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Consejo de Estado
Providencia
Procede la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación
2024-10-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 41001233300020200076304
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia? Sí
El Despacho ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del dieciséis (16) de julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, al encontrar reunidos todos los requisitos legales establecidos en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
ADMITE
Consejo de Estado
Providencia
Se admitirán los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida en primera instancia
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020170194601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se admitirán los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca [mediante sentencia], accedió a las pretensiones de la demanda. Decisión que fue apelada por la parte demandada - Unión Temporal… y [compañía aseguradora]. Al encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación se admitirán los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificados por los artículos 62 y 67 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente). El abogado… allegó poder conferido por la [unión temporal demandada], para que asumiera su representación judicial en el presente proceso.
ADMITE
Consejo de Estado
Providencia
Resueltos ante el superior jerárquico; razón por la cual no basta con la simple.
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020100038901
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuál es el objeto del recurso de apelación contra las providencias judiciales? Sí
El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise los puntos que el apelante cuestiona de la decisión de primera instancia, y no permite repetir sin razones el trámite surtido ante el juez inferior. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el recurso garantiza la doble instancia, que procede para controvertir las decisiones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico. La segunda es que el apelante debe determinar, mediante sus cargos, qué asuntos deben ser resueltos por el superior, confrontando las razones de la decisión recurrida. La tercera es que la sustentación no se cumple con afirmaciones genéricas o vagas, pues aunque sea sucinta debe bastar por sí misma para evidenciar los motivos del desacuerdo. Así, los planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control. La nota de relatoría remite a pronunciamientos de 2010 y 2014 sobre la finalidad y el deber de sustentación del recurso, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Sobre cuáles aspectos debe versar el recurso de apelación?
¿Es admisible que a través del recurso de apelación se expresen abiertamente las razones de ataque contra el acto amdinistrativo?
¿El acto administrativo que se pronunció frente a las acreencias laborales de algunos extrabajadores era pasible de control judicial dado su nacimiento a la vida jurídica con antelación a la…
Consejo de Estado
Providencia
No procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 52001233300020160029202
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión? No
El contratista no obtiene el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando no acredita los costos efectivamente asumidos mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables. La Sala confirmó que los modificatorios del contrato no implicaron reconocimiento de contraprestación adicional ni renuncia a las reclamaciones del contratista, y que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos de solidez, claridad y exhaustividad exigidos por la jurisprudencia. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la valoración del dictamen pericial debe hacerse con sana crítica, considerando la idoneidad del perito y la calidad de sus fundamentos, así como la concordancia con los soportes documentales presentados. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas robustas y detalladas para demostrar los costos asociados a la extensión del contrato, evitando así la negativa a sus reclamaciones por falta de evidencia suficiente.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal.
Sentencia — Sentencia
2026-04-27
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020170051501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…
¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?
¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Ha de aclararse que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020140100702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto? Sí
El contratista no puede someter a arbitraje las controversias derivadas de un convenio interadministrativo cuando la cláusula compromisoria no expresa claramente la voluntad de las partes de someter sus diferencias a este mecanismo, ya que la competencia de los árbitros surge del acuerdo de voluntades de las partes y la estipulación debe manifestar explícitamente la intención de someter las disputas al arbitraje. En este caso, la cláusula en cuestión no contiene una clara disposición sobre el arbitraje, sino que contempla diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo la conciliación y la amigable composición, y reafirma la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver las controversias derivadas del convenio. Por lo tanto, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en relación con la liquidación judicial del convenio interadministrativo, lo que implica que las partes deben acudir a la justicia ordinaria en lugar de al arbitraje para resolver sus diferencias.síntesis automática
También resuelve:
¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo…
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación…
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y son exceptuados de la Ley 80 de 1993?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010121201
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…
¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…
¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no corresponde contabilizar la caducidad de la acción de cumplimiento de sentencia con el término de 10 meses del artículo 192
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 50001233300020240026101
LEY 1437 REPETICION
¿Corresponde contabilizar la caducidad de la acción de cumplimiento de sentencia con el término de 10 meses del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 cuando el proceso que originó la condena se tramitó con el Decreto 1 de 1984? No
Me aparto de la forma como se contabilizó la caducidad. A pesar de que el proceso en el que se profirió la sentencia condenatoria se tramitó con el Decreto 1 de 1984, se concluyó que el término que tenía la entidad para pagar la obligación era el previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, esto es, 10 meses desde la ejecutoria. A mi juicio, debía tenerse en cuenta el término señalado en el artículo 177 del Decreto 1 de 1984, esto es, 18 meses desde la ejecutoria, comoquiera que el proceso que dio origen a la sentencia se tramitó con el Decreto 1 de 1984 y no con la Ley 1437 de 2011 la cual, de conformidad con el artículo 308, es únicamente aplicable “a las demandas y procesos que instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”, esto es al 2 de julio de 2012.