Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Lo que dijo la Sala
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 15 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 23 de junio de 2010, superaba los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Síntesis síntesis automática
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 6 y 181
También resuelve
- ¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?
- ¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?
- ¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 15.136 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 15 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 23 de junio de 2010, superaba los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 6, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181
ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / DERECHO DE DEFENSA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e concluye que el legislador consagró en el CCA un conjunto de acciones para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuya elección, de acuerdo con la jurisprudencia, la determina la fuente del daño que se pretende resarcir y la causa petendi. En otras palabras, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional. (...) Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado. En todo caso, la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación de la acción.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la escogencia de la acción, consultar sentencia de 29 de octubre de 2018, Exp. 41069, C.P. María Adriana Marín. Y sobre la facultad que tiene el juez de adecuar la acción, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27723, C.P. Hernán Andrade Rincón.
ECOPETROL / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CULPA IN CONTRAHENDO / BUENA FE EXENTA DE CULPA
Problema jurídico:
¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, cabe señalar que en sentencia del 3 de septiembre de 2020 la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en lo que respecta a la naturaleza de los actos precontractuales proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así como también frente a la acción procedente para demandarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) Esta Sección ha considerado que la posición de unificación jurisprudencial fijada en esta sentencia resulta aplicable, no solo a las empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza pública, sino también a otras entidades públicas que, en materia de su actividad contractual, están sometidas al derecho privado. Se resalta, además, que de tiempo atrás esta Subsección, tratándose de casos en los que se cuestiona el desconocimiento de las reglas previstas en procesos contractuales adelantados por entidades públicas regidas por el derecho privado (siempre y cuando no comprendan ofertas según el artículo 845 del C.Co, ni licitaciones públicas reguladas en el artículo 860 del C.Co), ha considerado que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para estudiar la responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo . Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006, se advierte que la actividad contractual de Ecopetrol está sometida al derecho privado y, por tanto, al encontrarse en la misma posición que un particular, las actuaciones que esta entidad lleva a cabo en la etapa precontractual son expresiones de la autonomía privada, configurándose como actos de gestión contractual que no pueden catalogarse como actos administrativos, salvo que la ley disponga lo contrario. A partir de lo anterior, la Sala procederá a resolver de fondo el caso sometido a estudio en el marco de la acción de reparación directa y bajo las reglas de la culpa in contrahendo, no solamente porque lo alegado por la parte recurrente deriva de circunstancias reflejadas en un acto de gestión contractual, sino también porque el proceso de selección adelantado por Ecopetrol -que ocupa la atención de la Salano constituyó una oferta en los términos del artículo 845 del Estatuto Mercantil y mucho menos se trató de una licitación pública de las reguladas en el artículo 860 ibídem, pues a través del mismo no se realizó una propuesta de negocio jurídico, sumado al hecho de que, en virtud de las reglas establecidas en el Proceso Contractual, los ofrecimientos allegados por quienes participaron en este tampoco suponían el nacimiento del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al régimen aplicable a los actos precontractuales y contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que no se rigen bajo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino por el derecho privado, consultar sentencia de unificación de 03 de septiembre de 2020, Exp. 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003), C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 845, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 860, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / CONTRATOS DE ECOPETROL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CULPA IN CONTRAHENDO / PRUEBA DE LA BUENA FE EXENTA DE CULPA
Problema jurídico:
¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada, debe el juez estudiar de fondo la controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]o primero que debe poner de presente la Sala es que la decisión del tribunal de declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado el “acto de adjudicación” es equivocada, por lo cual se revocará. La decisión de Ecopetrol de celebrar el Contrato con CAM correspondió a un acto de naturaleza privada, que no acto administrativo, por lo cual no se podía exigir a GE presentar pretensiones de nulidad contra un acto que, en realidad, no existió. Además de lo anterior, aunque la parte actora acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción de controversias contractuales con el fin de cuestionar la conducta precontractual desplegada por Ecopetrol mediante la declaratoria de nulidad absoluta del Contrato, de conformidad con los criterios de unificación fijados por esta Sección en la sentencia del 3 de septiembre de 2020 citada en precedencia y de acuerdo con la posición que de tiempo atrás viene sosteniendo esta Subsección, se estima que la acción procedente para examinar el sub lite es la de reparación directa, y al amparo de la misma se analizarán las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que el daño alegado no proviene de un acto administrativo. En suma, como el reproche formulado por la actora se centra en el desconocimiento de Ecopetrol de las reglas fijadas en los documentos del Proceso de Selección, particularmente respecto de la evaluación de la propuesta de CAM y la posterior asignación del Contrato a este, es evidente que este cuestionamiento se traduce en la presunta violación a los deberes que emanan de la buena fe exenta de culpa durante la fase precontractual, o la denominada culpa in contrahendo, y es bajo esta perspectiva que procederá la Sala al examen de fondo de la controversia. En armonía con lo anterior, la Sala estima pertinente precisar que en los términos en los que fue formulada la demanda, el daño alegado por GE, causado con ocasión de la conducta precontractual de Ecopetrol, correspondió a que “se conculcó el derecho de Gestión de Empresas Ltda. a la adjudicación del contrato”. Por lo tanto, es bajo este supuesto que se analizará sí está probada o no la existencia del daño antijurídico alegado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho dañoso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que el presente caso gira en torno a la responsabilidad precontractual de Ecopetrol, la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en cuenta para ello el plazo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA, según el cual la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión causante del daño. En el presente caso, el hecho causante del daño correspondió a la decisión de Ecopetrol de celebrar el Contrato con CAM. En el expediente no obra prueba que dé cuenta de la fecha en que Ecopetrol tomó dicha decisión. Sin embargo, en la demanda se afirmó que el Contrato se celebró el 17 de diciembre de 2008. Por lo tanto, aun tomando como fecha de acaecimiento del hecho dañoso la de la celebración del Contrato, la demanda se presentó dentro del término de caducidad de dos años señalado anteriormente, pues ésta se radicó el 23 de junio de 2010. Así las cosas, es evidente que la acción se ejerció oportunamente aun sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad que operó entré el 15 de febrero y el 12 de abril de 2009, con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el Ministerio Público.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ACTO PRECONTRACTUAL / CONTRATOS DE ECOPETROL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / CULPA IN CONTRAHENDO / BUENA FE EXENTA DE CULPA / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Ecopetrol, con ocasión del proceso de selección, desconoció sus reglas al evaluar las ofertas y adjudicar el Contrato a CAM y si se configuraron los presupuestos de la responsabilidad precontractual de las entidades públicas sometidas al derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
Tal como se refirió en el numeral 6.1.6 de los hechos probados, en el expediente no existe prueba ni del informe de evaluación elaborado por Ecopetrol, documento necesario para verificar, entre otros, que la revisión de las propuestas por parte de la entidad se hubiere ceñido a los términos del Proceso de Selección, ni tampoco obra en el expediente la propuesta presentada por GE, la cual era necesaria para determinar si la parte demandante tenía derecho a que se celebrara el contrato con ella por haber cumplido los requisitos de los documentos del Proceso de Selección. La Sala resalta, como se refirió también en el numeral 6.1.6. de los hechos probados, que la ausencia de dichos documentos en el expediente tuvo como causa el incumplimiento de la parte demandante en la carga de pagar el valor de las fotocopias a favor de Ecopetrol, tras haber sido requerido en dos oportunidades por el tribunal. A partir de lo anterior, la Sala estima que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño alegado, consistente en la frustración de la expectativa que tenía GE de celebrar el contrato por cumplir su oferta con todos los requisitos de los documentos del proceso de selección, requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide la declaratoria de responsabilidad precontractual. En virtud de lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia de declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones y, en su lugar, las negará por falta de prueba de los supuestos para la declaratoria de responsabilidad precontractual de las entidades sometidas al derecho privado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55