Titulación de la relatoría 26.717 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PATRIMONIO AUTÓNOMO / NATURALEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA / ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, pues la decisión del 24 de junio de 2013, mediante la cual se adjudicó la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, fue adoptada por FONTUR -en tanto patrimonio autónomo con una conformación de capital público- con ocasión de tal procedimiento de selección que adelantó (…). [P]ara la Sala no cabe duda de que el Fondo de Promoción Turística fue inicialmente concebido como un patrimonio autónomo, con el fin de la gestión de ingresos públicos relacionados con el turismo, lo cual se mantuvo con su transformación en FONTUR, órgano que tiene a cargo recursos de naturaleza pública, como lo son la contribución parafiscal del turismo y el impuesto homónimo, así como las asignaciones con cargo al presupuesto general de la Nación que se efectúen en su favor. Al punto, no cabe duda de que FONTUR es un órgano sin personería jurídica pero con capital público, que ejerce funciones de la misma naturaleza y que está sujeto a las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (...). FONTUR es un patrimonio autónomo de naturaleza pública, no solo por las labores que ejerce, sino por el capital que lo conforma, originado en la contribución parafiscal del turismo y en el impuesto homónimo, así como en los recursos del presupuesto general que se le asignen, de ahí que sus actuaciones, realizadas por medio de su gestor o administrador, pueden ser controvertidas judicialmente y, en razón del criterio orgánico previsto en el artículo 104 del CPACA, corresponderá su conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (...). Finalmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 3 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 13 de diciembre de 2013, supera los 300 SMLMV.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza de FONTUR, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 20 de noviembre de 2013, rad. 2167, C. P. Augusto Hernández Becerra. Respecto a la capacidad para ser parte de los patrimonios autónomos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 16 de septiembre de 2021, rad. 66091, C. P. María Adriana Marín; auto de 11 de mayo de 2020, rad. 58562, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y auto de 12 de mayo de 2023, rad. 68462, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 3
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO PRECONTRACTUAL / CLASES DE ACTO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO / FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también concierne a los actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos como el de FONTUR, en los que la Ley excluye la aplicación del EGCAP y remite a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha regulación no puede limitarse a la fase de ejecución negocial, sino que abarca todo el iter contractual, es decir, las fases precontractual, contractual y postcontractual del negocio jurídico, de tal suerte que en cada uno de aquellos momentos la regla predominante será la autonomía privada y las normas supletivas. En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter ejecutivo y ejecutorio. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las disposiciones legales y reglamentarias dispongan lo contrario. Descendiendo al caso concreto, se observa que la controversia sometida a juicio gira en torno a la responsabilidad de FONTUR por proferir la decisión mediante la que se adjudicó un contrato a UT ITHC, en la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, debido a que, a juicio de la parte actora, la oferta de la proponente ganadora no cumplió con todas las exigencias, de modo que no era la más favorable para la entidad. Tal declaración de voluntad tiene la naturaleza de acto de gestión de derecho privado, habida cuenta de que está fundada de forma exclusiva en el derecho civil y mercantil, en concordancia con la jurisprudencia referenciada. En ese contexto, la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y la decisión del 24 de junio de 2013 se rigen por las disposiciones de derecho privado en virtud de lo previsto en la normativa referenciada con anterioridad (...).
PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA / NATURALEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / PATRIMONIO AUTÓNOMO / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]alvo las excepciones de ley, las controversias relativas a actos precontractuales de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos se tramitarían a través del medio de control de reparación directa, lo que mutatis mutandis es extensible a los actos de patrimonios autónomos sujetos a derecho privado como FONTUR, que tampoco son administrativos. De igual modo, de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia de unificación referida, tratándose de demandas presentadas antes de la notificación de dicha providencia, en las que se debatan controversias relativas a actos precontractuales de conocimiento de esta jurisdicción que no correspondan a actos administrativos y mediante las cuales se hubiere ejercido la acción equivocada, el juez deberá resolver de fondo el caso en el marco del medio de control de reparación directa y de conformidad con el régimen jurídico aplicable a este tipo de actos. (…) [D]ado que el régimen de contratación aplicable a FONTUR es el previsto en las normas civiles y comerciales y que, por tanto, las actuaciones que esta entidad lleva a cabo en la etapa precontractual son expresiones de la autonomía privada que, por ende, son actos de gestión contractual que no pueden catalogarse como actos administrativos, salvo que la ley disponga lo contrario, resulta claro que la responsabilidad que en este contexto se pudiere causar es pasible de demandarse a través del medio de control de reparación directa y bajo las reglas de la culpa in contrahendo. En el contexto descrito, el medio de control procedente frente a la decisión del 24 de junio de 2013, proferida por FONTUR en el marco de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013, es el previsto en el artículo 140 del CPACA, en virtud del cual todo interesado puede demandar la reparación del daño causado en las acciones u omisiones de los agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo su instrucción.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la naturaleza y el control de los actos jurídicos proferidos en la etapa precontractual cuando el contrato es regido por el derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 21 de octubre de 2022, rad. 68781, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 11 de octubre de 2023, rad. 62909, C. P. Nicolás Yepes Corrales; y auto de 18 de diciembre de 2020, rad. 64558, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA / FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / NATURALEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / PATRIMONIO AUTÓNOMO
Problema jurídico:
¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
FONTUR, quien comparece al asunto de estudio como un patrimonio autónomo de carácter público, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, debido a que profirió la decisión impugnada por la parte demandante, en el marco de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 y, como se indicó en el acápite de jurisdicción y competencia, puede acudir al proceso judicial de forma directa. En lo que respecta al consorcio Alianza Turística y FIDUCOLDEX, la Sala estima que su comparecencia al proceso solo puede entenderse en calidad de administradores de FONTUR, antes y después de la expedición de la decisión impugnada por UT PCC, debido a que cuando la primera se encontraba a cargo de la gestión del patrimonio autónomo se profirió el acto de derecho privado del 24 de junio de 2013 y la segunda entró a asumir tal rol hasta la fecha, lo que las habilitaba a acudir al sub examine únicamente en virtud de tal labor. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra legitimado en la causa por pasiva, ya que suscribió con el consorcio Alianza Turística el contrato para la administración de FONTUR, y en el marco del referido acuerdo de voluntades se obligó a supervisar que la labor del patrimonio autónomo se efectuara debidamente, incluida su gestión contractual, lo que habilita que se pase a estudiar si, respecto de aquella existe alguna responsabilidad por la decisión impugnada.
ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / CARACTERÍSTICAS DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / CONFIGURACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / PROCEDENCIA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / LITISCONSORCIO NECESARIO PASIVO
Problema jurídico:
¿La adjudicataria de la invitación abierta está legitimada en calidad de litisconsorte necesaria en la causa por pasiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
