Titulación de la relatoría 35.700 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, cuyas pretensiones principales apuntan a la declaratoria de nulidad absoluta del Contrato de Concesión (...) y de la Resolución de adjudicación (...), así como al restablecimiento del derecho de la parte demandante. (...) Al respecto, se advierte que la mencionada pretensión de nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentadan forma oportuna, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 87 del C.C.A. -subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998-, (...) En el presente caso, se observa que la adjudicación de la licitación pública se produjo en audiencia pública del 17 de mayo de 2006 (...) a la que asistió la sociedad demandante EUCOL S.A., por lo que, a partir del día siguiente, empezaron a correr los 30 días con los que contaban los proponentes inconformes para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la referida decisión. El contrato adjudicado se celebró el 23 de junio de 2006 (...), lo que significa que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 87 del C.C.A., la legalidad de dicha decisión solamente podía invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. (...) Dicha pretensión de nulidad absoluta del contrato, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 87 del C.C.A., sólo es pasible de ser elevada mediante la acción de controversias contractuales y, de acuerdo con lo dispuesto por el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., tiene un término de caducidad de dos años contados a partir de su perfeccionamiento; es decir que, en el presente caso, dado que el contrato impugnado se suscribió el 23 de junio de 2006, a partir del día siguiente empezó a correr el plazo para presentar la demanda y, por lo tanto, culminaba el 24 de junio de 2008, lo que significa que, al haberlo sido el 17 de junio de este último año, la misma fue oportuna en cuanto a las pretensiones anulatorias del contrato demandado, fundadas en la ilegalidad del acto de adjudicación. (...) No sucede lo mismo en relación con las pretensiones de restablecimiento del derecho, puesto que tal y como lo advirtió el a quo, si bien la acción de controversias contractuales fue incoada oportunamente, de acuerdo con lo dispuesto por el literal e) del numeral 10 del del artículo 136 del C.C.A., lo cierto es que la presentación de la demanda se produjo por fuera de los 30 días hábiles dispuestos por el legislador para la impugnación de los actos precontractuales, entre ellos el acto de adjudicación, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual sólo procede estudiar la validez del contrato de concesión celebrado por la entidad demandada, con fundamento en la legalidad o ilegalidad del acto de adjudicación; pero de llegar a la conclusión de que son nulos tanto el acto como el contrato, no habría lugar a estudiar la indemnización de perjuicios pedida por la parte actora, puesto que, respecto de esta pretensión, habría que predicar su extemporaneidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acción procedente despues de firmado el contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 7 de febrero
de 2002, exp. 21615, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Problema jurídico:
¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]dvierte la Sala que la apelante incluyó en su recurso un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que no planteó en su demanda y que, por lo tanto, no puede ser analizado por el ad-quem. (...) En efecto, se observa que, tal y como se dio cuenta de ello en los antecedentes, la parte actora adujo en la demanda que los balances de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. presentados con su oferta por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., no fueron legalizados en Argentina como correspondía, pero en la sustentación de este cargo, se refirió a la necesidad de que los balances aportados estuvieran debidamente inscritos en la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza, pues de lo contrario serían documentos privados sin ningún valor probatorio ni validez para cumplir con el pliego de condiciones, requisito que no cumplían los aportados en la licitación por dicho proponente. (...) Sin embargo, en el recurso de apelación, como también se vio, el recurrente adujo que esa deficiencia advertida respecto de los balances presentados obedecía, entre otras cosas, a que “No fueron legalizados en Argentina de conformidad con la cartilla expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, argumento que en parte alguna de la demanda se propuso ni en la sentencia de primera instancia se abordó. (...) El recurso de apelación está dirigido a controvertir los argumentos del juez de primera instancia que sirvieron de fundamento a su decisión, mediante la exposición, por parte del apelante, de las razones por las cuales no está de acuerdo con tales planteamientos del a quo y considera, por lo tanto, que fue equivocada la forma en que resolvió la controversia. Por ello, resulta improcedente plantear en el recurso nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en