Titulación de la relatoría 27.489 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / BUENA FE CONTRACTUAL / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos del acto administrativo de imposición de multa en el contrato estatal para que no vulnere el principio de la buena fe contractual cuando existe una cesión del contrato hacia la entidad aseguradora?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]stima la Sala pertinente destacar, como en otras oportunidades lo ha hecho, que el principio de buena fe, que es el cimiento en el que se funda la teoría de los actos propios, supone, en términos generales en materia contractual, que el comportamiento de las partes debe estar inspirado y tener como fin la efectiva ejecución de lo pactado y, por tanto, la preservación del contrato, lo que implica que las partes tienen el deber de respetar en su esencia lo acordado y cumplir las obligaciones derivadas de aquello. (…) [L]a Sala comparte la decisión del a quo en cuanto a que, la resolución demandada no vulneró lo acordado en el marco de la cesión de dicho negocio jurídico, pues, al contrario, lo que se observa es que el Instituto actuó al amparo de una estipulación en la que Liberty ratificó su consentimiento a responder por los amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento No. 428355, incluyendo el pago de las multas que se impusieran por hechos acaecidos con anterioridad a la aceptación de la cesión —se reitera, que otra cosa es si las multas impuestas cumplieran o no una finalidad conminatoria, lo cual será analizado más adelante—; por lo mismo, la Sala tampoco encuentra que se hubiere vulnerado el principio de buena fe contractual. Frente al alegato de la aseguradora según el cual se habrían extinguido dos elementos esenciales del contrato de seguro en relación con el amparo de cumplimiento y, específicamente, para lo que interesa a este caso, con las multas —el interés y del riesgo asegurable—, estima la Sala necesario advertir que, si bien en su demanda la aseguradora hizo alusión al artículo 1107 del Código de Comercio36, lo cierto es que la discusión que planteó en relación con la extinción del amparo de cumplimiento no se fundamentó en la transferencia del interés asegurado de un sujeto a otro —argumento que no desarrolló—, sino que se basó en que, en este caso, tanto el interés como el riesgo asegurado habrían desaparecido por acuerdo expreso entre las partes, porque en relación con los dos amparos que cubría ese siniestro —multas y cláusula penal— habrían acordado exonerar a la aseguradora de su pago, en tanto estipularon, de una parte, que el Consorcio asumiría el valor de las multas que se impusieran con ocasión de hechos acaecidos con anterioridad a la aceptación de la cesión del contrato y, de otra, que Liberty quedaba exonerada de pagar la cláusula penal ya que al asumir la ejecución del contrato evitó a la entidad pública los perjuicios que se podrían haber derivado del incumplimiento; por tanto, la Sala se limita al estudio que ya hizo de estos aspectos, pues fueron los que se plantearon en la demanda y los que se reiteraron en la apelación. 48. Con todo, vale mencionar que, incluso, si en gracia de discusión, y únicamente de ella, se admitiera que la controversia versó sobre la transferencia del interés asegurable y los efectos que ésta habría producido de cara al contrato de seguro, en los términos del referido artículo 1107 —la extinción automática del contrato de seguro—, lo cierto es que las pretensiones principales tampoco estarían llamadas a prosperar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1107
INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de aplicación de la buena fe contractual, confianza legítima y congruencia en las decisiones judiciales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que concierne al estudio de las pretensiones principales, se observa que el Tribunal no vulneró el principio de congruencia, toda vez que, de una parte, sí se pronunció respecto de los argumentos que las sustentaron y, de otra, porque no emitió fallo sobre aspectos que no hubieren sido objeto de controversia. Cosa distinta es que, con el objeto de analizar el contenido y alcance de los acuerdos de la cesión del contrato No. 56 de 2004 hubiere hecho alusión a la cláusula en la que se pactó la facultad de la administración para