UT ITHR está legitimada en la causa en calidad de litisconsorte necesaria en la causa por pasiva, debido a que fungió como adjudicataria de la invitación abierta No. FPT-029 de 2013 mediante la decisión del 24 de junio de 2013 frente a la cual UT PCC formuló reproches, por lo que le asiste un interés respecto de las resultas del proceso. En tal aspecto se precisa que, si bien en la audiencia inicial el a quo indicó que la vinculación del mencionado sujeto era en calidad de litisconsorte cuasinecesario -por un error formal-, de la lectura del auto admisorio de la demanda se observa que, en realidad, se lo incorporó como litisconsorte necesario, por lo que así se tendrá su vinculación en la presente disputa.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO JURÍDICO PRIVADO / ACTO JURÍDICO / ILEGALIDAD DEL ACTO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la parte actora contaba con dos años para demandar el acto de derecho privado del 24 de junio de 2013, contados a partir del día siguiente a la fecha en que fue comunicado al destinatario, dado que desde ese momento la relación jurídica que se considera dañosa se consolidó. Así las cosas, como la decisión del 24 de junio de 2013 fue conocida por la parte demandante en la misma fecha, aquel podía ejercer el derecho de acción desde el 25 de junio de 2013 y hasta el 25 de junio de 2015 y, en la medida en que la demanda se radicó el 13 de diciembre de 2013, no hay duda de que fue presentada en término, al margen de que la etapa de la conciliación extrajudicial se surtió entre el 5 de septiembre y el 4 de diciembre de 2013.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación delimita el marco de competencia del Juez en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien en la demanda se formuló un reproche contra la oferta presentada por la unión temporal Turismo Sostenible 23, aquel no fue objeto de pronunciamiento por el a quo, ni mencionado en la apelación formulada por la parte actora, de ahí que la Sala no se pronunciará sobre tales aspectos, so pena de infringir el principio de congruencia, que enmarca la presente decisión a lo impugnado por el demandante y en virtud del cual el ad quem, al momento de resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse a lo estrictamente cuestionado en la alzada, sin que le esté permitido, por regla general, resolver aspectos no ventilados en la impugnación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del alcance del recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de marzo de 2024, rad. 62848, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El desconocimiento de la buena fe configura la responsabilidad precontractual del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún el artículo 863 del Código de Comercio las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Por tanto, para que se configure la responsabilidad precontractual del Estado, es menester que concurran los presupuestos aludidos, es decir, la actuación contraria a la buena fe y la culpa. (…) [A] partir de lo expresamente consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a lo largo del iter contractual los intervinientes deben obrar de conformidad con los postulados de la buena fe (...). Así, según ha tenido la oportunidad de precisar esta Sección, en la etapa precontractual o de formación del negocio jurídico la buena fe impone el respeto, entre otros, a los deberes de información, veracidad, lealtad y corrección.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, cita: Consejo de Estado, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 51962, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿La exigencia a la UT PCC, dirigida a que aportara los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y responsabilidad en original y con la firma de todos los miembros del esquema asociativo, infringió la buena fe y la selección objetiva?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a exigencia a la UT PCC, dirigida a que aportara los documentos de conformación de la unión temporal y la declaración de juramento y responsabilidad en original y con la firma de todos los miembros del esquema asociativo, no infringió la buena fe y la selección objetiva, debido a que, con tal proceder, FONTUR se restringió a verificar que aquellos fueran allegados debidamente y, además, dicho requerimiento no incidió negativamente en la propuesta de UT PCC, al punto de que resultó habilitada en la convocatoria. (...) Por lo tanto, no se vislumbra una transgresión de la buena fe y de la selección objetiva derivada de los términos de referencia, de los cuales se predica que FONTUR ha de elegir al proponente que le ofrezca la propuesta más favorable, por lo que no se configuró la responsabilidad por culpa in contrahendo. En suma, pese a que está acreditado que FONTUR requirió a UT PCC para que aportara múltiples documentos en original y debidamente firmados, no se encuentra que tal proceder fuera irregular, aunado a lo cual frente a ese preciso aspecto la proponente mencionada resultó habilitada, por lo que no existió ninguna afectación fundada en dicho requerimiento. Por lo tanto, el subcargo analizado se desestima.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencia de 19 de noviembre de 2012, rad. 22043, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 51962, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 17 de marzo de 2010, rad. 18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia de 20 de abril de 2022, rad. 49561, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
