Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la Sala revocará la decisión de primera instancia
Relevancia
Unifica la jurisprudencia.
Lo que dijo la Sala
De conformidad con las pruebas que obran en el proceso y los motivos de la apelación, la Sala revocará la decisión de primera instancia, habida cuenta… [que] de la habilitación contractual de la entidad para hacer efectivas las deducciones por incumplimiento, que fueron pactadas por las partes y que impedían la declaratoria de la nulidad de actos que no constituían actos administrativos… .
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.
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Problema jurídico
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 142 de 1994, arts. 31 y 32
- Ley 1437 de 2011, art. 141
También resuelve
- ¿Las “deducciones por incumplimiento”
- ¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
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Titulación de la relatoría 13.252 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
EPM / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO PRIVADO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD
Problema jurídico:
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con las pruebas que obran en el proceso y los motivos de la apelación, la Sala revocará la decisión de primera instancia, habida cuenta (...) [que] de la habilitación contractual de la entidad para hacer efectivas las deducciones por incumplimiento, que fueron pactadas por las partes y que impedían la declaratoria de la nulidad de actos que no constituían actos administrativos (...). Naturaleza de los actos contractuales proferidos por EPM cuya legalidad se cuestiona. (...) A efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe, primero que todo, determinar la naturaleza jurídica de los actos sobre los que se pretendió la declaratoria de nulidad, toda vez que la parte actora entendió que se trataban de actos administrativos, al punto que cuestionó la falta de competencia para su expedición, mientras que la entidad demandada afirmó estar habilitada contractualmente para efectuar las deducciones por incumplimiento, materializadas en actuaciones que no compartían esa naturaleza. (...) La naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios ha sido objeto de diversas posiciones jurisprudenciales. De manera reciente, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en lo relativo a los actos precontractuales de estos prestadores. Allí se concluyó que no constituían actos administrativos, sino que eran actos jurídicos regidos por el derecho privado, en atención a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y con sustento en el principio constitucional de legalidad (...). [L]o cierto es que solo los actos precontractuales fueron objeto de la unificación jurisprudencial, pues fue precisamente este tipo de actos precontractuales los que se sometieron a estudio de la Corporación en el caso concreto. (...) En lo que respecta a la naturaleza de los actos adoptados durante la ejecución del contrato, (...) [c]omo se advierte, al tiempo que existe una posición unificada sobre la naturaleza jurídica privada de los actos precontractuales, el Consejo de Estado ha sostenido que los actos contractuales de una entidad que se rige por el derecho privado (como es el caso de los contratos celebrados por las ESP) no constituyen actos administrativos y, en consecuencia, no corresponde adelantar su control judicial por la vía de la nulidad, sino estudiar los posibles incumplimientos derivados de la aplicación del pacto contractual. (...) De las providencias citadas se colige la existencia de una postura jurisprudencial clara y justificada que encuentra solución en el derecho positivo. En desarrollo de esta posición es jurídicamente posible concluir que las comunicaciones proferidas por EPM, a través de las cuales hizo efectivos los descuentos por incumplimiento, no son actos administrativos, ni dicha empresa pretendió darle tal alcance, y, por consiguiente, deben comprenderse como decisiones que se enmarcan en la lógica del derecho privado. (...) Finalmente, y a diferencia de las consecuencias diferenciales frente al medio de control derivadas del entendimiento de los actos precontractuales como actos privados (frente a los que, de conformidad con la referida posición unificada procede, por regla general, el medio de control de reparación directa), los actos contractuales, al igual que ocurre con los contratos regidos por el EGCAP, se deben demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales (artículo 141 del CPACA). (...) En conclusión, las comunicaciones, cuya legalidad se cuestiona, no pueden catalogarse ni comprenderse como actos administrativos. (...) [D]ebe recordarse que, si las partes pactaron hacer efectivos descuentos por incumplimientos o multas, lo que le corresponde al juez es observar el cumplimiento de los precisos términos del pacto para efectos de su control y para verificar que la parte habilitada contractualmente para ejercer una facultad unilateral lo haga en cumplimiento de los requisitos pactados y sin hacer un uso abusivo de su derecho (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de septiembre de 2020, Exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de junio de 2019, Exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2017, Exp. 57394, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de febrero de 2017, Exp. 56562, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de agosto de 2016, Exp. 41783, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp. 29165, C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Exp. 24693, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp. 12342, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de octubre de 1994, Exp. 9288, C.P. Daniel Suarez Hernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EPM / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MULTA AL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN
