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clave: "consejo_estado:providencia:68001233300020130111801-59622-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-22"
radicado: "68001233300020130111801"
numero: "59622"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: no resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-22
- **Radicado:** 68001233300020130111801
- **Número interno:** 59622
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO SOGAMOSO
- **Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020130111801-59622-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/68001233300020130111801/208FB46CA9F7FEBC5749E537CFEE47E56D82171E01D4707A16858C642FA97C33/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201301118011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista…
- ¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena…
- ¿Cuenta con valor probatorio el documento allegado en mensaje de datos de formato editable, que hace referencia al pliego de condiciones del contrato de obra pública?

## Extracto

En relación con este primer problema jurídico planteado en su recurso por el consorcio demandante, fundado en que las resoluciones núm. 3506 de 2010 y 264 de 2011 habrían desconocido el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, pues esta fue impuesta cuando el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad, siendo superado “el atraso en el programa de inversiones de fecha 21 de abril de 2010”, como lo sostuvo la interventoría en oficio del dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011); la Sala observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa.

## Síntesis temática

El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra y la imposición de una multa, por desconocimiento del debido proceso y falsa motivación, ya que la entidad estatal corrigió administrativamente el hecho que originó la queja y el incumplimiento del programa de inversiones y cronograma de actividades fue constante y evidente, no siendo suficiente la formulación de planes de contingencia ni las ampliaciones de plazos para cumplir con las obligaciones contractuales. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad por falsa motivación no procede cuando la entidad corrige el error en sede administrativa y el incumplimiento del contratista persiste, lo que implica que los actos administrativos que declaran el incumplimiento y la imposición de multas mantendrán su validez en la práctica.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CORRECCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, HECHO SUPERADO, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MULTA, FALSA MOTIVACIÓN, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, HECHO EXTERNO, DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL CONTRATO, INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MORA ADMINISTRATIVA, CAMBIO CLIMÁTICO, RIESGO PREVISIBLE, DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, PRÓRROGA DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, PRECIO DEL CONTRATO, PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MEDIOS DE PRUEBA, PLIEGO DE CONDICIONES, DOCUMENTO, PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, MENSAJE DE DATOS, VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOS, INEFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, INEFICACIA DEL DOCUMENTO, IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL, OBRA PÚBLICA ADICIONAL, OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CONTRATACIÓN ESTATAL, DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CÁLCULO DE PROPORCIONALIDAD, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, REFORMA DE LA DEMANDA, TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES, IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / HECHO SUPERADO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por desconocer el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, al ser impuesta luego de que el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad; cuando se observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con este primer problema jurídico planteado en su recurso por el consorcio demandante, fundado en que las resoluciones núm. 3506 de 2010 y 264 de 2011 habrían desconocido el debido proceso y el carácter conminatorio de la multa, pues esta fue impuesta cuando el contrato ya había sido ejecutado en su totalidad, siendo superado “el atraso en el programa de inversiones de fecha 21 de abril de 2010”, como lo sostuvo la interventoría en oficio del dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011); la Sala observa que este reproche se remite a un hecho que el mismo INVIAS corrigió en sede administrativa. En efecto, aunque es cierto que la Resolución 3506 de 2010, confirmada por la Resolución 264 de 2011, expresó que uno de los dos motivos del incumplimiento atribuible al contratista consistió en “no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el INVÍAS”, también lo es que, con la Resolución 750 de 2012, el INVIAS modificó el numeral primero de la Resolución 3506 de 2010, y el numeral segundo de la Resolución 264 de 2011 al considerar que, de acuerdo con lo informado por el interventor en oficio del veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), se había “subsanado el incumplimiento por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el INVÍAS”. Cosa diferente es que, a pesar de esa circunstancia, haya indicado que, a pesar de ello, persistía el atraso en el programa de obra e inversiones, que se había presentado a lo largo del plazo ejecución contractual, y que, en atención al motivo materia de corrección, haya reducido el monto de la multa. Por tanto, se hace necesario diferenciar entre el motivo ya corregido por la contratante en sede administrativa, y la circunstancia que persistía y que prestó fundamento para la multa (ya reducida): el atraso en el programa de inversiones y cronograma de actividades del contrato. No habiendo glosa alguna a esta motivación subsistente, el primer cargo, en cuanto vino fundado por un hecho ya superado, ha de desestimarse.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra e impusieron una multa al Consorcio contratista, por falsa motivación, al desconocer que el contratista sí cumplió el programa de inversiones y el cronograma de actividades en la ejecución de las obras que debían realizarse para satisfacción del objeto del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]ontinúa la Sala con el estudio del primer problema jurídico, pero en relación con el segundo cargo de la alzada. Sobre este punto, nota la Sala que, el planteamiento y seguimiento estricto del programa de inversiones y cronograma de actividades en la ejecución de las obras que debían ejecutarse para satisfacción del objeto el contrato núm. 745 de 2008, era una obligación que estaba a cargo del Consorcio Sogamoso, carga que estaba expresamente pactada en la cláusula sexta del contrato núm. 745 de 2008, y que fue claramente incumplida por el contratista desde los inicios de la ejecución contractual, incumplimiento que se extendió hasta el final del plazo de ejecución de la obra. Así se puede establecer a partir del examen de los informes y documentos generados por la firma interventora del contrato núm. 745 de 2008 ―cuya ejecución inició el diecinueve (19) de agosto de dos mil ocho (2008)― en cuanto estos permiten apreciar la forma en que, insistentemente, entre enero de dos mil nueve (2009) y mayo de dos mil once (2011), la interventoría advirtió múltiples atrasos del contratista y denotó su bajo rendimiento en el frente de obra y en las cantidades ejecutadas por causa de falencias constructivas del Consorcio Sogamoso, de la deficiencia interna de dirección y coordinación, y del precario empleo de recursos humanos y económicos para afrontar los trabajos (particularmente en la designación de ingenieros residentes de obra). Fueron, entonces, claros, desde el inicio de la ejecución contractual, los fundamentos de la solicitud elevada por la interventoría al INVIAS, para multar al contratista por la continua inobservancia de sus obligaciones y aplicar este mecanismo sancionatorio para conminarlo al cumplimiento. De hecho, el bajo rendimiento fue uno de los motivos aducidos por la interventoría, para recomendar las ampliaciones del plazo contractual en diciembre de dos mil nueve (2009). Es cierto que los mismos informes de interventoría permiten apreciar que el contratista tuvo momentos de mejoría en su rendimiento, por aumentos en el ritmo constructivo y en la asignación de personal, sin embargo, estos correctivos de su parte no fueron constantes ni suficientes para solventar los retrasos. (...) De conformidad con el contexto fáctico descrito en precedencia, las aserciones del demandante en su recurso de alzada carecen completamente de asidero, toda vez que la observancia del programa de inversiones y del cronograma de obra no se cumplía con la mera formulación de planes de contingencia, ni se entendía satisfecha con las múltiples ampliaciones de los plazos del contrato. En realidad, la necesidad de trazar esas líneas de acción extraordinarias ante los atrasos contractuales y de prorrogar la vigencia del negocio, junto con la abundante información consignada en los informes y oficios rendidos por la interventoría del contrato, dan cuenta de que el Consorcio Sogamoso sí incumplió constantemente lo estipulado en el contrato núm. 745 de 2008, justificando así la pena que el INVIAS le impuso. (...) De esta forma, el primer problema jurídico debe responderse negativamente, ya que el demandante no logró satisfacer la carga de demostrar los hechos en que soportaba las pretensiones anulatorias de los actos de incumplimiento parcial y multa. De este modo, se comparten las apreciaciones y el sentido denegatorio de las súplicas que plasmó el Tribunal en el fallo de primera instancia.