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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes

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Fecha
2022-01-26
Radicado
66001233300020160073301
Número interno
64897
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO TORRES DE CENTENARIO
Demandado
MUNICIPIO DE PEREIRA (RISARALDA)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes

Lo que dijo la Sala

Se considera indispensable aclarar, como se ha hecho en otras oportunidades, que el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes. La primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia “entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar”.… Cuando se observa que las peticiones del demandante están encaminadas al reconocimiento de una ruptura del equilibrio económico del contrato, pero su causa se hace consistir, de un lado, en las prórrogas contractuales y, del otro, en los retardos de la entidad, es claro que se confunden las dos instituciones que se vienen refiriendo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 4 núm. 3 y 4 núm. 8

También resuelve

  • ¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…
  • ¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EVENTO DE CAUSALIDAD DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL FORMA DE PAGO CLASES DE FORMA DE PAGO PAGO DEL CONTRATO SOLEMNIDAD DEL CONTRATO SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ CONTRATO LLAVE EN MANO NEGOCIO JURÍDICO FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO PROPIO BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

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Consejo de Estado 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A)
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción
Titulación de la relatoría 9.606 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTO DE CAUSALIDAD DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e considera indispensable aclarar, como se ha hecho en otras oportunidades, que el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes. La primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia “entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar”. (...) Cuando se observa que las peticiones del demandante están encaminadas al reconocimiento de una ruptura del equilibrio económico del contrato, pero su causa se hace consistir, de un lado, en las prórrogas contractuales y, del otro, en los retardos de la entidad, es claro que se confunden las dos instituciones que se vienen refiriendo. No obstante, sin importar la perspectiva desde la cual se analicen, las pretensiones deben ser negadas. (...) Lo anterior es así, pues las modificaciones y prórrogas no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi; las 3 causas de ruptura del equilibrio económico reconocidas por el ordenamiento nacional. En consecuencia, resulta imposible acceder a las pretensiones desde este punto de vista. NOTA DE RELATORÍA: Sobre diferencia entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y desequilibrio financiero del contrato estatal, consultar providencias de 26 de febrero de 2014, Exp. 24169, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y de 6 de julio de 2020, Exp. 48438, C.P. Alberto Montaña Plata. CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / CLASES DE FORMA DE PAGO / PAGO DEL CONTRATO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / CONTRATO LLAVE EN MANO Problema jurídico: ¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato, como consecuencia del carácter solemne de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y el respeto de la autonomía de la voluntad? Respuesta al problema jurídico: Si [T]anto si se entendieran como pretensiones de incumplimiento como de ruptura del equilibrio, es fundamental recordar que el contrato celebrado por las partes tenía un precio bajo la modalidad de pago llave en mano. En el cual el contratista recibiría la remuneración de los pagos de los beneficiarios del proyecto (compradores de vivienda). Esta modalidad de pago implica una remuneración que incluye todos los costos directos e indirectos del proyecto (...). En consecuencia, como lo ha indicado esta Subsección de manera reciente, la elección de la modalidad de pago lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato -ausente una causal de ruptura del equilibrio económico del contrato que lo justifique en los términos del artículo 4-3 y 4-8 del Estatuto-, entre otras, como consecuencia del carácter solemne de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y el respeto de la autonomía de la voluntad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la elección de la modalidad de pago como una asunción implícita de deberes de conducta, consultar providencia de 28 de abril de 2021, Exp. 52085, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGOCIO JURÍDICO / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Respuesta al problema jurídico: Si Un negocio jurídico, en su definición más sencilla, es una manifestación de voluntad tendiente a la producción de efectos jurídicos, en particular a la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Las condiciones de esa creación, modificación o extinción de derechos serán aquellas que las partes acuerden en el negocio, así como aquellas que hagan parte del acuerdo por ser supletivas o de orden público. (...) Por lo anterior, si las partes de un contrato lo modifican, ello quiere decir que la relación nacida del contrato se altera en los términos acordados en ese negocio jurídico; pues la voluntad conjunta de las partes así lo ha