Titulación de la relatoría 40.423 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra que las pretensiones de la demanda en punto a la mayor permanencia en la obra no están llamadas a prosperar, toda vez que, por una parte, mediante los acuerdos modificatorios celebrados por los contratantes regularon lo concerniente a los costos que serían reconocidos al contratista como consecuencia de los cambios en los planos y especificaciones y las obras extras y adicionales que de allí se derivaron así como del mayor plazo que ello implicó y, por otra, aun dejando de lado lo anterior, en cualquier caso lo cierto es que la actora tampoco demostró en el proceso que sufrió efectivamente los perjuicios reclamados en su demanda […]. [L]a Sala encuentra que previa solicitud del contratista las partes acordaron la extensión del plazo contractual, aparejada de adiciones al valor del contrato, mediante negocios jurídicos que constituyeron acuerdos vinculantes para los contratantes respecto de las condiciones en que se llevarían a cabo y que fueron suscritos tras conocer las causas que daban origen a su celebración, de modo que concernía al contratista establecer las implicaciones económicas derivadas de la prolongación del plazo de ejecución de los trabajos que solicitó, como en efecto lo hizo al estimar las adiciones en valor que eran requeridas y los costos que ello implicaba de cara a salvaguardar su economía. […] [L]a fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. Por otro lado, además de lo expuesto la Sala observa que en el proceso el contratista tampoco demostró los costos administrativos en los que aduce haber incurrido por encima del porcentaje de administración pactado, lo que nuevamente conduce a concluir que las pretensiones que se analizan no están llamadas a prosperar. […] [L]a parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde los perjuicios que se alegan requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento […]. En consecuencia, la Sala despachará desfavorablemente las pretensiones principales de la demanda atinentes a la mayor permanencia en obra derivada de las dos prórrogas del plazo contractual y sus consecuenciales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el líbelo introductorio se pretende: (i) que se declare el rompimiento del equilibrio económico por causas ajenas al contratista que originaron una mayor permanencia en obra; (ii) que declare el incumplimiento del contrato por la incorrecta aplicación de la cláusula de reajustes; (ii) que como consecuencia de lo anterior, se condene a la EDU al pago de los costos de administración originados en la mayor permanencia en obra y al pago del valor dejado de reconocer por la aplicación incorrecta de la fórmula de reajuste, y se declare la nulidad de las decisiones mediante las cuales se negaron las reclamaciones elevadas por el contratista; y (iii) que se liquide el contrato sub examine.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
OBITER DICTUM
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, según el cual la legitimación en la causa por activa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que la sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.- A.I.A. S.A. posee el interés jurídico que se debate en el sub examine y está legitimada en la causa por activa, pues acude al proceso en condición de contratista dentro del negocio jurídico celebrado el 12 de enero de 2007 en cuyo desarrollo se produjo el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio económico que constituye la materia contenciosa. […] Igualmente halla la Sala legitimada en la causa por pasiva a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, dada su condición de entidad contratante del contrato objeto de la litis […].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA DE LA DEMANDA / CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
OBITER DICTUM
[E]sta Corporación ha considerado que, para efectos de entender agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, es menester que el objeto de la solicitud de conciliación y el de la demanda sean congruentes, sin que resulte necesario que sus textos coincidan de forma íntegra. […] [L]a Sala observa que no le asiste razón a la EDU comoquiera que el objeto de la controversia formulada en la solicitud de conciliación es congruente con la demanda presentada, pues ciertamente en ambas se plantean tanto la reclamación atinente a los sobrecostos por mayor permanencia en obra producto de la extensión del plazo de ejecución del contrato, como la reclamación relativa a los perjuicios causados por incorrecta aplicación de la fórmula de ajuste, lo cual resulta ser necesario y suficiente para entender agotado en debida forma el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los cambios o modificaciones del escrito de la demanda con la conciliación prejudicial, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 3 de diciembre de 2015, rad. 13001-23-33-000-2012-00043-01, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Quinta, auto de 27 de noviembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2014-02263-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro (e); Sección Tercera, auto de 29 de mayo de 2019, rad. 60487, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
OBITER DICTUM
La caducidad […] es un mecanismo que brinda certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la encuentre configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la potestad de accionar.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
