Titulación de la relatoría 32.640 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA / MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / ACTO LEGISLATIVO / ENTIDAD TERRITORIAL / CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR / ESTATUTOS DE LA OPOSICIÓN / DERECHOS FUNDAMENTALES / ELECCIÓN UNINOMINAL / ELECCIÓN DEL ALCALDE / CANDIDATO NO ELEGIDO / ADJUDICACIÓN DE CURUL / CONCEJAL / CONCEJAL LLAMADO A OCUPAR EL CARGO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
Obiter dictum
Respuesta al problema jurídico: No
Del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio de 2015, la Ley Estatutaria 1909 y la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral y su incidencia en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. El artículo 1o. del Acto Legislativo 2 de 2015, incorporó una modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución Política al reconocer el ‘derecho personal’ a ocupar una curul en la corporación pública respectiva, al candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador de departamento y alcalde distrital y municipal. […] Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la Ley Estatutaria 1909 que elevó a la categoría de derecho fundamental la oposición, por lo que esta goza de una especial protección del Estado y de las autoridades y le permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno mediante los instrumentos señalados en ese compendio, sin perjuicio de los derechos previstos en otras leyes.[…] Así las cosas, del examen de los elementos normativos y jurisprudenciales anunciados, es posible extraer las siguientes reglas: (i) Por mandato constitucional, le surge el derecho personal al candidato que le siga en votos al primero, de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la respectiva corporación territorial, según lo dispone el artículo 112 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. En este sentido, el ordenamiento superior le otorga al candidato que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones al cargo uninominal, - entiéndase presidente, vicepresidente, gobernador departamental o alcalde distrital o municipal-, la oportunidad de manifestar su decisión de aceptar o no un escaño en la corporación pública que corresponda, de tal manera que depende de su voluntad la consolidación de su derecho. (ii) El candidato debe manifestar oportunamente su aceptación para ocupar el respectivo escaño corporativo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección del cargo uninominal, por escrito y sin posibilidad de retracto, ante la comisión escrutadora competente, según lo dispone el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, al punto que esta jurisdicción lo declaró ajustado a derecho. (iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la legalidad de la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, es de obligatorio cumplimiento y tiene efectos erga omnes con relación a la causa petendi analizada, tal y como lo dispone el artículo 189 del CPACA, […] (iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal y, con ello, la prohibición de retracto, cumple las siguientes finalidades razonables: (a) en primer lugar, garantiza el buen funcionamiento de la organización electoral y con ello el cumplimiento de la Constitución Política que reconoce un derecho a favor del candidato que resultó derrotado en las elecciones uninominales; (b) permite que en los tiempos y en la oportunidad prevista en la norma se puede efectuar la aplicación de la cifra repartidora y con ello tener certeza de quién va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa constitucional. En esa medida, no resulta admisible que el concejal designado, de forma caprichosa, acepte la curul, se declare electo, y luego desista, más aún si está en juego la representación de los derechos de la oposición. Valga resaltar que la reforma constitucional introducida con el Acto Legislativo 02 de 2015, fue concebida para garantizar los derechos de la oposición la cual es vista no solo como “[…] (i) una garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas [...]”, sino también “[...] (ii) un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en el control del poder político [...]” y, (c) finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe brindar el Consejo Nacional Electoral. (v) Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de tomar posesión de su cargo en la respectiva Corporación, o lo que es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la Constitución, por cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades institucionales; y no hacerlo dentro de la oportunidad prevista por la ley, -que para el caso de los concejales debe realizarse en la instalación del concejo o dentro de los tres (3) días siguientes-, podría acarrear la muerte política, salvo que medie fuerza mayor, en los términos del artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. (vi) Para la Sala, el artículo 112 Superior no se constituye en una excepción al deber de tomar posesión del cargo en los términos y oportunidades previstos en la ley, pues la citada norma no estableció limitante ni discriminó en dicho sentido. (viii) La fuerza mayor es el único supuesto que prevé el artículo 48 de la Ley 617 como causal eximente de la obligación de tomar posesión en el cargo, que está definida en el artículo 64 del Código Civil como “[...] el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. [...]”. Para su configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del deber u obligación de tomar posesión del cargo.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver las sentencias de la Corte Constitucional C-018 de 4 de abril de 2018, magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo; y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de 16 de diciembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00060-00 (acumulados), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 1, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, RESOLUCIÓN 2276 DE 2019, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 112, LEY 1909 DE 2019 - ARTÍCULO 24, 25