imponer multas y a los antecedentes que dieron lugar a la aplicación de esta sanción. Al revisar el contenido de la sentencia recurrida, encuentra la Sala que el Tribunal sí se pronunció sobre los aspectos en que la parte actora soportó las pretensiones principales de la demanda, para lo cual analizó el contenido de los acuerdos que enmarcaron la cesión del contrato de obra y coligió que los mismos no tuvieron el alcance de liberar a la aseguradora del cubrimiento de los amparos contemplados en la póliza No. 428533, incluido, el de cumplimiento y, dentro de él, a las multas; específicamente, porque en la cláusula tercera del acuerdo del 30 de diciembre de 2005 se estipuló que, en razón de la cesión, Liberty no se exoneraba del cubrimiento de los riesgos que amparó en calidad de garante del contrato de obra No. 56 de 2004, de donde concluyó que el interés asegurable se mantuvo vigente y cubierto por dicha garantía. Dijo que el interés asegurable no desapareció por virtud de tales acuerdos y como los hechos en los que se fundó la multa ocurrieron en vigencia de la póliza y antes de la cesión del contrato de obra, Liberty sí estaba llamada a respaldar el pago de la sanción en los términos definidos en las resoluciones demandadas. En ese contexto, concluye la Sala también que, aunque el Tribunal no hubiera hecho expresa mención frente a la alegada violación de los principios de buena fe y confianza legítima, sí resolvió este aspecto, puesto que este cargo se basó en el alegado desconocimiento de unas estipulaciones contractuales que el a quo estimó que no se contravinieron porque no tenían el alcance que les quiso dar la aseguradora.
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE SEGURO / CESIÓN DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad de la entidad aseguradora del contrato estatal cuando ésta asume, mediante cesión del contrato, la ejecución del mismo contrato por ella asegurado?
Respuesta al problema jurídico: Si
A juicio de la aseguradora, la intención de las partes fue que, al asumir la aseguradora la ejecución del contrato de obra, quedaba exonerada del pago de cualquier sanción o indemnización derivada del incumplimiento por parte del cedente —el Consorcio—, lo cual habría conducido a la extinción de dicho amparo por desaparición del interés y del riesgo asegurable. En tal virtud, como el amparo de cumplimiento cubría tanto las multas como la cláusula penal y ninguna de ellas le sería exigible, ese amparo se extinguió. Para resolver este cargo de la apelación, la Sala procede a analizar si los acuerdos a los que arribaron las partes de cara a la cesión del contrato de obra No. 56 de 2004 tuvieron el alcance de modificar o, incluso, dejar sin efectos las obligaciones que asumió Liberty a través del contrato de seguro que se instrumentó a través de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 428355 en relación con el amparo de cumplimiento, o si tales estipulaciones se limitaron a determinar las obligaciones que, en calidad de contratista cesionaria, asumiría la aseguradora, sin permear el alcance de esa otra relación contractual, esto es, la del contrato de seguro. (…) Sin perjuicio de lo anterior, anota la Sala que es cierto, como alega la parte recurrente, que, a través de la cláusula décima primera del otrosí No. 2 al contrato de obra No. 56 de 2004, se convino que el IDU no liberaría de responsabilidad al Consorcio por las multas que se impusieran por hechos acaecidos antes de la cesión, lo que de paso implicaba que no haría a la cesionaria en calidad de tal responsable por ellas, esto es, desde la perspectiva de la posición contractual que se estaba cediendo. De esta manera, entiende la Sala que tal acuerdo no se tradujo ni estaba llamado a producir una modificación de las estipulaciones del contrato de seguro o, menos aún, un acuerdo que implicara excluir la responsabilidad de la aseguradora frente al amparo por multas, como sí fue pactado expresamente para los efectos de la cláusula penal, acuerdo que, por demás, las partes estimaban como necesario para terminar el objeto del contrato y remediar las dificultades que se presentaron durante su ejecución. Este entendimiento se ratifica al leer el texto completo de la cláusula décima primera del otrosí No. 2, en la que las partes del contrato de obra y quien sería su cesionario —la aseguradora— estipularon