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CONCEJAL

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Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-08 Sección Primera CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Rad. 85001233300020240006301 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve: ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso… ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

Sentencia — Sentencia 2026-02-05 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 85001233300020240010501 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Constitución política: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-03-20 Sección Primera NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON Rad. 68001233300020230073902 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Obiter dictum No
El candidato que obtuvo la segunda mayor votación en elecciones uninominales para presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde tiene el derecho personal de decidir si acepta o no el llamado a ocupar una curul en la corporación pública correspondiente, según dispone el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. Este derecho debe ser manifestado por escrito y sin posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección, conforme a la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. La Sala reitera que este plazo y la prohibición de retracto garantizan el buen funcionamiento de la organización electoral y la seguridad jurídica, y que la falta de posesión del cargo dentro del plazo legal puede acarrear la pérdida de investidura, salvo en caso de fuerza mayor, según el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.síntesis automática
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Celebración de contratos con el estado: 23001 23 33 000 2012 00015 01_PI

23001-23-33-000-2012-00015-01_PI 2013-04-04 Sección Primera
El periodo inhabilitante en la causal de violación al régimen de inhabilidades por celebración de contratos, tratándose de concejales, está limitado al año anterior a la elección y no a la inscripción del candidato ni a la ejecución del contrato. Para que se configure la causal se debe verificar la participación personal y activa del demandado en actos dirigidos a la formación, perfeccionamiento o suscripción del contrato estatal dentro del plazo previsto por el legislador. Todas las actividades desplegadas con posterioridad para el cumplimiento de las prestaciones derivadas del acuerdo de voluntades, tales como la presentación de cuentas de cobro o trámites de pago, no pueden tomarse como participación en la gestión de negocios ni en la celebración de contratos, como quiera que el fin último, que es la suscripción del negocio, ya se obtuvo, restando solo la ejecución.síntesis automática
También resuelve: Perdida de investidura: celebración de contratos, elección, año anterior Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Celebración de contratos con el estado: 08001 23 31 000 2012 00048 01_PI

08001-23-31-000-2012-00048-01_PI 2013-10-31 Sección Primera
El servidor público o aspirante a cargos de elección popular incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad para ser elegido concejal cuando interviene en la celebración de contratos con entidades públicas del nivel municipal o distrital durante el año anterior a la inscripción o a la elección, siempre que exista interés propio o de terceros y que el acuerdo de voluntades se ejecute en el respectivo municipio o distrito. Esta prohibición tiene como finalidad evitar que los candidatos obtengan ventajas o beneficios electorales frente a los demás aspirantes e impedir que quienes ejercen funciones públicas se lucren mediante la adjudicación de dichos contratos frente a cualquier particular. Para que se configure la causal de pérdida de investidura es requisito sine qua non que las conductas prohibitivas que constituyen su supuesto fáctico se realicen dentro de los doce meses anteriores a la elección, por lo cual las actividades desplegadas en la etapa postcontractual para el normal desarrollo de su ejecución o cumplimiento no pueden tomarse como participación en la gestión de negocios.síntesis automática
También resuelve: Perdida de investidura: celebración de contratos, elección, año anterior Inhabilidad de concejal: etapa postcontractual, inhabilidad Celebracion de contratos con el estado: régimen de inhabilidades, régimen de incompatibilidades
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Celebración de contratos con el estado: 70001 23 31 000 2012 00006 01_PI

70001-23-31-000-2012-00006-01_PI 2013-05-02 Sección Primera
El alcalde actúa en armonía con el reparto de competencias entre concejos y alcaldes, prevé la existencia de una autorización para contratar por parte de los concejos municipales, constituyendo una excepción toda vez que dicha atribución no comprende todos los contratos que deba suscribir el alcalde, sino los que tal corporación disponga en forma razonable, mediante un reglamento y de conformidad con la Constitución Política, sin que los Concejos puedan entrar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, entre otros, puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación, de modo que autorizar al alcalde para que celebre contratos o convenios interadministrativos, sin precisar el objeto o finalidad, no constituye por sí sola el supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos al no implicar distorsión de las finalidades del gasto.síntesis automática
También resuelve: Perdida de investidura: noción, indebida destinación de dineros públicos Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Celebración de contrato: 47001 23 31 000 2012 00010 01