querido. En ese marco surgen las salvedades como un mecanismo para que los efectos del pacto no se extiendan a aquellos aspectos que se hacen constar en ellas. Las salvedades tienen como propósito aclarar que los efectos del acuerdo no son absolutos, sino que no alcanzan algunos asuntos y advertir de ello a la cocontratante. (...) Por lo señalado, si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga y no modifican la cláusula de valor, ni tampoco indican que esta alteración en el tiempo de ejecución tendrá un costo adicional, con ello están determinando que ese negocio jurídico de suspensión o prórroga se hará en esas condiciones; esto es, sin que implique un costo extra para la entidad. (...) Lo anterior es especialmente cierto para materias relacionadas con un negocio jurídico solemne como el contrato estatal, sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en donde, si se modifica el plazo, pero no el valor, difícilmente podría forzarse judicialmente la modificación de este último como consecuencia de un acuerdo de las partes sobre la alteración de aquel. (...) Esta lógica derivada directamente de la teoría del negocio jurídico se relaciona, además, con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Esto es así, pues resultaría contrario a ellos permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando. Por ejemplo, que aceptaba la suspensión, pero escondía que ello generaría un costo para su contraparte contractual, o que aceptaba la prórroga del contrato, pero que sus efectos no impactarían algunos asuntos que demandaría posteriormente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de controvertir judicialmente aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el accionante no hubiere manifestado expresamente su discrepancia en el acto de suspensión o modificación del contrato, consultar providencias de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 20 de octubre de 2014, Exp. 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 1 de julio de 2015, Exp. 37613, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 17 de marzo de 2021, Exp. 41752, C.P. Alberto Montaña Plata.
Texto extraído del PDF oficial 40.611 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 26 de enero de 2022 Radicación: 66001-23-33-000-2016-00733-01 (64897) Demandante: Consorcio Torres de Centenario Demandado: Municipio de Pereira Referencia: controversias contractuales Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – equilibrio económico - incumplimiento contractual - salvedades. Síntesis: Un contratista solicitó, entre otras pretensiones, la declaratoria de la ruptura del equilibrio económico y su correspondiente restablecimiento como consecuencia de l retraso en la ejecución del contrato causado por unos incumplimientos de la entidad contratante. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 19 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda1. Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada. 1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación. 1.5. Trámite relevante en segunda instancia. 1.1. Posición de la parte demandante 1. El Consorcio Torres de Centenario presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del municipio de Pereira, con las siguientes pretensiones (se trascribe): Primero: Declarar que entre el Municipio de Pereira (…) y la persona jurídica Consorcio Torres de Centenario empresa distinguida con el Nit Número 900.473.335-6 (…) se celebró Contrato de Asociación Número 2101 el pasado 25 del mes de octubre de 2011 Segundo: Declarar la mora en la entrega de los lotes de terreno en los cuales se construiría el proyecto; la demora en el estudio y aprobación 1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimient o Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 2 El 30 de septiembre de 2016 F. 1-21 del cuaderno 1. Radicación: 66001-23-33-000-2016-00733-01 (64897) Demandante: Consorcio Torres de Centenario Demandado: municipio de Pereira Referencia: controversias contractuales Decisión: confirmar la Sentencia apelada 2 de 14 de los subsidios y la tardanza en la entrega de los listados con los potenciales beneficiarios del proyecto, son atribuibles e imputables a la administración municipal (…) Tercero: Declarar que estas tres puntuales omisiones descritas en el numeral anterior rompieron el equilibrio económico del contrato generando para el Consorcio Torres de Centenario perjuicios de orden patrimonial que comprenden el daño emergente y el lucro cesante; existiendo nexo causal entre las omisiones de la administración y el daño causado. Cuarto: Que como consecuencia de la anterior declaración la administración debe ser condenada a pagar a favor del Consorcio Torres de Centenario, por concepto de perjuicios patrimoniales la suma de (…) $2.281.614.116 discriminados así: A) Daño Emergente la suma de (…) $1.855.848.296 B) Lucro cesante la suma de (…) $425.765.820 Quinto: Condenar en costas a La Nación- La Alcaldía de Pereira y la Secretaría Inmobiliaria según la previsión del artículo 188 del actual Código Contencioso Administrativo 2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes hechos: 3. 1) El Consorcio Torres de Centenario y el municipio de Pereira celebraron el Contrato de asociación 2101 con el objeto de “realizar por parte del constructor asociado el diseño, construcción y comercialización de un proyecto de vivienda de interés social de hasta 135 SMMLV en los lotes de propiedad del Municipio de Pereira”. El plazo de ejecución sería de 24 meses, desde el 25 de octubre de 2011 y hasta el 25 de noviembre de 2013. El contrato tenía un valor de $11.383.744.106 y fue celebrado bajo la modalidad de pago llave en mano. Además, la remuneración del proyecto se daría también por el pago que realizarían los beneficiarios del proyecto con cargo a recursos propios, préstamos, y subsidios. El valor de cada inmueble se determinaría previo descuento del valor del terreno por ser este un aporte del Municipio. 