Titulación de la relatoría 43.459 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / HECHO SUPERADO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con este primer problema jurídico planteado en su recurso por el consorcio demandante, fundado en que las resoluciones núm. 3506 de 2010 y 264 de 2011 habrían desconocido el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, pues esta fue impuesta cuando el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad, siendo superado “el atraso en el programa de inversiones de fecha 21 de abril de 2010”, como lo sostuvo la interventoría en oficio del dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011); la Sala observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa. En efecto, aunque es cierto que la Resolución 3506 de 2010, confirmada por la Resolución 264 de 2011, expresó que uno de los dos motivos del incumplimiento atribuible al contratista consistió en “no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el INVÍAS”, también lo es que, con la Resolución 750 de 2012, el INVIAS modificó el numeral primero de la Resolución 3506 de 2010, y el numeral segundo de la Resolución 264 de 2011 al considerar que, de acuerdo con lo informado por el interventor en oficio del veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), se había “subsanado el incumplimiento por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el INVÍAS”. Cosa diferente es que, a pesar de esa circunstancia, haya indicado que, a pesar de ello, persistía el atraso en el programa de obra e inversiones, que se había presentado a lo largo del plazo ejecución contractual, y que, en atención al motivo materia de corrección, haya reducido el monto de la multa. Por tanto, se hace necesario diferenciar entre el motivo ya corregido por la contratante en sede administrativa, y la circunstancia que persistía y que prestó fundamento para la multa (ya reducida): el atraso en el programa de inversiones y cronograma de actividades del contrato. No habiendo glosa alguna a esta motivación subsistente, el primer cargo, en cuanto vino fundado por un hecho ya superado, ha de desestimarse.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por falsa motivación, al desconocer que el contratista sí cumplió el programa de inversiones y el cronograma de actividades en la ejecución de las obras que debían realizarse para satisfacción del objeto del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]ontinúa la Sala con el estudio del primer problema jurídico, pero en relación con el segundo cargo de la alzada. Sobre este punto, nota la Sala que, el planteamiento y seguimiento estricto del programa de inversiones y cronograma de actividades en la ejecución de las obras que debían ejecutarse para satisfacción del objeto el contrato núm. 745 de 2008, era una obligación que estaba a cargo del Consorcio Sogamoso, carga que estaba expresamente pactada en la cláusula sexta del contrato núm. 745 de 2008, y que fue claramente incumplida por el contratista desde los inicios de la ejecución contractual, incumplimiento que se extendió hasta el final del plazo de ejecución de la obra. Así se puede establecer a partir del examen de los informes y documentos generados por la firma interventora del contrato núm. 745 de 2008 ―cuya ejecución inició el diecinueve (19) de agosto de dos mil ocho (2008)― en cuanto estos permiten apreciar la forma en que, insistentemente, entre enero de dos mil nueve (2009) y mayo de dos mil once (2011), la interventoría advirtió múltiples atrasos del contratista y denotó su bajo rendimiento en el frente de obra y en las cantidades ejecutadas por causa de falencias constructivas del Consorcio Sogamoso, de la deficiencia interna de dirección y coordinación, y del precario empleo de recursos humanos y económicos para afrontar los trabajos (particularmente en la designación de ingenieros residentes de obra). Fueron, entonces, claros, desde el inicio de la ejecución contractual, los fundamentos de la solicitud elevada por la interventoría al INVIAS, para multar al contratista por la continua inobservancia de sus obligaciones y aplicar este mecanismo sancionatorio para conminarlo al cumplimiento. De hecho, el bajo rendimiento fue uno de los motivos aducidos por la interventoría, para recomendar las ampliaciones del plazo contractual en diciembre de dos mil nueve (2009). Es cierto que los mismos informes de interventoría permiten apreciar que el contratista tuvo momentos de mejoría en su rendimiento, por aumentos en el ritmo constructivo y en la asignación de personal, sin embargo, estos correctivos de su