Problema jurídico:
¿Las “deducciones por incumplimiento” (denominación que le dieron las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad) y las multas por no cumplir con las especificaciones técnicas y las características garantizadas que realizó EPM se ajustaron a lo pactado por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Análisis de los incumplimientos contractuales. (...) 1) los derivados de las deducciones por incumplimiento que dieron lugar a la aplicación de una cláusula contractual. (...) Para el análisis de este primer incumplimiento se debe observar si las “deducciones por incumplimiento” (denominación que le dieron las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad) que realizó EPM se ajustaron a lo pactado por las partes. (...) En las comunicaciones se advierte que EPM cumplió con lo pactado, esto es, la notificación previa al contratista y el haberle otorgado el término de 5 días hábiles para exponer o justificar las razones del incumplimiento. A propósito de los argumentos de defensa presentados por el contratista, se evidencia que EPM los estudió en debida forma y los contestó, como es el caso de la mora por problemas de embarque, la constitución del documento de pago, hechos imputables a quien suministraba los bienes al contratista, todas obligaciones a cargo de este último y que no lo liberaban de cumplir en el plazo pactado. También se evidencia que la entidad, en la comunicación de 25 de agosto de 2010, frente a las multas que había impuesto y a su monto, y en atención a los argumentos presentados por el contratista para reconsiderar y revocar la multa impuesta, con fundamento en nuevas pruebas que le fueron aportadas, descartó algunos incumplimientos que no resultaban imputables al contratista y redujo el monto a USD 98.017. (...) En lo que respecta a las multas por no cumplir con las especificaciones técnicas y las características garantizadas, se advierte que la entidad también se ciñó a lo pactado. (...) En conclusión, la Sala encuentra acreditado el incumplimiento de las obligaciones del contratista de entrega oportuna y de las especificaciones técnicas y características garantizadas, que, en los términos contractuales, daban lugar a las deducciones por incumplimiento (multas) que fueron pactadas por las partes y hacían procedente su declaratoria en los términos contenidos en las comunicaciones referidas. (...) Así las cosas, la Sala revocará la declaratoria de nulidad de la cláusula sexta del contrato y de las deducciones por incumplimiento proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará acreditado el incumplimiento de GFC y accederá a las pretensiones de EPM relativas a la declaratoria de incumplimiento del contratista y a que las multas están ajustadas a derecho.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / FACTURA / PAGO DE LA FACTURA / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación, que no coincide con lo pedido en la demanda y no se tiene la información ni las pruebas para decidir sobre este eventual incumplimiento en el pago, una vez superadas las diferencias sobre el índice de precios correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que respecta al reproche de [demandante] sobre el cálculo de los índices de mano de obra, se debe tener en cuenta que el propio demandante, en su recurso de apelación, manifestó que, si bien no se había probado cuál debía ser el índice a aplicar, por lo menos se debía usar alguno de los dos, aunque fuese el pretendido por la entidad. De esta manera, no se discute ya cuál debe ser el índice a tener en cuenta. Con todo, se advierte que el recurrente enumeró unas facturas que afirmó que no habían sido pagadas por la entidad, que no hicieron parte de la demanda. (...) Ocurre entonces que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación, que no coincide con lo pedido en la demanda. Mientras que en la demanda solicitó que se resolviera cuál era el índice de precios de mano de obra que se debía usar y que se ordenara el pago de una suma específica, en el recurso señaló que, ante la falta de acreditación del índice de precios se debía hacer uso, cuando menos, del índice defendido por la entidad, para que le fueran pagadas unas facturas que no presentó en la demanda y cuyo pago no pretendió. Al respecto se observa que esta Sala no tiene información para determinar si las facturas existen y cumplen con los requisitos legales, si fueron presentadas a la entidad demandada, si se presentaron bajo el entendimiento de que se debía aplicar uno u otro índice de precios, determinar si se ha efectuado algún pago de la lista de facturas que se relacionó en el recurso, pues, por los hechos de la demanda se conoce que al menos una lo fue. En general, no se tiene la información ni las pruebas para decidir sobre este eventual incumplimiento en el pago, una vez superadas las diferencias sobre el índice de precios correspondiente, por lo que procede negar esta pretensión.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022
Radicación: 05001-23-31-000-2011-01824-01 (66700)
Demandante: General Fire Control Ltda.