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / HECHO EXTERNO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FIRMA DEL CONTRATO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MORA ADMINISTRATIVA / CAMBIO CLIMÁTICO / RIESGO PREVISIBLE / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012 del INVIAS que declararon el siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra pública e impusieron el pago de la pena pecuniaria pactada, por incurrir en falsa motivación, al desconocer que los múltiples incumplimientos de la contratista obedecieron a circunstancias externas a la misma, dentro de las que se encontraban los propios incumplimientos contractuales de la entidad demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consorcio insiste en la censura que hizo, en la demanda y durante el trámite de la primera instancia, sobre las Resoluciones 3350 y 3466 del 2012, que declararon el incumplimiento definitivo del contrato núm. 745 de 2008 e impusieron la pena pecuniaria pactada en el contrato, por razones análogas a las expresadas en el procedimiento administrativo: que el fracaso en la ejecución del objeto contractual, es decir, la construcción incompleta del puente, era atribuible a múltiples situaciones y conductas ajenas al actuar del Consorcio Sogamoso. La Sala recuerda que la competencia funcional del órgano judicial ad quem se circunscribe el análisis del fallo de segunda instancia de acuerdo con los reparos concretos formulados por el apelante en su recurso; y que, en todo caso, el demandante tiene la carga de probar los hechos que fundamentan su reclamación, la cual, en el ámbito de la responsabilidad contractual, comprende la acreditación del débito y su incumplimiento. En ese propósito, la impugnación de actos administrativos contractuales supone desvirtuar la presunción de legalidad que los cobija. En línea con las anteriores precisiones, la Sala procede a establecer, si el actor probó los factores de incumplimiento que el consorcio atribuye a la entidad contratante y aquí demandada, en la demanda y en el recurso de apelación. En caso de hallar mérito en la prueba para tener por acreditadas tal incumplimiento, ha de determinar el impacto que esa demostración tiene en el juicio de legalidad sobre la motivación de los actos acusados. (...) [D]ado que no fue allegada una prueba idónea del pliego de condiciones, la Sala no podrá tener como probado que el tiempo transcurrido entre la adjudicación de la licitación y la firma del contrato haya tenido una extensión allende lo previsto y por causa del desorden administrativo de la entidad demandada, ni que esta haya erado en la planeación del negocio. Tampoco puede tener por demostrado que este tiempo haya excedido el término para suscribir el contrato, que debía estar precisado en el pliego de condiciones, conforme lo ordena la ley del contrato. (...) Al margen de lo expuesto en inmediata precedencia, denota la Sala que, incluso, de haber sido acreditado este supuesto fáctico (la suscripción tardía del contrato), no obra prueba alguna que permita inferir la existencia de una relación entre ese hecho, y el atraso sostenido del contratista en la ejecución de las actividades programadas. (...) En realidad, está probado que el plazo contractual fue extendido en más del doble de tiempo que, según adujo el demandante, se previó en el pliego, al extender por un total de veintiséis (26) meses y veintiocho (28) días, transcurridos entre la fecha del acta de inicio (veintinueve (29) de agosto de dos mil nueve (2009)) y el límite pactado en el último de los acuerdos de prórroga (veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011)). Igualmente fue acreditado que todas las modificaciones del plazo fueron solicitadas por el propio contratista, y en todas ellas fue acordado que acogería la reprogramación en los cronogramas y en el programa de inversiones. (...) Por otro lado, el Consorcio Sogamoso no demostró que la alternativa de construcción

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ta súplica no podía realizarse válidamente durante el adelantamiento de esta diligencia, en tanto desconoce el diseño procesal dispuesto por el legislador mediante norma de orden público. (...) Empero, al margen de esta interpretación, el razonamiento del tribunal tampoco puede ser validado desde una perspectiva sustancial, por lo siguiente: Si bien, acertó el Tribunal en destacar que las propias partes pactaron, en la cláusula décima quinta del contrato, que la sanción pecuniaria sería impuesta “de forma proporcional al avance de la obra”, y en una de las comunicaciones internas un funcionario del INVIAS dio cuenta de que el avance final de obra ejecutada era igual al ochenta y cuatro coma treinta y nueve por ciento (84.39%), dejando así un quince coma sesenta y uno por ciento (15,61%) por ejecutar, es preciso advertir que la suma de dinero equivalente a esa obra no ejecutada estaba soportada en el oficio del ocho (8) de junio de dos mil once (2011), en el que la interventoría, reiterando la información allegada en comunicación del primero (1°) de junio del mismo año, refirió que las cantidades no ejecutadas por el consorcio contratista correspondían a las señaladas en el acta correspondiente a las facturadas hasta el corte del acta núm. 29 de febrero catorce (14) de dos mil once (2011) (...). Esta cuantificación, fue así acogida en los considerandos de la Resolución 3350 de 2012. (...) En todo caso, el principal punto de confrontación atinente a la proporcionalidad de la cláusula penal impuesta