parte no fueron constantes ni suficientes para solventar los retrasos. (...) De conformidad con el contexto fáctico descrito en precedencia, las aserciones del demandante en su recurso de alzada carecen completamente de asidero, toda vez que la observancia del programa de inversiones y del cronograma de obra no se cumplía con la mera formulación de planes de contingencia, ni se entendía satisfecha con las múltiples ampliaciones de los plazos del contrato. En realidad, la necesidad de trazar esas líneas de acción extraordinarias ante los atrasos contractuales y de prorrogar la vigencia del negocio, junto con la abundante información consignada en los informes y oficios rendidos por la interventoría del contrato, dan cuenta de que el Consorcio Sogamoso sí incumplió constantemente lo estipulado en el contrato núm. 745 de 2008, justificando así la pena que el INVIAS le impuso. (...) De esta forma, el primer problema jurídico debe responderse negativamente, ya que el demandante no logró satisfacer la carga de demostrar los hechos en que soportaba las pretensiones anulatorias de los actos de incumplimiento parcial y multa. De este modo, se comparten las apreciaciones y el sentido denegatorio de las súplicas que plasmó el Tribunal en el fallo de primera instancia.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / HECHO EXTERNO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FIRMA DEL CONTRATO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MORA ADMINISTRATIVA / CAMBIO CLIMÁTICO / RIESGO PREVISIBLE / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena pecuniaria pactada, por incurrir en falsa motivación, al desconocer que los múltiples incumplimientos de la contratista obedecieron a circunstancias externas a la misma, dentro de las que se encontraban los propios incumplimientos contractuales de la entidad demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consorcio insiste en la censura que hizo, en la demanda y durante el trámite de la primera instancia, sobre las Resoluciones 3350 y 3466 del 2012, que declararon el incumplimiento definitivo del contrato núm. 745 de 2008 e impusieron la pena pecuniaria pactada en el contrato, por razones análogas a las expresadas en el procedimiento administrativo: que el fracaso en la ejecución del objeto contractual, es decir, la construcción incompleta del puente, era atribuible a múltiples situaciones y conductas ajenas al actuar del Consorcio Sogamoso. La Sala recuerda que la competencia funcional del órgano judicial ad quem se circunscribe el análisis del fallo de segunda instancia de acuerdo con los reparos concretos formulados por el apelante en su recurso; y que, en todo caso, el demandante tiene la carga de probar los hechos que fundamentan su reclamación, la cual, en el ámbito de la responsabilidad contractual, comprende la acreditación del débito y su incumplimiento. En ese propósito, la impugnación de actos administrativos contractuales supone desvirtuar la presunción de legalidad que los cobija. En línea con las anteriores precisiones, la Sala procede a establecer, si el actor probó los factores de incumplimiento que el consorcio atribuye a la entidad contratante y aquí demandada, en la demanda y en el recurso de apelación. En caso de hallar mérito en la prueba para tener por acreditadas tal incumplimiento, ha de determinar el impacto que esa demostración tiene en el juicio de legalidad sobre la motivación de los actos acusados. (...) [D]ado que no fue allegada una prueba idónea del pliego de condiciones, la Sala no podrá tener como probado que el tiempo transcurrido entre la adjudicación de la licitación y la firma del contrato haya tenido una extensión allende lo previsto y por causa del desorden administrativo de la entidad demandada, ni que esta haya erado en la planeación del negocio. Tampoco puede tener por demostrado que este tiempo haya excedido el término para suscribir el contrato, que debía estar precisado en el pliego de condiciones, conforme lo ordena la ley del contrato. (...) Al margen de lo expuesto en inmediata precedencia, denota la Sala que, incluso, de haber sido acreditado este supuesto fáctico (la suscripción tardía del contrato), no obra prueba alguna que permita inferir la existencia de una relación entre ese hecho, y el atraso sostenido del contratista en la ejecución de las actividades programadas. (...) En realidad, está probado que el plazo contractual fue extendido en más del doble de tiempo que, según adujo el demandante, se previó en el pliego, al extender por un total de veintiséis (26) meses y veintiocho (28) días, transcurridos