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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

16 documentos encontrados
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Colombia Compra Eficiente Concepto

No es necesario ni obligatorio que la entidad contratante expida un acto administrativo para aceptar el cambio de representante legal de una empresa contratista, ni se requiere su aprobación formal.

C-431 de 2025 2025-05-16
¿Requiere una entidad contratante, en el marco de un contrato estatal, expedir un acto administrativo para aceptar el cambio de representante legal de un contratista, o basta con la notificación y actualización de los registros por parte de la empresa?
Para que una entidad estatal verifique la capacidad jurídica de una persona jurídica contratista, debe examinar el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, que prueba la existencia de la sociedad, sus representantes, sus facultades y sus limitaciones. Esa exigencia responde al artículo 117 del Código de Comercio y se recoge en los documentos tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte. La calidad de representante legal se materializa mediante las reglas propias de la representación, y la inscripción del representante en el certificado da cuenta de que está facultado para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica al cumplimiento del contrato. Por tanto, la entidad debe verificar esa calidad a partir de la información registrada en el certificado. Corresponde a la entidad estatal comprobar esta condición de forma permanente durante la contratación, de modo que el representante inscrito sea quien suscriba y ejecute el contrato.síntesis automática
También resuelve: Certificado de existencia y representación legal: documento de identificación, persona jurídica
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las entidades estatales deberán verificar que la fecha de expedición del certificado de existencia y representación aportado por la persona jurídica proponente o integrante del proponente plural no sea mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación.

C-511 de 2021 2021-09-22
Actualmente estoy participando en un proceso de seleccion (sic) abreviada, de acuerdo a lo consignado en el formato No.10 normalizado para que todos los que quieran participar en dicho proceso puedan hacer su respectiva manifestacion (sic) de interes (sic), pero dentro de la estructura de dicho formato establece que las personas naturales deben de adjutar (sic) su documento de indentidad (sic) y las personas juridicas (sic) deben de adjuntar el certificado de existencia y representancion (sic)…
Actualmente estoy participando en un proceso de seleccion (sic) abreviada, de acuerdo a lo consignado en el formato No.10 normalizado para que todos los que quieran participar en dicho proceso puedan hacer su respectiva manifestacion (sic) de interes (sic), pero dentro de la estructura de dicho formato establece que las personas naturales deben de adjutar (sic) su documento de indentidad (sic) y las personas juridicas (sic) deben de adjuntar el certificado de existencia y representancion (sic) legal con un plazo no mayor a 30 dias (sic), segun (sic) lo establece el numeral 3.3. del Documento Base. De acuerdo con esto no es procedente presentar un certificado de existencia y representacion (sic) legal vencido a la fecha del cierre del proceso lo que a mi parecer no constituye que dicha manifestacion (sic) sea concordante con lo establecido en la Ley.
También resuelve: Inalterabilidad: documentos tipo, regla vigente, alcance, alcance / certificado de existencia y representación legal Certificado de existencia y representación legal: documento de identificación, persona jurídica, documentos tipo de selección abreviada, fecha de expedición
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las Entidades Estatales deben verificar la capacidad jurídica de las personas jurídicas para contratar a través del certificado de existencia y representación legal, el cual da cuenta de la inscripción del representante legal, sus facultades y limitaciones conforme a los estatutos.

C-414 de 2026 2026-04-30
¿Cómo deben las Entidades Estatales verificar la capacidad de las personas jurídicas proponentes con respecto a las facultades del representante legal?
La capacidad jurídica de una persona jurídica se perfecciona con su constitución y se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, con no más de treinta días calendario de antelación a la presentación de la oferta. La postura sostiene que las entidades estatales deben verificar, entre otros requisitos, la calidad del representante legal de las personas jurídicas de derecho privado que pretendan participar en un proceso de contratación. La razón es que la capacidad de estas personas se circunscribe a su objeto social y se materializa por las reglas de la representación, de modo que la inscripción del representante en el certificado es la prueba de que está facultado para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir el objeto del contrato. Según el artículo 117 del Código de Comercio, el certificado también debe señalar los nombres de los representantes, las facultades conferidas a cada uno y las limitaciones que se impongan a sus facultades. Como consecuencia práctica, la entidad debe confrontar esas facultades con el objeto del proceso y verificar que el representante cuente con las atribuciones necesarias para obligar a la sociedad.síntesis automática
También resuelve: Capacidad jurídica: definición ― personas jurídicas Certificado de existencia y representación legal: documento de identificación, persona jurídica
Consejo de Estado Providencia

Procede el saneamiento del proceso al advertirse una inconsistencia en relación con la representación de la asociación demandada.

