Titulación de la relatoría 24.837 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL / ALCANCE DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto límites al derecho de constitucional de acceso a la administración de justicia (artículo 229), que son los requisitos de procedibilidad, estos deben ser interpretados restrictivamente. Como requisitos de procedibilidad, el CCA, vigente para este proceso, preveía únicamente: (i) el agotamiento de la vía gubernativa, cuando se pretenda la nulidad de un acto particular (artículo 135 del CCA); y (ii) la conciliación prejudicial, prevista en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en las acciones de reparación directa y de controversias contractuales. No existe, pues, un requerimiento legislativo expreso de la liquidación, como requisito de acceso a la administración de justicia. Esta Corporación ha considerado que si la Administración, como parte de un contrato, expide un acto de liquidación unilateral, el contratista que pretenda la declaración de responsabilidad contractual, debe incluir dentro de sus pretensiones la nulidad de dicho acto, siempre y cuando tenga conocimiento de la decisión de la entidad pública previamente a la presentación de la demanda, ya que, al formar parte del ordenamiento jurídico, el acto de liquidación debe ser removido para dar paso a la responsabilidad de la demandada . No se trata, sin embargo, de un requisito de procedibilidad, sino de un presupuesto lógico de la prosperidad de las pretensiones, que se impone en razón al carácter sistemático del ordenamiento jurídico, que, ante la subsistencia del acto liquidatario, hace inane el análisis del incumplimiento. En este orden de ideas, la liquidación previa del contrato no es un requisito de procedibilidad que impida estudiar de fondo el asunto cuando no se haya efectuado. En el caso bajo estudio, la liquidación no es una actuación que se requiera para entrar a valorar si existió un incumplimiento de la entidad contratante al realizar descuentos en los pagos realizados por concepto del Contrato 006 de 2008, toda vez que, para determinar si dicha actuación es conforme o contraria a derecho, basta con analizar las disposiciones legales y las obligaciones contractuales aplicables al caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exigencia del acta de liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para la acción de controversias contractuales, consultar sentencia 14 de marzo de 2018; Exp. 55671.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 229, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 135, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 37
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
[E]n los casos en que no se haya realizado la liquidación, de forma unilateral o bilateral, una vez pasaran los dos meses que la ley le confería a la entidad estatal para liquidar unilateralmente el contrato, conforme al artículo 136 del CCA, cuando no se haya podido efectuar la liquidación de forma bilateral o unilateral , si bien, esta pretensión permite que el juez efectúe un corte final de cuentas, este corte no resulta necesario para que el juez entre a estudiar el incumplimiento del contrato, cuya declaración puede solicitarse incluso durante la ejecución del mismo, pues depende del respeto de lo estipulado en el negocio jurídico. Por lo tanto, esta Corporación revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la excepción de inepta demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos cuya liquidación no se haya podido realizar, consultar sentencia del 14 de febrero de 2019; Exp. 59727.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / DOCUMENTO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
OBITER DICTUM
[L]os documentos auténticos serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias simples serán tenidas en cuenta, toda vez que no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual lo aducen, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera , así como la Sala Plena de esta Corporación. En cuanto al alcance de los medios de convicción documentales, los documentos públicos, de conformidad con el artículo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal como lo dispone el artículo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terceros.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del valor probatorio de las copias simples, consultar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero y de 30 de septiembre de 2014, y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación jurisprudencial del 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, 279
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA NORMA / NORMA DE DERECHO PRIVADO
OBITER DICTUM
Conforme al artículo 50 de la Ley 80 de 1993, las entidades son responsables “por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas”. La exequibilidad de esta norma fue condicionada con la sentencia C-333 de 1996, bajo una interpretación conforme al artículo 90 de la Constitución, como tronco que es de la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual del Estado. Aparte, debe tenerse en cuenta que, en lo no regulado por la Ley 80 de 1993, corresponde acudir a las normas de derecho civil y comercial. De esa forma, la responsabilidad contractual del Estado implica el menoscabo a un interés jurídico, imputable a la entidad, bajo el entendido de que “el título para para poder imputar al Estado la responsabilidad por un daño en materia contractual es el carácter antijurídico”, atendiendo a que “toda actuación antijurídica del Estado que provoca un perjuicio a un particular implica la existencia de un daño antijurídico”, como lo consideró la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 50 de la Ley 80 de 1993. De esta forma, en la responsabilidad contractual del Estado, la antijuridicidad e imputabilidad del daño se identifican.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a los presupuestos de la responsabilidad estatal, consultar sentencia del 8 de mayo de 1995; Exp. 8118, de 25 de marzo de 2015; Exp. 37726, del 28 de octubre de 2019; Exp. 40992 y de la Corte Constitucional C-333 de 1993.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50
CARGA TRIBUTARIA / HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / FUNCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
OBITER DICTUM
[E]n el Estado colombiano, la imposición de tributos está reservada al Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales, conforme al artículo 338 de la Constitución; reserva que, según la jurisprudencia constitucional, comprende la determinación del sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Como tales elementos no pueden, así, determinarse mediante un negocio jurídico y, dado que conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, “[e]n todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, para determinar si las retenciones realizadas por el municipio fueron excesivas —como lo afirma la demandante— se debe verificar, si ellas se ajustaron a las normas con la que fueron impuestos los tributos referidos, teniendo en cuenta, en primer lugar, que tales retenciones se hayan realmente efectuado (…) el tributo previsto en artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, también reconocido como el impuesto de guerra, es el resultado de una evolución normativa que surgió desde Decreto Legislativo 2009 de 1992 (…) en los pagos que el municipio efectuó por concepto del Contrato 006 de 2008 y de su adición, el descuento especificado como Ley 104 hace referencia al anterior impuesto, establecido en la Ley 1106 de 2006, vigente para la época en que fue celebrado el Contrato 006 de 2008, el cual corresponde al 5% sobre las sumas que se debían cancelar. De esta forma, tienen asidero y, consecuentemente, firmeza las conclusiones del perito sobre las deducciones realizadas en los pagos por instalación, acordados en el Contrato 006 de 2008. El dictamen dio así cuenta suficiente del daño patrimonial alegado por el demandante, consistente en las deducciones realizadas en aplicación del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, sobre lo pagado por las prestaciones de suministro pactadas en el Contrato 006 de 2008.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad impositiva del Estado, consultar sentencias de la Corte Constitucional, C-413 de 1996, C-1097 de 2001, C-035 de 2009, C-269 de 2019 y C-1153 de 2008.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338, DECRETO LEGISLATIVO 2009 DE 1992, LEY 104 DE 1993, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / ELEMENTO SUBJETIVO DEL HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / ELEMENTO TEMPORAL DEL HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / IMPUESTO DE GUERRA / COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA
OBITER DICTUM
[E]l factor esencial para determinar la aplicación del tributo es el hecho generador (…) en el denominado impuesto de guerra, el hecho generador se encuentra conformado por dos componentes: uno de orden subjetivo relativo a que el contrato debe ser suscrito con entidades de derecho público; y otro de orden objetivo, correspondiente al tipo de contrato celebrado, pues se requiere que sea de obra pública, conforme a su definición en la Ley 80 de 1993, sin que en ello incida el régimen jurídico —público o privado— aplicable al contrato , con lo que se excluye cualquier otra definición del contrato de obra. (…) En el contrato de obra comprende así: los (i) trabajos materiales, como los de instalación, (ii) que se realizan sobre bienes inmuebles, (iii) bajo cualquier modalidad de pago y ejecución. En el caso concreto, el Contrato 006 de 2008, que se denominó contrato de obra pública , se pactó que su objeto radicaba en la repotenciación y modernización del alumbrado público de Bucaramanga – Fase II. (…) en los contratos de obra, las modalidades de pago habituales son: (i) el precio global, en la que “el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija siendo el único responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales” ; y (ii) por precios unitarios, que es “la forma de pago que concluye con una operación matemática que resulta de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por el precio de cada una de ellas”. En esta última modalidad de pago, a su vez, puede fijarse una unidad de medida simple o en conjunto. En la primera modalidad, “cada parte, unidad o pieza constituye una obra independiente”, y el contratista “cumple su obligación entregando cualquier cantidad de unidades, piezas o partes cuyo precio unitario se convino, pero dentro de cada trabajo, unidad o pieza a efectuar”, pero, en todo caso, “debe entregar el trabajo, parte o pieza, completo y no sólo parte o porción del mismo”. Mientras, con la segunda modalidad “se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción, que resultará integrado por la suma de unidades o partes”, cada uno de las cuales tiene un precio fijado, y el contratista “debe entregar la obra completa, y no una o varias unidades, piezas o partes, de ésta, independientes, como ocurre en el tipo de unidad simple” .