por el INVIAS consistía en establecer si el diez por ciento (10%) del valor total del contrato núm. 745 de 2008, cifra de referencia para la tasación del grado del incumplimiento contractual, equivalía realmente a la obra dejada de ejecutar, o si debía amoldarse a una cifra inferior. Este era un análisis que no podía soslayar el demandante, sobre quien pesaba la carga de demostrar el exceso que afirmó, había en la cuantificación hecha por la interventoría, por contraste con el grado de incumplimiento que mostrara mediante elementos probatorios capaces de contradecirla. El Tribunal, sin embargo, valido de un elemental ejercicio aritmético, estableció una cifra que hipotéticamente representaría el daño contractual cubierto por los contratantes a través de la cláusula mencionada, ignorando con este proceder, por completo, la cuantificación que hizo el interventor y su racionalidad intrínseca, elemento éste, cardinal en la motivación fáctica de las decisiones impugnadas en tanto allí fue incorporado; y eximiendo, incorrectamente, a la parte actora, de la carga de probar la dimensión real del daño irrogado y el valor que objetivamente correspondería a la sanción punitiva. Por lo tanto, en el caso concreto, el límite cuantitativo infranqueable era el de la propia cláusula penal pactada en el contrato, que fue respetado por el INVIAS en la Resolución 355 del veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), al imponer la pena pecuniaria por un monto de mil quince millones setenta y nueve mil dos pesos ($1.015’079.012), correspondiente a la cuantificación de las prestaciones no ejecutadas por el Consorcio Sogamoso. Itera la Sala que la labor de probar su exceso no fue satisfecha por el extremo actor. En consideración a lo expuesto en precedencia, y a partir de lo probado en este proceso, el INVIAS no incurrió en falsa motivación al expedir la Resolución 3350 de 2012, ni al confirmar esta última a través de la Resolución 3466 del mismo año. Por lo tanto, le asiste razón a la parte demandada en sus críticas concretas contra el fallo de primera instancia, y se torna innecesaria la evaluación los argumentos relativos a las cláusulas incluidas en la póliza de incumplimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 173 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 93
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿La condena en costas en vigencia del CPACA no tiene en cuenta la conducta de las partes, sino que asume una postura objetiva y valorativa, de acuerdo con la cual ordena pagarlas a quien haya sido derrotado en el proceso o en la decisión del recurso, independientemente de su actuar, atendiendo a la demostración de haber sido causadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El INVIAS cuestionó la condena en costas que le fue impuesta en primera instancia por haber resultado vencida, ya que ―a su juicio― esta requiere una valoración de la conducta de las partes en el proceso. Sobre este punto, no le asiste razón a este recurrente porque, como lo ha considerado esta Subsección, a diferencia de lo que ocurría en la anterior normatividad, el CPACA en conjunto con la respectiva norma de remisión prevé que la condena en costas no tiene en cuenta la conducta de las partes, sino que asume una postura objetiva y valorativa, de acuerdo con la cual ordena pagarlas a quien haya sido derrotado en el proceso o en la decisión del recurso, independientemente de su actuar, atendiendo a la demostración de haber sido causadas. En ese contexto, esta misma Subsección ha señalado que en este régimen de costas resulta inocua la revisión por el superior jerárquico encargado de resolver el recurso de apelación, ya que este estriba únicamente en el hecho de que hayan prosperado, o no, las pretensiones o excepciones según el caso. Distinto ocurre en los regímenes de costas procesales que están fundamentados en juicios fácticos y jurídicos independientes al de la mera constatación de la derrota en el proceso, como lo era la evaluación de la conducta de las partes en el Código Contencioso Administrativo. (...) Como el recurso de apelación fue presentado en vigencia del Código General del Proceso (...), es decir, luego del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), la condena en costas será tratada bajo sus reglas. Conforme al artículo 365 numeral 8 de dicha norma: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.” En vista de que el INVIAS, parte vencedora, no intervino en segunda instancia, no habrá lugar a condenar a su contraparte en costas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, consultar providencias de 7 de abril de 2016, Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14), C.P. William Hernández Gomez; de 21 de noviembre de 2022, Exp. 15001-23-31-003-2011-00399-01(60629), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 25 de junio de 2014, Exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299), C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-05-22. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 68001233300020130111801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020130111801-59622-sentencia).
