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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100020010121201-52708-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-17"
radicado: "05001233100020010121201"
numero: "52708"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-17
- **Radicado:** 05001233100020010121201
- **Número interno:** 52708
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** JAIME LEON RUIZ MUÑOZ
- **Demandado:** GOBERNACION DE ANTIOQUIA, INGENIO VEGACHÍ LTDA. —EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020010121201-52708-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100020010121201/D883CFB76BE89892B6BE20AA7C8466E8B8DF2B44D6EEA22771EF60C635EB151A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200101212011100103

## Regla de decisión

Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.

## Problema jurídico

¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…
- ¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…
- ¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1050 de 1968, art. 5
- Decreto 855 de 1994, art. 18
- Decreto Ley 222 de 1983, art. 1

## Extracto

Para analizar lo atinente a la caducidad deberá estudiarse, previamente, el régimen jurídico aplicable al contrato de suministro de caña de azúcar. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los acuerdos de voluntades no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. A los contratos debe aplicarse la ley vigente en el momento de su celebración y por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales.

## Síntesis temática

El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO DE SUMINISTRO, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, COMPETENCIA, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN, APELANTE, APELANTE ÚNICO, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN, PRETENSIÓN DECLARATIVA, ENTIDAD TERRITORIAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PRUEBA DOCUMENTAL, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, DECISIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, APORTES A LA SOCIEDAD, APORTE EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PATRIMONIO, PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, VELO CORPORATIVO, LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO, RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS, PERSONA JURÍDICA, ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ABUSO DEL DERECHO, ÁNIMO SOCIETARIO, ABUSO DEL DERECHO COMERCIAL, DERECHO COMERCIAL, DERECHO SOCIETARIO, SOCIEDAD, ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD, RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA, LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL, PASIVOS, ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL, SOCIEDAD SUBORDINADA, DEFRAUDACIÓN, ACTIVOS APORTADOS A LA SOCIEDAD, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ADMINISTRADOR, DAÑO, DOLO, CULPA, COLIGACIÓN NEGOCIAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, NEXO DE CAUSALIDAD, PROCESO CONCURSAL, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, JUNTA DIRECTIVA, COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, CALIDAD DE SOCIEDAD SUBORDINADA, LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD, ACREEDOR, DEMANDANTE, DEMANDADO, CAPITAL SOCIAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO, MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para analizar lo atinente a la caducidad deberá estudiarse, previamente, el régimen jurídico aplicable al contrato de suministro de caña de azúcar. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los acuerdos de voluntades no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. A los contratos debe aplicarse la ley vigente en el momento de su celebración y por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales. Las obligaciones su validez, existencia y efectos quedan bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento de su nacimiento y, por ende, no puede aplicarse una norma nueva a obligaciones originadas antes de ella. Este mandato legal es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas. El régimen aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales ha variado en el tiempo. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. La Ley 80 de 1993 dispuso que estas entidades debían someterse a sus disposiciones al enlistarlas en su artículo 24. A su turno, el artículo 13 definió que (…) De acuerdo con lo anterior, en la concepción original de la Ley 80 de 1993, las EICE eran entidades estatales y, por ende, se regían por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Frente a éstas, la Ley 80 de 1993 (par. art. 145) dispuso que no procedería el pacto de las cláusulas excepcionales, salvo en los contratos enlistados en el numeral segundo del artículo 14, y que no se requería licitación o concursos públicos cuando se tratara de «los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley» (…). Por su parte, el artículo 18 del Decreto 855 de 1994 precisó (…). En este orden, la jurisprudencia consideró que, bajo este contexto normativo, la actividad contractual de las EICE se regía por la normativa de contratación pública, salvo en lo explícitamente exceptuado por cualquier norma: (…) Posteriormente, se expidió la Ley 489 de 1998, que, en su artículo 93, prescribió que los actos de las EICE para el desarrollo de su actividad propia o de su gestión económica se regirían por el derecho privado, mientras que, respecto de los contratos celebrados para el cumplimiento de su objeto, mantuvo la regulación del EGCAP. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que las EICE estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que: (i) desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o (ii) en mercados regulados o en mercados monopolísticos, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. El artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 modificó la norma anterior en el sentido de determinar que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estarían sometidas al EGCAP, con excepción de aquellas que (i) desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público nacional o internacional o (ii) en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las normas aplicables a dichas actividades. En tal sentido, a aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, nuevamente, se les hizo aplicable el Estatuto General de la Contratación. Se observa que el contrato n°. 