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Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2023-12-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020130067102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?
¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020180069701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La relación que dio origen a la controversia entre las partes deriva de los contratos de comodato suscritos por ellas? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, las pretensiones extracontractuales formuladas como subsidiarias no pueden prosperar cuando la relación que dio origen a la controversia deriva de contratos de comodato con naturaleza contractual demostrada. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la causa jurídica de la controversia se fija por la naturaleza del vínculo, de modo que, si ese vínculo es contractual, las pretensiones de carácter extracontractual no son el medio adecuado para reclamar. Segunda, la imposibilidad de reclamar el pago de las mejoras se deriva de esa naturaleza contractual, que ordena el régimen de restitución y compensación entre las partes. La providencia confirma la denegación de las súplicas subsidiarias y modifica la decisión de primera instancia en lo relativo a las pretensiones. En la práctica, el demandante debe ajustar sus pretensiones a la fuente contractual del vínculo, porque una pretensión extracontractual subsidiaria no sustituye las reclamaciones derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El comodatario asumiría el costo de las mejoras realizadas sobre los lotes que recibió?
¿Las súplicas encaminadas a obtener la declaratoria de ruptura del equilibrio contractual, el pago de mejoras realizadas en ejecución del contrato y, las subsidiarias de enriquecimiento sin causa…
¿La demanda fue presentada en forma extemporánea y la petición de conciliación prejudicial también lo fue?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180005101
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010223901
ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?
¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…
¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-01-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100019960260202
ACCION CONTRACTUAL
¿Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa se pronuncian a través de actos administrativos? Sí
Considero importante aclarar mi voto, con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que me llevaron a salvar el voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003). Considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo.
También resuelve:
¿Resulta admisible que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa?