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¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
¿Están probadas las erogaciones en que incurrió el contratista para efectos de cumplir el contrato declarado nulo? Sí
El contratista debe probar las erogaciones efectuadas para cumplir con el contrato declarado nulo, ya que la carga probatoria recae sobre él para demostrar la efectiva ejecución de sus obligaciones y las restituciones que le corresponden. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al considerar que el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 no contiene un supuesto de hecho para la nulidad de contratos, por lo que no puede aplicarse para modificar los efectos de la nulidad del contrato estatal. Además, la Sala sostuvo que el régimen jurídico del contrato gobierna también las reglas aplicables a la nulidad y sus consecuencias, por lo que en este caso se aplican las normas del derecho privado y no la Ley 80 de 1993. Esto implica que para reclamar restituciones o pagos por prestaciones contractuales, el contratista debe acreditar la ejecución efectiva de dichas prestaciones.síntesis automática
También resuelve:¿El artículo 38 de 142 de 1994 relacionado con que la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos sólo producirá efectos hacia el futuro no contiene un supuesto de…¿Es apropiado que se aplicara el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 para determinar los efectos de la nulidad del contrato que dio origen al litigio?¿Las facturas solamente demuestran que el contratista facturó, pero no la prestación efectiva de los servicios?
Entidades del estado,Empresas industriales y comerciales del estado,Derecho privado,Articulo 32,Ley 142 de 1994,Contratos estatales,Medio de control,Definición – Mes: diciembre – Año: 2023…
También resuelve:Buena fe: etapa precontractual, aplicación, alcance, incumplimientoActos precontractuales: aplicación, alcanceConsejo de estado
Entidades del estado,Empresas industriales y comerciales del estado,Derecho privado,Articulo 32,Ley 142 de 1994,Contratos estatales,Medio de control,Definición – Mes: noviembre – Año: 2023…
También resuelve:Prestación de servicios públicos domiciliarios: entidades del estado, empresas industriales y comerciales del estado, derecho privado, Articulo 32Controversias contractuales: medio de control, definición cualquiera de las partes de un contrato del estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras decla raciones y condenas. así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.”República de colombia
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Sí
El contratista no puede suspender o terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya que dicha entidad tiene la facultad de regular y autorizar las desconexiones de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011. En este caso, la entidad estatal y el contratista interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que el contrato de prestación de servicios de datos no constituía una relación de acceso regulada por la CRC y que la Resolución no prohíbe la terminación del contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la Sala estableció que el contrato en cuestión estaba sujeto a la Resolución CRC 3101 de 2011, lo que implica que la desconexión o terminación del contrato requería la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, reforzando la necesidad de que las partes consulten a la CRC antes de tomar decisiones que afecten la prestación de servicios de telecomunicaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Dentro de las competencias asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones está la de autorizar la desconexión de los proveedores de redes y servicios y dictar las medidas previas que se…¿Al contrato de prestación de servicios de datos suscrito entre Avantel y Colombia Móvil le eran aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011?¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de Colombia Móvil al proceder con la desconexión del acceso a la red cuando el plazo del contrato se encontraba vigente y sin esperar que Avantel…
Ley 142 de 1994,Tarifa – Mes: septiembre – Año: 2013…
También resuelve:Servicios publicos domiciliarios: contrato de prestación de servicios –Ley 142 de 1994 − TarifaConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
¿El contrato celebrado con una empresa de servicios públicos está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se configuró desequilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede solicitar la revisión del desequilibrio económico del contrato celebrado con una empresa de servicios públicos, ya que este tipo de contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994. La Sala establece que la revisión de la excesiva onerosidad de las prestaciones debe ajustarse al artículo 868 del Código de Comercio, que requiere que las circunstancias extraordinarias afecten una prestación de futuro cumplimiento, lo cual no se da en este caso, ya que las reclamaciones se basan en actividades ya realizadas. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que los contratos de servicios públicos no están regidos por el estatuto de contratación estatal, limitando así las posibilidades de revisión de desequilibrios económicos en contratos celebrados bajo el derecho privado.síntesis automática
¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada…¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente…¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a…¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación…¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública?¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados…¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿La falta de liquidación unilateral del contrato por parte de la Administración configura un incumplimiento contractual a partir del cual pueda atribuirse responsabilidad a la entidad contratante? No
La falta de liquidación unilateral de un contrato estatal por parte de la entidad no constituye, por sí misma, un incumplimiento contractual, porque la liquidación unilateral es una potestad que la ley le otorga y no una obligación cuyo no ejercicio genere responsabilidad. Una razón es que la liquidación bilateral requiere el consenso de las partes, y ante la ausencia de acuerdo la entidad puede adoptarla unilateralmente, pero decidir no ejercer esa prerrogativa no causa un perjuicio cierto al contratista. Otra razón es que no se conoce en qué términos la entidad habría liquidado ni si la decisión habría beneficiado o perjudicado al contratista, de modo que no hay obligación contractual incumplida. En el caso, las partes quedaron habilitadas para pedir la liquidación judicial, que es la vía en la que se determina el cruce final de cuentas. La Sala revocó la decisión que había reconocido el incumplimiento y confirmó la negación de las pretensiones de incumplimiento y de perjuicios derivados. Su consecuencia práctica es que el contratista debe acudir a la liquidación judicial y no reclamar perjuicios por no liquidar.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por concepto del valor de la prórroga del contrato acordada en forma bilateral?¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por por servicios prestados luego de expirado el término del contrato?¿Se acreditó temeridad o de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de prestación de servicios demandando? Sí
El contratista y la entidad estatal acuerdan que el contrato de prestación de servicios se rige por el derecho privado conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, lo que implica que no están sujetos a las normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública a menos que la ley disponga lo contrario. La liquidación del contrato debe hacerse de mutuo acuerdo, ya que no se especifica una modalidad específica en el contrato, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales comienza el día siguiente al vencimiento del plazo para liquidar el contrato, en este caso el 12 de abril de 2017. Esta decisión reitera y matiza la aplicación del derecho privado en contratos estatales, lo que implica que las partes deben incluir claramente en el contrato cualquier disposición que limite la flexibilidad del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando en un contrato que se rige por el derecho privado no se especifica la modalidad en la que debe liquidarse, cuál sería la forma que debe hacerse el procedimiento liquidatario?¿La forma de liquidación del contrato estatal que se rige por el derecho privado debe estar convedida por las partes en el contrato?¿Cómo se realiza el cómputo del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el contrato estatal que se rige por el derecho privado cuando en este no se pacta la forma…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo?¿La demanda se presentó oportunamente?¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?