el libelo introductorio, no se discutieron en el proceso ni la parte demandada tuvo la oportunidad de controvertirlos, de modo que tenerlos en cuenta en esta instancia, se traduciría en una vulneración del debido proceso, en cuanto ello comporta una variación de la causa petendi que impone al juez de la segunda instancia confirmar la decisión recurrida, so pena de la vulneración de la regla de la congruencia consagrada en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. (...) En consecuencia, dado que el referido cargo no hizo parte de los argumentos de ilegalidad del acto administrativo impugnado que se plantearon en la demanda, resulta extemporáneo y no será objeto de análisis en la presente providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A: Auto del 14 de octubre de 2015, exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 49572, C.P. María Adriana Marín y sentencia del 18 de marzo de 2024, exp. 23001233100020110021901(65580) C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305
FUNDAMENTO DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA / NORMA / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / DEROGACIÓN DE LA NORMA / INVOCACIÓN DE LA NORMA / NORMA POSTERIOR / NORMA VIGENTE / NORMATIVA DEL CONTRATO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / LEY APLICABLE AL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE
Problema jurídico:
¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso, no obstante se mencionaron normas [Leyes 1150 de 2007 y 1508 de 2012] posteriores los hechos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El apelante aseguró que la sentencia de primera instancia se fundó en las Leyes 1150 de 2007 y 1508 de 2012, posteriores a la adjudicación y celebración del contrato objeto de la presente controversia y, por lo tanto, inaplicables para su resolución. Así mismo, que el Tribunal se refirió a jurisprudencia relacionada con la aplicación de las normas sobre caducidad de la acción en los eventos de impugnación del acto de adjudicación de los contratos sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), que no correspondía a la que regía para la época de los hechos. (...) Al respecto, observa la Sala que la decisión contenida en la sentencia de primera instancia no se fundó en las disposiciones de la referida ley, puesto que la única alusión que se hizo a la misma fue al citar, para tener en cuenta en su decisión, el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, el cual disponía que las personas jurídicas sin domicilio en Colombia debían acreditar su existencia y representación legal conforme a las normas de su país, debidamente legalizados, para aclarar enseguida que dicha norma fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, se advierte que la decisión de primera instancia se fundó en lo dispuesto por el numeral 15 del artículo 25 y el numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, sobre la posibilidad de subsanar las propuestas. (...) La misma situación se advierte en relación con la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 –“Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, la cual fue mencionada en la sentencia de primera instancia en sus páginas 30 y 51 (...) únicamente para aclarar que el parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 había sido derogado expresamentepor el artículo 39 de la Ley 1508 de 20121 (...)
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 22, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 2
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCIA EN VIGOR / RESEÑA JURISPRUDENCIAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal, derivó en la denegatoria de las pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: No
Al respecto, advierte la Sala que resulta inane este argumento de la apelación, toda vez que la denegatoria de las pretensiones no se derivó de la aplicación de la jurisprudencia citada por el recurrente, sino que obedeció a la circunstancia de que el a quo no encontró probada la ilegalidad del acto de adjudicación que se adujo en la demanda ni, por ende, del contrato cuya nulidad absoluta se pidió que fuera declarada, razón por la cual ni siquiera hubo oportunidad de establecer, en el caso concreto, la improcedencia de la reclamación económica del demandante. Es decir que lo sucedido en el fallo de primera instancia, no fue que el tribunal hubiera encontrado que el acto de adjudicación y, por lo tanto, el contrato, fueron ilegales y los hubiera anulado, procediendo a negar las pretensiones indemnizatorias con fundamento en la jurisprudencia que citó en su decisión. (...) En consecuencia, este argumento se torna insuficiente para desvirtuar lo decidido en la sentencia de primera instancia
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / JURISPRUDENCIA / DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO / DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR / APOSTILLA / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / PROPONENTE / PROPONENTE EXTRANJERO / INFORMACIÓN DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a normas sobre la subsanación de la oferta, fue correcto?