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL / ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / ELECCIÓN UNINOMINAL / ELECCIÓN DEL ALCALDE / ESTATUTOS DE LA OPOSICIÓN / CONCEJAL LLAMADO A OCUPAR EL CARGO / POSESIÓN DEL CONCEJAL / INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL / FALTA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL / FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Determinar si la concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, incurrió en la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto es por no tomar posesión de ese empleo público dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del Concejo Municipal de La Belleza (Santander), para el período constitucional 2020-2023
Respuesta al problema jurídico: Si
Los recursos interpuestos por el solicitante y el procurador 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, giran en torno, exclusivamente, a la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, en tanto que la sentencia apelada encontró demostrada la configuración objetiva de la causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, en cabeza de la concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, para el período constitucional 2020-2023, luego de haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones para alcalde municipal del mismo ente territorial y período constitucional, haber aceptado, por escrito, la curul asignada en el Concejo Municipal de La Belleza (Santander), y no haber tomado posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación de esa corporación, decisión que no fue impugnada ni controvertida por la accionada, así como tampoco por los apelantes en sus escritos.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación 23001-23-33-000-2017-00091-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 6 de agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera ponente doctora María Elizabeth García González; de 27 de abril de 2006, número único de radicación 23001-23-31-000-2004-00059-02, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; de 19 de junio de 2008, número único de radicación 70001-23-31-000-2006-00531-01, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; de 9 de marzo de 2017, número único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E); de 11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 6 de abril de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 10 de noviembre de 2017, número único de radicación 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López; y de 16 de febrero de 2012, número único de radicación 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E). Ver también: Corte Constitucional, sentencia C 247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de julio de 1998.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 112, 122, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 35, 49, LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 3
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CULPABILIDAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Determinar los presupuestos para efectuar el análisis del elemento subjetivo de la perdida de investidura
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley. Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa grave-
NOTA DE RELATORÍA:
Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 25 de mayo de 2017, consejera ponente María Elizabeth García González, número único de radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI); y de 16 de mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 1, LEY 2003 DE 2019 - ARTÍCULO 2019, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 9
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / ILICITUD SUSTANCIAL / ANTIJURICIDAD / INAPLICACIÓN DE LA LEY / LEY 734 DE 2002 / CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO / DERECHO PENAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Evaluar si en el proceso de pérdida de investidura resulta viable acudir al concepto de la ilicitud sustancial de la función pública a partir de su desarrollo en el derecho disciplinario, e invocar causales de justificación previstas en la Ley 734 con el objeto de evacuar el análisis subjetivo de la causal de desinvestidura y justificar la conducta desplegada por la accionada
Respuesta al problema jurídico: No
