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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Prima facie, las entidades estatales no estén llamadas a exigir ninguna formalidad, como es la traducción oficial, para la presentación de documentos expedidos en un idioma diferente al castellano.
C-367 de 2023
2023-10-20
¿Una entidad estatal en los pliegos de condiciones de un proceso de contratación puede legalmente exigir a los oferentes la presentación con las ofertas de documentos públicos y/o privados de origen extranjero, acompañados de la respectiva traducción oficial a español aun cuando esto no es un requisito legal y va en contravía de lo indicado en el numeral 15, artículo 25 de la Ley 80 de 1993?
El numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales ni otras formalidades, salvo cuando leyes especiales lo exijan en forma perentoria y expresa; por ello, en principio, la entidad estatal no está llamada a exigir traducción oficial de los documentos expedidos en idioma distinto al castellano. El documento en otro idioma debe traducirse, pero si es privado no se requiere traducción oficial, y si es público y ya fue apostillado o legalizado por una autoridad extranjera basta la traducción simple, sin traducción oficial ni autenticación notarial de la firma del traductor. Solo cuando el documento público se va a apostillar o legalizar ante autoridades colombianas aplica el artículo 6 de la Resolución 1959 de 2020, que exige autenticar ante notario la firma del traductor, pues regula un trámite previo a la apostilla. La apostilla, conforme a la Ley 455 de 1998, es exclusiva para documentos públicos que requieren solemnidades, de modo que si el ordenamiento no exige solemnidad para un documento no puede exigirse su apostilla o legalización.síntesis automática
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Concepto
No puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado, verificación que deberá realizarse en cada caso en concreto.
C-437 de 2023
2023-10-25
¿Se considera un documento público extranjero?
Solo los documentos públicos expedidos en el exterior requieren apostilla o legalización para ser válidos en Colombia, conforme a la Ley 455 de 1998, que aprobó la Convención de La Haya de 1961 y a la Resolución 1959 de 2020. El artículo 1 de esa ley identifica como públicos los documentos que emanan de autoridades o funcionarios vinculados a cortes o tribunales, los documentos administrativos, los actos notariales y los certificados oficiales colocados en documentos firmados a título personal; por ello, corresponde a cada proponente verificar si un documento denominado true copy encuadra en alguna de esas categorías. Los documentos privados expedidos en el exterior no están incluidos en la Ley 455 de 1998, por lo que no les son aplicables sus disposiciones y pueden presentarse en un proceso de selección sin ese trámite. Si el documento está en idioma distinto al castellano debe traducirse: el privado no requiere traducción oficial según el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; el público que se apostillará ante autoridades colombianas requiere autenticación notarial de la firma del traductor, y el ya apostillado en el exterior requiere traducción, sin que sea oficial ni autenticada.síntesis automática
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Colombia Compra Eficiente
Concepto
No puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado, como lo es en el caso de Colombia y España.
C-090 de 2023
2023-03-24
Que en Colombia no se está dando validez a los documentos apostillados aportados por las empresas españolas, como por ejemplo a los certificados de experiencia, y que algunas entidades solicitan también la apostilla de la firma del funcionario que emite el certificado, y no solo la apostilla del documento;
Que en Colombia no se está dando validez a los documentos apostillados aportados por las empresas españolas, como por ejemplo a los certificados de experiencia, y que algunas entidades solicitan también la apostilla de la firma del funcionario que emite el certificado, y no solo la apostilla del documento…
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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Los documentos privados, no requieren apostilla ni legalización, salvo que hayan sido autenticados por un notario u autoridad competente, caso en el cual adquieren carácter de documento público y deben apostillarse.
C-644 de 2025
2025-07-03
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los documentos públicos o privados expedidos en el exterior para que sean válidamente aceptados por las entidades estatales colombianas en el marco de actuaciones contractuales?
Los documentos públicos y privados expedidos en el exterior deben acreditarse mediante apostilla o legalización, según el país de origen. La apostilla, regulada por la Ley 455 de 1998, aprueba la Convención de La Haya de 1961 sobre la abolición del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros, y certifica la autenticidad de un documento o de la firma para que tenga validez en los países parte. Los países que no suscriben esa convención deben realizar el trámite de legalización, que de acuerdo con la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares y con el artículo 2 de la Resolución 10547 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores consiste en la certificación de un documento o firma de un servidor público. Aunque ambos trámites certifican la firma de un servidor público, se diferencian en los pasos y requisitos que exige cada instrumento internacional. La Circular Externa Única de la Agencia, en su numeral 8.1, recogió esas reglas para la forma en que se acreditan los documentos expedidos en el exterior en las actuaciones contractuales.síntesis automática
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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Por correlato, los documentos expedidos en idioma diferente al castellano, para que puedan ser apreciados y valorados por la entidad contratante deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano.
C-395 de 2024
2024-10-17
¿Cuál es la línea de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente sobre la exigencia o no de traducciones oficiales o simples de documentos en idioma diferente al castellano durante la evaluación de los procesos competitivos?
