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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos

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Fecha
2026-10-05
Radicado
66001233300020160067204
Número interno
70491
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
PROMASIVO S.A.
Demandado
MEGABUS S.A., AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos

Regla de decisión

El juez de segunda instancia examina la decisión exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 306
  • Ley 1564 de 2012, arts. 320 y 328

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

COSA JUZGADA

Lo que dijo la Sala

El inciso primero del artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante, el CGP) –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 13.812 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Problema jurídico: ¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? Respuesta al problema jurídico: No El inciso primero del artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante, el “CGP”) –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– establece que el recurso de apelación “tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.” En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.” Revisado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, se advierte que dos de los reparos formulados por Promasivo frente a lo decidido por el Tribunal consistieron en que “[e]l fallador de primera instancia profi[rió] la sentencia recurrida en forma equivocada como consecuencia de la falta de aplicación de las normas relativas al uso y [la] aplicación de las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes por parte de las entidades estatales”, y en que “es evidente e innegable la existencia de la ruptura de la ecuación contractual en perjuicio de [Promasivo]”. Dichos reparos no serán analizados dado que son absolutamente genéricos, comoquiera que, por un lado, no refieren concretamente “las normas relativas al uso y [la] aplicación de las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes por parte de las entidades estatales” aparentemente dejadas de aplicar por el Tribunal, así como la incidencia que su aplicación habría tenido en las conclusiones del juez de primera instancia, y, por otro lado, al margen de que “la existencia de la ruptura de la ecuación contractual en perjuicio de [Promasivo]” no fue uno de los fundamentos de las pretensiones de la demanda, lo cierto es que Promasivo no controvirtió puntualmente las razones específicas por las cuales el Tribunal desestimó los argumentos de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016 relacionados con “los graves incumplimientos contractuales en los que incurrió la demandada durante la ejecución del contrato NOTA DE RELATORÍA: Respecto al recurso de apelación y competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia de 10 de octubre de 2024, exp. 70060, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE CONCESIÓN Problema jurídico: ¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? Respuesta al problema jurídico: No (...) [l]a Sala recuerda, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que “el desequilibrio económico del contrato (…) no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” (se trascribe): “Por el contrario, tal institución, el desequilibrio, tiene como propósito garantizar la continuada ejecución del contrato, aun cuando el contratista encuentre dificultades de tipo económico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de invocar el desequilibrio económico del contrato como eximente de responsabilidad o justificación del incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de octubre de 2024, exp. 70060. COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / CAUSALES DE NULIDAD / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL JUDICIAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA Problema jurídico: ¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad por los mismos objeto y causa? Respuesta al problema jurídico: No La postura recién descrita precave el riesgo de tener decisiones contradictorias, adoptadas por la entidad estatal contratante y el juez del contrato, sobre los mismos objeto y causa. De igual manera, en casos en los que no existe mérito para que la entidad estatal declare unilateralmente el incumplimiento del contratista, evita el desgaste de la administración de justicia que supone estudiar el fondo de actos administrativos que versan sobre asuntos que han sido sometidos previamente a consideración de una autoridad jurisdiccional. Conviene precisar que las únicas demandas presentadas por los contratistas que tienen la virtualidad de sustraer la competencia de las entidades estatales son aquellas cuya admisión les haya sido notificada antes de la firmeza de las respectivas declaratorias de incumplimiento; esto