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clave: "consejo_estado:providencia:68001233300020230073902-328-sentencia"
titulo: "Constitución política: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-20"
radicado: "68001233300020230073902"
numero: "328"
ponente: "NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON"
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# Constitución política: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-20
- **Radicado:** 68001233300020230073902
- **Número interno:** 328
- **Ponente:** NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
- **Sección / Sala:** Sección Primera
- **Clase de proceso:** LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
- **Actor:** WILSON MEDINA FRANCO
- **Demandado:** YINETH NARIOTH TELLEZ PEREZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020230073902-328-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/68001233300020230073902/FF20E7C8F3A862830EFC28CC98B59ABE03A91E978F1E2861BB1F531A2B2A92F3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000202300739021100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

Obiter dictum

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

REVOCA

## Fundamentos jurídicos

- Resolución 2276 de 2019
- Ley 1909 de 2019, arts. 24 y 25
- Constitución Política

## Extracto

Valga resaltar que la reforma constitucional introducida con el Acto Legislativo 02 de 2015, fue concebida para garantizar los derechos de la oposición la cual es vista no solo como “… (i) una garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas… ”, sino también “… (ii) un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en el control del poder político… ” y, (c) finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe brindar el Consejo Nacional Electoral. Para su configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del deber u obligación de tomar posesión del cargo.

## Síntesis temática

El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.

## Descriptores temáticos

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ACTO LEGISLATIVO, ENTIDAD TERRITORIAL, CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR, ESTATUTOS DE LA OPOSICIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, ELECCIÓN UNINOMINAL, ELECCIÓN DEL ALCALDE, CANDIDATO NO ELEGIDO, ADJUDICACIÓN DE CURUL, CONCEJAL, CONCEJAL LLAMADO A OCUPAR EL CARGO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PÉRDIDA DE INVESTIDURA, CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL, ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, POSESIÓN DEL CONCEJAL, INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, FALTA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL, FUERZA MAYOR, CONCEPTO DE FUERZA MAYOR, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, CULPABILIDAD, ILICITUD SUSTANCIAL, ANTIJURICIDAD, INAPLICACIÓN DE LA LEY, LEY 734 DE 2002, CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, DERECHO PENAL, FINALIDAD DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, NATURALEZA DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, GÉNERO, NORMA, NORMA INTERNACIONAL, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ORDEN, SENTENCIA DE REEMPLAZO, PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESTADO DE EMBARAZO, HISTORIA CLÍNICA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR, DEBER DE DILIGENCIA, IGNORANCIA DE LA LEY, CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN, BUENA FE CALIFICADA, ERROR DE TIPO INVENCIBLE, ABOGADO, CONCEPTO DE ABOGADO, CONCEPTO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FALTA DE PRUEBA, NEGLIGENCIA, CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA, CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA, PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA

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## Texto del documento

CONSTITUCIÓN POLÍTICA / MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / ACTO LEGISLATIVO / ENTIDAD TERRITORIAL / CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR / ESTATUTOS DE LA OPOSICIÓN / DERECHOS FUNDAMENTALES / ELECCIÓN UNINOMINAL / ELECCIÓN DEL ALCALDE / CANDIDATO NO ELEGIDO / ADJUDICACIÓN DE CURUL / CONCEJAL / CONCEJAL LLAMADO A OCUPAR EL CARGO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
Obiter dictum
Respuesta al problema jurídico: No
Del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio de 2015, la Ley Estatutaria 1909 y la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral y su incidencia en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. El artículo 1o. del Acto Legislativo 2 de 2015, incorporó una modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución Política al reconocer el ‘derecho personal’ a ocupar una curul en la corporación pública respectiva, al candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador de departamento y alcalde distrital y municipal. […] Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la Ley Estatutaria 1909 que elevó a la categoría de derecho fundamental la oposición, por lo que esta goza de una especial protección del Estado y de las autoridades y le permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno mediante los instrumentos señalados en ese compendio, sin perjuicio de los derechos previstos en otras leyes.[…] Así las cosas, del examen de los elementos normativos y jurisprudenciales anunciados, es posible extraer las siguientes reglas: (i) Por mandato constitucional, le surge el derecho personal al candidato que le siga en votos al primero, de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la respectiva corporación territorial, según lo dispone el artículo 112 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. En este sentido, el ordenamiento superior le otorga al candidato que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones al cargo uninominal, - entiéndase presidente, vicepresidente, gobernador departamental o alcalde distrital o municipal-, la oportunidad de manifestar su decisión de aceptar o no un escaño en la corporación pública que corresponda, de tal manera que depende de su voluntad la consolidación de su derecho. (ii) El candidato debe manifestar oportunamente su aceptación para ocupar el respectivo escaño corporativo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección del cargo uninominal, por escrito y sin posibilidad de retracto, ante la comisión escrutadora competente, según lo dispone el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, al punto que esta jurisdicción lo declaró ajustado a derecho. (iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la legalidad de la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, es de obligatorio cumplimiento y tiene efectos erga omnes con relación a la causa petendi analizada, tal y como lo dispone el artículo 189 del CPACA, […] (iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal y, con ello, la prohibición de retracto, cumple las siguientes finalidades razonables: (a) en primer lugar, garantiza el buen funcionamiento de la organización electoral y con ello el cumplimiento de la Constitución Política que reconoce un derecho a favor del candidato que resultó derrotado en las elecciones uninominales; (b) permite que en los tiempos y en la oportunidad prevista en la norma se puede efectuar la aplicación de la cifra repartidora y con ello tener certeza de quién va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa constitucional. En esa medida, no resulta admisible que el concejal designado, de forma caprichosa, acepte la curul, se declare electo, y luego desista, más aún si está en juego la representación de los derechos de la oposición. Valga resaltar que la reforma constitucional introducida con el Acto Legislativo 02 de 2015, fue concebida para garantizar los derechos de la oposición la cual es vista no solo como “[…] (i) una garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas [...]”, sino también “[...] (ii) un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en el control del poder político [...]” y, (c) finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe brindar el Consejo Nacional Electoral. (v) Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de tomar posesión de su cargo en la respectiva Corporación, o lo que es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la Constitución, por cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades institucionales; y no hacerlo dentro de la oportunidad prevista por la ley, -que para el caso de los concejales debe realizarse en la instalación del concejo o dentro de los tres (3) días siguientes-, podría acarrear la muerte política, salvo que medie fuerza mayor, en los términos del artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. (vi) Para la Sala, el artículo 112 Superior no se constituye en una excepción al deber de tomar posesión del cargo en los términos y oportunidades previstos en la ley, pues la citada norma no estableció limitante ni discriminó en dicho sentido. (viii) La fuerza mayor es el único supuesto que prevé el artículo 48 de la Ley 617 como causal eximente de la obligación de tomar posesión en el cargo, que está definida en el artículo 64 del Código Civil como “[...] el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. [...]”. Para su configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del deber u obligación de tomar posesión del cargo.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver las sentencias de la Corte Constitucional C-018 de 4 de abril de 2018, magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo; y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de 16 de diciembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00060-00 (acumulados), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 1, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, RESOLUCIÓN 2276 DE 2019, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 112, LEY 1909 DE 2019 - ARTÍCULO 24, 25
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL / ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / ELECCIÓN UNINOMINAL / ELECCIÓN DEL ALCALDE / ESTATUTOS DE LA OPOSICIÓN / CONCEJAL LLAMADO A OCUPAR EL CARGO / POSESIÓN DEL CONCEJAL / INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL / FALTA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL / FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Determinar si la concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, incurrió en la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto es por no tomar posesión de ese empleo público dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del Concejo Municipal de La Belleza (Santander), para el período constitucional 2020-2023
Respuesta al problema jurídico: Si
Los recursos interpuestos por el solicitante y el procurador 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, giran en torno, exclusivamente, a la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, en tanto que la sentencia apelada encontró demostrada la configuración objetiva de la causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, en cabeza de la concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), señora YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, para el período constitucional 2020-2023, luego de haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones para alcalde municipal del mismo ente territorial y período constitucional, haber aceptado, por escrito, la curul asignada en el Concejo Municipal de La Belleza (Santander), y no haber tomado posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación de esa corporación, decisión que no fue impugnada ni controvertida por la accionada, así como tampoco por los apelantes en sus escritos.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación 23001-23-33-000-2017-00091-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 6 de agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera ponente doctora María Elizabeth García González; de 27 de abril de 2006, número único de radicación 23001-23-31-000-2004-00059-02, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; de 19 de junio de 2008, número único de radicación 70001-23-31-000-2006-00531-01, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; de 9 de marzo de 2017, número único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E); de 11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 6 de abril de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 10 de noviembre de 2017, número único de radicación 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López; y de 16 de febrero de 2012, número único de radicación 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E). Ver también: Corte Constitucional, sentencia C 247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de julio de 1998.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 112, 122, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 35, 49, LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 3
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEJAL / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CULPABILIDAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
Determinar los presupuestos para efectuar el análisis del elemento subjetivo de la perdida de investidura
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley. Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, que modificó el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

cicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el numeral 1, 3 y 4 del artículo 265 de la Constitución Política y los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 2241 de 15 de julio de 1986, […] la Constitución Política previó un sistema de reglamentación especial en cabeza de ciertas entidades como el Consejo Nacional Electoral para “[...] el cabal ejercicio de la función electoral [...]”. En otras palabras, dicha entidad tiene a su cargo la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa para regular temas que son de su competencia. Para la Sala, la citada resolución fue expedida de conformidad con la facultad constitucional prevista en los artículos 265 y 266 de la Constitución Política y, en esa medida, no se evidencia una contradicción con los postulados de la Carta Política, puesto que el mismo Estatuto Superior faculta a ciertos órganos del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, a expedir actos de contenido normativo “[…] para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita a la regulación de “... aspectos técnicos y de mero detalle [...]”. Adicionalmente, la Sección Quinta de esta Corporación, sala especializada en los asuntos electorales, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, encontró ajustada a derecho dicha expresión por lo que denegó la pretensión de nulidad incoada en su contra, […] Es así que la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, establecida en el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 2019, a diferencia de lo sostenido por la accionada, fue expedida con fundamento en las competencias constitucionales y legales que tiene el Consejo Nacional Electoral para regular temas de su ámbito funcional […] La accionada arguye que revisó conceptos del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA para la fecha, -noviembre y diciembre de 2019-, y elevó consulta verbal a abogados conocedores de la materia, de suerte que no encontró prohibición alguna frente a la conducta que ahora se le señala; y que recurrió al profesional CARLOS ALFARO FONSECA, abogado titulado, especializado en temas electorales y de pérdida de investidura, para indagar sobre las eventuales consecuencias ante la necesidad de declinar la posesión en el cargo por su situación de salud, quien le indicó que no existía prohibición alguna luego de aceptarse la curul, en el marco del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Frente a este argumento la Sala pone de presente que más allá de su dicho no se aportaron conceptos jurídicos ni escritos provenientes del citado profesional en ningún sentido, ni actas de reuniones mediante las cuales se lograra demostrar el tipo de apoyo jurídico que, en dado caso, se le hubiese suministrado a la accionada al momento de desechar su curul y así verificarse el sentido de sus eventuales conclusiones. En este caso no hay evidencia de concepto alguno y la aseveración de la accionada, por sí mismo, en el marco del análisis subjetivo de la causal de desinvestidura, no solo no suple dicha ausencia, sino que no es la prueba idónea ni conducente para demostrar su diligencia y cuidado, habida cuenta que ello no le brinda al Juez la ecuanimidad y objetividad necesarias para tener por demostrada la presunta argumentación jurídica que el abogado habría suministrado de forma verbal. La Sala reitera que no es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es acusado de haber incurrido en una causal de pérdida de investidura; no por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se debe tener por superada la censura de su conducta. Precisamente, como se ha hecho referencia en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad del accionado no se agota allí sino que el juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por aquel, lo que en el asunto bajo examen permite desacreditar no solo esa presunta consulta a un abogado sino también una ambigüedad de tal dimensión en la materia, -o divergencias de posiciones jurisprudenciales-, con la capacidad de habilitar una recomendación jurídica en el sentido contrario al de tomar posesión en los términos del artículo 48, numeral 3, de la Ley 617. Con relación al concepto núm. 379171 de 5 de diciembre de 2019 expedido por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA debe aclararse que responde a unos cuestionamientos que no involucran las normas que regulan el acceso a la curul de oposición política en virtud de los artículos 112 Superior, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909, en consonancia con el artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, pero además reafirma la jurisprudencia contenciosa administrativa que convalida el deber de posesionarse en la curul luego de que el concejal ha sido elegido, salvo que medie una causal de fuerza mayor. […] En ese sentido, los argumentos expuestos por la accionada no logran desvirtuar la configuración del elemento subjetivo porque su conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta Corporación, -la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a rectificaciones en la materia-, ni demostró que hubiese solicitado conceptos o asesorías y que éstos fuesen idóneos, máxime cuando había claridad en torno al deber de posesión oportuna, lo que implica que su actuar no estuvo cobijado en la buena fe calificada proveniente de un error invencible. […] En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, - no posesión dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del Concejo Municipal de La Belleza (Santander), período constitucional 2020-2023-, fue desplegada por la concejal YINETH NARIOTH TÉLLEZ PÉREZ, debiendo saber que le era prohibido hacerlo y aun así optó por omitir su deber luego de haber aceptado una curul asignada por motivos de oposición política. Por ello, la accionada actuó de forma gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva de reconocer que esa actuación le estaba restringida tan pronto fue declarada concejal electa del municipio de La Belleza (Santander), período constitucional 2020-2023, sumado a la experticia que decía tener con ocasión del ejercicio de su profesión de abogada. Los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, le imponían a la concejal electa la obligación de posesionarse, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López; y de 28 de abril de 2022, número único de radicación 13001-23-33-000-2021-00552-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-03-20. C.P. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON. Rad. 68001233300020230073902. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020230073902-328-sentencia).
