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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-07-13
Radicado
54001233300020140034702
Número interno
60890
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA
Demandado
JAIRO SLEBI MEDINA

Síntesis de la providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Regla de decisión

Concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, han dado lugar a una condena contra el Estado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente del Estado que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el Estado, si no se demuestra que el agente actuó con culpa grave o dolo. La Sala establece que la responsabilidad patrimonial del agente del Estado no puede extrapolarse únicamente a partir del contenido de las sentencias proferidas en un proceso de reparación directa, y que para que proceda la acción de repetición, es necesario que se demuestre que la conducta del agente fue determinante en la generación del daño que dio lugar a la condena. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de acreditar la culpa grave o dolo del agente del Estado para que proceda la acción de repetición, lo que implica que el contratista debe demostrar claramente que el agente actuó con negligencia grave o intencionalmente para que pueda ejercer este medio de control.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el Estado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177
  • Ley 1437 de 2011, arts. 164 núm. 2 y 308

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, por su actuar doloso o gravemente culposo, han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda se presentó de forma oportuna.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA GRAVE DOLO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REPETICIÓN FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VIGENCIA DE LA NORMA NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN AUSENCIA DEL DOLO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO COMPETENCIA DEL ALCALDE FUNCIONES DEL ALCALDE ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL PROCEDIMIENTO POLICIVO DE DESALOJO INDEMNIZACIÓN POR DESALOJO DEL BIEN INMUEBLE APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 9.215 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: No [C]oncurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, por su actuar doloso o gravemente culposo, han dado lugar a una condena contra el Estado. Además, porque la demanda se presentó de forma oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308 REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA Problema jurídico: ¿Al caso concreto le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: No Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso no había lugar a aplicar las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / DOLO / CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿De la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado en un proceso de reparación directa puede extrapolarse la existencia de responsabilidad patrimonial del agente en un proceso de repetición? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 90 de la Constitución Política dispone que, cuando el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de un daño, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, deberá repetir contra este. En el caso concreto, no se demostró que el demandado hubiera obrado con culpa grave (que fue como en la demanda se calificó su conducta), circunstancia que hacía inviables las pretensiones. (…) [D]ado que en este caso no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001, no es posible adoptar una decisión únicamente a partir del contenido de las sentencias proferidas dentro del proceso de reparación directa. En todo caso, debe indicarse que, en las decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, que decidieron ese proceso en primera instancia, y el Consejo de Estado (que conoció de la apelación), no hicieron ningún juicio de valor concreto sobre la conducta de los alcaldes del Municipio de San José de Cúcuta en relación con los hechos que dieron origen a la controversia. (…) incluso, en esas decisiones tampoco se estableció de manera expresa, como lo sugirió el recurrente, que la omisión en realizar la diligencia de lanzamiento se presentó una vez que el Alcalde envió el asunto a la Inspección de Policía de El Salado. Sobre lo primero, es pertinente agregar que las conclusiones a las que se llegó dentro del proceso de reparación abarcaron de manera exclusiva la responsabilidad institucional del municipio entonces demandado, las cuales no pueden traspolarse o condicionar el juicio de responsabilidad personal propio de la acción de repetición, mucho menos cuando el ex alcalde demandado no fue vinculado al proceso en el que se impuso la condena contra el Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO / COMPETENCIA DEL ALCALDE / FUNCIONES DEL ALCALDE / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PROCEDIMIENTO POLICIVO DE DESALOJO / INDEMNIZACIÓN POR DESALOJO DEL BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta? Respuesta al problema jurídico: No [E]l fundamento para la condena contra el Estado vino dada por 1) la omisión del inspector de Policía en materializar la orden de lanzamiento, así como por 2) la omisión de la Alcaldía de San José de Cúcuta frente a los requerimientos que se le hicieron para que materializara el desalojo. Luego, la Sala concluye, en la misma forma en que lo hizo el fallo de primera instancia