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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 13 de julio de 2022
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890)
Demandante: Municipio de San José de Cúcuta
Demandado: Jairo José Slebi Medina
Referencia: Repetición - Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Falta de prueba del elemento subjetivo
Síntesis del caso: se demandó en repetición a quien tuvo la condición de Alcalde del
municipio de San José de Cúcuta, porque su omisión en darle trámite a una orden de
lanzamiento, determinó la imposición de una condena contra ese municipio.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la que se negaron
las pretensiones de la demanda.
La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme a lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en
segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 22 de octubre de 2014, el Municipio de San José de Cúcuta presentó
demanda, en ejercicio de la acción de repetición, contra Jairo José Sleby
Medina. Sus pretensiones fueron (se trascribe):
“1.Se condene al señor Jairo Slebi Medina, al pago de (…) $1.181’964.902, a favor
del Municipio de San José de Cúcuta, por concepto de los dineros cancelados
por el Municipio (…) a la Sociedad Urbanizadora Plenosol por concepto de
reconocimiento y pago de la condena impuesta por el Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C dentro de la
Acción de Reparación Directa radicado No. 540012331000199330800201 (21290).
2. Se condene [al demandado] al pago de intereses causados desde la fecha
en que se hizo efectivo el último pago, hasta la fecha en que sea cubierto el
monto total de la obligación que nos ocupa por el demandado.
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890)
Demandante: Municipio de Cúcuta
Demandado: Jairo José Slebi Medina
Referencia: Acción de Repetición
Decisión: Confirmar
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3. Se condene al [demandado], al pago de costas y agencias en derecho que
se generen con ocasión de la presente acción”.
2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte
demandante afirmó:
3. 1) El demandado fue alcalde del Municipio de San José de Cúcuta
entre 1990 y 1992. En octubre de 1990, la Urbanizadora Plenosol tenía previsto
iniciar trabajos de construcción en 2 terrenos de su propiedad, pero advirtió
que habían sido invadidos. La Alcaldía “no llevó a cabo el desalojo de los
invasores”, motivo por el cual dicha empresa promovió demanda de
reparación directa contra el Estado. Obtuvo sentencia favorable de primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y
Cesar, Corporación que encontró responsable al Municipio por el
incumplimiento de una decisión de 18 de julio de 1991, en la que se había
ordenado el lanzamiento. El fundamento de la condena contra el Estado,
consistió en que hubo un descuido del Alcalde de Cúcuta, que no hizo
“cumplir, verificar y obligar” el cumplimiento del fallo de lanzamiento.
4. 2) La sentencia fue apelada por la parte actora, y el Consejo de Estado
condenó al municipio demandado al pago de $1.181.964.902 a título de
daño emergente, “valor que resultó de restar al valor inicial del lote, el valor
de los predios que fueron vendidos a algunos ocupantes”. Esa sentencia fue
cumplida el 26 de octubre de 2012.
5. 3) “…Jairo Slebi Medina, en su calidad de Alcalde Municipal de Cúcuta
para la época de los hechos, actuó con CULPA GRAVE por violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, al no dar cumplimiento
con la sentencia policiva que ordenaba el desalojo de los invasores ilegales
de los terrenos de propiedad de la Urbanizadora Plenosol Ltda., lo que
originó la condena en contra del Municipio de San José de Cúcuta”.
6. En los fundamentos de derecho, la parte actora indicó: que el
demandado no hizo cumplir la decisión de 18 de julio de 1991; que en la
sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de reparación
directa, el Tribunal encontró demostrado que la Alcaldía había comisionado
al Inspector de Policía de El Salado para que realizara la diligencia, quien no
cumplió con lo ordenado “y ante los constantes oficios de la apoderada de
la Urbanizadora, el Alcalde Municipal tampoco procedió a su cumplimiento,
por lo que el desalojo nunca se realizó”. La parte actora se refirió a la
presunción de culpa grave establecida en la Ley 678 de 2001, en concreto
a la de “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”.
