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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: Microcom Ltda no pretendió la nulidad de la Resolución

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Fecha
2022-01-26
Radicado
05001233100019980164701
Número interno
50329
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COLOMBIANA DE MICROCOMPUTADORAS Y COMUNICACIONES LTDA - MICRICOM LRDA
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: Microcom Ltda no pretendió la nulidad de la Resolución

Lo que dijo la Sala

Microcom Ltda no pretendió la nulidad de la Resolución… que desestimó la reposición promovida en contra de la Resolución… por la cual se declaró el incumplimiento del contrato, ordenó su liquidación e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. El actor desatendió lo previsto en el artículo 138 del CCA que obliga a demandar las decisiones que confirmen los actos acusados en la vía gubernativa y, por lo tanto, se modificará la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la Resolución número 61.223, se declarará la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión 1.2 de la demanda lo cual obliga a inhibirse para pronunciarse de fondo sobre ella.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 138

También resuelve

  • ¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a…
  • ¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación…
  • ¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE SUMINISTRO INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA INEPTITUD DE LA DEMANDA DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO RECURSO DE REPOSICIÓN DECISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL DECISIÓN DEL RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA PRESENTACIÓN DEL RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA GUBERNATIVA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CLÁUSULAS DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PODER OFICIOSO DEL JUEZ OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES NULIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DEMANDA CONTENIDO DE LA DEMANDA FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA HECHOS DE LA DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA EXCEPCIÓN DE DEMANDA PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ COMPETENCIA DEL JUEZ MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO IMPULSO DEL PROCESO JUSTICIA ROGADA ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO CAUSALES DE NULIDAD DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ACTO JURÍDICO UNILATERAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO TERMINACIÓN DEL CONTRATO CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RÉGIMEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LÍMITES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO EPM NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Prestación de servicios y contrato realidad Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?

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Titulación de la relatoría 18.193 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SUMINISTRO / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / RECURSO DE REPOSICIÓN / DECISIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL / DECISIÓN DEL RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA / PRESENTACIÓN DEL RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA / RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA GUBERNATIVA Problema jurídico: ¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Respuesta al problema jurídico: Si Microcom Ltda no pretendió la nulidad de la Resolución (…) que desestimó la reposición promovida en contra de la Resolución (…) por la cual se declaró el incumplimiento del contrato, ordenó su liquidación e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. El actor desatendió lo previsto en el artículo 138 del CCA que obliga a demandar las decisiones que confirmen los actos acusados en la vía gubernativa y, por lo tanto, se modificará la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la Resolución número 61.223, se declarará la ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión 1.2 de la demanda lo cual obliga a inhibirse para pronunciarse de fondo sobre ella. Aunque en el expediente no hay constancia de la notificación de dicho acto lo cierto es que la entidad citó a Microcom Ltda para esos efectos (...), se allegó copia de la resolución junto con la demanda y esta se relacionó en la liquidación unilateral (…), en consecuencia, el actor podía incluir la resolución en sus pretensiones sin que se advierta alguna dificultad que lo eximiera de cumplir con esa carga. En contraste, en relación con la Resolución (…), que impuso una multa el actor no estaba obligado a cuestionar la legalidad de la Resolución (…) que negó una solicitud de nulidad por transgresión al derecho de defensa ni de la Resolución (...) que desestimó una solicitud de revocatoria directa, porque dichas decisiones no hacen parte de la vía gubernativa y tampoco generan una situación jurídica nueva o distinta a la del acto que multó al contratista. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / OBJETO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / NULIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a voluntad de las partes? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto no operó la caducidad de la acción porque el último acto cuestionado, la Resolución (…) que resolvió el recurso de reposición promovido en contra de la liquidación, se notificó personalmente (…) y la demanda se presentó el (…) mismo año (...). Ahora bien, el apelante sostiene que el tribunal no podía anular oficiosamente el pliego de condiciones; sin embargo, ello no fue lo que ocurrió en el presente asunto, en efecto, (…) se perfeccionó el negocio celebrado entre las partes, pues, ese día se le notificó al demandante la adjudicación del contrato SCN-3439-I (...) del que hacía parte integrante el pliego de condiciones que contiene el clausulado del acuerdo por expresa disposición de los documentos contractuales. En consecuencia, las cláusulas del acuerdo de voluntades que se perfeccionó en abril de 1995 estaban contenidas en el pliego de condiciones, por cuanto, las partes no suscribieron un nuevo documento para pactar las cláusulas desde el inicio del proceso de selección acordaron que el clausulado sería el previsto en el pliego. Así las cosas, la declaratoria oficiosa de nulidad hecha por el tribunal no recayó sobre el pliego considerado como tal sino sobre las cláusulas del negocio estipuladas en ese documento, en otras palabras, cuando se perfeccionó el contrato el clausulado del pliego pasó a ser parte integrante de este, de ahí que el a quo pudiera anular de oficio algunos de sus apartados lo que lleva a confirmar la sentencia en este punto. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE DEMANDA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPULSO DEL PROCESO / JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CAUSALES DE NULIDAD / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación, son requisitos que el accionante debe suplir al momento de solicitar la nulidad de actos administrativos para desvirtuar la presunción de legalidad que los ampara? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 305 del CPC determina que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones, y por ello prohíbe que se condene al demandado por objeto distinto del pretendido o por causa diferente a la invocada en la demanda. Por tanto, la congruencia obliga al juez a reconocer en la sentencia únicamente lo pedido, constituye una manifestación del derecho al debido proceso, una expresión del sistema dispositivo donde incumbe a las partes impulsar el proceso y, un reflejo del principio de justicia rogada. En esa medida, en las acciones que tienen por objeto controlar la legalidad de actos administrativos el principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de nulidad y el concepto de violación cobran mayor relevancia porque al demandante corresponde desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos, por cuanto “carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos”. En este caso, el apelante no desarrolló con suficiencia su inconformidad pues, no describe en qué consiste la incongruencia y, de todas maneras, lo cierto es que el tribunal sustentó su decisión en los cargos propuestos por el demandante relacionados con la falta de competencia para expedir los actos acusados y, como ya se advirtió, anuló oficiosamente unos apartados del clausulado contractual con fundamento en las facultades que el ordenamiento le otorga, en consecuencia, no se advierte la alegada incongruencia. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305 CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a una de las partes para expedir actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a finalidad que informa la contratación dispuesta para las prestadoras de servicios públicos de que trata la Ley 142 de 1994, (…) es, la aplicación en términos generales de normas de derecho privado -aunque no total- en su actividad contractual, a menos que expresamente se prevea lo contrario. De esta forma, debe entenderse que los contratos que se someten a la remisión no son solo aquellos que tienen por objeto cumplir de manera directa las funciones de la entidad en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios sino, también, todos aquellos que suscriban las ESP en tanto el criterio para identificar la excepción al régimen público es en principio orgánico a menos que la ley disponga la aplicación del EGCAP. (…) En esa medida el régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado que, no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a una de las partes para expedir actos administrativos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos regidos por normas de derecho privado, ver sentencia de 24 de octubre de 2016, Exp. 45607, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, auto de 23 de septiembre de 1997, Exp. S-701, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Igualmente ver sentencia de la Corte Constitucional, C 066 de 11 de febrero de 1997, Exp. D-1394, M.P. Fabio Morón Díaz. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LÍMITES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable a los contratos de las empresas de servicios públicos es el de derecho privado, por tanto, no es posible incluir cláusulas exorbitantes para hacerlas efectivas unilateralmente a través de acto administrativo, a no ser que exista una norma expresa que los habilite para ejercer dichas potestades excepcionales? Respuesta al problema jurídico: Si Las partes pueden pactar las cláusulas que estimen convenientes para obtener la finalidad perseguida con el contrato, siempre que no contravengan disposiciones de obligatoria observancia. En principio, la inclusión de multas para castigar el incumplimiento de las obligaciones, la previsión de causales de incumplimiento y de terminación del contrato y, la tasación anticipada de perjuicios pueden pactarse en todo contrato, siempre que el ordenamiento no lo prohíba, pues, las partes pueden disponer libremente de sus intereses con las limitaciones anotadas, pero, lo que no pueden hacer “es pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas unilateralmente, pues según se vio, dicha facultad deviene directamente de la ley y no del pacto o convención contractual”. En efecto, para el momento de los hechos el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 disponía, en términos generales, que los contratos de las empresas de servicios públicos se regían por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Así, la disposición en comento prevé que, por regla general, el régimen jurídico aplicable a los contratos es el derecho privado, por tanto, no era posible incluir las mencionadas cláusulas para hacerlas efectivas unilateralmente a través de acto administrativo porque el contrato estaba excluido de la aplicación del Estatuto General de Contratación que, es el que otorga competencia para el efecto, aunque es del caso aclarar que el artículo 31 en cita prevé la posibilidad de que en estos contratos se incluyan cláusulas exorbitantes regidas en un todo por el EGCAP siempre que las comisiones de regulación así lo ordenen. (…) Aunque las autoridades, en términos generales, pueden ejercer la autotutela declarativa y definir unilateralmente aspectos de la relación contractual, ello solo procede cuando exista norma expresa; en efecto, el ejercicio de competencias administrativas para proferir actos está sujeta a la previa habilitación constitucional o legal y esta no puede suplirse por un acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, en otras palabras, los acuerdos o pactos no pueden prever nomas de competencia porque estas son de orden público e indisponibles a través de un negocio jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las facultades excepcionales en la contratación administrativa, ver sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14579, C.P. German Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1 NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EPM / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos de terminación, liquidación e imposición de multas en el contrato administrativo, por acreditarse la falta de competencia de EPM para imponerlos al carecer de facultades exorbitantes? Respuesta al problema jurídico: Si La demandada asegura que para el momento de los hechos era un establecimiento público y que solo perdió esa categoría cuando se transformó en empresa de servicios públicos por disposición del Acuerdo (...) del concejo municipal de Medellín; no obstante, esa circunstancia no está acreditada en el expediente de conformidad con el artículo 188 del CPC, porque la solicitud probatoria para incorporar dicho acuerdo fue negada según quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 189 de la Ley 142 de 1994 dispuso que “salvo cuando ella disponga otra cosa, esta ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial” y, solo previó un régimen de transición para la transformación de las empresas existentes (artículo 180, 181 y 185), tarifas (artículo 179), estratificación (artículo 184), inspección, control y vigilancia (artículo 185) y, funcionamiento de las comisiones de regulación (artículo 188), sin que estableciera la posibilidad a las prestadoras en proceso de transformación contratar con un régimen anterior o distinto al allí previsto. En consecuencia, con independencia de la categoría o naturaleza jurídica de la demandada, la Ley 142 de 1994 reguló el régimen contractual de las ESP de acuerdo con lo cual la demandada no tenía competencia para expedir los actos administrativos cuestionados, tal como lo sostiene la posición vigente y mayoritaria en contratos sometidos al derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaratoria de nulidad de actos administrativos por falta de competencia, ver sentencias de 19 de junio de 2020, Exp. 46589, C.P. María Adriana Marín, sentencia de 19 de junio de 2019, Exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata, sentencia de 15 de noviembre de 2011, Exp. 21178, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 23 de septiembre de 2009, Exp. 24639, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 22 de junio de 2011, Exp. 20867, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 188, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 179, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 180, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 181, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 184, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 185, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 188, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 189
