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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación

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Fecha
2024-10-11
Radicado
25000233600020130000201
Número interno
66199
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Demandado
MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, ANTV

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación

Lo que dijo la Sala

De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está limitada por los reparos concretos formulados por el apelante en el recurso.… Por consiguiente, no le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de desestimar la pretensión de nulidad parcial del otrosí 4 al contrato de concesión 206 de 1999 — parágrafo tercero de la cláusula tercera y cláusula cuarta—, ya que en el recurso no se debatieron los fundamentos de esta decisión del Tribunal. Lo anterior, sin perjuicio de las obligadas menciones que sobre tales acuerdos se deban hacer para definir los asuntos materia de alzada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia está limitado en su competencia por los reparos específicos presentados en el recurso de apelación, según establecen los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, lo que implica que no puede pronunciarse sobre aspectos no debatidos en el recurso. Además, la Sala determina que la resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual, caracterizado por la necesidad de un acuerdo previo entre la administración y los destinatarios, aunque la voluntad final aparezca como unilateral. En este contexto, el concesionario que demanda un acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual actúa contrariando el principio de buena fe, ya que este principio exige que las partes cumplan con las obligaciones asumidas en el contrato y respeten las decisiones tomadas durante el procedimiento. Esta regla modifica la interpretación previa sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia y la naturaleza de los actos administrativos consensuales, lo que implica que los jueces deben ser más restrictivos en su análisis y que los actores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de la buena fe contractual antes de presentar demandas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, arts. 320 y 328

También resuelve

  • ¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual?
  • ¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe?
  • ¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL PRÓRROGA DEL CONTRATO ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONTROL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO OTROSÍ AL CONTRATO ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO PROPIO BUENA FE CONTRACTUAL VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONCEPTO DE BUENA FE ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL COSTOS VARIABLES AGREGADOS VALOR VARIABLE AJUSTE DE PRECIO INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO INEXISTENCIA DE DAÑO DEBERES DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 26.847 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está limitada por los reparos concretos formulados por el apelante en el recurso. (…) Por consiguiente, no le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de desestimar la pretensión de nulidad parcial del otrosí 4 al contrato de concesión 206 de 1999 — parágrafo tercero de la cláusula tercera y cláusula cuarta—, ya que en el recurso no se debatieron los fundamentos de esta decisión del Tribunal. Lo anterior, sin perjuicio de las obligadas menciones que sobre tales acuerdos se deban hacer para definir los asuntos materia de alzada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los límites de la competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de abril de 2023, rad. 61607, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 ACTO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTROL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OTROSÍ AL CONTRATO Problema jurídico: ¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual? Respuesta al problema jurídico: Si La descripción del procedimiento pactado por las partes en el otrosí 4 al contrato de concesión y el recuento sobre la forma como se cumplió dicho procedimiento permite arribar a varias conclusiones. La primera conclusión es que la Resolución 2012-380-00125-4 del 1º de febrero de 2012 es un acto de trámite. Esta resolución fue una actuación preliminar, enmarcada en el procedimiento pactado en el otrosí 4, con el fin de preparar una decisión definitiva sobre el valor de la prórroga. Esta resolución no creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta para el concesionario. Un requisito de la sentencia que define la legalidad de un acto administrativo es que sea definitivo, o que de ser de trámite, ponga fin a la actuación administrativa o modifique la situación jurídica del destinatario. Dado que la Resolución 2012-380-00125-4 del 1º de febrero de 2012 no cumple con estos requisitos, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la presunción de legalidad de este acto. La segunda conclusión es que la