entre la fecha del acta de inicio (veintinueve (29) de agosto de dos mil nueve (2009)) y el límite pactado en el último de los acuerdos de prórroga (veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011)). Igualmente fue acreditado que todas las modificaciones del plazo fueron solicitadas por el propio contratista, y en todas ellas fue acordado que acogería la reprogramación en los cronogramas y en el programa de inversiones. (...) Por otro lado, el Consorcio Sogamoso no demostró que la alternativa de construcción empleada para el puente en “viga cajón metálica”, ni el supuesto traslado de elementos estructurales de un lugar a otro, hayan ocurrido en las condiciones de tiempo, modo y lugar afirmadas en el recurso, ni que estas circunstancias hubieran incidido en el incumplimiento, que la administración achacó al contratista mediante los actos demandados. Tampoco está probado que la entidad hubiera desembolsado tardíamente recursos del anticipo pactado, o de las adiciones realizadas, ni que el Consorcio Sogamoso hubiera usado recursos propios para la ejecución del contrato, ni que ello explique la frustración de la ejecución del objeto del contrato, hecho que tanto la entidad ―a través de las decisiones demandadas y de los informes que las antecedieron― como el interventor imputan a una gestión deficiente del propio contratista. Al igual que en la acusación anterior, el demandante afirmó que la dilación de la contratante en la tramitación de algunos aspectos administrativos (como la aprobación de diseños y alternativas de construcción, reubicación de sitios de fabricación y elementos de ensamble), y financieros (como la demora en aprobar la adición en dinero, en el desembolso del anticipo, o en la asunción de trabajos con dineros de su peculio) hayan desencadenado el incumplimiento en el que incurrió. Lejos de demostrar que dichas circunstancias hubieran afectado el rendimiento de la ejecución del contrato núm. 745 de 2008 o que desmintieran la motivación de los actos impugnados, las pruebas allegadas y practicadas en el proceso ponen en evidencia, de forma clara y coincidente, que el Consorcio Sogamoso faltó a los compromisos asumidos, no solamente en el contrato principal, sino en cada prórroga y adición suscrita. (...) Por otro lado, adujo el demandante y recurrente, que el cambio de las condiciones climáticas en la zona de ejecución de las obras obró como causa ajena de los retrasos que presentó la ejecución contractual. La Sala acomete el estudio de este cargo bajo la premisa de la regla general que emerge de la experiencia, y que enseña que, en el trópico, dichas situaciones constituyen riesgos previsibles para las partes, quienes, con despliegue de una mínima debida diligencia precontractual tienen el deber de analizar el lugar en el que se adelantarán los trabajos, para tomar previsiones respecto de este tipo de riesgo. Por supuesto, esto no obsta para que pueda probar el interesado condiciones climáticas excepcionalmente difíciles y no susceptibles de previsión, y su incidencia grave en la ejecución de las obras. (...) Apreciados en conjunto (...) [los] medios de prueba, la Sala no encuentra mérito en ellos para inferir que las lluvias, que efectivamente se presentaron en la zona de ejecución de las obras y en el mes de diciembre, fueran de imposible previsión. Tampoco que, una vez presentadas, hayan sido fungido como circunstancia imposible de conjurar con una mínima diligencia. (...) Bajo estas condiciones, al apelante tampoco le asiste razón en invocar una supuesta imprevisibilidad de factores climáticos como hecho invalidante de los actos demandados, circunstancia que, además de que no fue acreditada con certeza en este contencioso, podía haberse mitigado con medidas accesibles. Por tanto, el factor climático no se revela como determinante de los hechos que la contratante atribuyó en el acto acusado, al contratista, y permanece incólume la motivación por incumplimiento contractual que aquella adujo en los actos acusados, pues todo indica que el consorcio gestionó las obras de forma inapropiada, se ausentó del lugar de la ejecución del contrato núm. 745 de 2008 y omitió la adopción de las medidas de mitigación indicadas por la interventoría. (...) Sobre la tardanza en la adquisición de los predios en los que fue ejecutada la obra como factor desencadenante del incumplimiento del programa de obras, (...) no hay prueba en el expediente que muestre que el desconocimiento del deber de planeación a cargo de la administración contratante en lo atinente al adelantamiento oportuno de los trámites de licenciamiento