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INEFICACIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

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Consejo de Estado Providencia

El decreto de pruebas en segunda instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa se rige exclusivamente por el artículo 212 del CPACA.

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 76001233300420170053301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve: ¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven… ¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La sola sentencia del proceso de reparación directa no podría ser prueba suficiente del elemento subjetivo

Sentencia — Sentencia 2023-10-06 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020120060702 LEY 1437 REPETICION
¿En el medio de control de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa es prueba suficiente del elemento subjetivo? No
En la acción de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa no constituye prueba suficiente del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave del agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, las presunciones de la Ley 678 de 2001 no pueden aplicarse a conductas anteriores a su vigencia, y en el caso los hechos ocurrieron antes de ella. Segunda, la sentencia de reparación directa aplicó un régimen objetivo de imputación sin analizar la falla del servicio ni la conducta concreta del agente demandado, de modo que no ofrece el juicio subjetivo que la repetición exige. Tercera, sin prueba autónoma de la conducta, el elemento subjetivo no queda acreditado, y el recurso único de apelación no permite modificar la decisión que negó las pretensiones. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe aportar pruebas propias del dolo o de la culpa grave y no puede limitarse a invocar la condena previa.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible aplicar la presunción de dolo alegada en la demanda y en el recurso de apelación? ¿La demanda se presentó oportunamente dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? ¿En razón a que el demandado fue representado por curador ad-litem y que este no realizó ninguna actuación en esta instancia, se considera razonable no condenar en costas a la entidad demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición?

Sentencia — Sentencia 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 17001233300020190002001 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición? No
El contratista no acredita la culpa grave de los demandados en un medio de control de repetición, ya que la Sala determina que la única prueba presentada, un estudio técnico para la restructuración de la planta de personal, no demuestra la autoría ni la responsabilidad de los demandados en su elaboración. Además, la decisión de modificar la planta de personal fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente según la ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, y no por los demandados. La Sala reitera que para prosperar la acción de repetición es necesario acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, lo que no se logra en este caso, por lo que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿No se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados? ¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este? ¿La condición de agentes estatales de los demandados está acreditada, según las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020150003301 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena? ¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio… ¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
CONFIRMA