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¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal?¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato?¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Sí
Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿Resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los contratos para la construcción o diseño de siete STCA? No
Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA (números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera…
También resuelve:¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva eel Departamento de Antioquia en lo referente a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, del cual no fue parte?
Sentencia — Sentencia2025-06-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020190001701LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente?¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por…¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP? No
El contratista interpone recurso de apelación alegando una nulidad insaneable dentro del proceso judicial por la manifestación de impedimento de la magistrada ponente cuyo cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio, situación que no configura nulidad insaneable al no subsumirse en las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP ni constituir la causal del numeral 1 del artículo 141 del CGP. Asimismo, el juez verifica el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar sentencia al exigir que en las controversias contractuales contra los actos administrativos de terminación del contrato se acredite el agotamiento previo del trámite de conciliación extrajudicial y la indicación de las normas violadas junto con el concepto de su violación, so pena de proferir una sentencia inhibitoria, conforme a las reglas aplicables en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato…¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial…¿Debía el contratista acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión social para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento?
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra y la imposición de una multa, por desconocimiento del debido proceso y falsa motivación, ya que la entidad estatal corrigió administrativamente el hecho que originó la queja y el incumplimiento del programa de inversiones y cronograma de actividades fue constante y evidente, no siendo suficiente la formulación de planes de contingencia ni las ampliaciones de plazos para cumplir con las obligaciones contractuales. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad por falsa motivación no procede cuando la entidad corrige el error en sede administrativa y el incumplimiento del contratista persiste, lo que implica que los actos administrativos que declaran el incumplimiento y la imposición de multas mantendrán su validez en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista…¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena…¿Cuenta con valor probatorio el documento allegado en mensaje de datos de formato editable, que hace referencia al pliego de condiciones del contrato de obra pública?
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
¿Tienen merito probatorio las copias simples de documento? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como pruebas en un proceso, ya que el Consejo de Estado, en fallo de unificación, ha establecido que estas tienen mérito probatorio. Esta decisión modifica la posición anterior que rechazaba el valor probatorio de las copias simples, permitiendo que el juez las valore según las reglas de la sana crítica y en el contexto de la apreciación de todas las pruebas presentadas. En el caso específico, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, determinó que las copias simples son admisibles como pruebas, lo que implica que en la práctica, los contratistas pueden utilizar este tipo de documentos para respaldar sus alegatos sin necesidad de presentar el original.síntesis automática
También resuelve:¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?¿Puede ser valorada por el juez una declaración extrajuicio que no fue ratificada?¿Debe aplicarse además del derecho privado, la Ley 80 de 1993 al contrato de obra donde fue parte el Municipio de Rionegro?
¿No se podía obviar que no se celebró el acta de inicio del contrato, para llevar a cabo el conteo de la caducidad del medio de control? Sí
El juez contencioso administrativo debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la fecha del acta de terminación unilateral cuando las partes omitieron suscribir el acta de inicio del contrato. El magistrado disidente expone en su salvamento de voto que la mayoría erró al aplicar un plazo presunto de suscripción del acta inicial, desatendiendo la realidad contractual y la sentencia SU-16 de 2026 de la Corte Constitucional. Considera que la providencia exigía una argumentación jurídica más rigurosa y sólida para resolver adecuadamente los aspectos de caducidad y las controversias relativas al los actos de terminación y liquidación del vínculo negocial.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala tomó una decisión respecto a la caducidad del medio de control, sin llevar a cabo una argumentación que demuestre la correcta aplicabilidad de los motivos de hecho y de derecho que debían…
¿Puede el juez analizar el presunto desequilibrio económico de un contrato excluido de la Ley 80 de 1993 aplicando la teoría de la imprevisión y principios generales del derecho contractual, aun cuando la demanda invocó inicialmente normas del EGCAP? Sí
El juez interpreta las pretensiones sobre desequilibrio económico de un negocio jurídico aplicando la teoría de la imprevisión y los principios generales del derecho contractual, con independencia de que la demanda haya invocado inicialmente normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En la decisión comentada, la aclaración de voto señaló que, aunque las normas del EGCAP no rigen directamente negocios excluidos de ese régimen, las pretensiones podían examinarse bajo el principio de conmutatividad y la teoría de la imprevisión ante incrementos excesivos sobrevinientes, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede una "acta de inicio" suscrita únicamente por la contratista y el interventor suplir válidamente la “orden de inicio” que contractualmente debía emitir la Administración para dar comienzo a la…¿El incremento del valor del dólar, ocurrido de forma anormal, desproporcionada y superior a lo previsible después de la suscripción del acta de inicio…
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