y obtención de permisos de trabajo, haya incidido en los retrasos sancionados por el INVÍAS (...), puesto que en el último de los documentos relacionados (...) se pone de presente que para remedio de esa circunstancia las partes pactaron la prórroga del plazo de ejecución contractual, razón por la cual, al haberse extendido el plazo de ejecución contractual, la tardanza en la adquisición de predios no incidió en el incumplimiento del cronograma de obras por parte del contratista, que determinó la declaración del incumplimiento y de las penas que son discutidas en este proceso (...), siendo así una circunstancia superada durante la ejecución contractual, sin que se acreditada que el lapso pactado en la prórroga referida hubiera sido insuficiente. (...) En línea con la variable analizada precedentemente, la parte recurrente insistió en que el plazo del contrato fue insuficiente para construir el puente que tenía por objeto el contrato núm. 745 de 2008, argumento que fue desestimado anteriormente ante la evidencia de que el contrato sobrepasó incluso el término inicial afirmado, pero no probado por el demandante, de doce (12) meses. En cualquier caso, no hay medio de prueba que informe acerca de la insuficiencia objetiva de las prórrogas para adelantar las obras. Tampoco hay lugar a establecer que, como afirmó el extremo demandante, existiera un acta de prórroga no legalizada por fallas en la entidad demandada, ni fueron probadas las demoras de la entidad demandada en la aprobación en estudios y diseños, ni en la falta de pago por actividades. Por ende, estas afirmaciones vertidas en el recurso de apelación presentado por el demandante son meras conjeturas carentes de prueba. (...) El apelante afirmó, asimismo, que durante una fase del plazo de ejecución, el contrato núm. 745 de 2008 no contó con interventoría. Sin embargo, observa la Sala que la firma encargada de la interventoría suscribió dos contratos sucesivos con el INVIAS: el núm. 3442 de 2007, con vigencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil nueve (2009) hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diez (2010); y el núm. 822 del veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010), con vigencia hasta el veintiuno (21) de febrero de dos mil once (2011). Vistos estos documentos, no puede afirmarse que la actividad del interventor se hubiera interrumpido o suspendido por el cambio de contrato, pues el segundo contrato fue firmado antes de que terminara la vigencia del primero. (...) Por último, el apelante sostuvo que el INVIAS tuvo un trato distinto con el contratista que culminó las obras —el Consorcio La Fortuna— porque con este contratista sí habría correspondencia, en plazo y precio, con la magnitud de las obras a construir. Sin embargo, mal podría el demandante aducir tal razón, pues (...) al contar el negocio jurídico suscrito con el demandante con un plazo de ejecución más prolongado y con una inversión de mayores recursos que los del contrato núm. 1320 de 2012, no hay razón que permita afirmar la existencia de un trato diferenciado para justificar su propio incumplimiento, ni se observa que la comparación entre ambos negocios logre abatir la motivación de los actos demandados. (...) En suma, el segundo problema jurídico deberá responderse de forma negativa, ya que, por falta de prueba o ausencia de conexidad de ésta con los hechos expresados en la motivación de los actos, ninguno de los supuestos expresados por el apelante conduce a la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento definitivo del contrato e impusieron pena pecuniaria. La denegación de pretensiones respecto de estos actos será, por ende, confirmada en la resolución de segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la carga de la prueba en asuntos contractuales, consultar providencias de 30 de septiembre de 2019, Exp. 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 10 de diciembre de 2021, Exp. 68001-23-31-000-2011-00650-01(54140), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 16 de diciembre de 2022, Exp. 25000-23-36-000-2012-00519-01(53421), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Respecto a las condiciones que debe acompañar la afirmación de un cambio climatológico para que este sea considerado imprevisto, consultar providencias de 8 de noviembre de 2007, Exp. 13001-23-31-000-2000-01445-01(32966), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 19 de junio de 2013, Exp. 70001-23-31-000-1997-07075-01(22640), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