47001-23-31-000-2012-00010-01 2013-07-18 Sección Quinta
El candidato a concejal incurre en la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos estatales cuando, dentro del año anterior a su elección, suscribe como tomador la póliza de garantía de seriedad de la oferta en la etapa precontractual, aun si no suscribe directamente el contrato ni actúa a título personal sino como representante legal de una entidad sin ánimo de lucro. Aunque conforme al inciso primero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos del Estado se perfeccionan mediante acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, llegar a ello implica una fase previa de búsqueda de su realización. Así, firmar dicha póliza despliega una conducta personal y activa que constituye un elemento previo necesario y determinante para consolidar el contrato, generando la prohibición incluso al actuar en interés de terceros, pues la inhabilidad busca asegurar el equilibrio electoral y evitar ventajas adicionales derivadas de recursos públicos.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidad de concejal: intervención, contrato estatal, póliza de seriedad, suscripción Contratacion estatal: intervención, definición Consejo de estado
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Inhabilidad de concejal: 76001 23 31 000 2011 01854 01

76001-23-31-000-2011-01854-01 2013-06-10 Sección Quinta
El candidato a concejal incurre en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, cuando interviene en la celebración de contratos ante entidades públicas, aun en calidad de representante legal de una entidad privada, siempre que dicha conducta ocurra dentro del preciso término fijado por la norma, correspondiente al año anterior a la elección. Respecto del factor temporal de esta inhabilidad, la etapa poscontractual no resulta inhabilitante, por lo cual no configuran la prohibición los actos relativos a la ejecución y liquidación del contrato. Para verificar este presupuesto debe atenderse únicamente la fecha en que se celebró o suscribió el contrato y no actuaciones posteriores derivadas de ese concierto de voluntades; cuando el convenio carece de fecha, otros documentos válidamente aportados al proceso permiten establecer si se suscribió por fuera del término inhabilitante y descartar la nulidad del acto electoral.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidad de concejal: intervención en celebración de contratos, intervención ante entidades publicas, desempeño como representante legal, periodo inhabilitante Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
La desviación de poder constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada, no pudiendo predicarse un actuar gravemente culposo respecto de aquel agente estatal que adopta una decisión de insubsistencia con la supuesta finalidad de tomar represalias políticas, toda vez que la culpa grave se halla inmersa en una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves, concebida esencialmente como un error, imprudencia o negligencia imposible de justificar sino por la propia necedad o desidia del agente, sin que el hecho de sostener relaciones personales de amistad con adversarios o aliados pueda tomarse como prueba determinante de tal vicio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la sentencia debió resaltar que hubo una indebida fijación del litigio en la audiencia inicial

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 20001233300020130027601 LEY 1437 REPETICION
¿La sentencia debió resaltar que hubo una indebida fijación del litigio en la audiencia inicial? Sí
La sentencia debió resaltar que hubo una indebida fijación del litigio en la audiencia inicial por el hecho de que en esta no se debió plantear como problema jurídico que el objeto era determinar el “dolo o culpa grave del demandado”, en esa medida, el fallo tampoco debió analizar de manera concomitante la conducta dolosa y gravemente culposa del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, por cuanto no es posible esgrimir, de modo principal y simultaneo, una doble imputación y la configuración de dos distintas presunciones de manera paralela, en la medida que se trata de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí, por consiguiente, si se alegan las dos presunciones solo es posible invocarlas con carácter subsidiario.
También resuelve: ¿La razón de la condena a la entidad fue el acto administrativo emitido por el entonces alcalde de municipio?