Titulación de la relatoría 15.081 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MIXTA / DEPARTAMENTO DEL CESAR / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Es competente de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual derivada de convenio interadministrativo celebrado entre empresa de servicios públicos domiciliarios mixta y el departamento del Cesar?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio interadministrativo No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 fue suscrito por Aguas de Manizales, como empresa de servicios públicos domiciliarios mixta y el departamento del Cesar, en tanto entidad territorial, en el marco de su actividad contractual. Al respecto, cabe anotar que aunque en el convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 se convino el pacto arbitral, comoquiera que en la contestación de la demanda el departamento del Cesar no alegó la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, se entiende que las partes renunciaron a este, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, vigente al momento de la interposición de la demanda y, por ello, se conocerá de la controversia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 21 PARÁGRAFO 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los convenios y contratos interadministrativos son figuras disimiles?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta Subsección, la naturaleza entre convenio y contrato administrativo es disímil, comoquiera que mientras en el primero existe un auténtico ánimo colaborativo sin un sinalagma, en los segundos sí existe una correlatividad de prestaciones y obligaciones mutuas. A su vez, el vínculo convencional no necesariamente se encuentra sometido a la Ley 80 de 1993 y sus reformas, mientras que el contrato interadministrativo por regla general sí.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la diferenciación entre convenio y contrato administrativo, consultar sentencia de 3 de febrero de 2025, Exp. 15001-23-33-000-2019-00280-01(66572), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO SINALAGMÁTICO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 celebrado entre la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y el departamento del Cesar, es un convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e encuentra que el acuerdo de voluntades No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 no es un convenio, como fue denominado, pues de la lectura integral de su clausulado contractual emerge con certeza que existe una correlación de contraprestaciones por los cocontratantes y, en particular, una remuneración a cambio de obligaciones de interventoría a cargo del contratista. En efecto, en la cláusula tercera se convino que Aguas de Manizales tendría a cargo la concreción del objeto negocial y, a cambio, en la cláusula cuarta se indicó que le correspondería el pago de la suma del negocio jurídico (hecho probado No. 4.1.1.), lo que revela no un ánimo colaborativo, sino un sinalagma entre ambos sujetos negociales que es propio de los contratos y donde se persigue un lucro a cambio de la prestación de un servicio, de ahí que no quepa duda que el denominado “convenio” No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 es en realidad un contrato. La anterior circunstancia tiene consecuencias en el régimen aplicable al negocio jurídico de estudio, como se advirtió previamente, pues los contratos interadministrativos por regla general están sometidos a la Ley 80 de 1993, escenario dentro del cual se encuentra el acto de voluntades No. 000501 del 20 de septiembre de 2006, comoquiera que fue suscrito por una entidad territorial departamental en calidad de contratante, lo cual se encausa dentro de las denominadas “entidades estatales” del artículo 2 del estatuto en comento, en línea con el artículo 32 ibidem que predispuso que son contratos estatales aquellos suscritos por ese tipo de entidades. Así las cosas, el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- por lo que, naturalmente, de aquel eran plenamente predicables las reglas de liquidación contenidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, aplicable al asunto de estudio debido a que todavía no había entrado a regir la Ley 1150 de 2007 para el momento del perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, disposición que, en todo caso, al igual que ese segundo estatuto, estipuló que el corte de cuentas se haría bilateralmente, a falta de convenio sobre el plazo para ello, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del acuerdo de voluntades. A su turno, el literal d) del numeral 10) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vigente para cuando se suscribió el contrato, también dictaminó que, de no lograrse la liquidación bilateral, podría efectuarse unilateralmente en el término de 2 meses desde que se venció el plazo convenido por las partes o el de ley. En suma, se evidencia que el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 debía ser liquidado una vez finalizado, ya sea bilateralmente dentro de los 4 meses siguientes a su fenecimiento, o unilateralmente, en los 2 meses siguientes.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / NORMA IMPERATIVA / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Problema jurídico:
