CIVIL EN PERSECUCIÓN ADELANTADA POR AGENTE DEL ESTADO DISPARO DE ARMAS DE FUEGO USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA IMPRUDENCIA ELEMENTOS DEL DOLO ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONFIRMACIÓN DEL FALLO CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES GASTOS DEL PROCESO AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO DEBERES DEL DEFENSOR DE OFICIO

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 21.406 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. [E]sta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.11 del CPACA […]. Al verificar el factor subjetivo de competencia, la calidad de los demandados no es de aquellas que corresponderían al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, 149 NUMERAL 13, 150 Y 152 NUMERAL 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 Y ARTÍCULO 2 INCISO 1 OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA. La demanda se interpuso en tiempo […], porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes en edicto […] y el pago de la condena se efectuó [dentro] del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término de caducidad de la acción de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil, que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984; y Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis, que declaró exequible el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional está legitimada en la causa por activa, porque pagó la condena judicial impuesta por [el] Consejo de Estado en sentencia del 19 de octubre de 2011. Por otro lado, [los miembros de la Policía Nacional demandados] están legitimados en la causa por pasiva al ser los servidores públicos que, según la demanda, dieron lugar a la condena judicial. Conforme a certificaciones emitidas [por] el jefe del Área de Talento Humano de la Policía Nacional [se] evidencia que los demandados laboraban en la institución para la fecha de ocurrencia de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, rad. 16335, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / INEFICACIA DE LA PRUEBA / INEFICACIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / CLASES DE PRUEBA DOCUMENTAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROVIDENCIA JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / DECISIÓN DE LA SENTENCIA / CALIDAD DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Problema jurídico: ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al artículo 174 del CGP, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. [L]os medios probatorios aportados en la demanda no cumplen lo previsto en el artículo 174 del CGP, de modo que no serán valorados como prueba trasladada –sin perjuicio del valor probatorio que les corresponda, individualmente considerados–. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. [E]l juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las providencias […], proferidas dentro del proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad aquí demandante, serán valoradas en esos términos. [S]e tendrán en cuenta las providencias […], dictadas por la justicia penal militar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las providencias judiciales como medios de prueba, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164 Y 174 EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Uno de los presupuestos para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo? Respuesta al problema jurídico: Si La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor o exservidor público, [requiere]: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. [P]ara que proceda el medio de control de repetición [un presupuesto] es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. [D]entro del proceso de reparación directa promovido [contra] la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, [el] Consejo de Estado [profirió] sentencia que declaró administrativamente responsable a la entidad de los perjuicios ocasionados a raíz de la muerte de […]. En consecuencia, condenó al pago de 270 SMLMV, por concepto de perjuicios morales y [perjuicios] por lucro cesante. Está acreditado que la entidad demandante pagó [la] condena impuesta por el Consejo de Estado. [L]os documentos [aportados] son suficientes para demostrar el pago de la obligación indemnizatoria, por cuanto la jurisprudencia ha establecido que el Estado no está legalmente obligado a probar que la constancia del pago provenga del acreedor, sumado a que el estándar probatorio para acreditar este presupuesto puede satisfacerse a través de documentos públicos provenientes de la entidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 2024, rad. 69878, C. P. Alberto Montaña Plata; y sentencia del 24 de enero de 2024, rad. 54518, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / COMPORTAMIENTO CONTRAVENCIONAL / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / CLASES DE CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CONDUCTA PRETERINTENCIONAL / CAUSACIÓN DEL DAÑO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / OPERATIVO POLICIAL / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / POSICIÓN DE GARANTE / PORTE DE ARMAS DE FUEGO / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo corresponde a la conducta realizada con intención de generar daño a una persona o a su patrimonio? Respuesta al problema jurídico: Si La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamiento –por acción o por omisión– contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. La culpa es la conducta contraria a la que debiera haberse observado (artículo 63 del CC); una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante […]. [C]ulpa grave [es] aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo corresponde a la conducta realizada con intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. La Policía Nacional, [afirmó] que los demandados incurrieron en una conducta gravemente culposa dentro del operativo que derivó en la muerte de [la víctima]. Alegó que contrariaron mandatos constitucionales y violaron derechos humanos, ya que su función les imponía una posición de garante