Resolución 2012-380-000394-4 del 23 de marzo de 2012 y la Resolución 019 de 2012, que la confirmó, constituyen actos administrativos contractuales. (…) La tercera conclusión, asociada a lo que se acaba de indicar, es que los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales. Esta conclusión, que se ampliará a continuación, incide en la vocación de prosperidad de las pretensiones del actor. Como consecuencia de la creciente participación de los ciudadanos en el procedimiento administrativo, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido la conceptualización de una nueva categoría de actos administrativos: los actos consensuales, o más precisamente, los actos derivados de procedimientos consensuales. En el proceso de formación de estos actos media un acuerdo previo entre la administración y sus destinatarios, aunque al momento de su expedición solo aparece la manifestación unilateral de voluntad de la administración que recoge dicho acuerdo. En este contexto, el procedimiento y los sujetos del acto adquieren especial relevancia, ya que es fundamental que en el procedimiento administrativo se surta la etapa de concertación como fase ineludible para la expedición del acto. De esta manera, a diferencia de los actos administrativos tradicionales en los que, si bien la participación de los administrados tiene incidencia en la formación de la voluntad final de la administración, pero deja a ésta la adopción del acto bajo criterios, objeto y fines reglados y discrecionales, en aquellos la voluntad de los sujetos activo y pasivo de la relación convencional se funde y expresa en una decisión final que adopta únicamente quien tiene la competencia. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al control judicial de los actos de trámite, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2021, rad. 44248, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Corte Constitucional, sentencia SU-077 de 2018, M. P Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre la noción del acto administrativo contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 65472, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 31 de mayo de 2016, rad. 47030, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Corte Constitucional, sentencia C-927 de 2006. Acerca de los actos consensuales, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2014, rad. 2013-00055-00, C. P. Guillermo Vargas Ayala; Sección Segunda, sentencia 23 de marzo de 2017, rad. 0034-16, C. P. Gabriel Valbuena Hernández; y Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 21 de abril de 2020, rad. 2444, C. P. Édgar González López. ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / ACTO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Problema jurídico: ¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe? Respuesta al problema jurídico: Si En el medio de control de nulidad de carácter subjetivo, esto es, el denominado de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario determinar si quien obra como demandante es titular de un interés jurídicamente protegido que resultó lesionado o pueda ser lesionado por la decisión. Esta determinación incide en el análisis sobre la legalidad de la decisión administrativa y en el eventual restablecimiento de los derechos del destinatario o en la reparación de los perjuicios que este haya sufrido. La anterior afirmación es un corolario del artículo 138 del CPACA (…) En este caso, la Sala constata que el concesionario, como destinatario del acto administrativo consensual, no actuó de buena fe. Un principio jurídico fundamental es que una persona no puede pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Este principio forma parte del ordenamiento jurídico y es compatible con los postulados de la Constitución Política, ya que busca impedir el acceso a ventajas que se consideran indebidas o inmerecidas jurídicamente. A no dudar, la conducta del concesionario es jurídicamente reprochable, porque pretende la nulidad del acto del que derivó un derecho contractual. Aceptar el valor de la prórroga fijado por la CNTV en el marco del procedimiento contractual y hacerse a la firmeza de la prórroga con los beneficios que de ellos deriva, enervando la condición resolutoria por falta de acuerdo sobre el valor a remunerar por la concesión, para luego impugnar la legalidad del acto administrativo consensual basándose en argumentos discutidos previamente con la entidad, constituye una afrenta al deber de obrar conforme lo imponen los cánones del principio de buena fe. Este principio impone el deber de actuar de manera coherente, lo que implica que una persona no puede contradecir injustificadamente sus conductas anteriores, especialmente cuando estas han generado en su favor unos derechos, y en la contraparte la confianza razonable de que dicho comportamiento se mantendrá (…). Si el concesionario no tenía un derecho a la prórroga y si esta no operaba automáticamente, entonces no puede afirmarse que la aceptación del valor fijado por dicha prórroga fuera una medida mitigación de daños, pues para que se hable de mitigación de daños tiene que haber un derecho subjetivo que esté siendo afectado. Al presentar la propuesta y suscribir el contrato de concesión 206 de 1999 y su prórroga, el concesionario debió prever que los ingresos que obtendría en el plazo de ejecución le permitieran amortizar los costos e inversiones necesarias para explotar el servicio de televisión. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al consentimiento en los actos consensuales, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2014, rad. 2013-00055-00, C. P. Guillermo Vargas Ayala. Respecto al interés para acudir al proceso y demandar la nulidad del acto administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de marzo de 2022, rad. 62599, C. P. María Adriana Marín. Acerca del principio de buena fe, cita: Corte Constitucional. Sentencia C-207 de 2019 y C- 426 del 29 de mayo de 2002; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de agosto de 2014, SC10326-2014. Respecto a la prórroga del contrato de concesión, cita: Corte Constitucional, sentencia C-949 de 2001. Acerca del rechazo de las pretensiones por el juez, sentencia T-282 de 2012. Sobre la improcedencia del restablecimiento del derecho cuando se configura una causa ilícita en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de junio de 2013, rad. 26637, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse? Respuesta al problema jurídico: No [L]a resolución que fijó el valor de la prórroga debía fundarse en dos normas vigentes al momento de su expedición: la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 10 de 2006 de la CNTV. De la Ley 182 de 1995 se destaca el artículo 5º, literal g, que atribuyó la competencia de fijar derechos, tasas y tarifas por el otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio (…). [L]a legalidad de las decisiones de la CNTV quedaba comprometida si se probaba que, en la determinación del valor de la prórroga, no se aplicaron los criterios definidos en la Ley 182 de 1995. El demandante no probó este hecho. Por el contrario, las pruebas que obran en el expediente acreditan que la CNTV sí aplicó los criterios previstos en la Ley 182 de 1995 para fijar el valor de la prórroga. (…) [L]os documentos que obran en el expediente evidencian que la CNTV, basándose en los informes de su consultor, aplicó los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 para determinar el valor de la prórroga. El hecho de que las estimaciones sobre ingresos, costos e inversiones no hayan coincidido exactamente con la realidad, antes o después de la expedición de los actos demandados, no desvirtúa la aplicación de dichos criterios. En contraste con la conclusión anterior, no existe en el expediente prueba de que la CNTV hubiera incurrido en un error de hecho al aplicar los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995. Como ha dicho la Corporación, cuando se controvierte la legalidad de decisiones administrativas basadas en criterios técnicos, las autoridades judiciales no están obligadas a aceptar las valoraciones previas realizadas por la administración o por los peritos que intervienen en el proceso judicial. El juez debe resolver la controversia apreciando todo el acervo probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica, y evaluando la fuerza persuasiva de las soluciones planteadas por las partes. Al revisar el dictamen pericial que se decretó en el proceso, se advierte que el perito no analizó la corrección o plausibilidad de las estimaciones de ingresos, costos e inversiones empleadas por la CNTV para determinar el valor de la prórroga del contrato de concesión. (…) [E]l dictamen pericial no prueba los hechos en que se basan las pretensiones de nulidad de los actos administrativos. Además, los defectos señalados en el recurso de apelación sobre la valoración de este dictamen carecen de fundamento. Si bien es cierto que no se configuró un error grave, porque el Tribunal Administrativo no concluyó que el perito hubiera alterado las cualidades del objeto examinado o que hubiera observado algo distinto a la materia del dictamen, sino que determinó que los temas abordados en el dictamen eran impertinentes para probar la existencia de un vicio invalidante, esto no desvirtúa la legalidad de las resoluciones demandadas. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la apreciación de las pruebas por el juez, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 7 de julio de 2022, rad. 57819, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la naturaleza jurídica de los actos de carácter general emitidos por la CNTV, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 35853, C. P. Enrique Gil Botero. Respecto a la noción de error grave en el dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, ACUERDO 10 DE 2006, LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 5 LITERAL G COSTOS VARIABLES AGREGADOS / VALOR VARIABLE / AJUSTE DE PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / PRÓRROGA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En las resoluciones demandadas existe una infracción de la ley derivada del establecimiento de un componente variable para determinar el precio de la prórroga del contrato de concesión? Respuesta al problema jurídico: No [L]a CNTV determinó que