El numeral 10º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, norma aplicable al caso concreto, establece que la acción contractual caducará al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]. En el presente caso, la caducidad de la acción se contabilizará atendiendo lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues el contrato celebrado el 12 de enero de 2007 es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requería de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, como es sabido, el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad. Estos principios rectores de la contratación, autonomía de la voluntad y mutuo consentimiento, se encuentran presentes no solamente al momento de la celebración del negocio jurídico y durante su ejecución, sino de igual modo en su fase de liquidación. En materia de liquidación del contrato estatal, en efecto, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y aquellos que lo requieran, y dispone que las partes deben, en principio, efectuar dicha liquidación de mutuo acuerdo dentro del plazo fijado en el pliego de condiciones o en su defecto en el término de 4 meses contados a partir de la terminación del contrato, conviniendo a dicho efecto “(…) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. A partir de lo anterior, resulta claro que la finalización del plazo de ejecución del contrato marca el inicio de la etapa de liquidación del contrato estatal, comenzando a correr el término para que la misma tenga lugar de mutuo acuerdo, cuando las partes no hubieren convenido el plazo para llevar a cabo la liquidación de manera bilateral. En caso contrario, esto es, habiéndose estipulado un término para la liquidación voluntaria, habrá de estarse a lo previsto en los pliegos o a lo acordado por las partes, quienes, en el marco de su autonomía de la voluntad, podrán convenir que la fase de liquidación inicie al vencimiento del plazo de ejecución contractual o en un momento posterior, como bien podría ser la suscripción del acta de recibo final de obra, por ejemplo, y dicha estipulación negocial constituirá ley para los contratantes. […] En suma, las partes gozan de autonomía para convenir el plazo para efectuar la liquidación del contrato, incluyendo el momento a partir del cual comienza a correr el mismo, pudiendo sujetar su inicio al cumplimiento de actividades o requisitos previos y, en caso de estipulación en dicho sentido, ha de estarse para todos los efectos a lo convenido por ellas. Hecha la anterior precisión, se observa que en el presente caso en los pliegos de condiciones se dispuso que el término para la liquidación bilateral del contrato sería de 4 meses contados a partir del recibo a satisfacción de la obra contratada. […] El recibo final de la obra tuvo lugar el 1º de abril de 2008 […]. [A] partir del 2 de abril de 2008 comenzó a correr el término de 6 meses para la liquidación bilateral y unilateral del contrato, plazo que finalizó el 2 de octubre de 2008 sin que la misma se hubiera llevado a cabo. El término para el ejercicio de la acción comenzó a correr a partir del 3 de octubre de 2008 […]. El término anterior se suspendió con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial […], trámite que fue declarado fallido […]. Por tanto […], se concluye que el plazo para presentar la demanda se prolongó hasta el 18 de noviembre de 2010. Así las cosas, dado que la demanda se radicó el 25 de octubre de 2010, la Sala concluye que fue presentada dentro del término preclusivo previsto […]. En consecuencia, teniendo en cuenta que en el sub examine no se configura la caducidad de la acción, la Sala revocará la decisión que declaró la caducidad de la acción y, en tales condiciones, continuará con el estudio de mérito del presente asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el plazo para realizar la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 6 de agosto de 2003, rad. 1453, C. P. Augusto Trejos Jaramillo; Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 25199, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO PRO ACTIONE / PRINCIPIO PRO DAMNATO / PRINCIPIO PRO HOMINE
OBITER DICTUM
[E]l pliego de condiciones, la propuesta y el contrato suscrito deben ser interpretados de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes, valiéndose de las mencionadas reglas de hermenéutica del negocio jurídico contempladas en el Código Civil. A partir de las anteriores premisas, a juicio de la Sala una interpretación lógica y sistemática del negocio jurídico en su conjunto, consultando igualmente el fin que se pretende con la liquidación del contrato, que no es otro que el de establecer el balance final de cuentas entre las partes con ocasión de la ejecución del negocio celebrado, conduce a concluir que en el sub examine la común intención de las partes fue la de concebir la recepción final de las obras como una actividad preparatoria que debía surtirse para facilitar la liquidación y permitir a las partes contar con la información pertinente a dicho efecto. […] [T]al como lo ha señalado en forma reiterada esta Corporación, la liquidación del contrato corresponde a una etapa que tiene por finalidad conocer en qué estado quedó la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, establecer el resultado final del contrato y determinar el balance económico de la relación contractual, definiendo quién le debe a quién y cuánto, ejercicio para el cual las partes deben contar con los elementos necesarios que permitan la verificación de la realización de las prestaciones mutuas, a propósito de lo cual el acta de recibo final de la obra resulta ser, sin