Respuesta al problema jurídico: Si
El cargo contra la sentencia de primera instancia se funda en que el tribunal, con base en sentencias posteriores a los hechos, aceptó como ajustada a derecho la actuación de la entidad demandada, consistente en haber permitido al proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., so pretexto de subsanarla, que mejorara su propuesta presentando documentos tendientes a acreditar el término de duración de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., que hacía parte de la promesa de asociación futura. (...) La apelante aseguró que se trataba de un requisito insubsanable, a la luz de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 (...) Al respecto observa la Sala que, aún cuando se referenció en la sentencia de primera instancia la Ley 1150 de 2007 -aunque no debió hacerlo-, ello no vicia el fallo, dado que la regla a la que aludió la norma citada, es igual a la contenida en la Ley 80 de 1993, en cuanto a aquellos aspectos que son subsanables. En consecuencia, la conclusión a la que arribó, en el sentido de considerar debidamente subsanado el requisito de la duración de la sociedad fue correcta, como se explica a continuación (...) al constatar que los documentos aportados a solicitud de la entidad se encontraban debidamente apostillados en la forma autorizada por el tratado, la ley y el pliego de condiciones, es claro que el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. cumplió con el requerimiento efectuado por la entidad, al aportar el instrumento que acreditaba el cumplimiento del requisito exigido en el pliego, consistente en tener, todos y cada uno de los miembros de esa forma asociativa, en caso de ser sociedades, un término mínimo de duración igual al plazo de ejecución del contrato y un año más; esto, si se tiene en cuenta que el plazo del contrato de concesión objeto de la licitación tramitada y adjudicada en el año 2006, según el pliego de condiciones, sería de 12 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato, la cual se produciría a su vez, dentro de los 10 días calendario siguientes a la celebración del negocio jurídico. (...) Y en este punto, la Sala considera necesario hacer una distinción que es obviada por el apelante, consistente en que, una cosa es el requisito exigido en el pliego de condiciones, considerado en sí mismo, y otra cosa es la prueba o acreditación de que tal requisito efectivamente es cumplido por los proponentes. (...) En el presente caso, el requisito era tener una duración de al menos el término de ejecución del contrato a adjudicar y un año más, el cual, al momento del cierre de la licitación, sí era cumplido por la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., aunque con la oferta no se aportó el documento que lo acreditara. (...) Así, se observa que, lo que daría lugar al rechazo de la oferta, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 5.9 del pliego de condiciones, sería que la sociedad no tuviera la duración mínima exigida en el pliego de condiciones; y no, que se hubiera omitido la prueba de dicho requisito -que fue lo sucedido en el caso sub examine, puesto que, si bien la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. contaba, al momento de presentación de la oferta, con una duración superior a la exigida en el pliego de condiciones, el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. del que aquella hacía parte, no aportó con su oferta el documento que así lo acreditara, aunque más adelante se subsanó esta omisión (...) En tales condiciones, teniendo en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del numeral 15 del artículo 25 y los numerales 7º y 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en consideración a lo consignado en el mismo pliego de condiciones, era perfectamente posible para la entidad, la solicitud que le hizo al proponente de aportar la prueba del cumplimiento de la referida exigencia del pliego (...) Y lo cierto es que lo aportado a solicitud de la entidad, fue exactamente eso: un documento referente a uno de los miembros de la promesa de asociación futura que había presentado la oferta, que no era necesario para su comparación, en cuanto nada tenía que ver con los aspectos técnicos o económicos de lo ofrecido ni era objeto de puntaje, de acuerdo con las disposiciones del pliego de condiciones. Y si bien el rechazo de la oferta procedía por el incumplimiento del requisito en sí mismo, no lo era por el defecto de su prueba, dado que éste sí resultaba subsanable, según lo dispuesto en la ley, y así aconteció, mediante la aportación del documento que acreditaba la duración de una de las sociedades que hacían parte de la promesa de asociación futura que presentó la oferta. (...) Por otra parte, debe recordarse que el pliego de condiciones ha sido considerado la ley del proceso de selección y del futuro contrato, por lo que sus disposiciones obligan tanto a los proponentes como a la misma entidad que, en virtud de la libertad de configuración que le asiste para ello, dentro de los límites impuestos por la ley, los confeccionó como consideró más conveniente para ese proceso de selección. En consecuencia, una vez cerrada la licitación, la Administración no puede apartarse de las reglas que ella misma consignó en el pliego para la evaluación –estudio y calificación- de las ofertas (...) De acuerdo con lo anterior, la decisión contaba con suficiente respaldo legal, es decir, que, por este aspecto, no hay lugar a revocar el fallo de primera instancia