que el cedente asumiría el valor de las multas que se llegaren a imponer por hechos ocurridos con anterioridad a la aceptación de la cesión, conviniendo en que dichos valores serían descontados de los saldos que se adeudaran al Consorcio por el desarrollo del contrato —excluidos los dineros que de tales saldos le fueron cedidos a Liberty—, pacto que no involucró una mención expresa ni tácita a renunciar a la efectividad y cobro del amparo de multas, vigente y exigible para la época de los hechos en que se fundaran. En este punto, es pertinente recordar que la cesión del contrato es una forma de transmisión de los derechos y obligaciones y no solo de la parte activa o pasiva de las relaciones jurídicas emanadas de un negocio jurídico; en éste, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes son libres de adoptar los acuerdos que no sean contrarios a los elementos de la esencia del contrato, por lo que pueden, como lo hicieron en este caso a través de la cláusula décima primera del otrosí No. 2, acordar, en los términos del artículo 893 del Código de Comercio, que el cedente no quedaba liberado de cumplir con las multas que pudieren imponerse como consecuencia de hechos acaecidos antes del perfeccionamiento de la cesión y que la cesionaria, en calidad de tal, no asumiría esa obligación. (…) Ahora, la Sala no pasa por alto que, al menos llama la atención que la póliza de cumplimiento comprendiera el amparo de la cláusula penal pecuniaria y que en el otrosí No. 2 las partes se hubieren referido a ella para señalar que se exoneraba a la aseguradora de cubrirla, cuando lo cierto es que en el contrato de obra No. 056 de 2004 no se consagró tal instrumento. Empero, además de que ningún elemento de prueba conduce a interpretar que en esa cláusula las partes hubieran querido verdaderamente referirse a las “multas”, Liberty no hizo consistir su demanda ni su apelación en la equiparación de la cláusula penal pecuniaria con la cláusula de multas34. Con todo, vale mencionar que la cesión se dio para evitar la declaratoria de caducidad del contrato, lo que, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, apareja el cobro de la cláusula penal pecuniaria, no la imposición de multas; esto se complementa con que en la referida cláusula décima cuarta lo que se indicó fue que la aseguradora quedaba exonerada de cubrir la cláusula penal porque al asumir la ejecución del contrato le evitaba un eventual “perjuicio” al IDU, a la par que en la cláusula décima primera se previó la posibilidad de que se impusieran multas por hechos acaecidos con anterioridad a la cesión, distinguiendo con ello claramente los perjuicios que se habrían derivado del incumplimiento definitivo del contrato, de la sanción por el mero retardo. 43. En este escenario, lo que se evidencia es que, a partir de los acuerdos que se dieron en el marco de la cesión del contrato de obra No. 56 de 2004, no solo no existe un acuerdo que avale la postura de la parte actora, sino que tampoco se puede inferir de ellos una conclusión como la propuesta, esto es, la extinción del amparo de cumplimiento cuya cobertura estuvo incluida en la referida póliza.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 893
COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / CONCEPTO DE MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuál es la finalidad de la multa en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En su recurso de apelación, la aseguradora manifestó que, para el momento en que se expidieron las resoluciones demandadas el Consorcio ya no era parte de ese negocio jurídico y, por tanto, no podía ser sujeto pasivo de apremios o coacciones con fines de cumplimiento contractual, por lo que, insistió, la multa no tuvo un carácter conminatorio y, por tanto, la entidad no podía imponerla. Agregó que, si bien el plazo del contrato no se había vencido, éste corría para la aseguradora que era la contratista, no para el Consorcio que había dejado de serlo. En ese mismo sentido refirió, como lo hizo en la demanda, que las multas se impusieron por incumplimientos relacionados con el cronograma de obras acaecidos antes de la cesión, mas no respecto de las obligaciones que asumió la aseguradora en calidad de cesionaria del contrato para lograr su cumplimiento, de donde también dedujo su extemporaneidad y falta de justificación. En