es, antes de finalizada la audiencia a la que hace referencia el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –según el literal c) de la norma, la “resolución motivada en la que se consign[a] lo ocurrido en desarrollo de la audiencia (…) se ent[iende] notificada en dicho acto público”, y “[l]a decisión sobre el recurso se ent[iende] notificada en la misma audiencia”–. En estos eventos, las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos. Ahora bien, la anterior regla encuentra una excepción cuando el incumplimiento contractual del contratista es de una entidad suficiente para dar paso a la declaratoria de caducidad del contrato estatal, en atención a las consideraciones de continuidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado que guían el ejercicio de esta y de las demás cláusulas excepcionales al derecho común de que tratan los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. Además de que la demanda del proceso arbitral al que Promasivo convocó a Megabús S.A. con el propósito de obtener la declaratoria de incumplimiento contractual de la sociedad pública demandada en relación con los mismos objeto y causa que finalmente sustentaron la declaratoria de caducidad del contrato fue admitida y notificada a la entidad estatal el 1 de marzo de 2016 –esto es, con posterioridad a la expedición y notificación de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 9 de febrero 2016–, comoquiera que la decisión en este proceso impugnada consistió en la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No. 1 de 2004, la Sala concluye que Megabús S.A. sí tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la pérdida de competencia de la entidad estatal contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento del contratista, con ocasión del sometimiento previo de la controversia al juez del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 70381, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Adicionalmente, el mismo criterio fue desarrollado por la Subsección B mediante auto de 27 de febrero de 2026, exp. 73035, C.P. Diego Enrique Franco Victoria. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL POR EJERCICIO DE LA PROFESIÓN / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado, aunque dicho cargo no se haya formulado en la demanda y se haya alegado por primera vez en una etapa posterior del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si En el escrito de apelación, Promasivo insistió en la “pérdida de competencia de Megabús S.A. para declarar la caducidad” por el hecho de que “[l]os actos administrativos demandados fueron expedidos cuando la entidad [estatal] se encontraba notificada de la convocatoria a un tribunal de arbitra[je]”. Al respecto, se pone de presente que este no fue un argumento de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016 planteado por Promasivo desde el inicio del proceso, y que la concesionaria lo mencionó por primera vez al pronunciarse sobre la oposición del Amco a las pretensiones de la demanda, y luego insistió en él en los alegatos de conclusión que presentó en primera instancia. Lo anterior no impide a la Sala abordar su estudio –el cual, erróneamente, fue omitido por el Tribunal con sustento en que la alegada falta de competencia ya había sido analizada en el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2016-00548-00/01 (acumulado con el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2018-00173-00)– pues, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación, la incompetencia es un vicio de invalidez de los actos administrativos que puede ser declarado inclusive de oficio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la incompetencia como vicio de invalidez de los actos administrativos susceptible de ser examinado de oficio por el juez, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 13414. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 COSA JUZGADA / EFECTO ERGA OMNES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA / CONTROL DE LEGALIDAD / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO PROCESAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes que impiden volver a discutir la validez de dicho acto en procesos posteriores? Respuesta al problema jurídico: Si Finalmente, en lo que tiene que ver con la extensión de los efectos de lo decidido en el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2016-00548-00/01 (acumulado con el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2018-00173-00) –a lo que Promasivo se refirió confusamente como “la falta de aplicación del fenómeno jurídico de la cosa juzgada”–, proceso en el marco del cual se accedió parcialmente, en el sentido de anular el ordinal quinto de la Resolución No. 19 de 2016 y la Resolución No. 20 del mismo año –en cuanto confirmó dicho ordinal–, a las pretensiones formuladas por SI 99 S.A. en contra de Megabús S.A. dirigidas a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016, este fue un punto expresamente tratado en la Sentencia de 22 de agosto de 2023. Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en la primera parte del inciso primero del artículo 189 del CPACA, al tenor del cual (se trascribe): “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.” (…) No obstante lo anterior, en la parte resolutiva de la Sentencia de 22 de agosto de 2023, el Tribunal no dispuso nada sobre la cosa juzgada y sus efectos en este proceso, motivo por el cual la Sala adicionará la providencia impugnada, exclusivamente en el sentido de declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada en relación con la invalidez del ordinal quinto de la Resolución No. 19 de 2016 y de la Resolución No. 20 del mismo año –en cuanto confirmó dicho ordinal–, y de abstenerse de pronunciarse sobre el particular, así como sobre la pretensión segunda de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la cosa juzgada erga omnes de las sentencias de nulidad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de mayo de 2022, exp. 66001-23-33-000-2016-00548-01 (66207), acumulado exp. 66001-23-33-000-2018-00173-00, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189
Texto extraído del PDF oficial 60.563 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 5 de octubre de 2026 Radicación: 66001-23-33-000-2016-00672-04 (70.491) Demandante: Promasivo S.A. –en liquidación judicial– (Promasivo) Demandada: Megabús S.A. Referencia: Controversias contractuales Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – fines del recurso de apelación y competencia del superior – improcedencia de excusar el incumplimiento contractual en la ruptura del equilibrio económico del contrato – pérdida de competencia de las entidades estatales contratantes, con ocasión del sometimiento previo de la puntual y específica controversia sobre el cumplimiento contractual al conocimiento de l juez del contrato, para declarar unilateralmente el incumplimiento de sus contratistas – fuerza de cosa juzgada erga omnes de la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo en un proceso. Síntesis del caso: la concesionaria demandante solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la sociedad pública concedente demandada, entre otras decisiones, declaró la caducidad de un contrato de concesión del servicio público de transporte masivo, y que se la exonere de pagar las sumas que en los actos administrativos demandados se le ordenó pagar. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 22 de agosto de 2023 por la Sala Segunda de Decisión d el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.1 Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Trámite relevante en primera instancia – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recurso de apelación – 1.6. Trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 1 de septiembre de 2016 , Promasivo S.A. –en liquidación judicial – (en adelante, “Promasivo”) presentó una demanda,2 en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de Megabús S.A., en cuyas pretensiones solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe): “1. Que se declare la nulidad de las resoluciones números 019 del 9 de febrero de 2016 y 020 del 9 del mismo mes y año, expedidas por MEGABÚS S.A., mediante las cuales, respectivamente, se declaró la caducidad del Contrato 1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, el “CPACA”). 2 Páginas 2 -198 del archivo PDF “1_001CUADERNO1”, 2 -204 del archivo PDF “2_002CUADERNO1-1” y 2 -198 del archivo PDF “3_003CUADERNO1-2” (índice 52 Samai del Tribunal). Radicación: 66001-23-33-000-2016-00672-04 (70.491) Demandante: Promasivo Demandada: Megabús S.A. Referencia: Controversias contractuales Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 15 de Concesión número 1 de 2004 y se declara la ocurrencia de un siniestro, contrato celebrado entre MEGABÚS y PROMASIVO y, se resuelve el Recurso de Reposición, confirmándose la anterior. 2. Que como consecuencia de la anterior pretensión, se exonere a PROMASIVO (…), del pago de la suma de (…) $11.038.045.800.00 (…), de acuerdo con la cuantificción de los perjuicios tasados por MEGABÚS S.A., a [Promasivo] en el numeral quinto de la parte resolutiva del Acto Administrativo objeto de demanda.” 2. En el escrito de demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos: 3. 1) El 22 de julio de 2004, Megabús S.A. y Promasivo celebraron el contrato de concesión “para la prestación del servicio público de transporte masivo [de pasajeros dentro] del [sistema integrado de transporte masivo del] Área Metropolitana del Centro Occidente – operación troncal y alimentadora del sistema Megabús [a partir de la cuenca Cuba]” No. 1. 4. 