Auto interlocutorio — Auto que declara saneado el proceso 2024-09-17 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 44001234000020180003101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el saneamiento del proceso al advertirse una inconsistencia en relación con la representación de la asociación demandada? Sí
Cuando el juez advierte irregularidades que pueden generar una nulidad, debe ponerlas en conocimiento de la parte afectada para que se pronuncie, y si esta no lo hace dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, conforme al artículo 137 del Código General del Proceso, la nulidad queda saneada y el proceso continúa. En este caso, el despacho advirtió inconsistencias en la representación de la asociación demandada y en la notificación de las decisiones desde la audiencia inicial. La Secretaría notificó a la asociación de forma personal, mediante mensaje de datos a la dirección de correo electrónico informada en la demanda y a la que figuraba en el registro mercantil, en los términos del artículo 291 del mismo código. La asociación no se pronunció dentro del término, por lo que la nulidad advertida quedó saneada. La consecuencia práctica es que el silencio de la parte notificada sanea la irregularidad advertida y el proceso continúa su trámite.síntesis automática
ACEPTA
Consejo de Estado Providencia

La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-06-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 41001233300020150002301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades que integran el consorcio demandado? Sí
Cuando la parte demandada pretende probar con una declaración la dirección de notificación de sociedades privadas que integran un consorcio, la prueba es inconducente, porque las personas jurídicas de derecho privado se notifican personalmente en el canal digital informado en el registro mercantil. La regla se apoya en el artículo 199 del C.P.A.C.A., que ordena esa forma de notificación, y se sostiene en dos razones: el certificado de existencia y representación legal es el medio idóneo para acreditar la dirección y el cambio de representante legal, y la declaración testimonial no suple ese documento público. En el caso, el auto admisorio ordenó notificar por correo electrónico a los representantes legales de las sociedades integrantes, por lo que la declaración solicitada no era pertinente para acreditar la notificación ni el incidente de nulidad propuesto, y se confirmó la negativa del decreto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que, para discutir la notificación de una sociedad, la parte debe revisar y aportar el registro mercantil y no una declaración de testigos.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaración solicitada resulta pertinente para acreditar las afirmaciones en las que se sustenta el incidente de nulidad?
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-1215 de 2025 2025-10-08
¿La antigüedad exigida de mínimo un (1) año de existencia, prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, para que una MiPyme pueda solicitar o participar en un proceso de contratación limitado a MiPyme, puede acreditarse, en el caso de una persona natural, a partir de la inscripción del establecimiento de comercio?
El contratista no puede acreditar la antigüedad mínima de un año de existencia requerida para participar en convocatorias limitadas a MiPymes, en el caso de una persona natural, a través de la fecha de inscripción del establecimiento de comercio, ya que esta no sustituye la fecha de existencia de la condición de MiPyme. La regla establece que la acreditación debe incluir certificación expedida por el interesado y un contador público, junto con copia del registro mercantil, lo que implica que la fecha relevante es la de constitución de la persona natural como MiPyme. Esta interpretación reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la necesidad de cumplir rigurosamente con los requisitos legales para garantizar la transparencia y la equidad en la contratación pública.síntesis automática
También resuelve: Promoción al desarrollo: Ley 2069 de 2020, Artículo 34 Convocatorias limitadas a mipymes nacionales: requisitos, presupuestos mínimos Mipyme: convocatoria limitada, acreditación, persona natural, rup
Consejo de Estado Providencia