Demandada: Empresas Públicas de Medellín
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – régimen jurídico aplicable – multas en derecho privado –
naturaleza jurídica de los actos – nulidad de actos contractuales – incumplimiento contractual
– medio de control procedente.
Síntesis del caso: el actor solicitó la declaratoria de la nulidad de los actos en los que se
materializaron deducciones por incumplimiento, en un contrato regido por el derecho privado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de
la Sentencia proferida por el Tribunal Admi nistrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, el 7 de octubre de 2020, que declaró la nulidad de los actos
acusados y negó las demás pretensiones de las demandas1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de las partes demandantes – 1.2. Posición de las partes demandadas
– 1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en primera y segunda
instancia
1.1. Posición de las partes demandantes
1. El 15 de noviembre de 2011 la sociedad General Fire Control Ltda., presentó
demanda, en ejercicio de la acción contractual , en contra de las Empresas
Públicas de Medellín (EPM) , con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se trascribe):
“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la comunicación N ° 01506832 del 9
de marzo de 2009, […] mediante la cual se impuso a la demandante multa
por incumplimiento en el plazo de entrega, por valor de […] (US$263.368,6)
con fundamento en el numeral 5.13 deducciones por incumplimiento
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo (CCA).
Radicación: 05001-23-31-000-2011-01824-01 (66700)
Demandante: General Fire Control Ltda.
Demandada: Empresas Públicas de Medellín
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia apelada
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(multas), del pliego de condiciones del proceso de contratación N° 029158, y
con ocasión de la ejecución del contrato N° 29990329557.
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la comunicación N° 1657886 del 25
de agosto de 2010, […] mediante la cual se modificó la multa impuesta
mediante comunicación N° 01506832 del 9 de marzo de 2009,
disminuyéndola a la suma de […] (US$98.017).
TERCERA. Que se declare la nulidad de la comunicación N° 1704011 del 25
de enero de 2011 […] mediante la cual se impuso multa por no cumplir las
especificaciones técnicas y cara cterísticas garantizadas por valor de […]
($17.563.747,1,) con fundamento en el numeral 5.13 deducciones por
incumplimiento (multas), del pliego de condiciones del proceso de
contratación N° 029158, y con ocasión de la ejecución del contrato N°
29990329557.
CUARTA. Que se declare la nulidad de la comunicación N° 1706515 del 2 de
febrero de 2011, [en la que] EPM informa a la demandante que el valor de la
multa por no cumplir con las especificaciones técnicas y características
garantizadas, para la fecha, asciende a la suma de $35.200.994.
QUINTA. Que se declare la nulidad de la comunicación N° 1758402 del 6 de
julio de 2011, […] mediante la cual se actualizaron las multas impuestas, al día
4 de julio de 2011 a […] (US$153.957) más […] ($120.226.764).
SEXTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene
a las Empresas Públicas de Medellín -EPM E.S.P., a la devolución de los dineros
retenidos con ocasión de la imposición de las referidas multas, más los
intereses moratorios causados desde la fecha de la retención y hasta la fecha
de la devolución.
SÉPTIMA. Que se ordene a las Empresas Públicas de Medellín -EPM E.S.P., al
pago de la suma de […] ($616.834.648), más IVA, así como los respectivos
intereses moratorios acordados, DTF bancario más cinco (5) puntos, desde la
fecha de exigibilidad de la obligación, hasta la fecha real de pago, por
concepto de reajustes de precios, a la luz de lo establecido
contractualmente.
OCTAVA. Que se condene a las Empresas Públicas de Medellín -EPM E.S.P., al
pago de todos los perjuicios causados a mi representada y que resulten
probados, con ocasión de la expedición de los citados actos demandados,
incluyendo daño emergente, lucro cesante, así como corrección monetaria
[…].
2. En la demanda2 la parte actora presentó las siguientes afirmaciones y hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:
3. 1) EPM, “en relación con sus actos y contratos, y como empresa de servicios
públicos regulada por la Ley 142 de 1994, se rige por las reglas del derecho
privado”.