2) Aunque no se indica expresamente en las quinientas páginas que desarrollan los doscientos ochenta y ocho numerales del aparte de la demanda titulado “situación fáctica” , de las pretensiones y las “consideraciones de derecho” se extrae que, mediante la Resolución No. 19 de 9 de febrero de 2016, Megabús S.A. declaró la caducidad del contrato de concesión No. 1 de 2004 –entre otras decisiones –, acto administrativo en contra del cual Promasivo interpuso recurso de reposición, impugnación que fue despachada desfavorableme nte por medio de la Resolución No. 20 de los mismos día, mes y año. 5. 3) Según se afirmó en la demanda (se trascribe): “El 9 de noviembre de 2015, PROMASIVO, con ajuste al Pacto Arbitral, acordado por las partes, obrante en la cláusula 118 del Contrato de Concesión No.1 de 2004, presenta demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por la participación económica a que tenía derecho por la prestación del Servicio Público de Transporte Masivo no cancelada por MEGABÚS, utilidad esperada y dejada de percibir por [Promasivo], aumento sufrido en sus pasivos y, descuentos por multas impuestas por MEGABÚS, originadas estas por los incumplimientos de la demandada.” 6. A juicio de Promasivo, los actos administrativos demandados son nulos, entre otros motivos,3 debido a “los graves incumplimientos contractuales en los que incurrió la demandada durante la ejecución del contrato” . Los alegados incumplimientos contractuales de Megabús S.A. están relacionados con la actualización de la tarifa del servicio público de transporte masivo, la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, la participación de la concesionaria en los ingresos generados con 3 Promasivo planteó otros argumentos de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016. Sin embargo, en atención al alcance del recurso de apelación que delimita la competencia del juez de segunda instancia, y a que no resultan relevantes para la decisión que en esta providencia se adoptará, la Sala se abstendrá de relacionarlos. Radicación: 66001-23-33-000-2016-00672-04 (70.491) Demandante: Promasivo Demandada: Megabús S.A. Referencia: Controversias contractuales Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 15 ocasión de la misma, la exclusividad derivada de la concesión y la reestructuración de rutas, y la imposición de multas por parte de la entidad estatal concedente. 1.2. Posición de la parte demandada 7. Megabús S.A. no contestó la demanda. 8. En los alegatos de conclusión que presentó en primera instancia, 4 Megabús S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda con base en distintos argumentos, los cuales no serán relacionados por la Sala dado que no resultan relevantes para la decisión que aquí se adoptará. Adicionalmente, solicitó al Tribunal “ten[er] como precedente horizontal” (se trascribe): “la decisión emitida en el seno de esa misma Colegiatura, el 21 de febrero de 2020, emitida en los procesos acumulados 201600548 (66207) y 20180017300, medio de control de controversias contractuales, Actor SI 99 S.A. y demandado Megabús S.A., la cual tuvo modificación parcial en segundo grado por la Sección Tercera – Subsección A, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 20 de mayo de 2022 (…)”.5 1.3. Trámite relevante en primera instancia 9. En la sesión de la audiencia inicial celebrada el 26 de septiembre de 2018,6 el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda dispuso la vinculación al proceso del Área Metropolitana Centro Occidente (en adelante, el “Amco”), por considerarla un tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4 Archivo PDF “42_042ALEGATOSMEGABUSS.A.” (índice 73 Samai del Tribunal). 5 Megabús S.A. se refiere al proceso identificado con el número de radicación 66001 -23-33-000-2016-00548-00/01 (acumulado con el proceso identificado con el número de radicación 66001 -23-33-000-2018-00173-00), en el marco del cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirieron sentencias de primera y de segunda instancia los días 21 de febrero de 2020 y 20 de mayo de 2022, respectivamente, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de las dos demandas promovidas por Sistema Integrado de Transporte SI 99 S.A. (en adelante, “SI 99 S.A.”) en contra de Megabús S.A., dirigidas a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la sociedad pública demandada , por una parte, declaró la caducidad del contrato de concesión No. 1 de 2004 –y adoptó otras decisiones –, y, por otra parte, liquidó unilateralmente el negocio jurídico , y resolvió los recursos de reposición interpuestos en contra de los anteriores. En el ordinal primero de la Sentencia de 20 de mayo de 2022 se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Segunda de Decisión, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia, la cual quedará así: 1.- DECLARAR LA NULIDAD del numeral quinto de la Resolución No. 019 del

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201600672041100103