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la subsanación de la oferta por los proponentes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, Exp. 17783, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1992 del 20 de mayo de 2010, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. Sobre el valor de los documentos públicos otorgados en el extranjero, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 25000-23-26-000-2002-02352-01(32420), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, exp. 25000-23-26-000-2007-00677-01 (39945), C.P. María Adriana Marín
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 8
DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO / DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR / PROPONENTE EXTRANJERO / CONTRATO CON EXTRANJERO / VALIDEZ PROBATORIA DEL DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO / APOSTILLA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD
Problema jurídico:
¿En el caso sub examine, el proponente favorecido con la adjudicación de la licitación pública, acreditó con suficiencia lo relativo a la existencia y representación de uno de sus asociados, Publicidad Sarmiento S.A., así como lo concerniente a los términos y el alcance de dicha representación y la capacidad de la sociedad para obligarse?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acreditación de los requisitos del pliego con los documentos aportados por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A (...) Como se advirtió al establecer el contenido del recurso de apelación, en este se afirmó que los documentos aportados por el proponente, relacionados con la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación colombiana para ser valorados, pues para que un documento público otorgado en el extranjero sea válido y legal en Colombia, se requiere “a) Que el Certificado hubiese sido debidamente autenticado por el Cónsul de Colombia en Argentina; b) Que la firma del Cónsul fuera abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; c) Que el Cónsul hiciera constatar (sic) que existe la sociedad y que ejerce su objeto conforme a las leyes de Argentina y d) Que el Certificado haya sido legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. (...) Frente a esta afirmación, basta con reiterar que los documentos aportados en el proceso licitatorio por la promesa de asociación -provenientes de un país signatario de la Convención-, tal y como lo reconoció el a quo, fueron debidamente apostillados de acuerdo con lo establecido en la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 455 de 1998. (...) Por lo anterior, debe entenderse que tales documentos sí fueron aportados en debida forma y podían ser valorados por la entidad licitante en aras de establecer si la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. cumplía con los requisitos del pliego de condiciones. En consecuencia, este argumento de la apelación resulta insuficiente para infirmar la sentencia de primera instancia (...) Ahora bien, en relación con los requisitos echados de menos por el recurrente, se observa lo siguiente: (...) Para acreditar la existencia y representación legal de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., se aportó con la propuesta de la promesa de asociación una certificación legalizada, del 21 de marzo de 2006, suscrita por la señora (...), Directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Mendoza Argentina, en la que consta que dicha sociedad se encuentra inscrita en el Registro Público de Sociedades Anónimas desde 1970 (...) Si bien la apelante adujo que la anterior certificación no era el documento idóneo para acreditar la existencia de la sociedad, no aportó prueba de que ello fuera así, pues se limitó a afirmar que el único documento oficial, idóneo y eficaz para demostrarla, era el Registro Público de Sociedades Anónimas y de Comerciantes o el Registro Público de Comercio, quedando este hecho sólo restringido a su propia afirmación, frente a la existencia de un documento público expedido por la directora de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Mendoza en el que se certifica que, efectivamente, la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Sociedades Anónimas (...) También se estableció en los estatutos que el quórum para tomar resoluciones válidas sería de la mayoría absoluta de los directores titulares; que el representante legal de la sociedad sería el presidente del Directorio -Artículo 28-, quien tiene entre sus funciones la de delegar facultades y otorgar poderes especiales o generales, en cualquiera de sus miembros o a terceros con consentimiento del directorio, y que sólo sería preciso el voto favorable del Director Marco Viola o quien se designara en su reemplazo para ejercer las actividades allí enlistadas (...) De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que está suficientemente probado en el plenario que, en la licitación pública, el proponente favorecido con la adjudicación acreditó suficientemente lo relativo a la existencia y representación de uno de sus asociados, Publicidad Sarmiento S.A., así como lo concerniente a los términos y el alcance de dicha representación y la capacidad de la sociedad para obligarse.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor de los documentos otorgados en el extranjero, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de julio de 2013, exp. 25000-23-26-000-1998-01305-01(23837), C.P. Hernán Andrade Rincón.
CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / OFERTA / OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE PERSONA JURÍDICA / REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / PROPONENTE / PROPONENTE EXTRANJERO / CAPACIDAD / CAPACIDAD CONTRACTUAL / CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD / REPRESENTANTE LEGAL / FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO OTORGADO EN EL EXTERIOR / REQUISITOS DEL PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO OTORGADO EN EL EXTERIOR / REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PRIVADA / SOCIEDAD EXTRANJERA / SOCIEDAD / CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Problema jurídico:
¿Si una oferta es presentada por una promesa de sociedad futura, una vez producida la adjudicación, el contrato resultante sólo podrá ser celebrado con el representante legal de la sociedad debidamente constituida, por cuanto sólo de ella se podrá predicar la necesaria capacidad legal para comprometerse, por ello el a quo acertó al tener por probado el requisito del pliego de condiciones sobre la acreditación de la representación y otorgamiento de poder de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la designación de apoderado, la apelante echó en falta, respecto de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., la prueba de lo exigido en el numeral 2.3, en consonancia con lo establecido en el ordinal 6º del numeral 4.5 del pliego de condiciones (...) no se puede afirmar, como lo hace el apelante, que esta sea una cuestión -la celebración del contrato con el representante legal- que resulte exclusiva de esta clase de negocios jurídicos, es decir, de los contratos de concesión para la construcción de una obra pública, puesto que se trata de una regla general de contratación que se puede predicar de todos los negocios jurídicos celebrados por las entidades estatales, en cuanto ellas sólo pueden celebrar contratos con las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes -que, si son personas jurídicas, sólo pueden actuar a través de sus representantes legales-, así como los consorcios y uniones temporales -quienes también deben designar un representante para estos efectos-, en los términos de los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993. (...) En consecuencia, si una oferta es presentada por una promesa de sociedad futura, es apenas lógico entender que, una vez producida la adjudicación, el contrato resultante sólo podrá ser celebrado con el representante legal de la sociedad debidamente constituida, por cuanto sólo de ella se podrá predicar la necesaria capacidad legal para comprometerse. (...) Además de lo anterior, se observa que en el plenario obra el Acta de Directorio (...) de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. (...), en la que se dispuso la participación de la sociedad en el llamado a Licitación Pública Internacional LP-48 convocada por el municipio de Medellín, Colombia, para el suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del mobiliario urbano de la ciudad de Medellín por el sistema de concesión y otorgar poder especial a favor de los señores (...) El anterior documento aparece autenticado en la Notaría Titular Regional No. 138 de Mendoza el 20 de marzo de 2006 y, a continuación, figura la certificación de la notaria, sobre tal autenticación de documento que es reproducción fiel tomada del Libro de Actas del Directorio No. 4 de Publicidad Sarmiento S.A., que en original tuvo a la vista. Aparece, así mismo, la legalización de la firma y sello de la notaria Anahi Carrascosa de Granata en el documento anexo, por parte del Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza (...) También se encuentra el “Testimonio de Protocolo” del 13 de marzo de 2006 de la notaria (...), titular del Registro Notarial No. 138 de Capital, en el que consta la Escritura No. 13, correspondiente al poder especial otorgado (...) En virtud de lo anterior, considera la Sala que el a quo acertó al tener por probado el requisito del pliego de condiciones sobre la acreditación de la representación y otorgamiento de poder de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., al considerar la finalidad que tiene el servicio de notariado, que implica el ejercicio de la fe pública o notarial, la cual otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo expresado por éste, respecto de los hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece y, en el presente caso, la notaria 138 de Capital, Mendoza, dio fe de haber tenido a la vista los documentos que así lo demostraban. (...) En consecuencia, no son de recibo las alegaciones de la recurrente, en el sentido de que el único documento que servía para acreditar la existencia, representación y demás información de la sociedad extranjera era el certificado de existencia y representación expedido por el organismo competente, como se exige aquí en Colombia respecto del proveniente de la Cámara de Comercio de la ciudad en la que se halle inscrita, puesto que no probó, como le correspondía, que en Argentina, como en Colombia, existe una norma que expresamente indica la forma de acreditar la existencia y representación de las sociedades y que ella corresponde a la que afirma la apelante.
