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Consejo de Estado
Providencia
La Sala no estudiará lo relacionado con la suspensión de la ejecución del contrato
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-04-29
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000233600020160183402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:
¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…
¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?
¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 54001233100020100010601
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233100020060140601
ACCION DE REPETICION
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve:
¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional?
¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las…
¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020200029801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:
¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…
¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…
¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2024-07-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 73001233100020100022301
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…
¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…
¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales estatales cuya cuantía excede quinientos salarios mínimos legales.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 52001233300020170026501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente…
¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley?
¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180092301
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación…
¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020050251003
ACCION CONTRACTUAL
¿La entidad demandada debía abstenerse de imponer una multa al contratista por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, al omitir una etapa de arreglo directo, suspender el contrato, expulsar al personal encargado de la ejecución del contrato e incumplir un acuerdo en el que se acordó continuar con la ejecución contractual? No
El contratista no puede evitar la imposición de una multa por la entidad estatal por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, ya que no se demostró que la entidad hubiera omitido una etapa de arreglo directo, suspendido el contrato o expulsado al personal encargado de la ejecución del contrato, ni que hubiera incumplido un acuerdo para continuar con la ejecución contractual. La entidad no incurrió en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, por lo que no se configuró la excepción de contrato no cumplido. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, reiterando que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas y que la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios por los actos…
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190027001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve:
¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho…
¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro…
¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: mas allá de la conformidad o no con esta postura
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 66001233300020150029002
LEY 1437 REPETICION
¿Al ahondar en la naturaleza de agente público de la accionada, la decisión adoptada por la mayoría, incurre en varias imprecisiones, pues no puede confundirse la función pública (entendida como función genérica del Estado) con prerrogativas públicas (hay funciones del Estado que no se manifiestan a través de prerrogativas públicas), y, tampoco, puede confundirse la función administrativa con el ejercicio de prerrogativas públicas o con la función pública en cualquiera de las dos acepciones referidas? Sí
Con ocasión de su posicionamiento constitucional, el concepto de función pública no es concebido en el derecho colombiano de manera unívoca. Al respecto existen dos acepciones del todo diferentes: (1) función pública como función genérica del Estado y que, por ende, incluye las funciones legislativa, ejecutiva o administrativa y judicial; y otra, menos técnica, aunque constitucional también, según la cual (2) la función pública se asimila al empleo público y, en general a asuntos laborales administrativos. Por extraño que resulte entonces, tal y como lo ha entendido la Corte Constitucional, señalar que un particular ejerce función pública, es en gran medida homologarlo a un servidor público, como, por ejemplo, cuando se revisó la constitucionalidad una disposición que convertía a algunos particulares en sujetos disciplinables (Corte Constitucional, C-37 de 2003).
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-03-03
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 66001233300020120005401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales proferidos por entidades públicas dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? Sí
Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo. Llegar a la conclusión contraria, y conservar categorías como la de “acto privado” o “acto mercantil” de la administración, conlleva debilidades conceptuales, puesto que no es clara la naturaleza de este acto privado, más allá de su régimen jurídico, al tiempo de que no es evidente el control al que será sometido.
También resuelve:
¿Se puede perseguir la nulidad del contrato de derecho privado de la administración demandando la ilegalidad de sus actos previos?
Consejo de Estado
Providencia
La cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación no conlleva ceder actos administrativos.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020130167002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es jurídicamente viable considerar que la cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación conlleva la cesión de la facultad de expedir actos administrativos contractuales? No
El contratista cesionario no adquiere la potestad de expedir actos administrativos contractuales por la mera cesión de la posición contractual en regímenes regidos por el derecho privado o normatividades especiales. En la aclaración de voto se destaca que dicha facultad no constituye un beneficio inherente al negocio jurídico cedible conforme al artículo 895 del Código de Comercio, sino que emana directamente de la ley y de autorizaciones de poder público conferidas en virtud de competencias legales específicas que no dependen de la autonomía de la voluntad privada ni de la simple transferencia negocial entre las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿La cesión del contrato es procedente por cuanto es producto de una delegación de funciones entre entidades públicas?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-01-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020170182601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existiendo norma especial que regula el procedimiento para imponer multas en un proceso sancionatorio en el marco de un contrato de naturaleza minera, puede aplicarse preferentemente la norma general del CPACA? Sí
Si bien comparto la decisión adoptada en la sentencia, considero importante aclarar mi posición en relación con la aplicación, en materia contractual, del procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el CPACA.… en primer lugar, si bien es cierto que las multas se incluyen en una cláusula contractual, la posibilidad de imponerlas emana de la ley, debiendo ser plasmadas en un acto administrativo. En materia minera, la habilitación legal para imponer las multas reposa en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, que dispone: “… la autoridad concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del contrato”.
También resuelve:
¿Las partes pueden, de común acuerdo, definir el alcance de la multa, bien como mecanismo conminatorio o como indemnizatorio?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: existe una diferencia entre el régimen sustantivo aplicable y la naturaleza del acto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos administrativos? Sí
Considero que los actos de las ESP -precontractuales o contractuales- son administrativos, pues todo acto unilateral de la administración destinado a producir efectos jurídicos goza de esta naturaleza, al margen del régimen contractual que sea aplicable -en el caso de estas entidades, el derecho privado-. En el proveído del cual me aparto se condiciona la existencia o inexistencia del acto administrativo al uso de prerrogativas de poder público. Este criterio, en mi opinión, es limitado, pues reduce las actuaciones de la administración pública a expresiones de imperio, soberanía, poder o autoridad. Si bien es cierto que la administración actúa de diferentes maneras, no en todas ellas está involucrado el poder coercitivo del Estado… .
También resuelve:
¿Resulta procedente afirmar que son de naturaleza privada los actos que emite una entidad estatal en desarrollo de su actividad contractual, cuando se observa que está regida por un régimen mixto…
¿El hecho de que no sean administrativos los actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…