Descendiendo al caso concreto la Sala debe reiterar, contrario a lo sostenido por el Tribunal, que en el proceso de pérdida de investidura no resulta viable acudir al concepto de la ilicitud sustancial de la función pública a partir de su desarrollo en el derecho disciplinario, menos aún invocar causales de justificación previstas en la Ley 734 con el objeto de evacuar el análisis subjetivo de la causal de desinvestidura y justificar la conducta desplegada por la accionada, como de manera desacertada lo hizo la sentencia apelada. […] resulta desacertado el análisis de la antijuridicidad efectuado por el a quo desde las categorías del derecho disciplinario, habida cuenta que la ilicitud sustancial en ese ordenamiento representa un concepto propio de antijuridicidad que es incompatible con la naturaleza misma del medio de control de pérdida de investidura, -artículo 9º de la Ley 1952 de 28 de enero de 2019, modificado por el artículo 2º de la Ley 2094 de 29 de junio de 2021, consistente en que “[…] La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna […]”, lo que se traduce en una afectación del deber funcional sin una excusa razonable, en contraposición al mero examen de culpabilidad que exige la desinvestidura. La Sala, como se citó, ha determinado que la antijuridicidad no podría analizarse desde la dogmática del derecho penal o del derecho disciplinario en la medida en que la figura de la pérdida de investidura no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado, -lo cual da lugar a la antijuridicidad material en el derecho penal-, ni en el incumplimiento de deberes funcionales del servidor público, - en el contexto del derecho disciplinario-, sino que, por oposición a los precitados regímenes sancionatorios, constituye un juicio cuyo fundamento se encuentra en la preservación de la dignidad del cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos y demás sujetos habilitados sobre los miembros de corporaciones públicas de elección popular cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan, esto es conductas que comportan la defraudación del principio de representación. Por ello, lo que se castiga, en procesos como el actual, es la trasgresión al código de conducta que los miembros de corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostentan, razón por la que el constituyente y el legislador ya han realizado previamente una valoración de las conductas que, por su gravedad, deben evitarse por los elegidos, y las han establecido de manera taxativa sin que le sea posible al juez de la desinvestidura efectuar valoraciones como las expuestas por el Tribunal en el caso concreto, entendiéndose así que la ejecución de la conducta prohibida se presume antijurídica en sí misma por constituir una defraudación a la confianza depositada por los electores. En este escenario, la sentencia de 26 de febrero de 2024 erró al exonerar de responsabilidad a la señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ a partir del estudio de la ilicitud sustancial como elemento fundante de la responsabilidad y al revisar si aquella había desconocido el interés democrático de asumir una posición política de oposición; fue desacertado sostener, teniendo como punto de origen el inapropiado concepto de ilicitud sustancial, que su falta de posesión solo comportó la omisión de un deber formal pero no relevante o sustancial, que no se evidenció afectación del deber funcional atribuido para representar la oposición pues inicialmente su actividad proselitista estuvo dirigida a acceder al cargo de alcaldesa del municipio de La Belleza (Santander); y que al no haberlo podido alcanzar, se le permitió acceder a una curul de concejal bajo criterios de oposición política. A partir de lo expuesto, la Sala desvirtúa las motivaciones de la sentencia apelada que giraron en torno a la exculpación de la causal de pérdida de investidura, luego de realizar un análisis impropio de la ilicitud sustancial como criterio de antijuridicidad proveniente del proceso disciplinario y que excede el marco del elemento subjetivo de culpabilidad en el asunto bajo examen.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 25 de noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2021-00618-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés;
FINALIDAD DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / NATURALEZA DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / INAPLICACIÓN DE LA LEY / CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Analizar si las causales de exoneración de responsabilidad disciplinaria son invocables en el proceso de pérdida de investidura
Respuesta al problema jurídico: No
Con igual consideración debe advertirse que, en consecuencia, tampoco es de recibo el argumento de la materialización de una supuesta causal de justificación de la conducta de la accionada, prevista en el artículo 28, numeral 2, de la Ley 734, -estatuto disciplinario-, por aparentemente haber actuado la señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ “[…] en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado […]”, al tener que escoger entre el deber de posesión y el de cuidar a sus hijos menores y seguir ejerciendo su profesión de abogada de manera independiente, pues para ese momento tenía 36 años y estaba en su octavo mes de embarazo de alto riesgo. Al respecto, esta Sección ha considerado, incluso desde la vigencia de la Ley 200 de 28 de julio de 1995, Código Disciplinario Único anterior a la Ley 734, que la infracción de aquellas conductas y/o circunstancias previstas como prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura […] Es en este sentido que la Sala itera que las disposiciones contenidas en el estatuto disciplinario, incluidas no solo las que instituyen faltas o prohibiciones sino también, como en el caso concreto, que establecen causales exonerativas de responsabilidad disciplinaria, no operan con fines de pérdida de investidura por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación del poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas naturaleza y finalidad, uno se desarrolla en sede administrativa y otro en jurisdiccional, no está previsto que la inobservancia de las normas disciplinarias acarree la desinvestidura de los corporados, y el principio de taxatividad que gobierna a este proceso judicial no admite interpretaciones extensivas o analógicas en el análisis de sus causales. Bajo tales circunstancias se observa que en la sentencia apelada tampoco debió incluirse, como fundamento de su decisión, lo establecido en el artículo 28, numeral 2, de la Ley 734, razón por la cual la Sección también excluirá las consideraciones del Tribunal que a ello se refirieron y, en su lugar, se ocupará de los elementos que permiten indagar acerca de la culpabilidad de la accionada en la comisión objetiva de la causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver las sentencias del Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 4 de mayo de 2011, número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; de 31 de agosto de 2017, número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), consejero ponente María Elizabeth García González; de 9 de septiembre de 2021, número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
GÉNERO / NORMA / NORMA INTERNACIONAL / VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
OBITER DICTUM
La posible ocurrencia de situaciones que impliquen violencia o discriminación contra la mujer es un supuesto indispensable para que las autoridades en general, y los operadores judiciales en particular, en desarrollo de sus deberes convencionales, constitucionales y legales, empleen en el caso concreto el enfoque o perspectiva de género, encaminado a la superación de las desigualdades históricas y estructurales soportadas por las mujeres
FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / ORDEN / SENTENCIA DE REEMPLAZO / PERSPECTIVA DE GÉNERO / PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / FALTA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL / ESTADO DE EMBARAZO / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / HISTORIA CLÍNICA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / DEBER DE DILIGENCIA / IGNORANCIA DE LA LEY / CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN / BUENA FE CALIFICADA / ERROR DE TIPO INVENCIBLE / ABOGADO / CONCEPTO DE ABOGADO / CONCEPTO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / NEGLIGENCIA / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
[E]stablecer si la concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, actuó de forma gravemente culposa en la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto es por no tomar posesión de ese empleo público dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del Concejo Municipal de La Belleza (Santander), para el período constitucional 2020-2023
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la Sala, por lo tanto, las explicaciones vertidas por la accionada no la exoneran de haber incurrido en una conducta constitutiva de negligencia grave, ni representan un hecho de fuerza mayor o revestido de buena fe cualificada, en tanto que sus excusas no se erigieron en un impedimento insuperable que dieran al traste con su obligación constitucional, legal y reglamentaria de posesionarse en el empleo público de concejal municipal de La Belleza (Santander), luego de haber aceptado dicha curul en virtud del Estatuto de la Oposición Política, así como tampoco evidenciaron una situación discriminatoria, violenta o de inferioridad por su condición de madre gestante y a la vez política. Lo precedente hace incuestionable que, siendo cada caso distinto, en este quedó demostrado que a la señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, lo que eventualmente y en el mismo contexto hubiere significado para otra mujer del común un impedimento para tomar posesión del cargo dentro del término oportuno, para ella, una madre, política, abogada, que ejerce su profesión, cuyos servicios profesionales ofreció a los concejales el día de la instalación, quien además logró su objetivo de ser elegida alcaldesa del municipio de La Belleza (Santander), para el actual período constitucional 2024-2027, no le representó, debido a sus particularidades, un contexto discriminatorio ni de violencia psicológica o física de tal envergadura que hubiese justificado la omisión de su obligación constitucional y legal de tomar posesión como concejal. Por su parte, debe recordarse que la expresión “[...] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, fue expedida en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el numeral 1, 3 y 4 del artículo 265 de la Constitución Política y los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 2241 de 15 de julio de 1986, […] la Constitución Política previó un sistema de reglamentación especial en cabeza de ciertas entidades como el Consejo Nacional Electoral para “[...] el cabal ejercicio de la función electoral [...]”. En otras palabras, dicha entidad tiene a su cargo la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa para regular temas que son de su competencia. Para la Sala, la citada resolución fue expedida de conformidad con la facultad constitucional prevista en los artículos 265 y 266 de la Constitución Política y, en esa medida, no se evidencia una contradicción con los postulados de la Carta Política, puesto que el mismo Estatuto Superior faculta a ciertos órganos del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, a expedir actos de contenido normativo “[…] para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita a la regulación de “... aspectos técnicos y de mero detalle [...]”