el valor de la prórroga se integraba por un componente fijo y un componente variable. El componente fijo se estableció en la suma de (...), mientras que el componente variable se estableció como el producto de multiplicar el número de suscriptores reportados mensualmente por un factor denominado tarifa de concesión variable, definido en el anexo metodológico de la Resolución 2012-380-000394-4. (…) En el cuarto informe de CGI del 1 de febrero de 2012, se indicó que el pago de un componente fijo y otro variable también se sustentaba en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece que la remuneración del contrato de concesión puede consistir en una suma periódica, única o porcentual. A juicio de la Sala, la decisión de la CNTV de fijar un componente variable pagadero mensualmente hasta la expiración del plazo de la prórroga no viola la Ley 182 de 1995. (…) [L]a CNTV estaba legalmente habilitada para fijar el valor de la prórroga combinando un componente fijo y un componente variable. El componente variable se fijó en función del número de suscriptores que tuviera el concesionario durante la prórroga. Por tanto, era válido que el pago de este componente se extendiera por todo su término. Al tratarse de una suma indeterminada pero determinable, no era posible diferir el pago de este componente en un plazo de dos años contados desde su perfeccionamiento. En lugar de ello, había que esperar el reporte mensual sobre el número de suscriptores para establecer la cuantía de la obligación. De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 2012-380-000394-4 del 23 de marzo de 2012 y 019 del 12 de junio de 2012 serán negadas, no solo porque la actora no le asiste un interés jurídico que legítimamente pueda elevar en contra de ellas —asintió sobre lo que definen—, sino que, además, no está acreditado que transgredieron las normas en que debían fundarse. FUENTE FORMAL: LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 42, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / INEXISTENCIA DE DAÑO / DEBERES DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El incumplimiento en la obligación de comunicar oportunamente el valor de la prórroga genera el deber de indemnizar al contratista? Respuesta al problema jurídico: No El incumplimiento de las obligaciones constituye uno de los elementos que estructuran la responsabilidad contractual. Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño, el acreedor tiene, entre otros remedios, el derecho a pedir la indemnización de los perjuicios. El equilibrio económico del contrato es un principio que se concreta en el derecho —no exclusivo— del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar. (...) Entre la responsabilidad contractual y el deber de restablecer el equilibrio financiero del contrato estatal existen diferencias. La primera institución es un instrumento de tutela del derecho de crédito, mientras que la segunda busca asegurar la continuidad de los servicios públicos y garantizar el interés general ínsito en el contrato estatal. La responsabilidad contractual se funda en el incumplimiento de obligaciones, mientras la alteración del equilibrio financiero del contrato no tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato. (…) [L]a obligación fue cumplida de manera tardía. A pesar que la obligación se cumplió con retraso, esto no genera una obligación indemnizatoria para la entidad estatal. (...) [N]o existen pruebas en el expediente que demuestren que la demora de la CNTV en comunicar el valor preliminar de la prórroga le causó un menoscabo o detrimento patrimonial al concesionario. Este argumento, esgrimido en la sentencia de primera instancia, no fue refutado en el recurso de apelación. Además, las condenas pedidas por el demandante y las sumas calculadas en el dictamen pericial no corresponden a perjuicios derivados del retraso en la comunicación del valor de la prórroga, sino a montos pagados en exceso de lo que, según el demandante, debería haber sido dicho valor. Este no es un daño indemnizable, ya que no está vinculado con el retraso en la comunicación del valor y la presunción de legalidad de resoluciones no fue desvirtuada. En segundo lugar, como ya se ha referido, el concesionario infringió el principio de buena fe contractual. Después de que la CNTV expidió la resolución que comunicaba el valor preliminar de la prórroga, el concesionario manifestó su consentimiento. La anterior manifestación se hizo a sabiendas de que la CNTV había informado el valor preliminar de la prórroga fuera del plazo establecido en el otrosí 4. Esta conducta generaba una confianza legítima sobre la conformidad del concesionario con el valor de la prórroga y la inexistencia de daños por la demora en su comunicación. En conclusión, el reparo del apelante está parcialmente fundado. La CNTV no incumplió el contrato por el valor de la prórroga que fijó, pero sí cumplió tardíamente su obligación de comunicar este valor para dar inicio al procedimiento pactado en el otrosí 4. Sin embargo, este incumplimiento no genera una obligación indemnizatoria para la ANTV. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia de 14 de septiembre de 2016, rad. 50907, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Problema jurídico: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [N]o procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión 206 de 1999, el cual fue modificado tras la suscripción del otrosí 4. En primer lugar, el demandante no probó cuál era la ecuación económica resultante de la celebración del otrosí 4 al contrato de concesión ni de qué manera se vio alterada durante su ejecución. Como ha señalado la Sala, cualquiera que sea la causa de la ruptura del equilibrio económico, debe realizarse un análisis integral del contrato y no solo del ítem o cuenta que se alega como causa del desequilibrio. Por tanto, es necesario demostrar la alteración comparando de forma integral (i) las circunstancias consideradas al momento de su celebración —el equilibrio entre derechos y obligaciones, ingresos y egresos, ventajas y sacrificios— y (ii) las condiciones reales de ejecución del contrato. En este caso, aunque el debate se plantee en clave de la teoría del hecho del príncipe, el concesionario tenía la carga de probar que, tras la suscripción del otrosí 4, la equivalencia entre derechos y obligaciones se alteró, generando una afectación grave a la economía del contrato. Sin embargo, no hay pruebas de ello en el expediente. El dictamen pericial solicitado por el demandante no se pronunció sobre el equilibrio que resultó de la suscripción del otrosí 4 ni realizó un análisis integral del contrato . El perito tampoco examinó si los ingresos obtenidos por la explotación del servicio fueron insuficientes para amortizar los costos e inversiones del proyecto —incluyendo el valor de prórroga— ni si la tasa interna de retorno del proyecto se redujo por debajo de lo proyectado inicialmente por el concesionario. (…) En segundo lugar, los Acuerdos 10 de 2006 y 05 de 2011 no afectaron la equivalencia entre derechos y obligaciones derivada del otrosí 4 al contrato de la concesión. Como ha señalado la Corporación, la parte afectada debe demostrar que, aunque el acto de carácter general no tenga por objeto directo el contrato, sí afecta la equivalencia de prestaciones porque torna más oneroso su cumplimiento. En este caso, no existe una relación de causa-efecto entre la expedición de los acuerdos de la CNTV y un incremento de los costos del concesionario. Estos actos no impusieron cargas económicas, sino que reafirmaron la competencia legal CNTV de fijar el valor de la prórroga y establecieron que en los otrosíes que se suscribieran para pactar la prórroga, debía indicarse que tales reglamentos formaban parte de su régimen jurídico. En tercer lugar, el Acuerdo 10 de 2006 es anterior a la suscripción del otrosí 4 al contrato de concesión y las partes previeron que este acuerdo podía ser modificado. Uno de los requisitos que debe cumplirse para que proceda el restablecimiento del equilibrio económico del contrato es que el acto de carácter general se expida de forma sobreviniente y que al momento de la suscripción del contrato no pueda preverse su emisión. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la ruptura del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 2017, rad. 53875, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 8 de febrero de 2012, rad. 20344, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, ACUERDO 10 DE 2006 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. El numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso establece que en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. La condena en costas no requiere de la apreciación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le impone, toda vez que en el régimen actual dicha condena se basa en un criterio objetivo. En este caso, como resultado de la alzada, prosperó una de las pretensiones de la demanda. Sin embargo, no prosperó la pretensión de declarar la nulidad de las resoluciones que establecieron el valor de la prórroga ni la de declarar que la suma a pagar por este concepto era de $4.946’764.662. Tampoco prosperó la pretensión de ordenar a la ANTV reembolsar las sumas que el concesionario pagó en exceso de dicho valor ni la de declarar la nulidad parcial del otrosí 4 al contrato de concesión. En la sentencia de primera instancia, luego de analizar la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por los apoderados judiciales de la demandada, el Tribunal Administrativo fijó como agencias en derecho a favor de la ANTV la suma de $47’000.000. Esta suma equivale aproximadamente al 0.25% del valor de las pretensiones de la demanda. Los fundamentos de la decisión sobre la tasación de las agencias en derecho no fueron impugnados. Teniendo en cuenta que solo prosperó parcialmente una de las pretensiones de la demanda, la cual no tiene incidencia pecuniaria; que no se impugnaron los fundamentos para fijar las agencias en derecho; y que la suma que fijó el Tribunal equivale solo al 0.25% del valor de las pretensiones negadas, no se modificará este punto de la sentencia apelada. La decisión se mantendrá como una condena parcial en costas y no se impondrá condena en costas por esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300002011100103