respecto del difunto. [L]a Sala hará énfasis en lo resuelto mediante sentencia [del] Consejo de Estado […]. [S]e determinó la existencia de un operativo policial para la captura de unos presuntos delincuentes, quienes estaban en posesión de armas de fuego y material militar. Aunque la providencia anunció que estudiaría el caso bajo el régimen de imputación de riesgo excepcional, concluyó que la conducta de los agentes fue desproporcionada y excesiva. [L]a providencia condenatoria hizo referencia al presunto uso excesivo de la fuerza. [L]a jurisprudencia [se ha ocupado] sobre el valor probatorio de las providencias condenatorias en sede de repetición. En varias ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el juez de la repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la calificación de la conducta del agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 39404, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. 47535, C. P. María Adriana Marín; y Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 CLASES DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / CLASES DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / TESTIMONIO ANTICIPADO / CLASES DE TESTIMONIO / AFIRMACIÓN BAJO JURAMENTO / RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / DECLARACIÓN EXTRAJUDICIAL / DECLARACIÓN JURAMENTADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / OPERACIÓN MILITAR / RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / OPERATIVO POLICIAL / IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Las declaraciones rendidas ante la Personería Municipal de Segovia no podrán ser valoradas en este proceso, dado que la citada entidad no está habilitada para recibir declaraciones extrajuicio? Respuesta al problema jurídico: Si Al no revestir la calidad de pruebas trasladadas, las declaraciones aportadas en la demanda deberán valorarse bajo lo previsto en los artículos 188 y 222 del CGP. El artículo 188 prescribe que los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales deberán rendirse bajo la gravedad de juramento, ante juez, notario o alcalde. En caso de practicarse sin citación de la persona contra quien se aduzcan, el testimonio se debe ratificar en los términos del artículo 222 del CGP, es decir, siempre que dicha parte lo solicite. [L]as declaraciones de […] no podrán ser valoradas en este proceso, dado que la Personería Municipal de Segovia no está habilitada para recibir declaraciones extrajuicio en los términos del artículo 188 del CGP. [O]bra declaración juramentada del coronel […]. Esta declaración es susceptible de análisis, por cuanto se recaudó como prueba trasladada del proceso penal y las partes no solicitaron su ratificación. El coronel relató que prestaba sus servicios en el batallón Bombona, con jurisdicción sobre el municipio de Segovia. Expresó que el teniente [demandado] se comunicó con él para solicitarle apoyo respecto de una operación [militar], donde se encontraban unos milicianos. La declaración merece credibilidad en cuanto a las labores de coordinación efectuadas con el teniente […]. Sin embargo, no se registra si el declarante tuvo conocimiento directo del operativo en el que falleció [la víctima], lo cual resta fiabilidad y certeza a ese aspecto del testimonio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188 Y 222 ANÁLISIS DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ENFRENTAMIENTO ARMADO / FALTA DE PRUEBA DE MUERTE EN COMBATE / ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS / MUERTE DE CIVIL EN PERSECUCIÓN ADELANTADA POR AGENTE DEL ESTADO / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / IMPRUDENCIA / ELEMENTOS DEL DOLO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CULPA GRAVE / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿Es posible determinar cuál de los agentes efectuó disparos en contra de la víctima, o que las heridas fatales provinieran de armas de dotación? Respuesta al problema jurídico: No [L]as pruebas en su conjunto no ofrecen claridad sobre las circunstancias en las que se presentó el enfrentamiento armado. Aunque la Sala pudo esclarecer que la muerte de [la víctima] se produjo en el marco de la persecución de los agentes de policía, no es posible determinar cuál de los agentes efectuó disparos en su contra, o que las heridas fatales provinieran de armas de dotación. Ello impide determinar el grado de participación de los agentes en su muerte, menos aún, si dicho resultado fue producto de una conducta intencional de alguno de ellos –dolo–, o inclusive, si hubo imprudencia en dicha conducta que fuera asemejable al dolo –culpa grave–. [L]os medios de prueba aportados [impiden] calificar la conducta de los agentes como dolosa o gravemente culposa, elemento subjetivo requerido para la declaratoria de responsabilidad del agente del Estado en repetición. La Sala encuentra acertadas las conclusiones del juez de primera instancia y del agente del Ministerio Público, razón suficiente para confirmar la sentencia recurrida en apelación. CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / INTEGRACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / DEBERES DEL DEFENSOR DE OFICIO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura. [E]l numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias persiguen un interés público. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto condena en costas […]. [P]rocede la imposición de costas en segunda instancia, porque el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad. Resulta improcedente decretar agencias en derecho, porque únicamente intervino en segunda instancia la curadora ad litem de […], quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensora de oficio (artículo 48.7 del CGP). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos de la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 71254, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65825, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 55227, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; y sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7, 361 Y 365 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201500033011100103