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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el apelante no explicó cuáles sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo

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Fecha
2024-06-04
Radicado
50001233100020024022701
Número interno
63581
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ANTONIO MARIA PUENTES SANCHEZ, RICARDO HERNANDEZ SUAREZ
Demandado
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el apelante no explicó cuáles sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo

Lo que dijo la Sala

La controversia versa en torno al reclamo de perjuicios de un contratista como consecuencia del incumplimiento y el rompimiento del equilibrio económico del contrato 7146 de 1997 que tuvo por objeto la construcción de una pequeña central hidroeléctrica y sus vías de acceso, así como la nulidad de los actos administrativos que lo liquidaron.… El argumento fundamental del censo se basa en la supuesta inaplicabilidad del criterio jurisprudencial sobre buena fe objetiva, y el derivado deber de lealtad y rectitud del contratista de expresar oportunamente sus reclamos, mediante salvedades, ante la suscripción de negocios jurídicos adicionales al contrato principal, so pena de frustrar su futuro reconocimiento en sede judicial…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el contratista celebra acuerdos adicionales, actas de suspensión, prórroga o liquidación sin formular salvedades y sin alegar vicio en su consentimiento, no puede luego reclamar perjuicios por el desequilibrio económico que esos mismos acuerdos asumieron. La regla se sostiene en tres razones: la fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados libremente impide contravenir sus alcances; la buena fe objetiva exige al contratista expresar oportunamente sus reclamos; y las modificaciones, adiciones y otrosíes posteriores forman parte del negocio y deben ser tenidos en cuenta por el juez. En el caso, las diferencias patrimoniales que el contratista reclamó fueron negociadas y transadas en actos adicionales al contrato de obra, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia aclara que su fundamento principal no es el deber de formular salvedades, sino la existencia de esos negocios jurídicos adicionales; la consecuencia práctica es que el contratista debe revisar cada acta y otrosí antes de firmarlos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato?
  • ¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por…
  • ¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 23.744 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia? Respuesta al problema jurídico: Si La controversia versa en torno al reclamo de perjuicios de un contratista como consecuencia del incumplimiento y el rompimiento del equilibrio económico del contrato 7146 de 1997 que tuvo por objeto la construcción de una pequeña central hidroeléctrica y sus vías de acceso, así como la nulidad de los actos administrativos que lo liquidaron. (...) El argumento fundamental del censo se basa en la supuesta inaplicabilidad del criterio jurisprudencial sobre buena fe objetiva, y el derivado deber de lealtad y rectitud del contratista de expresar oportunamente sus reclamos, mediante salvedades, ante la suscripción de negocios jurídicos adicionales al contrato principal, so pena de frustrar su futuro reconocimiento en sede judicial, teniendo en cuenta que la jurisprudencia que soporta esa tesis y que aplicó el Tribunal (201417) es posterior a la época de ejecución del contrato motivo de controversia (1998 a 2000). (...) el argumento basilar que sustenta la decisión negatoria de primera instancia y que se sirve iterar la Sala, no es el deber de información y lealtad que sustentan la obligación del contratista en expresar condicionamientos a título de salvedades a los acuerdos que celebró con la entidad contratante a que se refirió la jurisprudencia de esta Corporación desde 2003, como tampoco es la interpretación del silencio o ausencia de salvedad frente a la renuncia o no de determinados derechos patrimoniales por parte del contratista, en los términos de la reciente sentencia de unificación del 27 de junio de 2023 de esta Corporación; en este caso, se trata de la existencia de verdaderos negocios jurídicos adicionales al contrato 7146 de 1997 en los que el contratista libremente negoció y transó con la entidad contratante las diferencias patrimoniales que ahora reclama bajo una supuesta distorsión del equilibrio de ese contrato, lo que le resta vocación a la pretensión y al mismo cargo de apelación, comoquiera que “el juez no solo debe tener en cuenta lo dispuesto en el contrato, sino en sus modificaciones, adiciones u otrosíes posteriores y no puede limitarse a constatar su ejecución, sin antes desentrañar lo acordado en las distintas manifestaciones de la voluntad de las partes”. En este sentido, si el contratista sabía que las negociaciones que dieron lugar a las actas de acuerdo 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000 superaban las dificultades del proyecto pero implicaban un desmedro para sus intereses, bien podía haber prestado su consentimiento para esos pactos y haber expresado, si así consideraba, que no colmaban sus expectativas o que mantenían condiciones contra su patrimonio, pero el no haberlo hecho da a entender que dichas actas de acuerdo no solo zanjaron los inconvenientes que presentaba la ejecución del contrato, sino