ese contexto, se encuentra que, más que una falta de competencia temporal para imponer las multas por terminación del contrato de obra, el cargo de la aseguradora se funda en que éstas no cumplieron la finalidad de apremio para las que fueron previstas —competencia material—, porque se impusieron a un sujeto que ya no era parte de la relación contractual y, por tanto, que ya no podía ejecutar las obligaciones necesarias para lograr el cumplimiento de lo pactado; aunado a lo anterior, porque la sanción se impuso por incumplimientos del cronograma de obra acaecidos antes de que se celebrara la cesión, mas no respecto de las obligaciones que estaba ejecutando Liberty en calidad de cesionaria para cumplir ese mismo propósito o, lo que es lo mismo, que las multas no se avinieron a conminar a la aseguradora, que era la contratista, para que cumpliera el objeto pactado. El Consorcio acompañó dicha argumentación señalando que la multa implicó un ejercicio indiscriminado de la facultad sancionatoria del IDU, en contravención de la teleología de las multas. Así, para resolver este cargo de la apelación es pertinente reiterar, como de manera pacífica lo ha hecho ya de antaño esta Corporación, que las multas son instrumentos contractuales mediante los cuales la entidad contratante, en desarrollo de su función de dirección de la ejecución del contrato, y con fundamento en un pacto previo —dado que las multas no se incorporan por ministerio de la ley al contrato—, propende por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de manera que, como ya se dijo en esta misma providencia, no tienen una función resarcitoria o indemnizatoria —como la cláusula penal— pues se trata de una medida eminentemente conminatoria y sancionatoria43, en tanto está encaminada a disuadir al contratista que se encuentra incumpliendo transitoriamente las obligaciones derivadas de un contrato de tracto sucesivo a reajustar su conducta de modo de garantizar el cumplimiento satisfactorio de su objeto.
OPORTUNIDAD PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA
Problema jurídico:
¿Cuáles es la término para imponer la multa en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Corporación ha sido enfática en señalar que las entidades públicas tienen un límite temporal para acudir a este mecanismo corrector de las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de apremio que persiguen, por lo cual sólo pueden aplicarse dentro de la vigencia del contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es, constreñir al contratista al cumplimiento, de manera que si, aún estando vigente el plazo, ese no es su propósito, porque, por ejemplo, las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron o porque se acordaron otros mecanismos de remediación para lograr su cumplimiento y éstos se están ejecutado adecuadamente, entonces no habrá lugar a imponerlas, pues habrán perdido su razón de ser. (…) Esta regla jurisprudencial resulta lógica porque si, a través de las multas, lo que se busca es constreñir al contratista a lograr el cumplimiento de una obligación, no tendría sentido imponer la sanción cuando el término de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo o cuando, por ejemplo, la obligación ya ha sido cumplida en su integridad, o cuando las partes han reajustado sus compromisos en aras, específicamente, de cumplir lo pactado, ampliando el plazo estipulado para el desarrollo de determinada obligación o modificando las condiciones para su ejecución, y tales acuerdos se vienen cumpliendo adecuadamente.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / CESIÓN DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad del cedente del contrato estatal respecto de la relación negocial, especialmente cuando el cesionario es la entidad aseguradora del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i lo que ocurre desde el momento en que la cesión empieza a surtir efectos es que el cedente queda liberado de la relación negocial y, por ello, no está llamado a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, entonces, lo que se debe concluir es que no hay razón para pretender conminarlo al cumplimiento del objeto pactado a través de la imposición de una multa, salvo que, como señala el artículo 893 del Código de Comercio, el contratante cedido, al momento de aceptar la cesión, se hubiere