038 (...) se celebró el 4 de diciembre de 1994 entre (…). y el señor (…). Igualmente, que el (…) tenía la naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, según consta en su certificado de existencia y representación (…). El artículo 81 de la Ley 80 de 1993 determinó que sus disposiciones entrarían a regir a partir del 1 de enero de 1994, con excepción de: (i) las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes cuya vigencia iniciaría un año después de su promulgación y (ii) las normas enlistadas en el inciso segundo del artículo 81, que se aplicarían desde la promulgación de la ley. Por lo anterior, el contrato estaba sometido a la Ley 80 de 1993 en los asuntos no exceptuados por la misma u otras normas, sin que le resultaran aplicables las modificaciones de la Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007 o la Ley 1474 de 2011.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre si la demanda se instauro en tiempo el juez debe estudiarla oficiosamente, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las EICE, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 2009, exp. 24639, C.P. Myriam Guerrero De Escobar y Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 2015, exp. 31683, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la actividad contractual de las EICE, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2022, exp. 34936, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 5, DECRETO 855 DE 1994 - ARTÍCULO 18, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1°, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 145 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 81
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista, al tratarse de un contrato de suministro de tracto sucesivo que requería liquidación conforme a la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la caducidad, se resalta que la norma aplicable al momento en el que empezó a correr el término era la prevista en el artículo 136.10 del CCA con la subrogación de la Ley 446 de 1998, que regulaba este asunto en materia de pretensiones contractuales, según las particularidades del negocio jurídico, y para el caso de los de tracto sucesivo, de acuerdo con la exigencia de surtir la etapa de liquidación. Se observa que el objeto del contrato suscrito consistía en que: «EL CULTIVADOR VENDEDOR se obliga a vender al (demandado), la totalidad de la caña que cultive y produzca durante nueve cortes sucesivos y continuos, diez (10) años, en una extensión de cuarenta (40) hectáreas (…), y mediante la modificación del 21 de febrero de 1996 (…), las partes precisaron que el objeto era el suministro exclusivo de la totalidad de los frutos de caña cultivados y producidos durante el término de 10 años, contados desde la legalización del contrato de «compraventa» (cláusula primera). En esta misma línea, la cláusula décima disponía que el contratista se obligaba a entregar «la caña cosechada y madura en pie», mientras que el (demandado) se encargaría de las labores de corte, alce y transporte (cláusula décima segunda), por lo cual pagaría al cañicultor (cláusula décima cuarta) un precio equivalente a 48 kilos de azúcar, liquidados según la cláusula décima quinta, que sería desembolsado dentro de los 15 primeros días hábiles del mes calendario siguiente, según las entregas realizadas en los primeros 20 días del mes anterior. Se destaca de este acuerdo la periodicidad de las entregas a las que estaba obligado el contratista, y el precio que el departamento debía pagar como contraprestación, de conformidad con la cantidad del producto entregada en cada uno de los instalamentos. Para la Sala es evidente que la intención de las partes (art. 1618 CC) era que el contratista entregara al departamento, de forma periódica, la caña cosechada y madura, para que el (demandado) realizara el respectivo corte, alce y transporte, y por las labores de cosecha, el cañicultor recibía un precio determinable de acuerdo con la cantidad de cada entrega. De manera que no hay duda de que, conforme lo pactado frente a sus elementos esenciales (art. 1501 CC), el contrato era de suministro, dada la periodicidad de sus prestaciones (arts. 968 a 980 del C.Co.). Era, entonces, un contrato de tracto sucesivo, en la medida en que las prestaciones se cumplían de manera periódica, durante el plazo del negocio. Según lo expuesto, como el contrato se gobernaba por la Ley 80 de 1993 y la aplicación del artículo 60 de ese compendio no estaba exceptuada frente a la actividad contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se advierte que este contrato, al ser de tracto sucesivo, debía ser liquidado y, en consecuencia, la norma aplicable a la caducidad de la acción era la prevista en los numerales c13 y d14 del artículo 136.10 del CCA. En virtud de que el contrato tenía una duración de 10 años contados desde el 4 de diciembre de 1994, el vínculo en principio finalizaba el 4 de diciembre de 2004, momento a partir del cual iniciaba el cómputo del término para liquidarlo. Sin embargo, se resalta que el 9 de marzo de 2001, mediante Auto n°. 410-610 (…), la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de la liquidación obligatoria del (…), lo que, en los términos del artículo 151.3 de la Ley 222 de 1995 norma vigente en la época suponía la disolución de la persona jurídica y, en concordancia con el artículo 222 del Código de Comercio, la conservación de su «capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para la inmediata liquidación». En consideración a que el contrato suscrito con (…) no era necesario para la liquidación del (demandado), esta relación obligacional finalizó por virtud de la ley, el día en el que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad, es decir, el 9 de marzo de 2001. De esta manera, el término de caducidad aplicable a la acción contractual se computaba desde el 9 de marzo de 2001 hasta el 9 de marzo de 2003, por lo cual la demanda presentada el 30 de abril de 2001 fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C13, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D14, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 222, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968-980, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 151 NUMERAL 3, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
LEGITIMAC