también enmendaron todas y cada una de las afectaciones que el contratista pudo presentar, asociadas a los aspectos objeto de esos acuerdos como se explicará en el siguiente acápite. Dichos acuerdos, al ser negocios jurídicos tienen la fuerza de ley para sus partes y no pueden ser desconocidos ni contradichos por éstas; así, el cargo (i) del censor no prospera. (...) Visto el contenido de los acuerdos celebrados entre las partes del negocio jurídico, se observa que por su conducto la demandante y la entidad pública negociaron y alcanzaron acuerdos (...) Valorando estos acuerdos, el a quo concluyó que la contratista negoció con la entidad pública los inconvenientes e incumplimientos que presentaron durante la ejecución del contrato, al paso que definió los alcances patrimoniales que estimó pertinentes, ya que incursionó en tratativas sobre el uso de sus diseños para el muro de cierre, el sendero ambiental y las instalaciones de casa de máquinas, los costos por mayores cantidades de obra y por obras no previstas, luego no le resultaba viable adoptar esas determinaciones y comprometer su voluntad para contradecirla posteriormente bajo el argumento de que requiere su reconocimiento a título de indemnización. Frente a la interpretación de los acuerdos efectuada por el Tribunal, el censor sólo expresó que era equivocada, pues en su sentir, los citados acuerdos no compensaron todos los sobrecostos generados. Sin embargo, el apelante no explicó cuáles sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo, o cuáles, aun siéndolo, no fueron cobijados por la aceptación de que no se causaban mayores costos para el contrato; tampoco cuestionó el motivo por el cual el Tribunal tuvo como convenidos en esos acuerdos aspectos que no fueron discutidos expresamente en su contenido, como los gastos por disposición de personal de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y los intereses moratorios derivados del retardo de la entidad en el pago de actas de obra, pero frente a los cuales, en todo caso, el a quo definió que no estaban probados y no podían reclamarse ante el comprobado incumplimiento del actor y dado que aspectos como la disposición de personal, transporte y equipos hacía parte de sus obligaciones, sin que el apelante hubiese allegado motivos de inconformidad sobre el particular. Además, las pretensiones de la demanda comprendían también la nulidad de la liquidación unilateral, pero aun siendo esta negada por el a quo, la apelación tampoco se preocupó por expresar razones que cuestionaran esa determinación. La ligera expresión del censor de no estar de acuerdo con la interpretación de los acuerdos es insuficiente para dar apertura a la revisión de las conclusiones judiciales del Tribunal de instancia y cercena cualquier posibilidad de que la Sala pueda efectuar un análisis de fondo frente a la interpretación razonada por el a quo, tal como se ha puesto de presente en diferentes pronunciamientos relacionados la suficiencia en la carga argumentativa del recurso de apelación de la parte inconforme; por lo tanto, el cargo (ii) debe ser desestimado. (...) La Sala no desconoce que, según el censor, existió un incumplimiento esencial de la entidad pública por la falta de diseños, pero resalta que en su disertación no explicó cuáles fueron las condiciones modales del supuesto incumplimiento, no señaló cuál fue su incidencia frente a los valores liquidados –si es que la tuvo- y tampoco expuso algún argumento tendiente a identificar eventuales errores del Tribunal al determinar la inexistencia de incumplimiento de la demandada, por lo que se llega a la misma conclusión de insuficiencia argumentativa en el recurso de alzada para justificar un análisis distinto al realizado en primera instancia. En todo caso, aun cuando se intentara abrir paso a la revisión de la sentencia de primera instancia con base en la supuesta presencia de un incumplimiento esencial, lo cierto es que los perjuicios que de allí pretenden derivarse pierden total justificación, comoquiera que en la interpretación de los acuerdos que el censor no cuestionó, el Tribunal concluyó que dicho incumplimiento no se probó y además, fue objeto de negociación, convención y acuerdo en los negocios jurídicos adicionales que la contratista celebró y cuya invalidez por vicios en ningún momento alegó. Ello sin desconocer que la contratista finalmente incumplió el contrato, a tal punto que las obras no se culminaron y los equipos mecánicos y electromecánicos fueron entregados vencido el plazo de ejecución contractual, tal como concluyó el Tribunal fundado en la Resolución 536 del 30 de junio de 2000, que no fue demandada. 38. Así, sin que se hubiesen alegado motivos adicionales para escrutar la determinación del Tribunal, la Sala itera que los perjuicios reclamados en la demanda por supuesto incumplimiento de la entidad contratante no prosperaron porque: (i) Los sobrecostos por actividades de ingeniería y consultoría en el levantamiento de información y en la elaboración de diseños para el muro de cierre, instalaciones de casa de máquinas y planta de tratamiento de aguas residuales fueron objeto de discusión, negociación y acuerdo sin pacto de mayores valores a favor del contratista, en los convenios alcanzados por las partes en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, cuya validez no fue cuestionada por ninguna de ellas; además, la premisa del tribunal que consideró no probadas las supuestas causas de incumplimiento que