de esta repetición, que las omisiones no podían imputarse al demandado a título de culpa grave. (…) [S]i alguna omisión pudiera imputarse al ex alcalde acá demandado porque, supuestamente, se desentendió del procedimiento de desalojo, esta omisión, en los términos de la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa, solo se le podría atribuir a partir del momento en que la sociedad afectada con la invasión de sus predios puso de presente a la administración municipal la existencia de una mora, así como la necesidad de que se procediera al lanzamiento que había sido ordenado. (…) [L]a omisión en el cumplimiento de la orden de lanzamiento no podría atribuirse al acá demandado, sino, eventualmente, al Inspector Comisionado y al Alcalde que tomó posesión del cargo con posterioridad al periodo del acá demandado, pues fue a este último al que se le hicieron los requerimientos del 7 de octubre de 1992, 4 de enero de 1993 y 11 de agosto de 1993, cuya desatención fue reprochada en la sentencia de condena contra el municipio. En conclusión, como no consta que se hubieran presentado omisiones por parte del acá demandado, que hubieran sido determinantes en la imposición de la condena contra el Estado, su conducta no pudo incidir de manera efectiva en los hechos que dieron lugar a esa condena, todo lo cual se sostiene sin perjuicio de que, si hubiera lugar a asumir que omitió el cumplimiento de la orden de lanzamiento (al menos en el tiempo trascurrido entre el envió las diligencias a la Inspección de Policía y la fecha en que dejó de tener la condición de Alcalde), tal comprobación no sería, sin ninguna consideración adicional, indicativa de un obrar gravemente culposo. APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable? Respuesta al problema jurídico: No [E]l artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al presente proceso, consagra que se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia”. La Sala, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado del demandado, quien descorrió el traslado para alegar de conclusión en esta instancia, pero también en consideración al monto de las pretensiones, considera razonable tasar las agencias en derecho en el 1% de su valor. En el expediente, las pretensiones ascendieron a $1.181’964.90216. En consecuencia, se fijarán agencias en derecho a su favor en la suma de $11’819.649. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 361
Texto extraído del PDF oficial 33.308 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 13 de julio de 2022 Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890) Demandante: Municipio de San José de Cúcuta Demandado: Jairo José Slebi Medina Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011 Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Falta de prueba del elemento subjetivo Síntesis del caso: se demandó en repetición a quien tuvo la condición de Alcalde del municipio de San José de Cúcuta, porque su omisión en darle trámite a una orden de lanzamiento, determinó la imposición de una condena contra ese municipio. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 22 de octubre de 2014, el Municipio de San José de Cúcuta presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, contra Jairo José Sleby Medina. Sus pretensiones fueron (se trascribe): “1.Se condene al señor Jairo Slebi Medina, al pago de (…) $1.181’964.902, a favor del Municipio de San José de Cúcuta, por concepto de los dineros cancelados por el Municipio (…) a la Sociedad Urbanizadora Plenosol por concepto de reconocimiento y pago de la condena impuesta por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C dentro de la Acción de Reparación Directa radicado No. 540012331000199330800201 (21290). 2. Se condene [al demandado] al pago de intereses causados desde la fecha en que se hizo efectivo el último pago, hasta la fecha en que sea cubierto el monto total de la obligación que nos ocupa por el demandado. Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890) Demandante: Municipio de Cúcuta Demandado: Jairo José Slebi Medina Referencia: Acción de Repetición Decisión: Confirmar _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 11 3. Se condene al [demandado], al pago de costas y agencias en derecho que se generen con ocasión de la presente acción”. 2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte demandante afirmó: 3. 1) El demandado fue alcalde del Municipio de San José de Cúcuta entre 1990 y 1992. En octubre de 1990, la Urbanizadora Plenosol tenía previsto iniciar trabajos de construcción en 2 terrenos de su propiedad, pero advirtió que habían sido invadidos. La Alcaldía “no llevó a cabo el desalojo de los invasores”, motivo por el cual dicha empresa promovió demanda de reparación directa contra el Estado. Obtuvo sentencia favorable de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Corporación que encontró responsable al Municipio por el incumplimiento de una decisión de 18 de julio de 1991, en la que se había ordenado el lanzamiento. El fundamento de la condena contra el Estado, consistió en que hubo un descuido del Alcalde de Cúcuta, que no hizo “cumplir, verificar y obligar” el cumplimiento del fallo de lanzamiento. 4. 2) La sentencia fue apelada por la parte actora, y el Consejo de Estado condenó al municipio demandado al pago de $1.181.964.902 a título de daño emergente, “valor que resultó de restar al valor inicial del lote, el valor de los predios que fueron vendidos a algunos ocupantes”. Esa sentencia fue cumplida el 26 de octubre de 2012. 5. 