reservado no liberarlo del cumplimiento de las obligaciones en caso de que el cesionario no lo hiciera, lo que en este caso, no ocurrió. En ese sentido, vale precisar que, si bien en la cláusula décima novena del otrosí No. 2 las partes acordaron que el Consorcio asumiría el valor de las multas que se impusieran por hechos ocurridos con anterioridad a la aceptación de la cesión, es decir, que la cesionaria no lo sustituiría en relación con las obligaciones que pudieran surgir con ocasión de la imposición de esas sanciones, lo cierto es que esa cláusula se refiere, exclusivamente, a incumplimientos que hubieren tenido lugar antes de la cesión, no al posible incumplimiento de las obligaciones que, después de ella, se hicieran necesarias para cumplir con el objeto pactado, respecto de las cuales el Consorcio quedó liberado, en consideración a que las asumió la aseguradora sin que el IDU hiciera ninguna reserva sobre ese particular. Igualmente, en este punto es pertinente advertir que una cosa es que, como se analizó previamente, no le asistiera razón a Liberty en cuanto a que, en virtud de lo estipulado en la referida cláusula décima primera del otrosí No. 2, en concordancia con lo pactado en la cláusula tercera del acuerdo del 30 de diciembre de 2005, hubiere quedado exonerada, en calidad de garante, de cubrir el amparo de cumplimiento en el rubro de multas, y otra muy diferente es si las multas que se impusieron al Consorcio haciendo uso de esa cláusula del otrosí cumplieron o no una función conminatoria, como fueron pactadas en el contrato. Al respecto, se debe poner de presente que la referida cláusula décima primera no tuvo por objeto modificar la estipulación contenida en la cláusula 49.3 del contrato de obra 056 de 2004, en cuanto al carácter conminatorio con el que se impondrían las multas, por eso, al margen de que la mencionada cláusula del otrosí pudiera o no producir algún efecto, lo cierto es que, en cualquier caso, las multas que se impusieran debían cumplir ese propósito; sin embargo, ello no se observa en este caso, puesto que, como alegó la aseguradora, además de que la sanción se impuso a un sujeto que no podía ser conminado a cumplir el contrato porque ya no era el llamado a ejecutarlo o a responder por su cumplimiento, se aplicó, aproximadamente, once (11) meses después de aceptada la cesión, y se fundó, exclusivamente, en incumplimientos acaecidos antes de ella, respecto de los cuales no hay evidencia de que se vincularan o extendieran a las obligaciones que, en calidad de cesionaria, venía ejecutando la aseguradora, a la cual, por tanto, no se sancionó. 66. Es decir, lo que se observa es que las multas no se impusieron por incumplimientos presentes que obligaran al IDU, en calidad de director de la ejecución del contrato, a tomar medidas coercitivas para lograr su cumplimiento, sino por incumplimientos que ya no revestían ninguna importancia de cara al cumplimiento del objeto pactado; sólo así se explica que no se hubiere sancionado a quien sí estaba llamado a ejecutar el contrato, es decir, a la aseguradora en su calidad de contratista, y que las sanciones no se hubieren extendido a incumplimientos posteriores a la cesión.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 893
CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CESIÓN DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COSA JUZGADA / EFECTO ERGA OMNES / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo contractual que impone una multa por incumplimiento del contrato al contratista que cedió el contrato, mas cuando esta multa se impone posterior a la cesión de dicho contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]o que indican los medios demostrativos que obran en el expediente es que la situación de incumplimiento que se venía presentando en relación con el cronograma de obras hasta antes de la cesión se superó con dicho acuerdo, puesto que, incluso, con corte al 9 de junio de 2006, esto es 5 meses antes que se expidiera la Resolución No. 5907 —8 de noviembre de 2006— las obras ya presentaban un avance físico ejecutado del 85% contra un avance físico programado del 89%54; después de ello, a solicitud de Liberty, el 11 de julio de 2006, las partes suscribieron el adicional No. 355, mediante el cual prorrogaron nuevamente el plazo de la etapa de construcción hasta el 12 de agosto