. Adicionalmente, la Sección Quinta de esta Corporación, sala especializada en los asuntos electorales, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, encontró ajustada a derecho dicha expresión por lo que denegó la pretensión de nulidad incoada en su contra, […] Es así que la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, establecida en el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 2019, a diferencia de lo sostenido por la accionada, fue expedida con fundamento en las competencias constitucionales y legales que tiene el Consejo Nacional Electoral para regular temas de su ámbito funcional […] La accionada arguye que revisó conceptos del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA para la fecha, -noviembre y diciembre de 2019-, y elevó consulta verbal a abogados conocedores de la materia, de suerte que no encontró prohibición alguna frente a la conducta que ahora se le señala; y que recurrió al profesional CARLOS ALFARO FONSECA, abogado titulado, especializado en temas electorales y de pérdida de investidura, para indagar sobre las eventuales consecuencias ante la necesidad de declinar la posesión en el cargo por su situación de salud, quien le indicó que no existía prohibición alguna luego de aceptarse la curul, en el marco del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Frente a este argumento la Sala pone de presente que más allá de su dicho no se aportaron conceptos jurídicos ni escritos provenientes del citado profesional en ningún sentido, ni actas de reuniones mediante las cuales se lograra demostrar el tipo de apoyo jurídico que, en dado caso, se le hubiese suministrado a la accionada al momento de desechar su curul y así verificarse el sentido de sus eventuales conclusiones. En este caso no hay evidencia de concepto alguno y la aseveración de la accionada, por sí mismo, en el marco del análisis subjetivo de la causal de desinvestidura, no solo no suple dicha ausencia, sino que no es la prueba idónea ni conducente para demostrar su diligencia y cuidado, habida cuenta que ello no le brinda al Juez la ecuanimidad y objetividad necesarias para tener por demostrada la presunta argumentación jurídica que el abogado habría suministrado de forma verbal. La Sala reitera que no es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es acusado de haber incurrido en una causal de pérdida de investidura; no por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se debe tener por superada la censura de su conducta. Precisamente, como se ha hecho referencia en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad del accionado no se agota allí sino que el juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por aquel, lo que en el asunto bajo examen permite desacreditar no solo esa presunta consulta a un abogado sino también una ambigüedad de tal dimensión en la materia, -o divergencias de posiciones jurisprudenciales-, con la capacidad de habilitar una recomendación jurídica en el sentido contrario al de tomar posesión en los términos del artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. Con relación al concepto núm. 379171 de 5 de diciembre de 2019 expedido por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA debe aclararse que responde a unos cuestionamientos que no involucran las normas que regulan el acceso a la curul de oposición política en virtud de los artículos 112 Superior, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909, en consonancia con el artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, pero además reafirma la jurisprudencia contenciosa administrativa que convalida el deber de posesionarse en la curul luego de que el concejal ha sido elegido, salvo que medie una causal de fuerza mayor. […] En ese sentido, los argumentos expuestos por la accionada no logran desvirtuar la configuración del elemento subjetivo porque su conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta Corporación, -la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a rectificaciones en la materia-, ni demostró que hubiese solicitado conceptos o asesorías y que éstos fuesen idóneos, máxime cuando había claridad en torno al deber de posesión oportuna, lo que implica que su actuar no estuvo cobijado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible. […] En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, - no posesión dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del Concejo Municipal de La Belleza (Santander), período constitucional 2020-2023-, fue desplegada por la concejal YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, debiendo saber que le era prohibido hacerlo y aun así optó por omitir su deber luego de haber aceptado una curul asignada por motivos de oposición política. Por ello, la accionada actuó de forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de reconocer que esa actuación le estaba restringida tan pronto fue declarada concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), período constitucional 2020-2023, sumado a la experticia que decía tener con ocasión del ejercicio de su profesión de abogada. Los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, le imponían a la concejal electa la obligación de posesionarse, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López; y de 28 de abril de 2022, número único de radicación 13001-23-33-000-2021-00552-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.