4. 2) La entidad demandada se obligó a: (i) aportar a título de fiducia mercantil los lotes de terreno identificados con los números de matrícula inmobiliaria número 290127337 y 2908862 al fideicomiso que constituyera el constructor, en los cuales se construiría el proyecto Torres de las Américas; (ii) efectuar el estudio y aprobación de los subsidios para los beneficiarios que adquirirían cada unidad inmobiliaria; y (iii) entregar las listas con los nombres de los potenciales beneficiarios. 5. 3) El Municipio debía aportar los lotes al proyecto con la única condición de que se constituyera el fideicomiso, y no cumplió en tiempo con las entregas y trasferencias de los lotes de terreno, toda vez que no eran de su propiedad, sino del Instituto de Valorización Municipal de Pereira - INDUVAL. El traspaso de los inmuebles al Municipio solamente se verificó el 3 de mayo de 2012. En los pliegos de condiciones se había establecido que los riesgos inherentes a los lotes le correspondían en un 100% al Municipio. 6. 4) Las partes celebraron el otrosí 1 en enero de 2012 con el cual modificaron el parágrafo único de la cláusula primera “en el entendido de que se debía aumentar el plazo para alcanzar el punto de equilibrio”. Radicación: 66001-23-33-000-2016-00733-01 (64897) Demandante: Consorcio Torres de Centenario Demandado: municipio de Pereira Referencia: controversias contractuales Decisión: confirmar la Sentencia apelada 3 de 14 7. 5) El Municipio traspasó los lotes el 19 de diciembre de 2012, es decir, un año y 24 días después de que el Consorcio constituyó el fideicomiso. Esta, alegó la parte demandante, es una mora grave que “ se tradujo en la paralización de la obra, y un atraso severo en la ejecución del objeto del contrato”. 8. 6) El Consorcio radicó ante la Secretaría las solicitudes para los subsidios en mayo de 2013, y obtuvo respuesta de manera tardía el 19 de diciembre de 2013. 9. 7) Todos estos hechos “ son imputables a la administración por negligencia, imprevisión, imprecisión y omisión, que le ocasionaron a mi cliente serios y graves perjuicios (…) dado que, en la ejecución del contrato, hubo ruptura del equilibrio contractual en la medida en que se afectó la expectativa de utilidad de capital que el consorcio tenía al momento de contratar”. 10. En los fundamentos de derecho, el Consorcio explicó que los daños habían sido generados por las omisiones en la ejecución de la administración, pues la venta a los beneficiarios del proyecto tenía un valor fijo en salarios mínimos. Lo anterior requería “suma rapidez en las ventas, todo ello proyectado a realizarse en el menor tiempo posible, para que dicho presupuesto representara [la] utilidad proyectada”. A ello adicionó que “por la prolongación del crédito constructor (…) se incrementaron los gastos financieros, los costos de insumos y materiales; se aumentaron los desembolsos operativos, por cuanto fueron innumerables los gastos y costos que se acrecentaron por la mora en la ejecución del proyecto de construcción, al igual que la tasa de retorno de la inversión hecha por los consorciados”. 1.2. Posición de la parte demandada 11. El municipio de Pereira contestó la demanda3, en la cual solicitó que se negaran las pretensiones. En síntesis, sobre los hechos sostuvo: 12. Que el parágrafo único de la cláusula primera del contrato indicaba que “si trascurridos seis meses de suscrita el acta de inicio no se ha llegado al punto de equilibrio señalado por el Constructor Asociado en su propuesta, se dará por terminado de manera anticipada”. 13. El contratista, el 27 de abril de 2012, allegó al municipio solicitud de ampliación del plazo para alcanzar el punto de equilibrio por dos meses más; “es decir, el plazo para alcanzar el punto de equilibrio del citado proyecto se incrementó a ocho meses luego de firmada el acta de inicio”. Por lo tanto, ese plazo se vencería el 26 de julio de 2012. La solicitud fue avalada por el Municipio y por ello se suscribió el Otrosí 1. 3 El 10 de febrero de 2017, F.419-434 del cuaderno principal 1-2. Radicación: 66001-23-33-000-2016-00733-01 (64897) Demandante: Consorcio Torres de Centenario Demandado: municipio de Pereira Referencia: controversias contractuales Decisión: confirmar la Sentencia apelada 4 de 14 14. La cláusula tercera se modificó y la obligación del Municipio era la siguiente: “aportar a título de fiducia mercantil el (los) lotes de terreno a la fiducia que constituya el Constructor Asociado, una vez se demuestre por éste y se certifique por la Entidad Fiduciaria que se ha cumplido el punto de equilibrio, lo cual debe ocurrir dentro de los ocho (8) meses siguientes a la firma del acta de inicio”. Luego, el municipio se encontraba obligado a entregar los lotes “si el consorcio demostraba, y la alianza fiduciaria certifica[ba] a la fecha del 26 de julio de 2012, que el Consorcio Asociado Torres de Centenario había alcanzado su punto de equilibrio”. 15. El 25 de julio de 2012, el Consorcio alegó haber llegado al punto de equilibrio y presentó unos documentos por medio de los cuales intentó acreditarlo. Pese a ello, el municipio solicitó información adicional, pues las cartas de intención y los documentos de

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201600733011100103