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NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA

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Consejo de Estado Providencia

Procede revocar la decisión que negó el decreto de una prueba trasladada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020210009501 LEY 1437 REPETICION
¿Procede revocar la decisión que negó el decreto de una prueba trasladada, pues ésta cumple con lo reglado en el artículo 174 del CGP? Sí
El contratista puede revocar la decisión que niega el decreto de una prueba trasladada si ésta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 174 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, independientemente de que la parte contra quien se aduce no haya intervenido en el proceso original en el que se practicó la prueba. La entidad estatal argumentó que la parte demandada no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del cual se pretendía trasladar la prueba, pero el tribunal consideró que el artículo 174 no impone tal requisito y que las copias de las sentencias de primera y segunda instancia aportadas con la demanda son suficientes para estudiar las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y permite que las partes utilicen pruebas trasladadas de otros procesos siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos, independientemente de la participación de la parte contraria en el proceso original.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia puede ordenar de oficio la remisión de copias y documentos necesarios para resolver el proceso contencioso.

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 27001233300020140021101 LEY 1437 REPETICION
¿Procede ordenar al juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria del 7 de diciembre de 2007, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, con su constancia de notificación y ejecutoria, que confirmó la condena de los de los acá demandados, por la muerte de unos civiles, hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad del Estado? Sí
El juez decreta la práctica y remisión de pruebas necesarias en segunda instancia con fundamento en las facultades procesales previstas en la ley. Bajo la providencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de reparación directa, se expuso que el 7 de diciembre de 2007 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó. Por consiguiente, se ordena al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria con su constancia de notificación y ejecutoria, con fundamento en lo previsto en el artículo 213 del CPACA.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada 2025-06-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020210021800 LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, siempre que la demanda haya sido presentada después del 24 de septiembre de 2021, fecha en que entraron en vigencia dichas disposiciones, salvo las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. Además, el magistrado ponente es quien debe proferir el auto que dispone el trámite de la sentencia anticipada, conforme a los artículos 125-3 y 182A del CPACA. La sentencia anticipada permite al juez dictar sentencia sin agotar las etapas procesales previas cuando se trate de asuntos de puro derecho, no haya necesidad de practicar pruebas, o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles, según lo dispuesto en el artículo 182A-1 del CPACA. En el caso examinado, se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, ya que las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda sin que se haya formulado tacha alguna, lo que permite dar aplicación a los artículos 212 y 168 del CPACA y CGP respectivamente.síntesis automática
También resuelve: ¿El auto mediante el cual se prescinde de la audiencia inicial con el fin de dictar la sentencia anticipada debe ser proferido por el magistrado ponente? ¿La sentencia anticipada autoriza al juez para prescindir de las etapas procesales que normalmente deberían agotarse previamente para dictar sentencia… ¿Se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, pues, las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda, el escrito de intervención y…
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020150003301 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? ¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio… ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe? ¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación? ¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los procesos de repetición promovidos por entidades públicas contra servidores por actuaciones dolosas o culposas.

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233100020050170301 ACCION DE REPETICION
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las demandas promovidas por entidades públicas condenadas al pago de perjuicios por actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores o exservidores públicos, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados conforme al artículo 129 del CCA, el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En el presente proceso, la corporación determinó su competencia funcional en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo dentro de la acción de repetición, confirmando la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda al no acreditarse los requisitos de responsabilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición es procedente para que la entidad pública busque la recuperación de las sumas de dinero a las que fue condenada por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? ¿La demanda fue presentada dentro del término para la acción de repetición? ¿Las partes se encuentran legitimadas para acudir al proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020110197701 ACCION DE REPETICION
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve: ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran… ¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce? ¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
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Consejo de Estado Providencia

El numeral 22 del artículo 57 del Decreto Ley 1797 de 2000, prevé que, entre otros, constituye falta grave de las fuerzas militares “Incumplir las precauciones de seguridad cuando se manejan armas, explosivos o cuando se está al mando de una embarcación, aeronave, nave o vehículo”.

Sentencia — Sentencia 2023-08-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233300020130024701 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó que la lesión sufrida por el soldado regular, por la cual el Estado suscribió y pagó la conciliación, fue causada por el demandado con su arma de dotación oficial a título de culpa grave? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el incumplimiento de las precauciones de seguridad en el manejo de armas se considera falta grave y configura la presunción de culpa grave del agente. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el régimen disciplinario de las fuerzas militares define como falta grave incumplir las precauciones de seguridad cuando se manejan armas, lo que sirve de referente para valorar la conducta. Segunda, la infracción de esa precaución, en la medida en que causa el daño con el arma de dotación oficial, encuadra en la presunción de culpa grave. En el caso, el demandado causó la lesión de un soldado con su arma de dotación oficial, y la providencia revoca la decisión de primera instancia porque la conducta se encuentra incursa en esa presunción. En la práctica, la entidad que impute culpa grave a un militar por el uso de armas debe acreditar la infracción de la precaución de seguridad y su relación con la lesión.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición, interpuesto para el reembolso del pago de las condenas contra entidades públicas por el… ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la conciliación judicial? ¿El régimen normativo aplicable al medio de control de repetición es el vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que produjeron la condena contra el Estado?
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Consejo de Estado Providencia

Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020140116001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad? ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
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Consejo de Estado Providencia

La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020110094001 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve: ¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha? ¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño? ¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
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Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233100020110000701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito… ¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco… ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
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