4. 2) En el pliego de condiciones d el proceso de contratación 29158 se
establecieron deducciones por incum plimiento. Con fundamento en esta
estipulación, EPM impuso multas sucesivas al contratista. En las comunicaciones
de 9 de marzo de 2009 y de 25 de agosto de 2010 se impuso una multa por el
incumplimiento en el plazo de entrega de algunos bienes, a pesar de que la
mora en la entrega se debió a causas atribuibles a la entidad demandada. El
25 de enero de 2011 se impuso una nueva multa, “esta vez por no cumplir con
las especificaciones técnicas y características garantizada s […] que se ha
venido actualizando semana tras semana”.
2 Folios 163-189 del cuaderno principal I.
Radicación: 05001-23-31-000-2011-01824-01 (66700)
Demandante: General Fire Control Ltda.
Demandada: Empresas Públicas de Medellín
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia apelada
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5. 3) Sobre el régimen jurídico que disciplinó el contrato, a gregó que la
imposición de multas “ procede en el ámbito de la Ley 80 de 1993, pero no
respecto de la contratación que es ajena a ellos, puesto que en estos casos el
Estado actúa en plano de igualdad con los particulares”.
6. 4) Indicó que la entidad demandada le adeudaba $616.834.684 , por
concepto de ajustes de índices de precios de mano de obra que no habían
sido reconocidos ni pagados al demandante, resultado de diferencias frente a
la aplicación de la fórmula contenid a en el pliego de condiciones, lo que
constituyó un incumplimiento contractual.
7. En el apartado relativo al concepto de la violación, la parte actora señaló
que, “aunque en virtud del principio de autonomía de la voluntad […] se haya
pactado la imposición de multas ”, la entidad no podía hacerlas efectivas
mediante la expedición de actos administrativos, porque no podía ejercer una
potestad para la que no tenía habilitación legal, por lo que los actos
administrativos fueron adoptados sin la debida competencia.
8. El 8 de noviembre de 2012 EPM presentó una demanda de reconvención3 en
contra de General Fire Control Ltda, con el objeto de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
PRETENSIONES PRINCIPALES:
1. Como pretensión principal: que se declare que General Fire Control
Ltda., incumplió el contrato N° 29990329557 suscrito con esta entidad, motivo
por el cual se le impusieron unas multas de acuerdo con lo estipulado en los
documentos contractuales.
2. Que se declare que las multas impuestas por EPM están conforme a
derecho, pues se rigieron por lo estipulado en los documentos contractuales
y por las normas sobre la materia.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a
General Fire Control Ltda., pagar a EPM las siguientes sumas que fueron
impuestas en las multas […] por incumplir el plazo de entrega de unos bienes
y por no cumplir con las especificaciones técnicas y características
garantizadas […] USD 223.127 más COL$ 174.241.689.
PRIMERA SUBSIDIARIA: Toda vez que de acuerdo con los numerales 5.13 en
concordancia con el 2.5 del pliego de condiciones, pruebas 1.2 y 1.5 de EPM,
respectivamente, EPM estaba autorizada para retener hasta el 10% del valor
del contrato a fin de cubrir las multas, esta entidad efectivamente tiene
retenida la suma de COL$330.328.198, pru eba 8.7 de EPM, razón por la cual
se solicita que de no prosperar las pretensiones principales, se declare que la
retención realizada por mi representada está ajustada a derecho, según el
contrato y en ese orden de ideas EPM pueda disponer de dicho retenid o
para pagarse las multas.
SEGUNDA: Que General Fire Control Ltda., le reconozca a EPM los costos,
‘perjuicios’, en que incurrió EPM después de la fecha de finalización del plazo
del contrato y sus ampliaciones, del contrato N° 29990329557. Los perjuicios
se estiman, en suma superior a […] (COL$ 2.093.974.299).
TERCERA: Que sobre las anteriores sumas se paguen los respectivos intereses
moratorios según lo acordado en el numeral 2.4 del pliego de condiciones
‘DTF bancario + cinco (5) puntos ’, toda vez que los perjuicios causados y las
multas impuestas obedecieron a incumplimientos del contratista. […]”.
3 Folios 319-345 y 351-354 del cuaderno 2.
Radicación: 05001-23-31-000-2011-01824-01 (66700)
Demandante: General Fire Control Ltda.
Demandada: Empresas Públicas de Medellín
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia apelada
_________________________________________________________
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