MEDIOS DE PRUEBA / PLIEGO DE CONDICIONES / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / MENSAJE DE DATOS / VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOS / INEFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INEFICACIA DEL DOCUMENTO / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio el documento allegado en mensaje de datos de formato editable, que hace referencia al pliego de condiciones del contrato de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]abe advertir que en el expediente obra un mensaje de datos en formato editable “.doc”, contenido en un disco compacto denominado “PLIEGO SRN-116-2007 (PUENTES SOGAMOSO Y PIÑAL)”. Este, tal cual se trajo al proceso, es un documento editable que podría formar parte de un documento público, pero que no garantiza la integridad e inalterabilidad de la información allí contenida y no permite establecer con certidumbre que la versión original del archivo (que no cuenta con firma electrónica) haya venido sin modificación, cercenamiento o transformación, esto es, que coincida íntegramente con el pliego de condiciones que rigió la licitación pública, la adjudicación y el ulterior acuerdo de voluntades. No puede pasar por alto esta Sala que este documento presenta alteraciones en varios de sus fragmentos, concretamente en el tipo de fuente, color y fondo de resaltado, como puede verse en esta impresión de pantalla tomada sobre los numerales 1.2 a 1.4 del documento, que refieren el plazo del contrato, la disponibilidad presupuestal, y el “PRESUPUESTO OFICIAL (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 95, LEY 527 DE 1999 - ARTÍCULO 11, LEY 527 DE 1999 - ARTÍCULO 9
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el pago de las posibles obras ejecutadas por el contratista que superan lo acordado en el contrato estatal, pero que no fueron reconocidas por la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con las posibles obras ejecutadas, pero no reconocidas por la entidad, es necesario puntualizar que, por regla general, la entidad contratante no está obligada a reconocer ni pagar trabajos que excedan lo estipulado, ya que las obligaciones y deberes voluntariamente asumidos por las partes surgen del contrato, acto consensuado en el que se determinan las prestaciones exigibles en el marco de la relación negocial. Pero, ante todo, el reconocimiento de obras adicionales sin el consentimiento de la Administración contravendría lo pactado en el contrato, que es una ley para las partes (artículo 1602, Código Civil), en un asunto como el presente, en el que se debate la imputación de un incumplimiento contractual. Por supuesto, cuando de obras pactadas a precios unitarios se trata, el valor inicial del contrato, como ocurrió en este caso, no necesariamente corresponde al valor final de la obra ejecutada. (…) Con relación a las pruebas que obran en el expediente (…), la Sala encuentra algunos elementos de convicción, apenas enunciativos, de obras confeccionadas por el contratista hasta el veintiuno (21) de febrero de dos mil once (2011), fecha en que concluyó el segundo contrato de interventoría. Son estas, el memorando del profesional especializado del INVIAS, (...) del diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), su declaración testimonial, y la de los testigos (…). Estos testimonios, si bien fueron rendidos por declarantes incididos por motivo de sospecha por cuanto son personas que son o fueron funcionarios del INVIAS, tienen eficacia probatoria para dar cuenta de esas obras habida consideración de tratarse de personas que tuvieron a su cargo funciones relacionadas con el contrato núm. 745 de 2008, y en tal condición, tuvieron contacto directo con los hechos que refirieron, y además, porque no acusan contradicciones internas ni externas en sus declaraciones, dieron por el contrario, cuenta pormenorizada de lo acontecido, y se revelan armónicos con las demás pruebas practicadas en este proceso sobre la materia. Estas pruebas muestran en forma coincidente, que ni el ente contratante ni la firma interventora asintieron, ni menos aún ordenaron las obras complementarias o adicionales que el Consorcio Sogamoso afirma que ejecutó y no le fueron pagadas, y ninguna prueba trajo el consorcio demandante para demostrar la observancia de las pautas dispuestas en el clausulado del contrato núm. 745 de 2008. Al margen de lo anterior, esas pruebas son insuficientes para precisar y cuantificar los ítems y las cantidades de obra que habrían sido ejecutadas, y tampoco fue practicada prueba alguna que indique que estas hayan sido indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. Por tanto, la Sala desestimará este cargo pues, en este estado de la prueba, la motivación de los actos demandados se mantiene incólume.