Titulación de la relatoría 29.588 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / PRUEBA DEL DOLO / GESTIÓN DEL EXSERVIDOR PÚBLICO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, [conoce] de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia […], proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, 150 Y 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRETENSIÓN LITIGIOSA ECONÓMICA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / GESTIÓN DEL EXSERVIDOR PÚBLICO / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar al demandado patrimonialmente responsable del pago realizado por la parte demandante, en cumplimiento de una sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar [al demandado] patrimonialmente responsable del [pago] realizado en cumplimiento de la sentencia […] proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad, [es] un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; [se] entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, [cuya] consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. [P]ara efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. [E]l literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará al cabo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad como plazo extintivo para ejercer el derecho de acción o reclamación de derechos, cita: Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / GARANTÍA PARA DEMANDAR / CAPACIDAD PARA SER PARTE / RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / REEMBOLSO DEL CAPITAL
Problema jurídico:
¿El demandado está legitimado en la causa por pasiva pues, presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese departamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Departamento de Caquetá se encuentra legitimado en la causa por activa, pues fue el ente condenado mediante sentencia […], proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en cuya virtud debió pagar una indemnización de perjuicios. [El demandado] está legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente, en su calidad de gobernador del Caquetá, con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta en contra de ese departamento. [S]u calidad de funcionario está acreditada con la declaración suscrita por los delegados del Consejo Nacional Electoral, según la cual [fue] elegido gobernador para la circunscripción electoral del Caquetá para el período 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2015. [F]rente a una eventual condena será éste el que deberá reintegrar el dinero al Estado.
EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGATORIEDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / PRUEBA DEL DOLO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VALOR DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿De ser condenado el Estado a la reparación de daños consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l inciso segundo del artículo 90 de la CN señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial [de] daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. [E]l legislador expidió la Ley 678 de 2001. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. [R]eglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, [al] igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. [L]a Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, [caducidad], oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. [C]omo en el sub examine los hechos que produjeron la condena [ocurrieron] en el año 2012, el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición [es] la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia del 23 de noviembre de 2016, rad. 46108, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Está acreditado que mediante sentencia el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó a ese departamento a pagar los perjuicios causados por lesiones físicas con ocasión de un accidente de tránsito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. [L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. [S]e cumple este requisito, pues está acreditado que, mediante sentencia […], el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó a ese departamento a pagar a [la víctima] los perjuicios causados por las lesiones físicas que sufrió con ocasión [de un] accidente de tránsito.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de diciembre de 2006, rad. 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 29 de mayo del 2014, rad. 42183, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 10 de diciembre de 2018, rad. 60423, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / LÍMITES A LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL GOBERNADOR / SERVIDOR PÚBLICO DE ELECCIÓN POPULAR / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El demandado, el día de los hechos se encontraba en servicio activo en el cargo de Gobernador del Caquetá?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e solicitó declarar la responsabilidad [del demandado] porque, [su] actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual [se condenó al departamento]. [L]a parte demandante aportó [como prueba]: Certificación [del] Consejo Nacional Electoral, según la cual [el demandado] fue elegido gobernador para la circunscripción electoral del Caquetá [según la] copia de la referida constancia. Acta de posesión […], mediante la cual […] tomó posesión del cargo de Gobernador del Caquetá por elección popular. Certificación [de] la Gobernación del Caquetá en la cual hace constar que “el [demandado, el día de los hechos] se encontraba en servicio activo en el cargo de Gobernador del Caquetá”. [E]stá demostrado que […] tenía la calidad de servidor público para el momento en que ocurrió el siniestro de tránsito, por el cual la entidad demandante fue condenada en un proceso reparación directa. [P]ara que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. [E]n el caso sub judice se encuentra acreditado el pago de la condena impuesta al Departamento del Caquetá mediante sentencia […] proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por la suma total de $1.351.386.959.
RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DESVIACIÓN DE PODER / VICIOS DE FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / PROVIDENCIA CONTRARIA A DERECHO
Problema jurídico:
¿Para que pueda predicarse la responsabilidad del agente es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a entidad demandante debe probar [que la] conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. [P]ara que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente [culposa]; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido [y] la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. [P]ara el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. [A]quella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. [E]l artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. [S]e presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación […]; 3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los [hechos]; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia [contrario] a derecho en un proceso judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta del agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; y sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 25659, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5
EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA ANTIJURÍDICA / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿La entidad demandante debe probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, la atribución de la conducta del agente a título de dolo o culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Q]uien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, [sin] perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. [L]a Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-354 de 2020, fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, [la] entidad demandante debía probar plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. [L]as presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales, [toda] vez que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 62571, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 Y 6
PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / CLASES DE CULPA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ / RESPONSABILIDAD POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ / LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / EFECTOS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / POTENCIALIDAD DEL RIESGO / AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA
Problema jurídico:
¿Se tiene acreditado que el demandado fue la persona que condujo un vehículo en estado de ebriedad, produciendo un accidente y contradiciendo normas de tránsito establecidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a actuación del entonces gobernador [se] encuentra incursa en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, [pues] se tiene acreditado que el demandado fue la persona [que] condujo un vehículo automotor en estado de ebriedad, produciendo un accidente y causándole lesiones físicas a […], contradiciendo [normas] de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito y faltando al deber objetivo de cuidado. [E]l informe policial de accidente de tránsito [estableció] como hipótesis de la causa del accidente “conducir en estado de embriaguez”. está suficientemente demostrado que el demandado desconoció las normas de tránsito al conducir bajo los efectos del alcohol, sin prever la posibilidad de herir a las personas que lo acompañaban en ese momento en el vehículo; sin embargo, decidió manejar en estado de embriaguez materializando un riesgo posible, más aun teniendo presente que se espera una conducta cuidadosa y diligente por parte de los conductores de vehículos y el respeto por las normas de señalización y tránsito, al tratarse del ejercicio de una actividad peligrosa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
RESPONSABILIDAD POR ESTADO DE EMBRIAGUEZ / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR EMBRIAGUEZ / CONTRAVENCIÓN DE TRÁNSITO / INFRACCIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO / AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD PELIGROSA / CULPA DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / COMPORTAMIENTO CONTRAVENCIONAL / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA
Problema jurídico:
¿Por el estado de ebriedad con el que conducía el demandado, le fue verdaderamente imposible maniobrar el automotor para evitar el aparatoso accidente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as normas de tránsito consagran sanciones para las personas que conduzcan en estado de embriaguez, pues es evidente que dicho estado impide el desempeño con plenas facultades físicas y mentales, y ponen en riesgo la seguridad propia y la de los demás usuarios de las vías, en otras palabras, dicha circunstancia, incide desfavorablemente en la prontitud de los reflejos y en la evaluación de las contingencias del tráfico, factores indispensables para una segura conducción. [S]e probó que por el estado de ebriedad con el que conducía [el demandado] le fue verdaderamente imposible maniobrar el automotor para evitar el aparatoso accidente. Bajo el anterior contexto y conforme a lo previsto en el literal E3 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, para la Sala es evidente que el demandado [violó] lo preceptuado en el Código Nacional de Tránsito, si se tiene en cuenta que manejó el vehículo en estado de ebriedad, con total desconocimiento tanto de las normas de tránsito como de los cánones de comportamiento que deben observar los servidores públicos, lo cual evidencia en su actuar negligencia, temeridad e impericia, motivo por el cual el Departamento del Caquetá fue condenado en un proceso de reparación directa. [S]i aún en gracia de discusión se estimara que el grado de embriaguez del entonces gobernador del Caquetá era grado 1, esto no lo exonera ni exime de reprochársele una conducta gravemente culposa, pues, en todo caso, se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que no estaba en las condiciones para conducir un vehículo automotor. [S]e itera, existen otras pruebas que llevan a la convicción de que el entonces gobernador había consumido licor y se encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos.
FUENTE FORMAL:
LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 131 LITERAL E3
CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / IMPREVISIÓN EN LA CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / CULPABILIDAD DEL GOBERNADOR / CLASES DE CONDUCTA ANTIJURÍDICA / CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / EFECTOS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ / COMPORTAMIENTO CONTRAVENCIONAL / CLASES DE INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRASLADO DE LA PRUEBA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALOR DE LA CONDENA / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿Se estima que la actuación gravemente culposa del demandado fue determinante en la condena que se impuso en contra del ente ahora demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a percepción directa de testigos presenciales, [en] el caso de marras corroboran que el Gobernador consumió licor durante 4 horas aproximadamente y que iba en estado de alicoramiento, [contrariando] las normas de tránsito, hecho que implica que el accionado se encuentra en uno de los supuestos de culpa grave [d]el artículo 6 de la ley 678 de 2001, lo cual no fue desvirtuado por el demandado. [A] este proceso fueron trasladadas pruebas que amplían el espectro de apreciación frente al escaso material probatorio con el que fundamentó su decisión el director de tránsito del Guamo (Tolima), quien se limitó a otorgarle valor probatorio a los dichos de […], dejando de lado las irregularidades que en este proceso se advirtieron respecto de las apreciaciones de la galena. [L]a Constitución Política en sus artículos 228 y 230 consagró la autonomía e independencia judicial en aras de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones que administran justicia, de manera que, si bien se entiende que la actividad judicial está sometida al imperio de la constitución y la ley, lo cierto es que la norma Superior reconoce [la] discrecionalidad para valorar el derecho que sea aplicable al caso concreto, lo que le otorga un margen de autonomía e independencia [al juez]. [E]l sentido de la decisión adoptado en la sentencia […], proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, será confirmado, pues se estima que la actuación gravemente culposa [del demandado] fue determinante en la condena que se impuso en contra del ente ahora demandante. [P]ara efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta [el] monto de capital que la parte demandante acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, pues la suma correspondiente a los intereses moratorios se relaciona con la tardanza en el pago por parte de la entidad pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación de la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 41281, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228 Y 230, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6