3) “…Jairo Slebi Medina, en su calidad de Alcalde Municipal de Cúcuta para la época de los hechos, actuó con CULPA GRAVE por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, al no dar cumplimiento con la sentencia policiva que ordenaba el desalojo de los invasores ilegales de los terrenos de propiedad de la Urbanizadora Plenosol Ltda., lo que originó la condena en contra del Municipio de San José de Cúcuta”. 6. En los fundamentos de derecho, la parte actora indicó: que el demandado no hizo cumplir la decisión de 18 de julio de 1991; que en la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de reparación directa, el Tribunal encontró demostrado que la Alcaldía había comisionado al Inspector de Policía de El Salado para que realizara la diligencia, quien no cumplió con lo ordenado “y ante los constantes oficios de la apoderada de la Urbanizadora, el Alcalde Municipal tampoco procedió a su cumplimiento, por lo que el desalojo nunca se realizó”. La parte actora se refirió a la presunción de culpa grave establecida en la Ley 678 de 2001, en concreto a la de “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. Indicó que en las sentencias de condena contra el Estado “se estableció [que] la conducta desplegada por el doctor Jiro Slebi Medina, en su calidad de alcalde (…) para la época de los hechos [,] originó la falla en la Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890) Demandante: Municipio de Cúcuta Demandado: Jairo José Slebi Medina Referencia: Acción de Repetición Decisión: Confirmar _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 11 prestación del servicio por omisión” al no hacer “cumplir, verificar y obligar” al cumplimiento de la orden de lanzamiento. 1.2. Posición de la parte demandada 7. La parte demandada propuso las excepciones de “Culpa exclusiva del municipio” y “culpa exclusiva de un tercero”. La primera, con respaldo en que la parte actora fue negligente en su defensa dentro del proceso reparación directa en el que se impuso la condena; la segunda, que sustentó en que la omisión no la generó el Alcalde, sino el Inspector de Policía a quien este había comisionado. 1.3. Sentencia de primera instancia 8. Negó las pretensiones de la demanda. Luego de encontrar acreditada la calidad de agente del Estado en el demandado y la existencia de una condena contra el Estado y su pago, concluyó que las omisiones en realizar la diligencia de lanzamiento no iniciaron cuando Jairo Slebi Medina era alcalde de Cúcuta. Al respecto, precisó que, en estos casos, “la conducta de culpa grave que se endilga deb[ía] ser analizada únicamente dentro de su periodo de vinculación, para de allí poder establecer su grado de responsabilidad”. 9. Encontró probado que el demandado, alcalde para el periodo 1990- 1992, y con el propósito de cumplir la orden de lanzamiento dispuesta en segunda instancia por el Departamento Jurídico de la Gobernación de Norte de Santander (orden de 18 de julio de 1991), el 21 de agosto de 1991 envió las diligencias al Inspector de Policía de El Salado, con el fin de que este, conforme con la competencia asignada por el Decreto 1355 de 1970, procediera a materializar la diligencia; que posteriormente, en octubre de 1992, y enero de 1993, la parte afectada le solicitó y reiteró al Alcalde Enrique Cuadros Corredor, el cumplimiento de la orden de la Gobernación. En esas condiciones, el Tribunal concluyó que las omisiones en el cumplimiento del procedimiento ordenado, no iniciaron cuando el demandado era Alcalde, de manera que su conducta “en nada incidió en la condena”, pues no estaba demostrado que “h[ubiera] actuado en forma negligente e imprudente al no dar cumplimiento a la orden de lanzamiento, pues no se demostró (…) que fue por su actuar que no se realizó tal procedimiento”. 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia 10. La parte actora argumentó que el demandado se desempeñó como alcalde hasta marzo de 1992, “sin que hasta tal fecha realizara todas las Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890) Demandante: Municipio de Cúcuta Demandado: Jairo José Slebi Medina Referencia: Acción de Repetición Decisión: Confirmar _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 11 acciones posibles para conminar el cumplimiento de la orden de desalojo impartida por la Gobernación de Norte de Santander” el 18 de julio de 1991. Indicó que esta determinación quedó en firme el 2 de agosto de 1991, “asistiéndole la obligación al Alcalde municipal a partir de ese momento, como jefe de policía del municipio, [de] hacerla cumplir, so pena de incurrir en omisión o desacato ante una dilación en tal obligación”. 11. Precisó que, aunque era cierto que el 21 de agosto de 1991 el Alcalde demandado envió el expediente al Inspector de Policía, debía considerarse que los “hechos” de la demanda de reparación directa promovida contra el Municipio de Cúcuta, daban cuenta de que el 25 de septiembre de 1991, la apoderada de la Urbanizadora envió una petición al Alcalde Jairo Slebi Medina en la que le solicitaba el cumplimiento de la sentencia, “hechos, que no fueron desvirtuados en el proceso de acción de reparación directa” y por los que el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, condenó al Municipio a pagar una indemnización, en decisión en la que, a juicio de la parte actora, ese Tribunal consideró que la “omisión comienza a configurarse en el momento posterior a que se comisiona al inspector de El Salado” y en la que al Alcalde se le atribuyó, en concreto, “la omisión de no hace

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201400347021100103