El cedente transmite al cesionario el derecho litigioso incierto a través de un contrato aleatorio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre sucesión procesal 2025-03-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020050211702 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de cesión de derechos litigiosos es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite al cesionario, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés que se controvierte en sede jurisdiccional? Sí
El cesionario adquiere el derecho litigioso incierto objeto de controversia judicial mediante un contrato aleatorio celebrado con la parte cedente del proceso. El contrato de cesión de derechos litigiosos, regulado en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil, es un contrato aleatorio en el cual el cedente transmite a un tercero el derecho incierto sobre el cual recae el interés controvertido. En este caso, al no concurrir los requisitos del contrato de cesión en los negocios presentados, la Sala deniega la petición de sucesión procesal solicitada por los interesados.síntesis automática
También resuelve: ¿Del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre la sociedad demandante y la empresa de inversiones respecto de los activos, pasivos y contratos enlistados en el acuerdo de voluntades… ¿Resulta procedente admitir el supuesto contrato de cesión celebrado por las sociedades el 30 de septiembre de 2015, a pesar de que no se demostró que la cesión pactada en esa fecha fue realizada por…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2024-07-08 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020240004900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares? ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-861 de 2025 2025-08-20
¿Cuáles son los requisitos para acreditar la condición de MiPymes en un proceso de selección?
El contratista debe acreditar su condición de MiPyme en un proceso de selección mediante la presentación de certificaciones que demuestren el tamaño empresarial, según lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 1082 de 2015. Para las personas naturales, esta acreditación requiere una certificación emitida por el interesado y un contador público, acompañada de copia del registro mercantil, mientras que para las personas jurídicas, se exige una certificación del representante legal y del contador o revisor fiscal, si es obligatorio, junto con el certificado de existencia y representación legal. Estos requisitos buscan promover la participación de las MiPymes en la contratación pública, en línea con la Ley 2069 de 2020, y reiteran la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la equidad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: Promoción al desarrollo: Ley 2069 de 2020, Artículo 34 Convocatorias limitadas a mipymes nacionales: requisitos, presupuestos mínimos Mipyme: convocatoria limitada, acreditación, persona natural, rup
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 18001233300020190014701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera la entidad contratante los principios que rigen la contratación estatal al elaborar un análisis de mercado con base únicamente en datos extraídos del RUES y el SECOP, sin realizar una indagación exhaustiva sobre la experiencia de los oferentes? No
El contratista no vulnera los principios de la contratación estatal al basar el análisis de mercado en datos del RUES y SECOP sin indagar exhaustivamente sobre la experiencia de los oferentes, ya que el estudio de mercado no implica una evaluación de experiencia, y la entidad no está obligada a verificar la información reportada en estos sistemas. Además, la inclusión de indicadores económicos de entidades sin ánimo de lucro en el RUES no invalida el análisis del mercado, conforme al artículo 166 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista considera que la información en el RUES es inexacta, debe solicitar su modificación ante la Cámara de Comercio, según los artículos 14 a 17 de la Ley 1437 de 2011. La enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio después de la presentación de la propuesta no constituye causal de incumplimiento de requisitos habilitantes, siempre y cuando el establecimiento exista antes del proceso de contratación. Asimismo, una propuesta puede ser rechazada si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones, según el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe el interesado acudir previamente a la Cámara de Comercio para solicitar la modificación del RUES cuando considere que la información allí contenida no refleja la realidad? ¿Constituye causal de incumplimiento de los requisitos habilitantes la enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio con posterioridad a la presentación de la propuesta en un… ¿Puede ser rechazada una propuesta en un proceso de selección si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de este asunto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190060801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de apelaciones de autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra los autos de los tribunales administrativos que rechacen la demanda corresponde al Consejo de Estado, conforme a los artículos 150 y 243 numeral 1 del CPACA, y la jurisdicción es competente cuando el contrato involucra a una entidad pública, según el artículo 104 del CPACA. Una razón es que el auto de rechazo es apelable por expresa disposición del numeral 1 del artículo 243, de modo que el recurso es procedente. Otra razón es que la controversia involucra a un municipio, que es entidad pública según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y la pretensión mayor supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos por el numeral 5 del artículo 152, lo que fija la competencia por cuantía. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por no haberse subsanado dentro del término, y el Consejo de Estado resolvió el recurso y revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que el rechazo por falta de subsanación es apelable ante el Consejo de Estado cuando el asunto cumple los criterios de competencia.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda que no es subsanada dentro del término legal establecido para ello, debe ser rechazada por el Juez? ¿La demanda cumple con los requisitos para su admisión?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233300020220025001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda? Sí
La conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad que debe agotarse antes de presentar la demanda contencioso administrativa, conforme al numeral 1 del artículo 161 del CPACA, y que el rechazo de la demanda procede cuando el demandante no subsana los defectos advertidos en el auto inadmisorio, en los casos previstos por los artículos 169 y 170 del mismo código. Estas causales de rechazo son taxativas. Las razones son dos. Una razón es que la constancia de no conciliación no aparece en el expediente, pues el documento aportado con la subsanación contenía únicamente correos electrónicos internos y no la constancia expedida por el agente del Ministerio Público. Otra razón es que la parte demandante no corrigió los defectos que el magistrado advirtió en el auto de inadmisión, por lo que la omisión de las cargas mínimas de admisión justificó el rechazo. En el caso, el tribunal había otorgado un plazo para subsanar, y la decisión se confirmó. La providencia no señala que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la constancia de agotamiento de la conciliación debe estar en el expediente y aportarse dentro del término de subsanación.síntesis automática
También resuelve: ¿La sociedad actora cumplió con el deber de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio? ¿Los requisitos para la admisión de la demanda son normas procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento? ¿Los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020120005401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa… ¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? ¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020080083501 ACCION CONTRACTUAL
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda? ¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso… ¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad incurre en indebida evaluación de la oferta al omitir puntos de apoyo a la industria nacional a pesar de los documentos aportados.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020190053901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados? Sí
El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del… ¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del… ¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección…
REVOCA