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Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-08
Sección Primera
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Rad. 85001233300020240006301
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:
¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Constitución política: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-03-20
Sección Primera
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Rad. 68001233300020230073902
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Obiter dictum No
El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.síntesis automática
REVOCA