duda, un insumo para el cruce de cuentas. Así las cosas, con el fin de establecer la voluntad real de las partes en punto al momento a partir del cual en el presente asunto debe computarse el plazo para liquidar bilateralmente el contrato, de conformidad con la regla de interpretación sistemática y contextual consignada en el artículo 1622 del Código Civil, en virtud de la cual las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, el análisis armónico del clausulado consignado en los documentos que integran el contrato, pone de relieve que la común intención de las partes fue acordar la etapa de recepción final de las obras como actividad necesaria para proceder a la liquidación del negocio sub examine, de donde emerge con claridad que el término para esta última comenzaría a correr a partir de la firma del acta de recibo definitivo de la obra cuandoquiera que la misma tuviere lugar con posterioridad a la terminación del plazo del contrato, como en efecto ocurrió en este caso. Por lo demás, cabe resaltar que la conclusión anterior resulta favorable al ejercicio de la acción, lo que sin duda se acompasa con los principios pro actione, pro damnato y prohomine a los que ha dado aplicación la Corporación “como criterios ilustradores de la interpretación judicial más adecuada en el análisis de la presentación oportuna de la demanda”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación del contrato y del pliego de condiciones para la oportunidad de liquidar el contrato, cita: Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2015, rad. 40660, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 26 de abril de 2006, rad. 16041, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de enero de 2004, rad.10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 3 de febrero de 2000, rad. 10399, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de julio de 2021, rad. 51910, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de unificación de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 22714, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Con relación a la finalidad de la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE OBRA
OBITER DICTUM
Las empresas industriales y comerciales del Estado fueron definidas por el artículo 6º del Decreto 1050 de 1968, como organismos creados por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica, de acuerdo con las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la Ley, y que reúnen las siguientes características: i) personería jurídica; ii) autonomía administrativa y iii) capital independiente el cual se encuentra constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial. […] En este sentido, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, armonizando las disposiciones de la Ley 80 con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, se tiene que, salvo aquellos casos en que el estatuto contractual de la Administración Pública u otra norma legal establecían alguna excepción en relación con el régimen aplicable a los contratos estatales que celebraran las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, la regla general era que se encontraban sujetas a las normas del citado estatuto contractual. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se modificó nuevamente este régimen, al disponer en su artículo 14 que las empresas industriales y comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o cuando desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o en mercados regulados, caso en el cual se regirían por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta norma fue reproducida casi en su integridad por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se les hizo aplicable el Estatuto General del Contratación. […] De acuerdo con lo anterior, dado que la celebración del contrato tuvo lugar en vigencia de la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y 1474 del 12 de julio 2011, su régimen jurídico es el contenido en el Estatuto de Contratación Pública, que en ese momento era aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, salvo en las excepciones previstas en esa norma (art. 24 y parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993). Por tanto, este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda. […] [C]omo las partes celebraron un contrato para la construcción del colegio San Javier y sus obras complementarias, en el que uno de los contratantes era una empresa industrial y comercial del Estado y el mismo se perfeccionó el 12 de enero de 2007, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el contrato es de obra, se pactó bajo la modalidad de precios unitarios y se rige por las disposiciones de la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico aplicable al contrato suscrito por las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 2009, rad. 24639, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 27 de mayo de 2015, rad. 38600, C. P. Hernán Andrade Rincón (e); sentencia de 16 de julio de 2015, rad. 31683 A, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 29 de febrero de 2012, rad. 16371, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de septiembre de 2021, rad. 44977, C. P. María Adriana Marín; Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1920 de 9 de septiembre de 2008, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 6, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
OBITER DICTUM
[L]a Sala analizará los documentos aportados en copia simple, comoquiera que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes dentro de la oportunidad procesal pertinente, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo manifestado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL
OBITER DICTUM
La EDU y el Municipio de Medellín objetaron por error grave el dictamen. […] La Sala resolverá las objeciones presentadas frente a los dictámenes periciales, atendido el hecho de que el tribunal de instancia no se pronunció al respecto. Sobre el particular se tiene que una vez practicada la prueba pericial decretada por el juez, de la misma debe correrse traslado a las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, mediante la posibilidad de solicitar aclaraciones y complementaciones y de objetar el dictamen por error grave “que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, caso en el cual podrán pedir pruebas para su demostración, debiendo el juez resolver la objeción en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el respectivo dictamen, según las voces del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, el error grave al que se refiere la norma anterior es aquel que de no haberse presentado otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído sobre materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debía versar la pericia o por que el perito dictaminó en sentido contrario a la realidad y alteró en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado. […] En este sentido, la Sala encuentra que los reproches formulados tienen que ver precisamente con la materia objeto de discusión en este proceso. En otras palabras, los argumentos expuestos corresponden a la discusión y controversia en torno a los análisis y las deducciones que los peritos efectuaron como sustento de sus conclusiones y que la EDU y el municipio no comparten, circunstancia que no constituye una razón para desestimar las pruebas cuestionadas sino más bien un elemento de juicio para su valoración, la que se realizará posteriormente al abordar el estudio de las distintas pretensiones de la demanda. En consecuencia, las objeciones planteadas no prosperan.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la objeción por error grave del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, rad. 14461, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238
TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO
OBITER DICTUM
[C]omo los testimonios de […], provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral o contractual con las partes, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, sus declaraciones resultan sospechosas por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. […] [L]os testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de la declaración del testigo sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217
CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE MUTUO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IUS VARIANDI / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE
OBITER DICTUM
[E]s menester anotar que las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y de celebrar el contrato, deben mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual , se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas, de tal suerte que, si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Con todo, es claro que no toda variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, pues existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 38449, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico: sentencia de 29 de enero de 2018, rad. 52666, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
[E]l incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea por su inejecución absoluta o por su ejecución imperfecta o tardía, a lo que cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la infracción de las estipulaciones plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas contenidas en todos los documentos que lo integran, como es el caso, por ejemplo, de los pliegos de condiciones. De igual modo, puede tener ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce los principios que orientan la contratación, los cuales igualmente se entienden incorporados en el negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de febrero de 2020, rad. 63123, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
[M]ientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, aun cuando se advierte cierta confusión en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de la ruptura del equilibrio económico, no deben confundirse la responsabilidad contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre el incumplimiento del contrato y el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 1999, rad. 11194, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 21 de junio de 1999, rad. 14943, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE MUTUO / AJUSTE DE PRECIO / REVISIÓN DE PRECIOS
OBITER DICTUM
