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Contrato de prestación de servicios: debe precisarse de manera preliminar que este pronunciamiento se contrae a los interrogantes sexto y séptimo

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-10-01
Número
C-1364 de 2026

Síntesis del concepto

Contrato de prestación de servicios: debe precisarse de manera preliminar que este pronunciamiento se contrae a los interrogantes sexto y séptimo

Regla de decisión

El inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política prohíbe a los servidores públicos celebrar, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe que los servidores públicos celebren contratos con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones previstas expresamente en la ley. Por tratarse de una prohibición de rango constitucional, sus excepciones se interpretan de manera restrictiva y no admiten extensiones analógicas. El artículo 128 de la Constitución, sobre la doble asignación del Tesoro Público, se analiza junto con esa prohibición, y la jurisprudencia ha reconocido que ciertos vínculos, como el de los profesores ocasionales y de cátedra, tienen un régimen propio. La Sentencia C-006 de 1996 declaró inexequible la exclusión de los profesores ocasionales de las universidades estatales del régimen prestacional, lo que el documento cita para delimitar el alcance de esas excepciones. Con esa base, la procedencia de que un servidor público celebre un contrato depende de que exista una excepción legal expresa que la autorice, y no de la sola voluntad de las partes. En la práctica, antes de celebrar el contrato, la entidad debe verificar si el contratista ostenta la calidad de servidor público y si la excepción legal aplicable se acredita de manera expresa.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Bajo qué condiciones, excepciones y requisitos legales resulta jurídicamente procedente que un servidor público celebre un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, y qué consecuencias se derivan de hacerlo cuando no media una excepción legal?

Fundamentos

  • Ley 4 de 1992, art. 19
  • Ley 30 de 1992, arts. 73 y 74
  • Ley 80 de 1993, arts. 8 y 32

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En atención a los problemas jurídicos planteados, debe precisarse de manera preliminar que este pronunciamiento se contrae a los interrogantes sexto y séptimo, que fueron los remitidos por competencia, y que se responde desde la perspectiva del régimen de contratación estatal. Los demás interrogantes de su petición, referidos al empleo público, a las funciones permanentes de la administración, a la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje y al alcance del Decreto 0704 de 2026, corresponden al ámbito del empleo público y a las competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la entidad nominadora, sin que a esta Agencia le competa pronunciarse sobre ellos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance frente a los artículos 127 y 128 de la Constitución Política Artículo 128 de la Constitución Política Artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 Ausencia de relación laboral Celebración de contratos con entidades públicas Concurrencia de excepciones Excepciones legales Honorarios por hora cátedra Nulidad Absoluta Objeto Prohibiciones autónomas Régimen prestacional de profesores ocasionales y de cátedra Requisitos de procedencia Servidores públicos Verificación previa

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Texto del documento 4.257 caracteres
PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ‒ Servidores públicos ‒ Celebración de contratos con entidades públicas ‒ Excepciones legales El inciso primero del artículo 127 de la Constitución Política prohíbe a los servidores públicos celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Se trata de una prohibición de rango constitucional que opera por sí misma y cuyas excepciones deben estar expresamente previstas en la ley, de modo que su interpretación es restrictiva y no admite extensiones analógicas. DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO ‒ Artículo 128 de la Constitución Política ‒ Excepciones legales ‒ Honorarios por hora cátedra El artículo 128 de la Constitución Política prohíbe desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entre las excepciones legalmente previstas se encuentran las enunciadas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, entre ellas la relativa a los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra. ARTÍCULOS 127 Y 128 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ‒ Prohibiciones autónomas ‒ Concurrencia de excepciones Las prohibiciones de los artículos 127 y 128 de la Constitución Política son autónomas y tienen objetos distintos: la primera recae sobre la celebración del contrato y la segunda sobre la percepción de asignaciones provenientes del tesoro público. Por consiguiente, una excepción legal que habilite recibir una segunda asignación no releva, por sí sola, de verificar que exista también excepción legal frente a la prohibición de contratar, y a la inversa. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR ‒ Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 ‒ Verificación previa ‒ Nulidad absoluta Además de las prohibiciones constitucionales, quien pretenda celebrar un contrato estatal no debe estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, cuya verificación corresponde a la entidad contratante con anterioridad a la celebración. La celebración del contrato con persona incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad constituye causal de nulidad absoluta, conforme al numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ‒ Artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 ‒ Requisitos de procedencia ‒ Ausencia de relación laboral El contrato de prestación de servicios solo puede celebrarse con personas naturales cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, por el término estrictamente indispensable, sin que en ningún caso genere relación laboral ni prestaciones sociales. Estos requisitos deben verificarse y justificarse en los estudios previos, con independencia de la calidad de quien concurre como contratista. SENTENCIA C-006 DE 1996 ‒ Objeto ‒ Régimen prestacional de profesores ocasionales y de cátedra ‒ Alcance frente a los artículos 127 y 128 de la Constitución Política La Sentencia C-006 del 18 de enero de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, examinó el artículo 74 de la Ley 30 de 1992 y declaró inexequible el aparte que excluía a los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales del régimen prestacional. Su objeto, por tanto, no fue la interpretación de los artículos 127 y 128 de la Constitución Política, de modo que, sin perjuicio de su vigencia y de su relevancia en materia de vinculación docente, no constituye el referente jurisprudencial específico de dichas normas constitucionales. En ejercicio de la función de absolver consultas sobre normas de carácter general, la Agencia interpreta el reglamento vigente, pero no puede inaplicarlo, exceptuarlo ni sustituir sus reglas por criterios distintos con fundamento en consideraciones de razonabilidad o proporcionalidad, pues ello desconocería el principio de legalidad. El control de legalidad de los decretos reglamentarios corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1364-de-2026/