Las entidades estatales no deben solicitar traducciones oficiales en los procesos de contratación, salvo que una norma especial lo exija de forma expresa, conforme al numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, aunque los documentos en idioma distinto al castellano deben presentarse en su lengua original junto con su traducción al castellano para que puedan ser apreciados y valorados, dado que el artículo 10 de la Constitución establece el castellano como idioma oficial. El artículo 251 del Código General del Proceso, que exige traducción por intérprete oficial, no resulta aplicable a la actividad contractual del Estado, pues regula la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, el CPACA no remite expresamente a él y la Ley 80 de 1993 es norma especial con disposición específica sobre traducciones. La exigencia de traducción protege a la entidad, al proponente que aporta el documento y a los demás oferentes, y contribuye al principio de transparencia. En materia de apostilla, la Ley 455 de 1998 cobija documentos públicos, y los documentos privados autenticados ante notario adquieren carácter público. En virtud de su autonomía, corresponde a cada entidad adoptar las decisiones pertinentes en sus procesos de contratación.síntesis automática
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Colombia Compra Eficiente
Concepto
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 regula las modalidades de selección aplicables a los diferentes Procesos de Contratación, regulando los supuestos y causales en virtud de la cuales se deben aplicar las modalidades de licitación pública, contratación directa y mínima cuantía.
C-085 de 2024
2024-07-24
La contratación directa justificada en la distribución exclusiva de un bien o servicio en el territorio nacional, le es aplicable la guía -GUÍA PARA LA PARTICIPACION DE PROPONENTES EXTRANJEROS EN PROCESOS DE CONTRATACION G-PPEPC-01- cuando realmente no están participando en si de un proceso de contratación?
La contratación directa justificada en la distribución exclusiva de un bien o servicio en el territorio nacional, le es aplicable la guía -GUÍA PARA LA PARTICIPACION DE PROPONENTES EXTRANJEROS EN PROCESOS DE CONTRATACION G-PPEPC-01- cuando realmente no están participando en si de un proceso de contratación?
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Contratación directa
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Contratación estatal: la apostilla no recae sobre el contrato estatal en sí mismo
C-1796 de 2025
2026-01-20
¿Cuál es el alcance jurídico y probatorio de los contratos estatales suscritos electrónicamente y publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–?
Los contratos estatales suscritos electrónicamente en SECOP II tienen plena validez y fuerza obligatoria. Según el concepto, el contrato electrónico se configura con los mensajes de datos que la entidad envía al proveedor, compuestos por el formulario y los anexos, y con el mensaje de aceptación del proveedor, acompañados de la firma electrónica y del sello de tiempo de la plataforma. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, los artículos 14 y 22 de la Ley 527 de 1999 disponen que no se niega validez a un contrato por haberse formado con mensajes de datos y que estos producen los efectos del negocio que contienen, es decir, las normas de contratación pública. Segunda, la plataforma es transaccional, por lo que el procedimiento se desarrolla en línea, conforma un expediente electrónico y hace concomitante la publicidad de cada etapa, lo que descarta en principio la necesidad de cargar documentos escritos como en SECOP I. Sobre la firma electrónica, el concepto remite además al artículo 836 del Código de Comercio. La consecuencia práctica es que la entidad debe realizar sus actuaciones dentro de la plataforma, pues el contrato y su aceptación electrónica constituyen el acuerdo que produce efectos.síntesis automática
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Contratación estatal: contrato electrónico
Secop ii: validez jurídica y valor probatorio de los documentos electrónicos
Medios electrónicos: firma electrónica y mensaje de datos
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020160258701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La propuesta del Consorcio AVETEC 2016 cumplió con la solicitud de subsanación hecha por la Aerocivil mediante el Acta 14 de 25 de mayo de 2016 y de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones exige traducción oficial de los documentos de la oferta, ese requisito se predica de los documentos objeto de la apostilla y no de los sellos o certificados que acreditan el trámite, porque la Ley 455 de 1998 permite expedir la apostilla en un idioma distinto del castellano. Una razón es que los sellos de apostilla certificaron la autenticidad de la firma y la calidad de quien firmó, se expidieron en inglés, idioma autorizado por la ley, y contenían la información del modelo legal. Otra razón es que la entidad contratante aclaró durante el proceso de selección que el requisito de castellano solo aplicaba a los documentos apostillados, que estaban en español. En el caso, la Sala concluyó que el oferente cumplió la subsanación solicitada y que la entidad no vulneró las reglas del pliego al aceptar esos sellos, por lo que confirmó la negación de las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la exigencia de idioma del pliego debe interpretarse según el objeto que se certifica y no de forma extensiva.síntesis automática
También resuelve:
¿El documento de subsanación denominado aclaración certificado de buena ejecución del fabricante, mediante el cual la firma fabricante…
¿El oferente se encontraba habilitado técnicamente, en especial con relación al requisito de experiencia específica, que es lo controvertido por el apelante?
¿La entidad contratante vulneró las reglas de subsanabilidad previstas en el pliego de condiciones o incurrió en alguna irregularidad durante la audiencia de adjudicación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La demanda fue presentada el 17 de junio de 2008
Sentencia — Sentencia
2024-07-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020080083501
ACCION CONTRACTUAL
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?
¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso…
¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
CONFIRMA