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

to, en calidad de socio, se debía acreditar que la entidad territorial (i) utilizó al Ingenio con fines ilegítimos, desviando la finalidad para la cual fue creada, en cuyo caso, habría un levantamiento del velo corporativo en los términos del artículo 830 del Código de Comercio; o (ii) utilizó la sociedad para defraudar a terceros acreedores, y los bienes de la liquidación no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los créditos reconocidos en el proceso concursal (art. 207 de la Ley 222 de 1995). En igual sentido, para que se erigiera la responsabilidad subsidiaria del demandado como administrador, debía demostrarse que el departamento (i) actuó sin apego al parámetro de conducta de buen hombre de negocios y de ello se derivó el daño; o (ii) entorpeció los pagos de las deudas a favor de terceros del (demandado) (art. 206 de la Ley 222 de 1995). De manera que, la obligación de cubrir las deudas de la persona jurídica no resulta automática solo por la calidad de administradores o socios, puesto que se requiere la demostración de una serie de elementos para una declaratoria de responsabilidad que justifique la consecuente condena a indemnizar perjuicios. Sobre este tipo de responsabilidad predicable de los socios o administradores, esta Sala, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que es extracontractual, habida cuenta la inexistencia de un vínculo jurídico previo entre los socios o administradores y los acreedores perjudicados. Además, ha recalcado su carácter subsidiario, en la medida en la que el pago que, eventualmente, les corresponde como socios o administradores, depende de la insuficiencia patrimonial de la sociedad (parágrafo del artículo 148, 206 y 207 de la Ley 222 de 1995), particularidad que, de por sí, sugiere que los titulares de la acción son únicamente los acreedores de la persona jurídica. Se destaca que esta Sección se ha pronunciado en múltiples ocasiones en las que, habiéndose vinculado al (demandado) y al departamento de Antioquia, se han formulado, respecto de los dos, pretensiones declarativas, lo que ha permitido al juzgador referirse al pedimento de responsabilidad del ente territorial. En efecto, han sido variadas las maneras en los que estos actores han pretendido que se efectúen las declaraciones respecto de los demandados y, la Sección, según las particularidades del caso, ha interpretado la demanda para desentrañar su verdadera intención, sin que ello hubiera implicado la modificación de la causa petendi o el petitum, en la medida en la que se recalca se había pedido la respectiva pretensión declarativa de responsabilidad respecto de cada demandado. En esta línea, se observa que el extremo activo podía pedir, de manera principal, la responsabilidad contractual del (demandado) por incumplimiento y, asimismo, la extracontractual del departamento de Antioquia por haber actuado negligentemente como socio o administrador de la sociedad, con fundamento en los anotados eventos en los que puede darse el levantamiento del velo corporativo o comprometerse la responsabilidad del administrador. Como quiera que estas pretensiones no se excluyen entre sí pues la existencia del vínculo contractual que se predica respecto del (demandado), y que sustenta la acción de controversias contractuales, no desdice la relación extracontractual que puede existir por la causación de daños que se le atribuyen al ente territorial, podían acumularse, de conformidad con el artículo 82 del CPC, aplicable de conformidad con la remisión del artículo 145 del CCA. Igualmente, podían formularse las mismas pretensiones en relación de subsidiaridad, por cuanto tal acumulación tampoco desconoce las exigencias del antedicho artículo 82 del CPC e, incluso, podía elevarse, de manera principal, la responsabilidad contractual del (demandado) y extracontractual del departamento como administrador y, como subsidiaria, la responsabilidad extracontractual del departamento como socio, o viceversa. En todos estos eventos, se reitera se habría pretendido la declaración del fundamento de la condena en contra de todos los demandados. Sin embargo, en este caso, tal pedimento no se impetró, y, en su lugar, se solicitó directamente la condena al departamento por los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del (demandado). Bajo este contexto, y como se advirtió en líneas anteriores, analizar la conducta extracontractual del departamento, como socio o administrador del Ingenio, respecto de terceros sin haberse formulado una pretensión declarativa en este sentido, rompería la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo fallado y, desde luego, conllevaría la modificación del petitum, en cuanto se decidirían aspectos no solicitados en la demanda, en abierto desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 305 del CPC y 170 del CCA. De acuerdo con el problema jurídico planteado, no es procedente condenar al departamento de Antioquia al pago de los perjuicios pedidos en la demanda derivados del incumplimiento del contrato por parte del Ingenio, puesto que no se formuló una pretensión declarativa en contra de este demandado que sustentara su eventual condena, aspecto que resulta fundamental frente a la responsabilidad de los socios y administradores. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la reiteración de la jurisprudencia frente a el pedimento de responsabilidad del ente territorial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 54557, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2018, exp. 42028, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 39339, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 50049, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2020, exp. 36530, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 46071, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 50044, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 39172, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 47158, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, exp. 36531, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 145, DECRETO 1° DE 1984 - ARTÍCULO 170, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 148 PARÁGRAFO 1, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 206, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-17. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 05001233100020010121201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020010121201-52708-sentencia).