ESTADOS FINANCIEROS / ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / BALANCE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROPONENTE EXTRANJERO / MUNICIPIO DE MEDELLÍN / CONCESIÓN / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Acreditó el apelante que se presentaron irregularidades frente a los estados financieros de una de las sociedades parte del proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., que fue la adjudicataria del contrato de concesión y que, por esta deficiencia de la propuesta favorecida, la misma debió ser rechazada y, en consecuencia, la adjudicación contenida en el acto administrativo demandado fue ilegal?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a recurrente también manifestó su inconformidad con lo decidido por el a quo respecto de los cargos relativos a las irregularidades de los estados financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., presentados en la licitación sin la debida legalización y sin el lleno de los requerimientos del pliego de condiciones. (...) Respecto de la fecha de los balances, la demandante en el recurso de apelación insistió en que el Balance General del año 2004 presentado no puede servir de prueba, ya que la entidad, para favorecer los intereses del proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., aceptó como válidos los Estados Financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. a 31 de octubre de 2004 y no a 31 de diciembre de 2004, como aparece el requisito en el numeral 4.9.1 del pliego de condiciones (...) Sobre este punto, basta con reiterar que, mediante Adenda No. 7 del Pliego de Condiciones, se estableció que, en el caso de las sociedades extranjeras, se tendrá en cuenta la fecha equivalente del último día del año fiscal 2004 en su país de origen. Por lo tanto, le correspondía a la parte actora acreditar en el plenario que en Argentina el año fiscal terminaba el 31 de diciembre, como en Colombia, y no el 31 de octubre de cada año, como figura en los estados financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., prueba que se echa de menos. (...) En cuanto al argumento de que, según pudo comprobar la demandante, los estados financieros de dicha sociedad no habían sido legalizados en Argentina, por cuanto ella no había presentado los correspondientes a los años 2004 y 2005 en la Gobernación de Mendoza, Argentina, considera la Sala que el requisito de esa inscripción en su lugar de origen no hizo parte de las exigencias incluidas en el pliego de condiciones, razón por la cual no puede aducirse el incumplimiento de sus disposiciones con fundamento en esta irregularidad, independientemente de las consecuencias que ello pudiera representar para la sociedad en su propio domicilio. (...) En relación con la legalización de dichos estados financieros, como ya se dijo, la parte actora en su demanda sostuvo que los aportados por la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A. no cumplían con este requisito, por cuanto según pudo corroborar, mediante certificación obtenida de la respectiva autoridad argentina, los balances de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A. correspondientes a los años 2004 y 2005 no habían sido debidamente registrados en la Dirección de de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza. (...) No obstante, en parte alguna del pliego se encontró la referida exigencia, puesto que sólo se requirió la presentación, por parte del proponente -y de cada uno de sus miembros, en caso de las formas asociativas-, del Balance General que contuviera las variables y rubros solicitados en el Formulario 4.1: el valor del patrimonio, el pasivo total, el activo total, el índice de endeudamiento, el pasivo corriente, el activo corriente y el índice de liquidez, a diciembre 31 de 2004 -salvo que en el país de origen la fecha de corte fuera una distinta-, en moneda legal colombiana y firmado por el representante legal y el contador público, con fotocopia de su tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia; así mismo, que si el proponente estaba obligado a tener revisor fiscal, se tendría que aportar la información acompañada con las notas de los estados financieros suscritos por él y debía firmar el formulario. (...) Requisitos estos que, como se pudo constatar, reunían los estados financieros de la sociedad Publicidad Sarmiento S.A., presentados con su oferta por el proponente Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., razón por la cual no es procedente el reproche efectuado por la parte actora en el sentido de que, por esta deficiencia de la propuesta favorecida, la misma debió ser rechazada y, en consecuencia, la adjudicación contenida en el acto administrativo demandado fue ilegal. (...). En las anteriores condiciones, considera la Sala que los argumentos del recurso de apelación resultaron insuficientes para modificar lo decidido por el a-quo puesto que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a la Resolución No. 076 del 17 de mayo de 2006 expedida por el municipio de Medellín, a través de la cual se adjudicó la Licitación Pública Internacional No. LP 048 de 2006 a la Promesa de Asociación Futura CAS Mobiliario S.A., razón por la cual resulta procedente la confirmación de la sentencia de primera instancia.