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del reconocimientos y pago de obras adicionales, consultar providencias de 29 de febrero de 2012, Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 13 de noviembre de 2013, Exp. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 9 de noviembre de 2021, Exp. 52045, C.P. Alberto Montaña Plata. Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencia de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50668, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca del reconocimiento y pago de trabajos ejecutados que superan lo acordado en el contrato estatal, consultar providencias de 29 de agosto de 2007, Exp. 15469, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 27 de marzo de 2014, Exp. 20912, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CARGA DE LA PRUEBA / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El ejercicio de la competencia que tiene la entidad contratante para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, en razón a su función indemnizatoria o resarcitoria, debe ser proporcional a
los daños realmente irrogados por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a cláusula penal es una estipulación típica, contemplada principalmente en el artículo 1592 y siguientes del Código Civil y el artículo 867 del Código de Comercio, aunque su contenido y posibles funciones -que en ejercicio de la autonomía de la voluntad le puedan ser asignadas por las partes-, habitualmente es pactada para estimar anticipadamente los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del objeto principal del contrato, confiriendo un interesante elenco de ventajas al acreedor derivados de la autotutela privada, que van desde la exención de la carga de probar la existencia y cuantía de los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la presunción de culpa del deudor. En la contratación de las entidades sometidas al EGCAP, la imposición de la pena pecuniaria se inserta dentro de los deberes de las entidades públicas, como una medida complementaria y consecuencial, bien sea, de la declaración de caducidad del contrato, en caso de que este se encuentre vigente, o del incumplimiento del contrato, si el negocio ya se ha extinguido. Es esa, una decisión que, en todo caso, asume la forma y sustancia de un acto administrativo, con todo lo que ello implica, y emana de las prerrogativas públicas dispuestas por el legislador en materia contractual, reconocidas a las entidades públicas contratantes, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Ahora, en razón a la función indemnizatoria o resarcitoria de la cláusula penal pecuniaria, la jurisprudencia ha comprendido que la contratante, en ejercicio de la competencia que tiene para hacerla efectiva, no puede pasar por alto que esta debe ser proporcionada a los daños realmente irrogados por el contratista. La aplicación proporcional de la pena pecuniaria responde, en primer lugar, a que esta constituye una reacción anticipada por los contratantes a los daños irrogados con el incumplimiento, razón por la cual la prestación prevista en la cláusula penal debe ajustarse a la dimensión real del menoscabo ocasionado con la infracción contractual imputable al contratista, y el juez del contrato tiene la facultad de reducir la cuantía, cuando se demuestre un exceso en la suma inicialmente calculada en relación con la verdadera extensión de los perjuicios. En segundo lugar, la proporcionalidad de la pena se impone porque su imposición y cuantificación mediante acto revestido de la presunción de legalidad y con efectos ejecutivos, es una prerrogativa de poder estatal que, como tal, se rige por el “principio de proporcionalidad”, como parámetro de la acción del Estado y criterio controlador de la actividad administrativa. Esto implica que, al atacar la proporción de la sanción prevista en la cláusula penal, impuesta por la Administración contratante mediante acto administrativo, por considerar que la suma de la pena es excesiva, el demandante debe acreditar dos presupuestos: (i) que, pese a la previsión inicial, los daños derivados del incumplimiento no corresponden en dimensión y cuantía a aquella contenida en esa cláusula contractual; y (ii) que la cuantificación realizada por la Administración es desproporcionada desde su motivación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cláusula penal pecuniaria, consultar providencias de 13 de noviembre de 2008, Exp. 68001-23-31-000-1996-02081-01(17009), C.P. Enrique Gil Botero; de 28 de noviembre de 2019, Exp. 11001-03-26-000-2009-00034-00(36600), C.P. María Adriana Marín; de 5 de agosto de 2020, Exp. 25000-23-26-000-2006-02238-01(45183), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 21 de noviembre de 2022, Exp. 