[S]iendo el incremento continuo y generalizado del valor de los bienes y servicios un riesgo previsible en una economía inflacionaria como la nuestra, se acude a la inclusión en el contrato de fórmulas mediante las cuales puedan reajustarse periódicamente los precios unitarios en función de las variaciones de sus componentes en el mercado, de tal manera que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. Es así como, las cláusulas de estabilización, reajuste o corrección de precios se encuentran concebidas como un mecanismo para evitar que las fluctuaciones de los factores determinantes de los precios como resultado de fenómenos económicos, impacten en forma grave la economía del contrato. En la actualidad, la Ley 80 de 1993 contempla la actualización y la revisión de precios en los artículos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la Administración y de los contratistas, y en el numeral 14 del artículo 25, relativo al principio de economía. […] En suma, tal como lo ha señalado esta Corporación, mientras la revisión de precios es uno de los mecanismos previstos para restablecer el equilibrio financiero del contrato, el ajuste de precios es un corrector que tiende a conservarlo, frente a las alteraciones que se presentan en ellos en el curso del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reajuste de precios del contrato y la revisión de precios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 2021, rad. 44977, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 17660, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, 5
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / FORMULAS DEL CONTRATO / AJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La entidad demandada incumplió el contrato al aplicar incorrectamente la fórmula de ajuste pactada y no efectuar el pago de la totalidad de los valores a que tenía derecho el contratista, y es procedente la revisión en sede judicial de la cláusula de estabilización de precios pactada por las partes por reunirse los presupuestos requeridos a dicho efecto?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el presente asunto a juicio de la Sala emerge con claridad que la voluntad de las partes (artículo 1618 CC), que aparece expresa en el cuerpo del contrato, y la interpretación armónica de las cláusulas 4ª y 8ª en las que se estipuló la fórmula de ajuste y la forma de pago del contrato, junto con los numerales 7.10 y 7.11 del pliego que definieron la forma de calcular el valor de las actas mensuales de obra y definieron los conceptos de obras extras y adicionales, aunado a la función de la fórmula de reajuste (artículo 1622 CC), permiten concluir que la regulación del contrato tuvo como propósito garantizar la actualización de los precios con los cuales se pagarían tanto las obras ordinarias como las adicionales y que la definición de la aplicación de la fórmula de reajuste tuvo una regulación clara y específica. […] [L]a Sala concluye que como en el contrato se pactó la forma como se realizaría la amortización del anticipo, se convino que la fórmula de reajuste sería aplicable para el pago de obras ordinarias y adicionales (es decir que no se aplicaba al anticipo ni a las obras extras) y se dispuso que para establecer el valor a reajustar se descontaría del valor de cada acta de obra la amortización del anticipo y las obras extras, sin diferenciar si debía tenerse en cuenta o no el valor de las obras extras en la amortización del anticipo, dicho acuerdo de voluntades constituyó ley para las partes y la entidad podía utilizar la fórmula de acuerdo con la función económica que le atribuyó el acuerdo de voluntades, tal como en efecto ocurrió en el sub examine. La interpretación anterior se ajusta, sin duda, a la naturaleza del contrato de obra celebrado entre las partes, en aplicación de la regla de hermenéutica consignada en el artículo 1621 del Código Civil según el cual el juez ha de estarse “a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. De igual modo, a esta misma conclusión sobre la intención real de las partes se arriba a partir de la lectura sistemática del contrato, los pliegos de condiciones y la oferta, pauta de interpretación según la cual “[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Aunado a lo anterior, no puede desconocerse que el contratista supo desde la presentación de su propuesta y la suscripción del contrato que esa fórmula sería la que regularía la actualización de los precios de las obras básicas y las adicionales, de manera que no puede pretender que se desatienda la ley contractual a la que voluntariamente se sujetó al celebrar el negocio jurídico. En tales condiciones, al verificarse en el caso sub judice que la EDU al efectuar los reajustes de las actas de obra correspondientes a las obras ordinarias y adicionales pactadas por las partes, dio aplicación a la fórmula libremente pactada por ellas en el contrato y amortizó el anticipo en la forma como se convino que ello se llevaría a cabo, se concluye que no incumplió el contrato, sino que, antes bien, dio estricta ejecución al acuerdo de voluntades. […] En conclusión, como la entidad demandada utilizó la fórmula pactada para la actualización de precios de acuerdo con lo pactado, no incumplió el contrato. […] [C]omo no se configuró el incumplimiento alegado por la actora en punto a la aplicación de la fórmula pactada ni tampoco se acreditó en el sub judice que se reúnan los presupuestos para su revisión, no están llamadas a prosperar las pretensiones relacionadas con la aplicación de la fórmula de ajuste pactada en el contrato de obra No. 03 de 2007, por lo que no son procedentes, tampoco, las correspondientes pretensiones consecuenciales que planteó la actora en el libelo introductorio.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, 1621, 1622
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta que las pretensiones atinentes a la mayor permanencia en obra y la aplicación de la cláusula de reajuste de precios serán despachadas de forma negativa, en lo que respecta a la liquidación judicial del contrato de obra No. 3 de 2007 la Sala liquida el contrato en cero pesos bajo el entendido de que las partes se encuentran a paz y salvo, toda vez que dentro del proceso no se acreditó que la EDU adeude suma alguna de dinero a AIA.