MEJOR OFERTA ECONÓMICA / MEJOR PROPUESTA / ACTO PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿La parte demandante acreditó haber presentado la mejor oferta?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os miembros de UT PCC omitieron allegar la oferta de UT ITHR, aspecto que resultaba necesario para estudiar si los documentos aportados por esa oferente tuvieron tachaduras que impedían aceptar su validez y que debían derivar en el rechazo de la oferta. (…) [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en aquellos eventos en que se lleva a cabo un procedimiento reglado para seleccionar a un contratista y el proponente no adjudicatario de aquel considera que contaba con la mejor oferta, por lo que se le debía adjudicar el contrato, se debe acreditar que: i) la oferta ganadora no era la más favorable y ii) que su ofrecimiento era el más ventajoso, en virtud de la carga que le asiste al actor de probar los hechos en que fundamenta su demanda, en concordancia con el artículo 167 del CGP. En ese escenario, de tratarse de un contrato de derecho privado, como se explicó, se deben verificar las exigencias descritas sobre la premisa de la buena fe en la etapa precontractual y la culpa in contrahendo -que no como una infracción de los principios y reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas-. Asimismo, el precedente de esta Corporación ha sostenido que, en aquellos casos en que se alega un trato desigual injustificado como causante de una situación lesiva, aquel debe ser debidamente probado, so pena de que el juzgador esté impedido para analizar tal aspecto, ante la falta de elementos de juicio para efectuar la comparación que le permita dilucidar si el tratamiento diferenciado era legítimo o espurio y/o discriminatorio. (…) [N]inguno de los requisitos descritos se satisfizo por UT PCC, debido a que, con su omisión en aportar la oferta de UT ITHR es imposible determinar si aquella adolecía de falencias (…), no se acreditó que la oferta ganadora no fuera la más ventajosa, así como tampoco se probó que la de la parte actora cumpliera las exigencias para ser la primera en orden de elegibilidad, ni, menos aún, que se hubiera dado un trato desigual. (...) [L]a Subsección concluye que no se demostró que la oferta de UT ITHR hubiera incurrido en alguna irregularidad que justificara su rechazo (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la carga de la prueba del oferente en acreditar que había presentado la mejor oferta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2022, rad. 67937, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 12 de agosto de 2014, rad. 26332, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 39066, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 27 de agosto de 2020, rad. 44212, C. P. María Adriana Marín; y sentencia de 2 de junio de 2023, rad. 67516, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en primera instancia contra la parte vencida en el proceso en tanto el criterio para su imposición es objetivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte apelante reprochó la sentencia de primera instancia, por haber dictado decisión de condena en costas (...). Pues bien, el numeral 1 del artículo 365 del CGP estableció que se condenaría en costas a la parte vencida en el proceso, lo que, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación, representa un criterio objetivo para su imposición, que dista de los elementos de tal figura en el régimen anterior del Decreto 01 de 1984, en los cuales prevalecía un criterio subjetivo que pendía de que se actuara con temeridad y/o mala fe. (…) Así pues, en el régimen del CPACA se condenará en costas al sujeto procesal derrotado, aunque siempre que se evidencie que se causaron y en la medida de su comprobación -como se predica del numeral 8 del artículo 365 del CGP-, lo que se cumple en el asunto de estudio, dado que la parte actora fue vencida totalmente en la primera instancia y, además, se evidenció la generación de agencias en derecho, por las intervenciones de los distintos sujetos que conformaron el extremo pasivo de la litis en las diferentes etapas a cargo del Tribunal a quo. En el contexto esbozado, es claro que la condena en costas interpuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se sustentó en el supuesto normativo del artículo 365 del CGP y, además, en el expediente del asunto analizado, por lo que no existe ninguna irregularidad al respecto que lleve a revocar tal determinación.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2021, rad. 45558, C. P. Nicolás Yepes Corrales y sentencia de 12 de diciembre de 2022, rad. 68837, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra el recurrente, ante la negación del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que su impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues FONTUR, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el consorcio UT ITHR, el consorcio Alianza Turística y FIDUCOLDEX actuaron con apoderado en esa etapa y presentaron alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará, con base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio 2003, según el cual, en los procesos contencioso administrativos, en segunda instancia, cuando el asunto tenga cuantía, serán de hasta el 5% del valor de las pretensiones. En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el 1% de $507’837.586, correspondiente a la suma de $5’078.375, en favor de FONTUR, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el consorcio UT ITHR, el consorcio Alianza Turística y FIDUCOLDEX en partes iguales.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366