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 7 de octubre de 1976, G.J. T. CLII. Núm. 2393, p. 441-451; de 23 de junio de 2000, Exp. C-4823; de 18 de diciembre de 2009, Exp. 68001-3103-001-2001-00389-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / CÁLCULO DE PROPORCIONALIDAD / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / REFORMA DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / FALSA MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública y se impuso la pena pecuniaria, por falsa motivación, al no tasarse de forma proporcional la suma de la cláusula penal pecuniaria pactada?
Respuesta al problema jurídico: No
El INVIAS apeló el fallo de primera instancia argumentando que resultaba inválida la reducción proporcionada de la pena pecuniaria dispuesta. Para el efecto, argumentó que: (i) en la póliza de cumplimiento que amparó las obligaciones del contrato 745 de 2008 no podía aplicarse la proporcionalidad; y (ii) en virtud de la función indemnizatoria de la cláusula penal pactada, el costo de los perjuicios no solamente cobijó la obra dejada de ejecutar, sino también otra serie de rubros, e invocó así mismo la tasación anticipada de los perjuicios que supone el pacto de esta cláusula al momento de celebrar el negocio. (...) Entonces, existen dos grupos de razones que apartan a esta segunda instancia de la conclusión del Tribunal en relación con la proporcionalidad de la pena: (...) En primer lugar, por razones procesales, pues la parte actora no pretendió la nulidad parcial de los actos demandados invocando el ajuste o reducción de la cláusula penal en virtud de su desproporcionalidad o exceso, bien fuera como pretensión principal o subsidiaria dentro del escrito de demanda, o en reforma posterior —que no tuvo lugar en este asunto—, sino que fue insertada en la audiencia inicial con el beneplácito de la funcionaria sustanciadora. Este supuesto desconoce el límite temporal de la reforma a la demanda que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 173 del CPACA, solamente puede adelantarse “hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda”, e incluso, desde la perspectiva del CGP, que en su artículo 93 dicta en su inciso inicial que este acto reformatorio podrá tener lugar, no durante, sino “hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial”. Por esta razón, la inserción de esta súplica no podía realizarse válidamente durante el adelantamiento de esta diligencia, en tanto desconoce el diseño procesal dispuesto por el legislador mediante norma de orden público. (...) Empero, al margen de esta interpretación, el razonamiento del tribunal tampoco puede ser validado desde una perspectiva sustancial, por lo siguiente: Si bien, acertó el Tribunal en destacar que las propias partes pactaron, en la cláusula décima quinta del contrato, que la sanción pecuniaria sería impuesta “de forma proporcional al avance de la obra”, y en una de las comunicaciones internas un funcionario del INVIAS dio cuenta de que el avance final de obra ejecutada era igual al ochenta y cuatro coma treinta y nueve por ciento (84.39%), dejando así un quince coma sesenta y uno por ciento (15,61%) por ejecutar, es preciso advertir que la suma de dinero equivalente a esa obra no ejecutada estaba soportada en el oficio del ocho (8) de junio de dos mil once (2011), en el que la interventoría, reiterando la información allegada en comunicación del primero (1°) de junio del mismo año, refirió que las cantidades no ejecutadas por el consorcio contratista correspondían a las señaladas en el acta correspondiente a las facturadas hasta el corte del acta núm. 29 de febrero catorce (14) de dos mil once (2011) (...). Esta cuantificación, fue así acogida en los considerandos de la Resolución 3350 de 2012. (...) En todo caso, el principal punto de confrontación atinente a la proporcionalidad de la cláusula penal impuesta por el INVIAS consistía en establecer si el diez por ciento (10%) del valor total del contrato núm. 745 de 2008, cifra de referencia para la tasación del grado del incumplimiento contractual, equivalía realmente a la obra dejada de ejecutar, o si debía amoldarse a una cifra inferior. Este era un análisis que no podía soslayar el demandante, sobre quien pesaba la carga de demostrar el exceso que afirmó, había