el actor indicó como presupuesto de su origen, no fue cuestionada en el recurso de apelación. (ii) Los sobrecostos por obras de construcción ejecutadas no previstas, rellenos y empalizadas, entre otros, para la adecuación de un paso de tránsito hacia la PCH y el dragado de bancos de arena para la construcción de esta última, también fueron conceptos negociados y agotados en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, y en los ítems allí aprobados, además que el incumplimiento que los hizo surgir se estimó no probado en primera instancia, sin que el censor hubiera aducido verdaderas razones de inconformidad en su recurso de apelación. (iii) Los sobrecostos por mayores cantidades de obra para la construcción, en tanto tuvo que ejecutar el resecado de algunas áreas para la construcción del muro de cierre, fueron objeto de negociación entre las partes a través de las actas de acuerdo citadas y en los ítems y cantidades de obra allí aprobados, además que el incumplimiento que los hizo surgir se estimó no probado en primera instancia, sin que el censor hubiera aducido verdaderas razones de inconformidad en su recurso de apelación. (iv) Los sobrecostos por materiales no usados y transporte y alquiler de equipos, ya que debido a los retrasos y la contemplación de una prórroga contractual que nunca se firmó, la contratista adquirió distintos insumos y alquiló maquinaria creyendo de buena fe que continuaría con sus labores, así como (v) los sobrecostos por disposición de personal para el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental eran conceptos comprendidos dentro de las obligaciones de suministro de personal, equipos, transporte, maquinaria, entre otros, a cargo de la contratista, sin que hubiera sido una premisa cuestionada en sede de apelación. (vi) Los intereses moratorios por el pago tardío de las varias actas de obra no pueden reclamarse, en tanto la contratista incumplió el contrato, dada la ejecución parcial de sus obligaciones, al punto que las obras nunca culminaron y los equipos mecánicos y electromecánicos fueron entregados fuera del plazo, lo cual causó que la entidad contratante sancionara al contratista e hiciera efectivas las garantías de cumplimiento (Resolución 536 del 30 de junio de 2000), aun cuando posteriormente revocara la decisión por entrega tardía de los equipos (Resolución 723 del 10 de octubre de 2000), conclusiones probatorias frente a las cuales el apelante no esgrimió razones para desvirtuarlas. 39. En consecuencia, se impone también negar el cargo (iii) del censor. (...) La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia; además, aun cuando adujo la existencia de un incumplimiento esencial de la demandante como justificante de la procedencia de su reclamo, la censura expuesta en el recurso de alzada fue insuficiente a la hora de explicar y precisar sus alcances y, aun obviando tal carencia, el incumplimiento probado del actor y no controvertido en la apelación, dan lugar a que los cargos (i) (ii) y (iii) del censor resulten imprósperos y conduzcan a la Sala a confirmar la decisión de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: “el marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual, no basta con la simple interposición del recurso o con la manifestación general de no estar conforme con la decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis presentada”, Cfr. Consejo de Estado. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Exp. 52155, reiterado en sentencias del 14 de mayo del 2014. Exp. 31.469 y del 31 de enero de 2019 Exp. 52663. ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien el censor reclama que los pactos celebrados fueron “actas de acuerdo” y no otrosíes, contratos adicionales, adiciones, etc., debe tenerse en cuenta que son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato (artículo 1501 Cód. Civil) y aun con esta salvedad, la normatividad e intangibilidad derivada de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, se predica de todos los negocios jurídicos -como los acuerdos celebrados en este caso entre las partes- con independencia de la tipología de contrato, convención o declaración de voluntad que los categorice, incluyendo aquellos acuerdos sometidos a las exigencias del Estatuto General de la Contratación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el contrato 7146 de 1997 objeto de controversia es un negocio jurídico regido por las disposiciones de Ley 80 de 1993, comoquiera que fue celebrado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL, ahora Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, en los términos que exige aquella norma (artículo 2 Idem24), por manera que el contrato, así como los acuerdos adicionales a él, contenidos en actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, que las partes pactaron en el marco de su ejecución, les resultan también aplicables las previsiones citadas del Código Civil. Como la entidad y el contratista demandante no desconocieron estos acuerdos, no acusaron su invalidez y tampoco adujeron vicios en el consentimiento prestado al suscribirlos, el contrato y cada una de las actas de acuerdo celebradas son obligatorias, ostentan para las partes la fuerza de una ley y, por tanto, su contenido resulta imperativo e inexcusable en función de la normatividad e intangibilidad que los ampara, prevista en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE Problema jurídico: ¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por las partes de todo lo necesario y legalmente autorizado para la satisfacción del interés que entre ellas subsiste? Respuesta al problema jurídico: Si La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desde antaño, han explicado que al tratarse de un mandato conductual verificable, la buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por las partes de todo lo necesario y legalmente autorizado para la satisfacción del interés que entre ellas subsiste; con fundamento en tal premisa y por razón de la naturaleza integradora del principio, a los contratos se entienden agregadas obligaciones de lealtad, diligencia, cooperación, transparencia, y solidaridad, que se traducen en distintos deberes como el de informar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas que garanticen su cumplimiento y de condicionar a título de salvedad los acuerdos que con esa finalidad alcancen las partes, pero que no llenan suficientemente su intereses, tal como el Consejo de Estado concluyó en materia de contratos estatales en sentencia de 2003, reiterada entre otras, en la sentencia transcrita del 23 de octubre de 2017, cuestionada por el apelante. El deber de reconocer y respetar la obligatoriedad de los acuerdos y de no contravenir su contenido, es una regla de conducta prístina que adquiere especial rigor frente a las demás, en la medida en que representa el medio instrumental básico y mínimo de protección de la causa y la finalidad justificativas de todo negocio jurídico, de ahí que la prohibición de contravenir lo pactado – venire contra factum propium non valet, sea una premisa que proviene desde el sustento histórico del mismo principio de buena fe sobre el cual se edificó el artículo 1603 del Código Civil, cuya falta de vigencia es prácticamente inoponible frente a los contratos. NOTA DE RELATORÍA: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de febrero de 1936, MP Eduardo Zuleta Ángel; a la vez que la Corte Constitucional. Sentencia T-487 del 11 de agosto de 1992, Exp. T-2047, MP Alejandro Martínez Caballero. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 1992, rad. 6032. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2003. Exp. 17213: “la aceptación manifiesta y sin salvedades de la situación, por parte del contratista, sin haber desplegado ni previa ni concomitantemente actividad que permitiera a la Sala entender que en efecto la Sociedad demandante no aceptaba los términos del contrato adicional; su conducta evidencia todo lo contrario”. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, “si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual”. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 NEGOCIO JURÍDICO / ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar; es ello y nada más lo que justifica la causa y le da forma a la finalidad misma de un contrato, pues nadie busca convenir con otras personas obligaciones que no se cumplan o por lo menos, que no busquen cumplirse? Respuesta al problema jurídico: Si El argumento fundamental del censo se basa en la supuesta inaplicabilidad del criterio jurisprudencial sobre buena fe objetiva, y el derivado deber de lealtad y rectitud del contratista de expresar oportunamente sus reclamos, mediante salvedades, ante la suscripción de negocios jurídicos adicionales al contrato principal, so pena de frustrar su futuro reconocimiento en sede judicial, teniendo en cuenta que la jurisprudencia que soporta esa tesis y que aplicó el Tribunal (2014) es posterior a la época de ejecución del contrato motivo de controversia (1998 a 2000). Tal disertación, aunque representa un cuestionamiento a la sentencia de instancia en tanto controvierte una de sus líneas argumentativas, esto es, “el deber conductual de obrar con lealtad y buena fe frente a la contraparte dando a conocer en forma oportuna las vicisitudes que sobrevengan en la ejecución de un contrato”, en el que se soporta la ausencia de salvedades en los negocios adicionales, olvida y deja de lado que se trata de un argumento satelital al esencial y medular sobre el cual el Tribunal soportó la decisión, esto es, el referente a “la fuerza relativa de ley de las convenciones y el deber conductual de respetar su contenido y no contravenir sus actos y declaraciones”, en el cual se inserta la conclusión de que la demandante mediante acuerdos adicionales negoció los efectos de los mismos eventos que ahora se exponen en sede judicial, y aceptó, sin alegar vicios, continuar la ejecución contractual sin el reconocimiento de las sumas que ahora solicita a su favor, sin expresar verdaderos reparos que ataquen tal conclusión. Sobre este particular debe recordarse que todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar; es ello y nada más lo que justifica la causa y le da forma a la finalidad misma de un contrato, pues nadie busca convenir con otras personas obligaciones que no se cumplan o por lo menos, que no busquen cumplirse. Desde 1873, con la promulgación de la Ley 84 que dio lugar al actual Código Civil, todo contrato legalmente celebrado tiene la fuerza de la ley frente a los contratantes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o por causas legales (vicios), al tiempo que debe ser cumplido de buena fe (artículo 1603 Idem), de ahí que obliga no solo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de sus obligaciones, de la ley, la costumbre o la equidad. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200240227011100103