Indicó que en las sentencias de condena contra el Estado “se estableció
[que] la conducta desplegada por el doctor Jiro Slebi Medina, en su calidad
de alcalde (…) para la época de los hechos [,] originó la falla en la
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890)
Demandante: Municipio de Cúcuta
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Referencia: Acción de Repetición
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prestación del servicio por omisión” al no hacer “cumplir, verificar y obligar”
al cumplimiento de la orden de lanzamiento.
1.2. Posición de la parte demandada
7. La parte demandada propuso las excepciones de “Culpa exclusiva
del municipio” y “culpa exclusiva de un tercero”. La primera, con respaldo
en que la parte actora fue negligente en su defensa dentro del proceso
reparación directa en el que se impuso la condena; la segunda, que
sustentó en que la omisión no la generó el Alcalde, sino el Inspector de
Policía a quien este había comisionado.
1.3. Sentencia de primera instancia
8. Negó las pretensiones de la demanda. Luego de encontrar acreditada
la calidad de agente del Estado en el demandado y la existencia de una
condena contra el Estado y su pago, concluyó que las omisiones en realizar
la diligencia de lanzamiento no iniciaron cuando Jairo Slebi Medina era
alcalde de Cúcuta. Al respecto, precisó que, en estos casos, “la conducta
de culpa grave que se endilga deb[ía] ser analizada únicamente dentro de
su periodo de vinculación, para de allí poder establecer su grado de
responsabilidad”.
9. Encontró probado que el demandado, alcalde para el periodo 1990-
1992, y con el propósito de cumplir la orden de lanzamiento dispuesta en
segunda instancia por el Departamento Jurídico de la Gobernación de
Norte de Santander (orden de 18 de julio de 1991), el 21 de agosto de 1991
envió las diligencias al Inspector de Policía de El Salado, con el fin de que
este, conforme con la competencia asignada por el Decreto 1355 de 1970,
procediera a materializar la diligencia; que posteriormente, en octubre de
1992, y enero de 1993, la parte afectada le solicitó y reiteró al Alcalde
Enrique Cuadros Corredor, el cumplimiento de la orden de la Gobernación.
En esas condiciones, el Tribunal concluyó que las omisiones en el
cumplimiento del procedimiento ordenado, no iniciaron cuando el
demandado era Alcalde, de manera que su conducta “en nada incidió en
la condena”, pues no estaba demostrado que “h[ubiera] actuado en forma
negligente e imprudente al no dar cumplimiento a la orden de lanzamiento,
pues no se demostró (…) que fue por su actuar que no se realizó tal
procedimiento”.
1.4. Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia
10. La parte actora argumentó que el demandado se desempeñó como
alcalde hasta marzo de 1992, “sin que hasta tal fecha realizara todas las
Radicación: 54001-23-33-000-2014-00347-02 (60890)
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acciones posibles para conminar el cumplimiento de la orden de desalojo
impartida por la Gobernación de Norte de Santander” el 18 de julio de 1991.
Indicó que esta determinación quedó en firme el 2 de agosto de 1991,
“asistiéndole la obligación al Alcalde municipal a partir de ese momento,
como jefe de policía del municipio, [de] hacerla cumplir, so pena de incurrir
en omisión o desacato ante una dilación en tal obligación”.
11. Precisó que, aunque era cierto que el 21 de agosto de 1991 el Alcalde
demandado envió el expediente al Inspector de Policía, debía considerarse
que los “hechos” de la demanda de reparación directa promovida contra
el Municipio de Cúcuta, daban cuenta de que el 25 de septiembre de 1991,
la apoderada de la Urbanizadora envió una petición al Alcalde Jairo Slebi
Medina en la que le solicitaba el cumplimiento de la sentencia, “hechos,
que no fueron desvirtuados en el proceso de acción de reparación directa”
y por los que el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y
Cesar, condenó al Municipio a pagar una indemnización, en decisión en la
que, a juicio de la parte actora, ese Tribunal consideró que la “omisión
comienza a configurarse en el momento posterior a que se comisiona al
inspector de El Salado” y en la que al Alcalde se le atribuyó, en concreto,
“la omisión de no hace
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