Texto extraído del PDF oficial 35.624 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022). Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 05001-23-31-000-1998-01647-01 (50.329) Demandante: COLOMBIANA DE MICROCOMPUTADORAS Y COMUNICACIONES LTDA Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS DE EPM Síntesis del caso: las partes celebraron un contrato para el suministro e instalación de unos computadores; sin embargo, la entidad consideró que estos no cumplían con las especificaciones pactadas y por ello a través de actos administrativos multó al contratista, declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y liquidó el contrato unilateralmente. El contratista pretende la nulidad de esas decisiones por falta de competencia. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 24 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 496 a 520 cdno. ppal.) mediante la cual se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR de oficio la nulidad parcial del inciso segundo del numeral 5.8 del pliego de condiciones - licitación 2081-GI aplicable al contrato SCN-3439-I, en virtud de lo dispuesto en la cláusula sexta de l mismo, en la expresión ‘la exposición de multas al contratista se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el procedimiento gubernativo en Colombia’. SEGUNDO: DECLARAR de oficio la nulidad absoluta parcial del inciso segundo del numeral 5.7 del pliego de condiciones - licitación 2081-GI aplicable al contrato SCN-3439-I, en virtud de lo dispuesto en la cláusula sexta del mismo, en la expresión ‘ el valor de esta pena pecuniaria se tomará directamente de cualquier suma que se le ad eude a EL CONTRATISTA, si la hay, o de la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial’. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 55.812 de 10 de julio de 1996, por medio de la cual se impone una multa , proferida por el gerente general y el director de informática de Empresas Públicas de Medellín ESP. CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 61.223 de 2 de enero de 1997, proferida por el gerente general por medio de la cual 2 Expediente: 05001-23-31-000-1998-01647-01 (50.329) Actor: Colombiana de Microcomputadoras y Comunicaciones Ltda Controversias contractuales Apelación de sentencia se declara el incumplimiento de un contrato, proferida por el gerente general y el director de informática de Empresas Públicas de Medellín ESP. QUINTO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 73.390 de 3 de octubre de 1997, por medio de la cual se liquida un contrato y 79.481 de diciembre de 24 de 1997, que la confirma proferidas por el gerente general y el director de informática de Empresas Públicas de Medellín ESP. SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. SÉPTIMO: Sin condena en costas. OCTAVO: En firme esta providencia archívese el expediente.” (fls. 519 y 520 cdno. ppal. - mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original). I. ANTECEDENTES La demanda Mediante escrito radicado e l 24 de junio de 1998 (fl. 339 cdno. ppal.) la sociedad Colombiana de Microcomputadoras y Comunicaciones Ltda (Microcom Ltda) presentó demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (CCA) (fls. 307 a 339 y 342 a 344 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas: “PRIMERA: 1.1. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 55 .812 de 10 de julio de 1996, ‘por medio de la cual se impone una multa’. 1.2. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 61 .223 de 2 de enero de 1997, ‘por medio de la cual se declara el incumplimiento de un contrato’. 1.3. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 73 .390 de 3 octubre de 1997, ‘por medio de la cual se liquida un contrato’. 1.4. Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 79.481 de 24 de diciembre de 1997, ‘por medio de la cual se resuelven unos recursos’. SEGUNDA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a las Empresas Públicas de Medellín a reconocer y pagar a COLOMBIANA DE MICROCOMPUTADORES Y COMUNICACIONES LTDA, MICROCOM LTDA, todos los daños y perjuicios causados con la expedición de los mencionados actos administrativos de acuerdo con la estimación que se presenta con esta demanda o la que resulte probada dentro del proceso, la cual deberá ser actualizada en su valor según los términos consagrados en el artículo 178 del CCA. TERCERA: 3 Expediente: 05001-23-31-000-1998-01647-01 (50.329) Actor: Colombiana de Microcomputadoras y Comunicaciones Ltda Controversias contractuales Apelación de sentencia Se condene a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN a reconocerle al demandante el lucro cesante sobre la suma a que se refiere la petición segunda anterior, una vez ajustada o actualizada año por año; lucro consistente en el interés civil puro, esto es, el doce por ciento anual, desde la fecha de la notificación de esta demanda hasta cuando se produzca el resarcimiento. CUARTA: Se condene en costas a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN.” (fls. 342 y 343 cdno. ppal. - mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del texto original). Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso , en síntesis, lo siguiente: 1) El 4 de abril de 1995 Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) le notificó a Microcom Ltda la adjudicación del contrato SCN -3439-I para el suministro e instalación de 89 computadores con Microsoft Office. 2) Los equipos se entregaron con 8 MB de memoria RAM pero el contrato preveía 32 MB y por ello el contratista le instaló más memoria a quince equipos pero, mientras adquiría el resto de módulos para los demás computadores, EPM dictó los siguientes actos administrativos: i) Resolución número 55.812 de 10 de julio de 1996 que impuso multa al contratista ; ii) Resolución número 61.223 de 2 de enero de 1997 que declaró el incumplimiento del contrato, ordenó su liquidación e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria; iii) Resolución número 73.390 de 3 de octubre de 1997 que liquidó unilateralmente el contrato e incorporó en el cruce de cuentas $9.994,08 USD de la multa, $44.500 USD de la cláusula penal pecuniaria y, $32.315,93 USD como saldo a favor de la entidad para un total de $85.810,01 USD y; iv) Resolución número 79.481 de 24 diciembre de 1997 que desestimó la reposición promovida en contra de la liquidación. Cargos de la demanda El demandante consideró que fueron desconocidos los artículos 2, 6, 90, 121, 122 y 209 de la Constitución Política, y los artículos 4, 5, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 44, 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. 4 Expediente: 05001-23-31-000-1998-01647-01 (50.329) Actor: Colombiana de Microcomputadoras y Comunicaciones Ltda Controversias contractuales Apelación de sentencia La solicitud de nulidad se sustentó en la “falta de competencia” dado que la entidad no podía imponer multas, liquidar el contrat o ni hacer efectiva cláusula penal de forma unilateral; “ violación a la Ley 80 de 1993 ” porque la prestadora carecía de competencia para liquidar unilateralmente el contrato; “ pliego de condicione s” por cuanto solo la ley puede asignar competencia para definir unilateralmente aspectos del contrato; “ violación de los principios generales de la contratación ” ya que la entidad actuó en contra de la buena fe cuando pasó por alto que el contratista adelantaba las gestiones necesarias para cumplir lo pactado y , “violación de la Constitución Nacional” toda vez que la prestadora se extralimitó en el ejercicio de sus funciones. Contestación de la demanda Mediante escrito radicado el 12 de octubre de 1999 (fl. 381 cdno. ppal.) la entidad, de un lado, aclaró que desde el proceso de selección exigió los 32 MB de memoria RAM y, de otro, sostuvo que era competente para proferir los actos administrativos acusados por disposición d el pliego de condiciones y porque la Ley 80 de 1993 habilita a liquidar unilateralmente el contrato. En escrito de 12 de octubre de 1999 (fl. 426 cdno. ppal.) la compañía Liberty Seguros SA –vinculada como litisconsorte– insistió en la falta de competencia de la entidad para expedir las resoluciones demandadas. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 24 de junio de 2013 accedió parcialmente a las pretensiones con los siguientes fundamentos: 1) Los actos demandados son nulos porque la entidad carece de competencia para multar al contratista, declarar el incumplimiento, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y liquidar unilateralmente el contrato, por cuanto la ley no le otorga esas potestades que son propias de los contratos regidos por las normas de la Ley 80 de 1993. 2) Los numerales del pliego de condiciones que atribuyeron a EPM competencia para expedir actos administrativos son nulos por el hecho de que solo el legislador puede asignar válidamente la función para adoptar ese tipo de decisiones. 5 Expediente: 05001-23-31-000-1998-01647-01 (50.329) Actor: Colombiana de Microcomputadoras y Comunicaciones Ltda Controversias contractuales Apelación de sentencia 3) La condena al pago de perjuicios es improcedente debido que el demandante no cumplió con su carga de acreditarlos. Recurso de apelación En escrito de 30 de julio de 2013 el demandado solicitó que la sentencia de primera instancia se revoque y, que en su lugar, se denieguen las súplicas de la demanda (fls. 522 a 567 cdno. ppal.)

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199801647011100103