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al impuesto a contratos de obra, consultar sentencias de 25 de febrero de 2020; 22473 (IJ-SU), de la Corte Constitucional C-538 de 1996, C-987 de 1999, C-269 de 2019 y C 1153 de 2008. Acerca del contrato de obra, consultar sentencia del 6 de abril de 2011; Exp. 14823, del 22 de abril de 2004; Exp. 14292 y del 15 de octubre de 1999, Exp. 10929.
PRECIO UNITARIO / ACUERDO DE PRECIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / FIJACIÓN DEL PRECIO / CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRIBUCIÓN / CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONTRIBUCIÓN / CLASES DE DESCUENTO TRIBUTARIO
Problema jurídico:
¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el Contrato 006 de 2008, se pactó expresamente un pago por precios unitarios, diferenciados en grupos correspondientes a los materiales suministrados y las actividades de instalación. En razón a ello, se suscribirían actas de avance independientes, correspondientes a los materiales suministrados y a su instalación, respectivamente, que comprendían la suma de productos y cantidades ejecutadas, acumuladas en sumas subtotales, por lo que las garantías también se configuraron en amparos independientes. Todo ello, se integraba en el precio total del contrato, del que se descontaban los tributos especificados. Finalmente, los materiales suministrados y los trabajos realizados se integraban en el acta de recibo definitivo, con base en la cual se liquidaría el contrato. De esta forma, el cumplimiento del Contrato 006 de 2008 se hizo pender de la entrega de la obra completa y no de sus unidades, como corresponde a un al modalidad de precio fijo en conjunto. (…) con la celebración del Contrato 006 de 2008, al tratarse de un contrato de obra pública se configuró el hecho generador de la contribución especial a la que hace alusión el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y, en consecuencia, la tarifa del 5% establecida expresamente por la ley debía tener como base gravable el valor total del contrato incluyendo su adición. (…) de conformidad con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue prorrogada por el artículo 1 de la Ley 1106 de 2006 por cuatro años, se habilitaba a la entidad pública contratante, para descontar la tarifa del 5% del valor del anticipo y de cada cuenta que cancele el contratista, sin ningún requisito adicional. De esta forma, los descuentos realizados por el municipio de Bucaramanga, además de un fundamento contractual, tenían un sustento legal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos llave en mano, consultar concepto del 16 de diciembre de 1997; Rad. 1013 y sentencia del 9 de marzo de 2016; Exp. 36312.
FUENTE FORMAL:
LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 121
DESCUENTO TRIBUTARIO / CLASES DE DESCUENTO TRIBUTARIO / CONCEPTO DE DESCUENTO TRIBUTARIO / FINALIDAD DEL DESCUENTO TRIBUTARIO / REQUISITOS DEL DESCUENTO TRIBUTARIO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / ANTICIPO POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO / LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBITER DICTUM
[L]os descuentos tributarios realizados por el municipio contratante sobre el precio total del Contrato 006 de 2008 no se oponían a lo pactado. Pero, atendiendo al principio de legalidad tributaria y a la incorporación del derecho sustantivo vigente al negocio jurídico, resulta necesario analizar si, por oponerse a la norma de imposición del tributo, se había producido un incumplimiento contractual. Pues bien, en este asunto, en las ordenes de egreso consta que, al liquidar el precio pagado en el Contrato 006 de 2008, se realizaron descuentos correspondientes a las estampillas (i) pro-bienestar del anciano, (ii) pro-desarrollo departamental, (iii) pro-hospitales públicos y (i) pro-UIS. Estos tributos fueron fijaddos en los Estatutos Tributarios del municipio de Bucaramanga (Acuerdo 044 de 2008) y del Departamento de Santander (Ordenanza 01 del 22 de abril de 2010), conforme a autorización legal, así como de acuerdos y ordenanzas previas (…) , la celebración del Contrato 006 de 2008, por haber sido suscrito por un municipio del departamento de Santander, daba lugar al pago de las estampillas municipales y departamentales enunciadas en las órdenes de pago. Por otra parte, la base gravable sobre la cual se efectuarían las deducciones por concepto de las estampillas según las leyes, acuerdos y ordenanzas mencionadas, correspondía al valor del contrato celebrado por el municipio de Bucaramanga.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 044 DE 2008, ORDENANZA 01 DE 2010