de 2006, con el objeto de llevar a cabo los cierres ambiental y social que eran las obligaciones con las que, de conformidad con la cláusula 55.1 del contrato, se culmina esa etapa. Después de esto, no hay prueba de que se hubieran tenido que hacer más adiciones al plazo previsto para este ítem del contrato o de que Liberty no lo hubiera culminado en ese plazo, lo que, sugiere que esa etapa se terminó en la última fecha programada, esto es, aproximadamente, tres meses antes de que se impusiera la multa al Consorcio por los atrasos del cronograma de obra con corte al 30 de diciembre de 2005. Así, lo que resulta claro es que, a la fecha de terminación de la etapa de construcción —12 de agosto de 2006— la cesionaria, necesariamente, debía haber completado el cronograma de actividades, que, de conformidad con las cláusulas 17.157 y 27.158, se debió presentar para la ejecución de esa actividad; lo que, una vez más, pone en evidencia que las multas que con posterioridad a ello se impusieron al Consorcio por el incumplimiento del cronograma de obras con corte al 30 de diciembre de 2005 no tenían una finalidad conminatoria, pues, incluso, si se admitiera que éste todavía podía ser conminado al cumplimiento de las obligaciones, lo cierto es que no está probado en el expediente que, para la fecha en que se impuso la sanción, hubiere obligaciones pendientes de cumplimiento bien fuera a su cargo, o a cargo de la aseguradora. Por todo lo anterior, la Sala concluye que las resoluciones demandadas fueron expedidas en contravía de la finalidad para la que fueron instituidas y pactadas las multas, las cuales consisten, se reitera, en conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones y no meramente en sancionarlo. Por ende, se revocará la decisión del a quo de negar las pretensiones subsidiarias de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad de las Resoluciones Nos. 5907 del 8 de noviembre de 2006 y 896 del 14 de febrero de 2007. Advierte la Sala que con esta decisión, en manera alguna, se avala que el contratista incumpla sus obligaciones, tan solo significa que la entidad contratante debe acudir a los instrumentos contractuales a su disposición de conformidad con la teleología que los inspira, de modo de garantizar el correcto cumplimiento del objeto contractual y sin que sus prerrogativas como director del contrato devengan en ilegales y arbitrarias. 72. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la Sala encuentra que es procedente también acceder a las pretensiones tercera y cuarta subsidiarias de la demanda porque, a título de restablecimiento del derecho, y ante la nulidad de las resoluciones que le servían de fundamento, es forzoso concluir que Liberty no tenía obligación alguna de pagar la multa impuesta por el IDU, por lo que, en caso de que dicha aseguradora hubiere cancelado su valor, la entidad demandada deberá reintegrarlo, debidamente actualizado. No sucederá lo mismo en la hipótesis en que el Consorcio cedente hubiere pagado tales multas, pues este sujeto, si bien intervino en el proceso como coadyuvante, ningún restablecimiento de sus derechos patrimoniales puede derivar de las pretensiones de la demanda. Por lo anterior, si hay lugar a restablecer los derechos de Liberty, para efectos de actualizar el valor que Liberty hubiere pagado en razón de lo ordenado en las Resoluciones 5907 del 8 de noviembre de 2006 y su confirmatoria la Resolución 896 del 14 de febrero de 2007, el IDU deberá tomar el valor efectivamente pagado y actualizarlo desde la fecha de su pago hasta la fecha de su reintegro conforme la siguiente fórmula: Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final [fecha de reintegro] / IPC inicial [fecha de pago de la multa al IDU])] En la medida en que por el cargo acabado de analizar se declarará la nulidad de las resoluciones demandadas y en consideración a que, en los términos del artículo 175 del CCA, “[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada ‘erga omnes’” 59, la Sala queda relevada de analizar si en su expedición se configuraron vicios adicionales por expedición irregular, por falta de competencia, por violación de normas superiores, por vulneración del debido proceso y por incurrir en falsa motivación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 175
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55