en la cuantificación hecha por la interventoría, por contraste con el grado de incumplimiento que mostrara mediante elementos probatorios capaces de contradecirla. El Tribunal, sin embargo, valido de un elemental ejercicio aritmético, estableció una cifra que hipotéticamente representaría el daño contractual cubierto por los contratantes a través de la cláusula mencionada, ignorando con este proceder, por completo, la cuantificación que hizo el interventor y su racionalidad intrínseca, elemento éste, cardinal en la motivación fáctica de las decisiones impugnadas en tanto allí fue incorporado; y eximiendo, incorrectamente, a la parte actora, de la carga de probar la dimensión real del daño irrogado y el valor que objetivamente correspondería a la sanción punitiva. Por lo tanto, en el caso concreto, el límite cuantitativo infranqueable era el de la propia cláusula penal pactada en el contrato, que fue respetado por el INVIAS en la Resolución 355 del veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), al imponer la pena pecuniaria por un monto de mil quince millones setenta y nueve mil dos pesos ($1.015’079.012), correspondiente a la cuantificación de las prestaciones no ejecutadas por el Consorcio Sogamoso. Itera la Sala que la labor de probar su exceso no fue satisfecha por el extremo actor. En consideración a lo expuesto en precedencia, y a partir de lo probado en este proceso, el INVIAS no incurrió en falsa motivación al expedir la Resolución 3350 de 2012, ni al confirmar esta última a través de la Resolución 3466 del mismo año. Por lo tanto, le asiste razón a la parte demandada en sus críticas concretas contra el fallo de primera instancia, y se torna innecesaria la evaluación los argumentos relativos a las cláusulas incluidas en la póliza de incumplimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 173 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 93
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿La condena en costas en vigencia del CPACA no tiene en cuenta la conducta de las partes, sino que asume una postura objetiva y valorativa, de acuerdo con la cual ordena pagarlas a quien haya sido derrotado en el proceso o en la decisión del recurso, independientemente de su actuar, atendiendo a la demostración de haber sido causadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El INVIAS cuestionó la condena en costas que le fue impuesta en primera instancia por haber resultado vencida, ya que ―a su juicio― esta requiere una valoración de la conducta de las partes en el proceso. Sobre este punto, no le asiste razón a este recurrente porque, como lo ha considerado esta Subsección, a diferencia de lo que ocurría en la anterior normatividad, el CPACA en conjunto con la respectiva norma de remisión prevé que la condena en costas no tiene en cuenta la conducta de las partes, sino que asume una postura objetiva y valorativa, de acuerdo con la cual ordena pagarlas a quien haya sido derrotado en el proceso o en la decisión del recurso, independientemente de su actuar, atendiendo a la demostración de haber sido causadas. En ese contexto, esta misma Subsección ha señalado que en este régimen de costas resulta inocua la revisión por el superior jerárquico encargado de resolver el recurso de apelación, ya que este estriba únicamente en el hecho de que hayan prosperado, o no, las pretensiones o excepciones según el caso. Distinto ocurre en los regímenes de costas procesales que están fundamentados en juicios fácticos y jurídicos independientes al de la mera constatación de la derrota en el proceso, como lo era la evaluación de la conducta de las partes en el Código Contencioso Administrativo. (...) Como el recurso de apelación fue presentado en vigencia del Código General del Proceso (...), es decir, luego del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), la condena en costas será tratada bajo sus reglas. Conforme al artículo 365 numeral 8 de dicha norma: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.” En vista de que el INVIAS, parte vencedora, no intervino en segunda instancia, no habrá lugar a condenar a su contraparte en costas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, consultar providencias de 7 de abril de 2016, Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14), C.P. William Hernández Gomez; de 21 de noviembre de 2022, Exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01(60629), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 25 de junio de 2014, Exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299), C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8