DOBLE TRIBUTACIÓN / PROHIBICIÓN DE DOBLE TRIBUTACIÓN / COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / BASE GRAVABLE DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO / ESTAMPILLA / CLASES DE ESTAMPILLA PRO / CLASES DE IMPUESTO DE ESTAMPILLA / COBRO DE LA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL / DESCUENTO DEL IMPUESTO DE ESTAMPILLA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 363 constitucional prevé que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Esta Corporación ha considerado que, en virtud de dichos principios, no puede generarse una doble tributación sobre un mismo hecho económico , puesto que entre la obligación tributaria y la capacidad económica del contribuyente debe existir una correlación . La doble tributación se expresa de diversas maneras, una de las cuales se presenta en los eventos en que se incluye dentro de la base gravable de un tributo otro impuesto tasa o contribución, como esta Corporación lo ha reconocido reiteradamente, considerando que, al tomar como base gravable otro impuesto, tasa o contribución se elementos ajenos a la capacidad económica del contribuyente, en la medida que se trata de erogaciones que se derivan de obligaciones tributarias. Además, al imponer un tributo sobre otro tributo, el hecho económico que genera la obligación de pago va a ser por consecuencia el mismo, con lo que es clara la doble tributación. De esta forma, el hecho generador corresponde al precio del contrato, es decir, a la suma dineraria cierta, sea ésta determinada o determinable, que el contratante se obliga a pagar al contratista, como contraprestación por el objeto del contrato, que en este asunto corresponde a las obras entregadas. El derecho crediticio es así, en definitiva, el hecho económico que, al revertir en un incremento del patrimonio del sujeto pasivo, indica su capacidad contributiva y da lugar a la obligación tributaria, lo que no ocurre con el pago del IVA que, por el contrario, genera una disminución patrimonial. De esta forma, con los descuentos por concepto de tributos de estampillas liquidados con inclusión del monto del IVA, se produjo un menoscabo a los derechos que, como acreedor, tenía Scherder Colombia S.A. por la ejecución de las obras objeto del Contrato 006 de 2008. Con ello, a su vez, se configuró un incumplimiento contractual del municipio de Bucaramanga, toda vez que, conforme a una interpretación del clausulado del negocio jurídico celebrado, en el que se tome en consideración la reserva de legalidad tributaria y la incorporación del derechos sustantivo vigente al contrato, se efectuaron descuentos excesivos en los pagos efectuados al contratista, al tomar dentro de la base gravable otro impuesto, en este caso el IVA, para determinar el valor a descontar por los tributos de estampillas. En definitiva, el municipio de Bucaramanga no pagó Schreder Colombia S.A. la totalidad del valor pactado y ejecutado, ya que la entidad contratante hizo deducciones que no eran procedentes sobre las sumas que debía pagar por las prestaciones que efectivamente fueron ejecutadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la doble tributación, consultar sentencia del 23 de mayo de 2002; Exp.12656, del 12 de agosto de 2013; Exp.19853 y del 10 de abril de 2014; Exp.19054 y del 17 de agosto de 2007, Exp. 14972.
PERJUICIO MATERIAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO TARDÍO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
[L]a frustración de los derechos crediticios de la firma demandante consiste en una diferencia en las sumas debidas y las pagadas, por lo que, en este caso, el daño corresponde al perjuicio o la pérdida que proviene de haberse cumplido imperfectamente la obligación. (…) [Las] sumas derivadas del incumplimiento en el pago del contrato serán indexados en virtud del principio de la reparación integral, con base en la variación del índice de precios del consumidor publicado por el DANE. (…) El segundo perjuicio reclamado, consistente en la condena al pago de intereses moratorios, corresponde a “una retribución por el uso del dinero y los riesgos de perdida, comportan una indemnización en beneficio del acreedor” , además de una sanción para el deudor, que se erige así como perjuicio en la modalidad de lucro cesante . En este asunto, los intereses moratorios se causaron en el marco de un contrato regido por la Ley 80 de 1993, la cual prevé en el artículo 4.8 que, en caso de no pactarse intereses moratorios, se aplicará una tasa equivalente al doble del interés legal civil, es decir, el 12% sobre el valor histórico actualizado. Dado que en el Contrato 006 de 2008, las partes guardaron silencio sobre los intereses moratorios, se aplican las normas vigentes al momento en que se cometió la infracción, que es el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993 —referido anteriormente—, en conjunto con el artículo 1 del Decreto Reglamentario 679 de 1994. En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios, se tomará en las sumas que no fueron canceladas en cada orden de pago, teniendo en cuenta que al haber sido expedidas en fechas distintas se deberá efectuar un análisis de cada una de ellas, actualizando el capital año por año para proceder a calcular los intereses a la tasa del 12% anual.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del principio de reparación integral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, rad.17214, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO REGLAMENTARIO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4.8