¿Es procedente considerar que el término para ejercer el derecho de acción en un contrato no liquidado no debe contarse?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onviene señalar que, tanto el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, como el literal d) del numeral 10 del artículo 136 se establecieron que, en las pretensiones relativas a contratos que debían liquidarse, sin que ello hubiera sucedido, los 2 años para ejercer el derecho de acción comenzarán a contarse a partir de cumplidos 2 meses desde el vencimiento del plazo convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente. (...) Así las cosas, se tendrá como punto de partida para contabilizar la caducidad el 15 de noviembre de 2009, momento en el cual feneció el plazo del contrato No. 000501 de 2006, por lo que su liquidación bilateral debió efectuarse hasta el 16 de marzo de 2010 -es decir, dentro de los 4 meses siguientes a su finalización, según lo estipulado en el contrato (hecho probado No. 4.1.1.)- y, por tanto, el término para demandar comenzó a correr con base en el Decreto 01 de 1984 -CCA-, vigente para ambas fechas, que como ya se indicó, en forma idéntica al CPACA determinó en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 que, en las pretensiones contractuales, cuando no se liquidara el acuerdo de voluntades dentro de los 2 meses siguientes al plazo convenido o el de ley, correspondería ejercer el derecho de acción dentro de los 2 años siguientes. Como se observa, no le asiste razón a la apelante en señalar que, en el evento en que el contrato no se liquide, el término para ejercer el derecho de acción no se debe contabilizar pues, contrario a ello, el legislador previó -en el CCA y en el CPACA- un cómputo preciso, detallado y claro ante tal escenario, que no puede ser desconocido por el simple arbitrio de los sujetos procesales y que, en sentido opuesto, debía ser acatado sin excepciones, en especial si se tiene en cuenta que el régimen procesal administrativo es imperativo y de orden público, por lo que las partes de los acuerdos de voluntades no pueden disponer de lo allí contenido. Lo anterior no constituye ningún exceso ritual manifiesto, sino que, por el contrario, implica la sujeción a los mandatos del legislador en cuanto a la manera en que se debe ejercer el derecho de acción, que evidentemente no es absoluto, comoquiera que el procedimiento contencioso administrativo debe llevarse a cabo con sujeción a los medios de control dispuestos, agotados los requisitos de procedibilidad y cumplida la demanda en forma, que debe ser presentada en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Es procedente extender indefinidamente el término para interponer la demanda cuando el contrato se está liquidando judicialmente en otro proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco es dable concluir, como lo hace Aguas de Manizales en su alzada, que el hecho de que, eventualmente, el contrato se esté liquidando judicialmente en otro proceso judicial extiende el término para demandar indefinidamente, pues el legislador no le dio ningún efecto al corte de cuentas por el juez a efectos del cómputo para establecer la demanda en tiempo, tanto así que, después de los 4 meses de ley para la liquidación bilateral y, adicionados 2 meses, comienzan a correr los dos años para demandar en forma simultánea a la facultad adicional que se tiene en ese período para liquidar el acuerdo de voluntades.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en casos de liquidación extemporánea del contrato, consultar sentencia de unificación de 1 de agosto de 2019, Exp. 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un yerro al declarar probada la caducidad por haberse presentado la demanda de controversias contractuales más de 2 años después de la fecha en que debió liquidarse el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006?
Respuesta al problema jurídico: No
En ese contexto, como el término para liquidar bilateralmente el contrato No. 000501 de 2006 se venció el 16 de marzo de 2010, los 2 años para ejercer el derecho de acción corrieron 2 meses desde esa última fecha, es decir, a partir del 17 de mayo de 2010 y hasta el 17 de mayo de 2012. Ante tal panorama, es claro que la demanda se radicó extemporáneamente, pues fue presentada hasta el 25 de abril de 2016, sin que en este caso se pueda tener en cuenta el agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial a efectos de la interrupción del término, ya que este se surtió entre el 25 de abril y el 3 de julio de 2013, cuando ya había operado la caducidad del derecho a accionar. (...) En síntesis, para la Subsección es claro que operó el fenómeno jurídico preclusivo de caducidad, pues la demanda se formuló más de 3 años y 11 meses después de cuando el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 debió liquidarse bilateralmente y, por tanto, no es dable pasar a estudiar las pretensiones de fondo. Como consecuencia, se desestima el recurso de apelación presentado por Aguas de Manizales y, por tanto, se confirmará la sentencia del 23 de noviembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró probada la excepción de caducidad, por encontrarse que la demanda fue formulada extemporáneamente.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante porque el recurso de apelación que interpuso, no prosperó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a la demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia de la condena en costas, consultar sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 17001-23-33-000-2012-00176-01(51034), C.P. María Adriana Marín.